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viernes, 6 de noviembre de 2015

Viernes Negro desvela los privilegios de los altos cargos de la Junta de Castilla y León


Por Burgos Dijital
El día 22 de noviembre de 2013 empleados públicos de la Junta de Castilla y León presentaron una denuncia al Presidente de la Junta de Castilla y León y al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, de la que dimos cuenta en este medio, por el presunto uso indebido de un vehículo oficial por parte de la Directora del Gabinete del Presidente, la Sra. Virginia Arnaiz Gonzalez, lo que valoraron en unos 70.000 € anuales.
Informaciones posteriores aparecidas en medios de comunicación en relación a gratificaciones extraordinarias a conductores y personal de confianza podrían elevar esa cifra a los 100.000 € anuales.
Ante la falta de respuesta por parte del Presidente y del Delegado Territorial en Burgos de la Junta se presentó esta denuncia el día 3 de diciembre de 2013 ante el Procurador del Común y éste dio respuesta tras recibir un informe de la Consejería de Presidencia en el que se manifestaba que existía un “Código de Austeridad para altos cargos de la Administración”, según Acuerdo de 29 de septiembre de 2011”, en el que se exponía que la Directora de Gabinete del Presidente “podría utilizar el coche oficial para ir y venir del trabajo diariamente, compartiéndolo cuando fuera posible con otros altos cargos que residieran en la misma localidad"
A continuación el Movimiento VIERNES NEGRO de Burgos solicitó al Procurador del Común el citado texto del “Código de austeridad para altos cargos de la Administración” y éste respondió que tenía en su poder dicho documento pero sin disposición de hacerlo público.
Más tarde VIERNES NEGRO al conocer que el Director General de Formación Profesional y Régimen Especial, Sr. Enrique de la Torre Alonso, seguía utilizando un coche oficial para desplazarse diariamente desde su domicilio de Burgos a su lugar de trabajo en Valladolid y viceversa, presentó el día 3 de julio de 2015 una nueva denuncia-queja, ante el Sr Presidente de la Junta, por entender que se estaba utilizando un vehículo público para uso privado.
Once días después y tras más de año y medio el nuevo Consejero de Presidencia De Santiago-Juárez remitió al Movimiento un escrito de respuesta a la denuncia-queja anterior, adjuntando el opaco “Código de Austeridad para los Altos Cargos de la Administración Autonómica y de su Sector Público”.
Tras su lectura los denunciantes sospechan de la falta de control público efectivo, puesto que el documento dice literalmente que los privilegios allí vertidos se notificaron únicamente a los altos cargos…”. Expresan así mismo la gravedad del asunto porque dicho documento no se ha debatido en las Cortes, se ha ocultado a los Procuradores como así nos lo comunicaron, no ha sido explicado en los medios de comunicación y, como nosotros mismos hemos comprobado, se ha ocultado a los propios trabajadores de la Administración, por lo que no puede ser más que un pacto entre iguales para que ninguno de ellos tenga privilegios por encima del resto. Además señalan la inexistencia en el mentado Código de posibles sanciones, multas o apercibimientos.
Al parecer los privilegios expresados en el código oculto hasta ahora no sólo afectaban a los 74 altos cargos en la Administración General: Presidente, Jefa de Gabinete, Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios, Directores Generales y Delegados Territoriales, sino que también se incluían los Presidentes, Directores Generales y asimilados de los Entes Adscritos o Administración B, que está compuesta por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y Fundaciones Públicas, tales como: Gerencia Regional de Salud, Gerencia de Servicios Sociales, Servicio Público de Empleo, Instituto de la Juventud, Ente Regional de la Energía, Instituto Tecnológico Agrario de C y L, Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de Empresas (ADE), y fundaciones de todo tipo y pelaje como: Fundación Santa Barbara, Fundación Centro de Supercomputación de CyL, Fundación Patrimonio Natural de CyL.
Tras el último “Informe Sobre la Reorganización del Sector Público Autonómico a 1 de Julio de 2014”, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde se reflejan los Entes Adscritos que han desaparecido y creado en Castilla y León, en estos últimos años, tenemos en Castilla y León un total de 61 Entes Adscritos: Organismos Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado, Empresa Públicas y Fundaciones Públicas. El número de altos cargos en estos Entes Adscritos es difícil de saber dado que la coletilla “Asimilados” no está definida en este tipo de Entes, y en muchos casos no es público su organigrama, pero suponen, al menos, unos 30 altos cargos los que pueden acogerse a esta denominación y ser susceptibles de la aplicación de este Código de Austeridad.
Los denunciantes calculan que la mitad de estos 104 altos cargos tengan su domicilio en Valladolid, con lo que habría al menos 52 altos cargos que estarían presuntamente utilizando diariamente un vehículo público para uso privado. Tras el cálculo realizado del gasto medio por vehículo de unos 100.000 euros anuales (gasolina, mantenimiento y gastos del conductor-sueldo/gratificaciones), apuntan “un gasto medio de al menos 5.200.000 de euros anuales, es decir unos 20.800.000 de euros en la legislatura pasada, cálculo aproximado, teniendo en cuenta que desconocemos las cifras reales de altos cargos y asimilados de los Entes Adscritos o Administración B”.
Tras la realización de esta fácil contabilidad, la organización espeta al Presidente “¿Cómo se ha permitido y se permite a este grupo selecto de trabajadores con unas retribuciones aproximadamente de 8-9 veces el salario mínimo interprofesional, el uso particular, y probablemente indiscriminado, de un vehículo público, cuando miles de empleados públicos de la Junta se deben trasladar todos los días en su vehículo a otros municipios, cuando tienen que poner a disposición de la administración su vehículo particular para trasladarse en una misma jornada a diferentes centros de salud o colegios rurales, cuando miles de docentes y sanitarios deben de cambiar periódicamente de municipio por no tener durante años un destino definitivo y por las altas tasas de interinidad que les impiden tener una mínima posibilidad de conciliar su vida laboral y familiar?

En una reciente entrevista de la Plataforma en Defensa de lo Público PLADEPU, con la Viceconsejera de la Función Pública y Gobierno Abierto, esta justificó que a estos altos cargos hay que ofrecerles incentivos para que acepten estos puestos, como se hace en las grandes empresas. A ello, los representantes de la plataforma respondieron que los altos cargos son servidores públicos que vienen a servir y no a servirse ni a hacerse ricos y que los únicos méritos que tienen para acceder a esos puestos son la amistad con Juan Vicente Herrera y sus Consejeros o el pertenecer o simpatizar con el Partido Popular.
Por otro lado también se destaca el denominado “Punto IV Atenciones protocolarias y representaciones” que consideran un salario complementario, una especie de fondos reservados: no se sabe si aquí se incluirían las famosas facturas que la exconsejera de Agricultura Silvia Clemente cargaba por la compra de bolsos y otras bagatelas al Corte Inglés o a restaurantes en días tan administrativamente extraños como un 25 de diciembre.
Tampoco parece quedar muy claro el “Punto VI. Reuniones de trabajo”, puesto que al parecer se utilizan sistemáticamente y de forma individual los vehículos oficiales para asistir a reuniones de trabajo y se consideran como tales salidas tan “berlanguianas” como la entrega de unas llaves de un edificio de un representante de una Administración a otra, con banquete incluido, o los paseos festivos de los Delegados Territoriales en el día del patrón de los distintos pueblos de Castilla y León. Por ello los empleados públicos se preguntan “cuántas dietas, horas extras y gratificaciones a los conductores y a los representantes de la Administración y gastos de combustible y mantenimientos de vehículos oficiales se han generado en estos actos festivos” y si “estas reuniones son de carácter técnico o exclusivamente de carácter propagandístico del partido gobernante”.
Otro punto sensible del Acuerdo es, como ya adelantábamos al principio el “Punto XI. Control del cumplimiento de este Acuerdo”. Por ello en el escrito enviado al Presidente Herrera los trabajadores le preguntan datos ciertamente relevantes como si “son exclusivamente los altos cargos de las Intervenciones Delegadas los que examinan las cuentas justificativas de los gastos”, si ha habido reparos en las fiscalizaciones, cuántas auditorías se han hecho en estos cuatro años a los organismos y entidades en los que no existe Intervención Delegada y si se han tomado medidas en el caso de incumplimiento del Acuerdo.
Por último Viernes Negro exige una verdadera transparencia en la página de GOBIERNO ABIERTO para que en ella se publique la relación de todos los altos cargos y asimilados de los Entes Adscritos, todos los vehículos, conductores oficiales utilizados por todos los altos cargos y costes de los mismos.

viernes, 3 de julio de 2015

El Director General de Formación Profesional, otro afortunado ciudadano con coche oficial y chófer

Por Burgos Dijital

El movimiento Viernes Negro de Burgos, integrado en la Plataforma en Defensa de los Público vuelve a la carga contra el uso privilegiado y abusivo, a su juicio, de los recursos públicos. Esta vez vuelven a poner el acento en la utilización de los coches oficiales por los Altos Cargos de la Junta de Castilla y León.


Enrique de la Torre entrando en el coche oficial
Recordemos que a finales de noviembre de 2013 los integrantes del movimiento presentaron una denuncia al Presidente de uso indebido de un vehículo oficial por parte de la Directora del Gabinete del Presidente, la Sra. Virginia Arnaiz Gonzalez, lo que valoraban en unos 70.000 € anuales, sin sumar las gratificaciones extraordinarias a conductores y personal de confianza, datos que permanentemente oculta la Consejera de Hacienda escudándose en la protección de datos. 
Lo más significativo del caso no fue sólo que esta conducta de la ahora procuradora se haya seguido sucediendo a lo largo de toda la legislatura, hasta su reciente nombramiento, sino que tras varias respuestas del Procurador del Común al que después se dirigieron tras el silencio del Presidente, el primero confirmó la existencia de un “Código de Austeridad para altos cargos de la Administración”, acordado el 29 de septiembre de 2011 a espaldas de todos los grupos parlamentarios.

Tras este “descubrimiento” y amparándose en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitaron a la administración autonómica el acceso a este documento. Hoy tras 1 año y medio, unas magníficas notas en los indicadores de transparencia por parte de la Junta, y una ley autonómica que venía a reforzar la trasparencia y la participación ciudadana, nada se sabe del misterioso Código.

En esta ocasión la denuncia es realizada por el uso diario de coche y conductor del Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, el Sr. Enrique de la Torre Alonso. Parece ser que mientras se ha machacado la educación pública en los presupuestos de los últimos 4 años y no se ha llegado si quiera a cubrir el 10 % de la tasa de reposición de las plantillas con la oferta de este año, sí ha habido dinero para hacerle la vida menos incómoda a los directivos de Educación.

Hoy coincidiendo con la investidura del Presidente de la Junta en la figura de Juan Vicente Herrera, a pesar “de sus pocas ganas”, Viernes Negro realiza esta nueva llamada de atención expresando que “a fecha de hoy seguimos sin conocer el contenido del Código de austeridad para altos cargos de la Administración, por lo que, so pena de su publicación a partir de esta denuncia, entendemos que dicho Código no existe para los ciudadanos de Castilla y León y que por tanto, no se trata más que de una argucia para seguir justificando el uso injustificado de recursos públicos y seguir manteniendo privilegios”.

Por ello le exigen que haga posible el acceso al “Código de austeridad para altos cargos de la Administración de 29 de septiembre de 2011”; que abra una investigación que erradique el mal uso de estos vehículos públicos, para evitar un despilfarro de las arcas públicas; que publique las instrucciones precisas para evitar el gravoso uso de los recursos públicos; y que el futuro nuevo gobierno legisle quién y en qué condiciones pueden utilizarse los vehículos públicos y el resto de los recursos públicos a disposición de los empleados públicos, cargos electos y altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León

Fuentes consultadas por Burgos Dijital nos han comunicado que al silencio tanto del Procurador como del Presidente se unía el desconocimiento por parte de los partidos de dicho Acuerdo, por lo que el control del uso de los recursos públicos ha sido totalmente inexistente en estos últimos 4 años, lo cual resulta totalmente escandaloso. Además nos han informado del contacto de integrantes de Viernes Negro con el procurador socialista David Jurado al que dieron toda la información posible para que la acción política de su grupo pudiera desentrañar este “menú de privilegios a la carta”. Tras ese contacto nadie volvió a saber nada ni de David Jurado ni de un PSOE más proclive a contemporizar con el Partido Popular que a hacer una oposición si quiera digna.

Ahora este movimiento confía que dada la mayor debilidad parlamentaria del PP en las Cortes y la entrada de Podemos y Ciudadanos puedan servir para desenmascarar los privilegios y frenar el abuso. Al tiempo…


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