Por Grupo de trabajo contra el TTIP de CGT Burgos
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El TTIP es el
Tratado de Libre Comercio e Inversión (TLC) que la UE y EE.UU están
negociando desde Junio de 2013 bajo el máximo secretismo. Lo que se
sabe es gracias a las filtraciones y al trabajo de organizaciones de
la sociedad civil. Aún así el grado de información en gran parte
de la población es nulo o bastante vago.
Esto implicará un
deterioro de todas las regulaciones y protecciones que conocemos a
favor de los intereses de las corporaciones, porque una mayor
liberalización sólo se puede llevar a cabo degradando todas las
protecciones sociales o medioambientales, es decir, equiparándolas
por su menor común denominador.
Con
el presente artículo
y siguientes
se pretende dejar claro a qué amenazas nos enfrentamos en el ámbito
del empleo, derechos laborales, seguridad alimenticia, medio
ambiente, servicios públicos, privacidad y propiedad intelectual.
Además escarbaremos en las entrañas del Mecanismo de Resolución de
Diferencias entre Estado e Inversores; “tribunal” ad hoc, al
margen de las leyes nacionales, del que solo pueden hacer usos los
inversores extranjeros (ni los Estados, ni las pequeñas empresas
nacionales, ni la población del país) y cuyos miembros son
sospechosos de conflictos de intereses.
Por último, veremos el TCL
entre México, EE.UU y Canadá (NAFTA) y sus consecuencias, así como
el TLC entre Canadá y la UE cuyo texto acaba de cerrarse, pero que
aún está por ratificar, y que puede ser considerado como un globo
sonda.
Empecemos
por saber qué es un Tratado de Libre Comercio e Inversión.
(TLC). Es un acuerdo entre dos países para eliminar barreras que
dificulten el comercio entre ambos territorios así como la inversión
de las grandes empresas extranjeras.
¿Qué
barreras se pretenden eliminar? Si hablamos del comercio
de mercancías la primera barrera en la que pensamos son los
aranceles. Pero no es la principal, ya que los aranceles medios entre
EE.UU y la UE rondan solo el 4% y en muchos casos son cero. El sector
más afectado por su eliminación o reducción sería el sector
agrícola europeo, donde los aranceles son mayores y se vería
expuesto a la competencia de las mucho más grandes explotaciones
estadounidenses, muy penetradas por las multinacionales.
Si
los aranceles no son realmente una
barrera, ¿qué barreras se pretenden eliminar realmente?
Están negociando eliminar las normativas laborales,
medioambientales, sanitarias y sociales que suponen obstáculos al
sacrosanto libre comercio y a la sacrosanta libertad de capitales
(posibilidad de que las multinacionales puedan deslocalizarse o abrir
filiales donde quieran, sin someterse a normativas que para ellas
supongan inconvenientes, pero que para la población suponen la
salvaguarda de sus derechos).
Y
no olvidemos que cuando hablamos de que las multinacionales
puedan invertir libremente a un lado y otro de las fronteras, los
servicios públicos son una parte muy importante
del pastel que se pone sobre la mesa de negociaciones; suponen el
15% y el 20% de la producción (PIB) en la UE y EEUU respectivamente.
Es su privatización lo
que también es objetivo
de la
negociación.
Estas
amenazas se agravan por lo difícilmente reversibles.
¿Cómo? A través de la
inclusión del Mecanismo de Resolución de Disputas entre
Estado e Inversor, que permite
a los inversores extranjeros
denunciar a los Estados frente a un “tribunal” ad hoc en caso de
que se hayan
aprobado o se esté
aprobando regulaciones
que supongan una merma en
sus expectativas de beneficio. A
modo de ejemplo, la
multinacional francesa
Veolia ha denunciado a
Egipto por incrementar el salario mínimo.
Este mecanismo, existente en todos los TLC, supone que el Estado
tenga que pagar multas de hasta 1.770 millones de dólares (como la
que pagó Ecuador a Occidental Petroleum) o que retire o suavice la
ley o proyecto de ley ante la perspectiva de una sanción
multimillonaria.
¿Es
todo esto pura especulación? NO. Todos
los puntos mencionados aparecen como objetivos en
el mandato negociador de la Comisión Europea. En
dicho documento junto
a los objetivos de las
negociaciones podemos leer
puntualizaciones como que
las barreras no arancelarias
objeto de eliminación pueden ser normas
de cualquier tipo: éticas, democráticas, legales, sociales,
referentes a la salud o de orientación medioambiental, financieras,
económicas o técnicas; o que el Mecanismo de Resolución de
Disputas está
destinado a aplicarse
por
ejemplo cuando nuevas
regulaciones supongan un obstáculo para el acceso de los inversores
extranjeros a los mercados públicos.
Además todo lo expuesto es una realidad en los 3.000 TLC firmados a
nivel mundial, de los cuales 1.400 son de países de la UE con
terceros. Estos TLC han permitido no solo hacer grandes negocios a
las multinacionales europeas y estadounidenses, sino también crear
un modelo de consumo basado en la violación de derechos laborales,
sociales y medioambientales.
El TTIP tiene por un lado el objetivo geoestratégico de crear
un bloque frente al auge de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica). Pero por otro lado existe un objetivo político,
que no es otro que profundizar en un modelo neoliberal en el que ya
no es necesaria la escusa de la crisis para seguir recortando
derechos y privatizando servicios públicos. El supuesto objetivo
comercial en realidad no es tan relevante, porque actualmente el
comercio internacional entre la UE y EEUU ya supone un tercio del
total; y si contamos el comercio entre países de la UE, representa
el 43%.
Viendo todo lo que esconden los TLC no sorprende que el Departamento
de Comercio de EE.UU y la Comisión Europea estén negociando con tal
secretismo que todos los documentos serán confidenciales
durante 30 años. Se dan informaciones muy puntuales y escasas a la
Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Yannick
Jadot, eurodiputado francés denuncia que “aunque a veces tenemos
algún documento, se nos prohíbe informar sobre el contenido a la
opinión pública.”
Sin embargo el Tribunal Europeo de Justicia en
sentencia del 3 de julio de este año establece que la
documentación relacionada con las negociaciones del TTIP ha de ser
pública. Tras esta sentencia “Economía Ciudadana” ha realizado
una petición de acceso, la cual ha sido negado. Ha vuelto a
presentar otra petición a sabiendas que le avala la mencionada
sentencia.
Al secretismo se une la intervención descarada de los lobbies.
De las 130 reuniones que mantuvo la Comisión Europea para preparar
las negociaciones, 117 fueron con representantes de las grandes
empresas. También es conocida la asistencia de los negociadores a
las sedes de los lobbies, incluso en plena ronda de negociaciones. Y
por si fuera poco se ha propuesto la creación de un Consejo de
Cooperación Regulatorio en el que se sentarán representantes de
la UE y EEUU pero también representantes de las grandes empresas.
Por este Consejo pasarán proyectos legislativos antes de que lleguen
al Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales, dando la
posibilidad a las grandes empresas de participar en las decisiones de
qué y cómo se legisla.
El texto final del TTIP pretende aprobarse para finales 2015 o
principios de 2016. Después tendrá que ser ratificado por el
Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales
cuyo Constitución así lo exija. Es responsabilidad nuestra pararlo
en la calles. No más negocios a costa de nuestros derechos.
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