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sábado, 3 de enero de 2015

La vaca inapetente y el fiscal voraz

"La fiscalía de Burgos es la que más prevaricaciones y cohecho investiga"

Por Basilio El Bagauda

Quizás sea la primera vez que una vaca se atreve a dar su opinión en un blog, probablemente también quizás sea la primera vez que un mamífero de la familia Bovidae se atreva a realizar una habilidad típicamente humana, y no me refiero a la de pensar sino a la de escribir, ¡que no todo el que piensa escribe, ni todo el que escribe piensa! En cualquier caso sí debo decir en defensa de mis congéneres que yo soy una vaca inadaptada, extremadamente rara y de poco fiar para el resto, y ello debido a la peculiaridad de que la actualidad me afecta más allá de la falta o el exceso de pasto por la sequía o el aumento de las lluvias o del carácter del próximo perro que nos ponga en nuestro sitio.

Sí me parezco, sin embargo, a mis congéneres cuando miran al tren: me quedo cariacontecida, ojiplática, confusa y sorprendida cuando fugazmente y a toda máquina pasa el “presente” ante mis bovinos ojos.

Últimamente, y no sé porqué, las repentinas visitas de estos “trenes” aparecen con una asiduidad nunca vista y me provocan tal desasosiego, tal estrés, como ahora se dice, que “tranquilidad” es un estado que desapareció ya de mi rutinaria vida. Y ante semejante falta de paz mis digestiones se han visto resentidas.

De nada sirve que tenga cuatro “estómagos”: como y como, trago y trago, fermento y fermento, el bolo sale pero no hay quien lo rumie de nuevo. Ni sé ya cuantos bolos llevo sin masticar pero el tiempo pasa, me encuentro deprimida, tan famélica que ya ni leche doy. Y esto me preocupa aún más porque cada vez que nuestro dueño comprueba que nada sale de mis ubres, más posibilidades tengo de que me quite de en medio. Así que no sé si este impulso literario es una llamada de auxilio ante el estado de shock en el que me encuentro o un humilde pliego de descargos que a continuación detallo a la espera de que el granjero lo lea y entienda y perdone mi falta de utilidad sobrevenida.

Todo comenzó, o al menos eso creí, una mañana del 3 de noviembre de este año aunque pronto percibí que mis problemas digestivos, mis dificultades de rumia que hacían las digestiones interminables y que me provocaron en más de una ocasión desencajamiento de mandíbula, venían ya de lejos…

Esa mañana, como tantas otras, me sobresalté con un vagón de la actualidad que llevaba impreso a modo de grafitti este rótulo: “LA FISCALÍA DE BURGOS ES LA QUE MÁS PREVARICACIONES Y COHECHOS INVESTIGA”. En la pared del vagón estaba impresa una gran fotografía en la que aparecía un hombre circunspecto, con cara de sorpresa ante una visita inesperada, pulcramente vestido de americana y pantalón del mismo color a juego con la corbata, con pinta de alto funcionario pero con ganas de rumba dado su pelo rizado y largo, al modo jerezano. Decía ser el Fiscal Jefe de Burgos y su nombre era, y será, Santiago Mena.

A la fotografía le acompañaba una columna de estadísticas a la derecha y un artículo rodeando la imagen. Pues bien, el artículo venía a decirme que Burgos era la provincia de Castilla y León donde más diligencias se abrían por delitos fiscales y contra la administración pública, lo que ahora se ha dado en llamar “corrupción”, pero que prácticamente todas se cerraban sin ninguna investigación porque el señor del pelo jerezano no lo tenía a bien.

Sí, este fue mi punto de inflexión: pasé de digestiones cada vez más largas al límite de la úlcera a la imposibilidad absoluta de remasticar lo que sale de mi rumen, y desde entonces riego de bolos las verdes praderas por donde pazo…

En cualquier caso no me quedó clara cual era la intención del artículo: si era para destacar a Burgos por algo como antes se hacía en grandes portadas del DB por cualquier cosa, si era para decir que Don Santiago era un vago sin decirlo, si era para decir que la gente de aquí se ponía más quisquillosa con estos “asuntitos” que en otras partes, si era para apoyar alguna petición interna del señor fiscal de aumento de salario por la cantidad de trabajo acumulada, o si era simplemente para acabar de matar mi apetito. Nunca lo sabré aunque mucho me temo como vaca mal pensada que soy que tenía que ver con las dos siguientes decisiones del fiscal: el archivo del “enchufe masivo” en la Diputación y el sobreseimiento de la orden de pago de la factura de T-System de Angel Ibáñez.

En mi favor ante la descontrolada anorexia que sufro quiero recordaros brevemente los hechos. En el primer caso la denuncia se debió a que tras una gran oferta de empleo público en la Diputación Provincial de Burgos en la que se dio como pocas veces gran difusión y publicación de la misma, las pruebas serían organizadas por una empresa privada que concretó como prueba un único test, supuestamente psicológico, en el que no se realizaban preguntas acerca de los conocimientos de los trabajos a realizar y del que antes de celebrarse se supo que algunos cuantos aspirantes ya contaban con el cuestionario antes de ser examinados. Santiago “el Jerezano” defiende a todos los opositores archivando el asunto porque al ser un test psicológico no se podían saber las respuestas.

Querido Santiago: ¿y si soy una afortunada vaca que además de las preguntas sé las respuestas?  ¿No tiene nada qué decir ante un juez quien es responsable de custodiar unas pruebas y no lo consigue? ¿No hubiera sido mejor para la fiscalía de Burgos que la oposición aprobada por usted hubiera sólo constado de un test psicológico en vez de soltar un rollo de memoria como le parece bien que se le ahorre a las personas aspirantes a los puestos de Auxiliar de enfermería y de Enfermería? Sé que la opinión de una humilde vaca no cuenta para nadie pero si a mí me preguntaran quien sobra en los servicios públicos, sin duda y visto lo visto serían las fiscalías y no los servicios de salud: ¡¡Si ni si quiera se encargan de la salud ética!!

Y qué decir de la factura del Vicealcalde: el concejal botarate ordena el pago de una factura a una empresa por servicios informáticos realizados al Ayuntamiento. A sabiendas de que la factura está engordada 200.000 euros por encima de lo contratado, ordena pagarla. A sabiendas de que la Intervención no está conforme, ordena pagarla. A sabiendas de que hay informes técnicos exigidos para su pago contrarios al mismo, ordena pagarla. Tras anularla de pleno derecho por el consejo Consultivo de Castilla y León ni si quiera se le pasa por la cabeza dimitir. Y tras todos estos antecedentes, el señor Mena pide su sobreseimiento y lo consigue.


Estimado Santiago: ¿Por qué no ha explicado las razones para sobreseer la denuncia? ¿Se debe a qué se le acumula el trabajo y no puede conciliar la vida laboral y familiar, tan importante en estas fechas? ¿Quizás se deba a la falta de autoridad ya demostrada con la empresa Telefónica para que se le emitiera la dichosa facturita del gasto del Concejal Villanueva? ¿Lo de las facturas y el despilfarro de dinero público no va con su espíritu sandunguero?

Pues eso, que así como va a tener ganas una de comer… ¡Ay mi Santiago! ¡Si es que en el fondo eres un solete! Con todo el trabajo que te dan en Burgos como vas a tener tiempo para escuchar a la parte acusadora. Tú dedícate a lo tuyo, que ya te lo dirá mamá: ¡No te metas en fregaos, hijo! ¡Qué te ha costado mucho ganarte la oposición para que ahora lo tires todo por la ventana! ¡Mira que como te metas entre cosas de políticos, mal vas mal! ¡Tú haz caso a tus jefes, que son los que saben y la vida está muy mala!


Intento recordar cuando empezaron mis problemas de digestión y seguro que tienen mucho que ver con los consejos maternos que parece seguir a pies juntillas: quizás fue cuando el hijo de un empresario agradecía públicamente los favores prestados con un espléndido regalo a un concejal de urbanismo en esta ciudad y usted no dijo ni “muuuuuuu”; quizás fue cuando un alcalde mintió en su declaración de bienes por las características de un ático de dudosa procedencia y tampoco usted mugió; quizás cuando resultó ganador un proyecto de obra pública explicado meses antes en un diario de la ciudad y usted ni estaba ni se le esperaba; quizás cuando un concejal montó una empresa a la que se le adjudicaban contratos públicos y usted estaba en asuntos más serios; quizás cuando otro concejal se gastaba decenas de miles de euros en llamadas telefónicas…


Sólo una última pregunta de una humilde vaca a todo un Fiscal provincial de Burgos: ¿Qué le va a aconsejar su mamá acerca de los 47 detenidos en el conflicto del Bulevar de Gamonal a los que se les imputó delitos de desórdenes públicos, daños contra bienes públicos, atentados y lesiones?

Después de comprobar su ecuanimidad y justicia ante la presunción de inocencia de nuestros representantes institucionales y dado que todos los individuos del género “Homo Sapiens” son iguales ante la Ley, esta insignificante vaquita intuye que archivará o pedirá el sobreseimiento de las causas abiertas de los acusados por tamaños delitos ante el hecho de no poder demostrarse relación entre las acciones de los detenidos y su ánimo de lucro, o quizá debido a que las empresas proveedoras de contenedores y papeleras no pueden proporcionarle las facturas del coste que supuso el mobiliario urbano, o quizá porque la gravedad de los hechos imputados no es proporcional al peligro social de los infractores.

Mejor lo sabe una oveja que una vaca, “oveja que bala, bocado que pierde”. Lo malo es que mientras usted y una buena parte de la administración de injusticia  de Burgos siga a sus bocados y no bale, la vaca que le suplica no va a ser la única que deje de tragar y de rumiar sin más…



Otros artículos de Basilio el Bagauda:

domingo, 28 de septiembre de 2014

SATSE inicia acciones legales contra la falta de transparencia del gerente del complejo hospitalario de Burgos

Por Sindicato de Enfermería de  CyL

SATSE ha presentado un recurso de alzada porque no existe una relación detallada y clara de los puestos de trabajo con que cuenta y si están ocupados por personal estatutario, funcionario o laboral, un conflicto histórico que genera problemas entre los trabajadores y puede derivar en que se paralice la movilidad interna convocada por la Gerencia del Complejo.

A 25 de septiembre de 2014 el Sindicato de Enfermería, SATSE, de Burgos ha iniciado acciones legales contra la falta de transparencia del gerente del Complejo Asistencial de esta provincia relacionada con la movilidad interna del personal del mismo.

Así, SATSE Burgos ha presentado un recurso de alzada por la inexistencia de una relación de puestos de trabajo en el Complejo burgalés previa a la movilidad interna que ha convocado el gerente, que no ha tenido en cuenta las repercusiones negativas que esta convocatoria tiene para el personal de enfermería dado que no hay una relación clara de la ordenación y puestos de trabajo de dicho personal.

SATSE Burgos lleva tiempo exigiendo al gerente y a Sacyl una relación clara de los puestos de trabajo con que cuenta el Complejo y que detalle si están ocupados por personal laboral, funcionario o estatutario, si es fijo o no, etc., dado que esta falta de transparencia ha ocasionado sucesivos conflictos con el personal desde hace años. Así, como se recordará, este conflicto es histórico y se inició con el cierre del Hospital Militar de Burgos, que derivó en el traslado de su personal a los hospitales Divino Vallés y General Yagüe, sin que quedara clara esa relación de puestos de trabajo.

Además, con la puesta en marcha del nuevo Hospital Universitario de Burgos, todo ese personal (que incluía a funcionarios y laborales) fue asumido por el Complejo y ubicado en distintas unidades sin que tampoco quedara clara la situación de cada puesto de trabajo, a la vez que se sucedían los problemas porque no existían criterios claros en la ubicación del personal -integrado por estatutarios, funcionarios y laborales con distinto régimen jurídico, lo que complicaba más el problema-.

Pese a esto, y a pesar de que hay ya una Orden que regula la movilidad interna y sucesivas sentencias por conflictos surgidos por estos motivos entre el personal del Complejo, el gerente ha hecho caso omiso a las advertencias de SATSE sobre los problemas que se pueden producir por ese distinto régimen jurídico de que disponen estos tres grupos de profesionales enfermeros y que afecta a si acceden o no a la movilidad convocada.

SATSE Burgos quiere dejar claro que su intención no es parar la movilidad interna del Complejo sino alertar al gerente de las repercusiones que puede tener convocarla sin que haya una relación clara de los puestos de trabajo, por quién están ocupados y el régimen jurídico del personal que los ocupa, ya que sí puede pasar que realizar esa convocatoria en estas condiciones dé lugar a que se inicien procesos judiciales que pueden pararla, algo sobre lo que ya ha habido precedentes.

SATSE sigue recordando al gerente del Complejo que para evitar conflictos debe llevarse a cabo una reordenación clara de los profesionales antes de tomar decisiones de adjudicación de puestos de trabajo para evitar que estas decisiones repercutan posteriormente en los trabajadores e impliquen acciones judiciales.

Relacionado:
La privatización del hospital de Burgos
Balance 2013 del hospital de Burgos
La escasez de recursos humanos preocupa a las enfermeras españolas
Carta al Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León

viernes, 25 de abril de 2014

Declaran como imputados 9 cargos de libre designación de la Junta de Castilla y León

Por Burgos Dijital

Ayer, 24 de abril, comenzó en Valladolid la instrucción del juicio abierto contra algunos de los principales gestores de diversas empresas públicas de la Junta de Castilla y León tras la denuncia realizada por parte del Partido Castellano ( PCAS) a la Fiscalía General de Castilla y León.
Desde aquí hay que dar la enhorabuena a la organización política por haber puesto el foco en la gran cantidad de irregularidades encontradas tanto en la adquisición de patrimonio como en la realización de diversos contratos por parte del Consejo de Cuentas hace unos meses. Llama por eso poderosamente la atención que tras la cantidad de denuncias realizadas por diversas plataformas de empleados públicos al Presidente de la Junta y al Procurador del Común, así como después de múltiples informes demoledores del Consejo, la administración de Justicia en esta comunidad no haya querido mover ficha hasta la denuncia pública hecha por el partido castellanista, lo cual deja bastante en evidencia lo que tantas veces hemos comprobado sobre la falta de independencia de las fiscalías ante el poder político, como antes de ayer sugería el Fiscal General del estado Torres Dulce.
Este podría ser el primer intento de apertura de un melón podrido que se ha convertido en un cáncer para la independencia y objetividad de la administración autonómica y que nos pasa también factura como contribuyentes y como ciudadanos: Juan Vicente Herrera, ¿los castellanos y leoneses se preguntan cómo se pueden asumir las casi ya inexistentes ayudas a la dependencia, la enésima congelación de empleo público y destrucción del existente, las eternas listas de espera sanitarias, la emigración masiva de jóvenes por falta de futuro, la supresión de gasto público en becas y en profesorado… con el pago entre todos de una deuda de 400 millones de euros más sus criminales intereses por culpa de la golfería de algunos cuantos ineptos o estafadores nombrados por usted?.
La rueda ha echado a andar y esperemos que llegue lejos y, sobre todo pase factura a quien tiene a nuestra Comunidad como un cortijo. Así hace unos cuantos días, concretamente el 18 de abril, la policía judicial visitó en Arroyo de la Encomienda las dependencias del ADE, empresa pública dirigida con gran acierto por el candidato a las elecciones europeas del PP y Consejero de Economía Tomás Villanueva, que tiene entre sus haberes la desaparición de las centenarias cajas de ahorro de esta comunidad.
Parece ser que los agentes que allí se presentaron, lejos de aprovechar la visita para tomar un almuerzo dentro del edificio en una de las cafeterías más baratas de Valladolid, acumularon pruebas y evidencias sobre las posibles irregularidades en la compra del edificio así como de la compra y posterior recalificación de terrenos rústicos que han acabado formando parte de polígonos industriales en el ámbito rural.
Salta a la vista de manera muy evidente el hecho de que tras hacerse público que la Junta a través de otra empresa pública llamada Gesturcal fuera a pagar a las empresas constructoras de la sede un alquiler durante 15 años de 76 millones de euros al año, el alquiler había pasado a ser compra y los 76 millones x 15 se acabaran convirtiendo en tan sólo 52 millones.
O que la adquisición de terrenos para Polígonos industriales se hiciera comprando a través de empresas intermediarias por un valor de un 500 % mayor que el inicial.
Así mismo el PCAS también ha hecho referencia a muchos expedientes de contratación que pudieran haber sido realizados de manera contraria a Derecho y ha considerado en su denuncia que tras estas y otras irregularidades existen indicios de administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación de caudales públicos y prevaricación.
El Fiscal ha apuntado por su parte al Juez al que se ha dirigido una serie de contratos realizados para diversos eventos que a juicio del Fiscal se troceaban para evitar la licitación pública cuyo requisito es imprescindible cuando sobrepasan los 18000 euros.
Los presuntos delincuentes imputados y que ayer comenzaron a declarar son el Director General de Economía Víctor Valverde Gómez, el Director General de Comercio Carlos Teresa Heredia, el Director General de Trabajo Miguel Ángel Díez Mediavilla, el Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Rafael Llanos Berrocal, el Jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales, la Interventora Delegada Nuria García Prieto, el Coordinador de Servicios José María Casas Inclán, la Jefa de Servicio de Ordenación e Inspección Comercial, el Jefe de Servicio de Análisis Económico Juan Carlos Gamazo Chillón, todos ellos elegidos como Libre Designación.
Entre los contratos señalados por el Fiscal destacamos:
  • Dos contratos, por importe de 18.022,94 y 17.826,66 euros, cuyas facturas fueron expedidas por la misma empresa y periodos de tiempo sucesivos con el concepto idéntico de “Asesoramiento legal en materia de Cajas de Ahorros”. Dados los resultados en este caso, aunque no fuera delito, lo más decente en este caso es que se devolviera el dinero.
  • Otro caso que llama la atención es el de 4 contratos que suman en total 55.308,57 euros que se gastaron para la organización del 12 Congreso de Economía de Castilla y León y que, a juicio de las cifras de decrecimiento del PIB en nuestra comunidad, también deberían de devolverlo porque lo más estimulante para nuestra economía hecho por Don Tomás han sido estos 55.000 € en la hostelería vallisoletana.
  • Por último y para que escueza un poco más el sangrante despilfarro realizado por la Consejería de Economía a través de sus chiringuitos de 60.000 euros en la organización de una prestigiosa jornada de entrega de ¿¿premios escolares de Prevención de Riesgos Laborales??, de los que tan sólo se justificaron 45.694,40 euros. Desde aquí queremos pensar que la Junta tuvo a bien, ya que el tema tenía que ver con la política escolar, desviar 14.305,60 euros para aumentar la ya abultada bolsa de gasto desplegada para las becas escolares. En este caso, Don Tomás el pueblo te lo perdonará.



jueves, 6 de diciembre de 2012

¿Justicia de pago? ¡No, gracias!



Desde el pasado 22 de noviembre, la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles tenemos un derecho fundamental menos en nuestro haber: Para poder ejercer nuestro derecho de defensa ante la Administración de Justicia tendremos que abonar una Tasa al Estado.  Gallardón, que tan “moderado” parecía cuando estaba en la oposición, ha sacado a relucir su verdadero yo, dictando leyes absolutamente aberrantes, como esta.  Pero ¿Qué supone en la práctica esta Ley de Tasas Judiciales?:

1.- Que para resolver la inmensa mayoría de las cuestiones en materia civil, contencioso-administrativo o social, antes de litigar hay que pagar una tasa. Si no la pagas, archivarán el asunto por no cumplir con los requisitos legalmente exigidos para poder interponer una demanda.

 2.- Que sólo están exentos de pagar los que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, es decir, los que anualmente cobren menos de 14.910 euros.

 3.- Por poner un ejemplo: para recurrir una multa de tráfico en la que se imponga una sanción de 300 euros (que con el descuento correspondiente se quedaría en 150 €) y la retirada de 2 puntos del carnet de conducir el justiciable tendrá que abonar 200 euros en tasas y esperar a que la Justicia le dé la razón. ¿¿¿¿¿¿¿cómo vas a pagar 200 euros de tasa si lo que vas a reclamar son 150 €??????? No cabe en ninguna cabeza humana…

         Resulta evidente que es un atentado más hacia la clase media, la trabajadora, porque al que tiene muy poco no le afecta –ya hemos explicado que está exento- y al que tiene mucho, el tener que pagar no será un impedimento para solicitar a los Jueces que impartan Justicia.

         Es una Ley a todas luces inconstitucional, para empezar porque nuestra Carta Magna, en su artículo 24 recoge: Todas las personas tiene derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Desde el mismo momento en que para obtener la tutela judicial efectiva hay que pagar, ya se está limitando el acceso a la misma, dejándonos indefensos.
         
     Por primera vez un Gobierno ha conseguido poner de acuerdo a las distintas asociaciones de Jueces, al Ministerio Fiscal, a los funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia, a los diversos Colegios de Abogados de España…, esto es, a todos los operadores jurídicos que intervienen en el entramado judicial para decir NO A LAS TASAS de forma unánime, mediante concentraciones, recogidas de firmas o anuncios de huelgas si no se retira la Ley.

Podría esto hacer reflexionar un poco al iluminado que ha promulgado la norma jurídica. Quizás debiera plantearse que se está equivocando de medio a medio y echar marcha atrás antes de que el tercer poder del Estado se le subleve de verdad...

         Al parecer la reforma de la Justicia del PP no termina aquí, ya ha anunciado una reforma integral, sin que termine de explicar en qué va a consistir. Sólo como anticipo de su “gran idea” esta semana conocíamos que quiere privatizar los Registros Civiles -entes adscritos hasta ahora a un Juzgado-  Hoy por hoy, el acceso a sus servicios es gratuito para el ciudadano (pedir un certificado de nacimiento o defunción, tramitar un matrimonio…), ya que se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, por lo tanto, con cargo a nuestros impuestos. Con la nueva regulación, parece que todos estos trámites van a tener un coste adicional para el ciudadano (otro más, primero el copago sanitario, ahora el copago judicial y en breve el copago educativo…).

         Como parece que este atropello a la Justicia Pública no tiene fin, seguiremos alerta para contarles la segunda, o incluso la tercera parte de este cuento de terror ¿Quién sabe?…, 

Cecilia B. Violeta