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sábado, 3 de enero de 2015

La vaca inapetente y el fiscal voraz

"La fiscalía de Burgos es la que más prevaricaciones y cohecho investiga"

Por Basilio El Bagauda

Quizás sea la primera vez que una vaca se atreve a dar su opinión en un blog, probablemente también quizás sea la primera vez que un mamífero de la familia Bovidae se atreva a realizar una habilidad típicamente humana, y no me refiero a la de pensar sino a la de escribir, ¡que no todo el que piensa escribe, ni todo el que escribe piensa! En cualquier caso sí debo decir en defensa de mis congéneres que yo soy una vaca inadaptada, extremadamente rara y de poco fiar para el resto, y ello debido a la peculiaridad de que la actualidad me afecta más allá de la falta o el exceso de pasto por la sequía o el aumento de las lluvias o del carácter del próximo perro que nos ponga en nuestro sitio.

Sí me parezco, sin embargo, a mis congéneres cuando miran al tren: me quedo cariacontecida, ojiplática, confusa y sorprendida cuando fugazmente y a toda máquina pasa el “presente” ante mis bovinos ojos.

Últimamente, y no sé porqué, las repentinas visitas de estos “trenes” aparecen con una asiduidad nunca vista y me provocan tal desasosiego, tal estrés, como ahora se dice, que “tranquilidad” es un estado que desapareció ya de mi rutinaria vida. Y ante semejante falta de paz mis digestiones se han visto resentidas.

De nada sirve que tenga cuatro “estómagos”: como y como, trago y trago, fermento y fermento, el bolo sale pero no hay quien lo rumie de nuevo. Ni sé ya cuantos bolos llevo sin masticar pero el tiempo pasa, me encuentro deprimida, tan famélica que ya ni leche doy. Y esto me preocupa aún más porque cada vez que nuestro dueño comprueba que nada sale de mis ubres, más posibilidades tengo de que me quite de en medio. Así que no sé si este impulso literario es una llamada de auxilio ante el estado de shock en el que me encuentro o un humilde pliego de descargos que a continuación detallo a la espera de que el granjero lo lea y entienda y perdone mi falta de utilidad sobrevenida.

Todo comenzó, o al menos eso creí, una mañana del 3 de noviembre de este año aunque pronto percibí que mis problemas digestivos, mis dificultades de rumia que hacían las digestiones interminables y que me provocaron en más de una ocasión desencajamiento de mandíbula, venían ya de lejos…

Esa mañana, como tantas otras, me sobresalté con un vagón de la actualidad que llevaba impreso a modo de grafitti este rótulo: “LA FISCALÍA DE BURGOS ES LA QUE MÁS PREVARICACIONES Y COHECHOS INVESTIGA”. En la pared del vagón estaba impresa una gran fotografía en la que aparecía un hombre circunspecto, con cara de sorpresa ante una visita inesperada, pulcramente vestido de americana y pantalón del mismo color a juego con la corbata, con pinta de alto funcionario pero con ganas de rumba dado su pelo rizado y largo, al modo jerezano. Decía ser el Fiscal Jefe de Burgos y su nombre era, y será, Santiago Mena.

A la fotografía le acompañaba una columna de estadísticas a la derecha y un artículo rodeando la imagen. Pues bien, el artículo venía a decirme que Burgos era la provincia de Castilla y León donde más diligencias se abrían por delitos fiscales y contra la administración pública, lo que ahora se ha dado en llamar “corrupción”, pero que prácticamente todas se cerraban sin ninguna investigación porque el señor del pelo jerezano no lo tenía a bien.

Sí, este fue mi punto de inflexión: pasé de digestiones cada vez más largas al límite de la úlcera a la imposibilidad absoluta de remasticar lo que sale de mi rumen, y desde entonces riego de bolos las verdes praderas por donde pazo…

En cualquier caso no me quedó clara cual era la intención del artículo: si era para destacar a Burgos por algo como antes se hacía en grandes portadas del DB por cualquier cosa, si era para decir que Don Santiago era un vago sin decirlo, si era para decir que la gente de aquí se ponía más quisquillosa con estos “asuntitos” que en otras partes, si era para apoyar alguna petición interna del señor fiscal de aumento de salario por la cantidad de trabajo acumulada, o si era simplemente para acabar de matar mi apetito. Nunca lo sabré aunque mucho me temo como vaca mal pensada que soy que tenía que ver con las dos siguientes decisiones del fiscal: el archivo del “enchufe masivo” en la Diputación y el sobreseimiento de la orden de pago de la factura de T-System de Angel Ibáñez.

En mi favor ante la descontrolada anorexia que sufro quiero recordaros brevemente los hechos. En el primer caso la denuncia se debió a que tras una gran oferta de empleo público en la Diputación Provincial de Burgos en la que se dio como pocas veces gran difusión y publicación de la misma, las pruebas serían organizadas por una empresa privada que concretó como prueba un único test, supuestamente psicológico, en el que no se realizaban preguntas acerca de los conocimientos de los trabajos a realizar y del que antes de celebrarse se supo que algunos cuantos aspirantes ya contaban con el cuestionario antes de ser examinados. Santiago “el Jerezano” defiende a todos los opositores archivando el asunto porque al ser un test psicológico no se podían saber las respuestas.

Querido Santiago: ¿y si soy una afortunada vaca que además de las preguntas sé las respuestas?  ¿No tiene nada qué decir ante un juez quien es responsable de custodiar unas pruebas y no lo consigue? ¿No hubiera sido mejor para la fiscalía de Burgos que la oposición aprobada por usted hubiera sólo constado de un test psicológico en vez de soltar un rollo de memoria como le parece bien que se le ahorre a las personas aspirantes a los puestos de Auxiliar de enfermería y de Enfermería? Sé que la opinión de una humilde vaca no cuenta para nadie pero si a mí me preguntaran quien sobra en los servicios públicos, sin duda y visto lo visto serían las fiscalías y no los servicios de salud: ¡¡Si ni si quiera se encargan de la salud ética!!

Y qué decir de la factura del Vicealcalde: el concejal botarate ordena el pago de una factura a una empresa por servicios informáticos realizados al Ayuntamiento. A sabiendas de que la factura está engordada 200.000 euros por encima de lo contratado, ordena pagarla. A sabiendas de que la Intervención no está conforme, ordena pagarla. A sabiendas de que hay informes técnicos exigidos para su pago contrarios al mismo, ordena pagarla. Tras anularla de pleno derecho por el consejo Consultivo de Castilla y León ni si quiera se le pasa por la cabeza dimitir. Y tras todos estos antecedentes, el señor Mena pide su sobreseimiento y lo consigue.


Estimado Santiago: ¿Por qué no ha explicado las razones para sobreseer la denuncia? ¿Se debe a qué se le acumula el trabajo y no puede conciliar la vida laboral y familiar, tan importante en estas fechas? ¿Quizás se deba a la falta de autoridad ya demostrada con la empresa Telefónica para que se le emitiera la dichosa facturita del gasto del Concejal Villanueva? ¿Lo de las facturas y el despilfarro de dinero público no va con su espíritu sandunguero?

Pues eso, que así como va a tener ganas una de comer… ¡Ay mi Santiago! ¡Si es que en el fondo eres un solete! Con todo el trabajo que te dan en Burgos como vas a tener tiempo para escuchar a la parte acusadora. Tú dedícate a lo tuyo, que ya te lo dirá mamá: ¡No te metas en fregaos, hijo! ¡Qué te ha costado mucho ganarte la oposición para que ahora lo tires todo por la ventana! ¡Mira que como te metas entre cosas de políticos, mal vas mal! ¡Tú haz caso a tus jefes, que son los que saben y la vida está muy mala!


Intento recordar cuando empezaron mis problemas de digestión y seguro que tienen mucho que ver con los consejos maternos que parece seguir a pies juntillas: quizás fue cuando el hijo de un empresario agradecía públicamente los favores prestados con un espléndido regalo a un concejal de urbanismo en esta ciudad y usted no dijo ni “muuuuuuu”; quizás fue cuando un alcalde mintió en su declaración de bienes por las características de un ático de dudosa procedencia y tampoco usted mugió; quizás cuando resultó ganador un proyecto de obra pública explicado meses antes en un diario de la ciudad y usted ni estaba ni se le esperaba; quizás cuando un concejal montó una empresa a la que se le adjudicaban contratos públicos y usted estaba en asuntos más serios; quizás cuando otro concejal se gastaba decenas de miles de euros en llamadas telefónicas…


Sólo una última pregunta de una humilde vaca a todo un Fiscal provincial de Burgos: ¿Qué le va a aconsejar su mamá acerca de los 47 detenidos en el conflicto del Bulevar de Gamonal a los que se les imputó delitos de desórdenes públicos, daños contra bienes públicos, atentados y lesiones?

Después de comprobar su ecuanimidad y justicia ante la presunción de inocencia de nuestros representantes institucionales y dado que todos los individuos del género “Homo Sapiens” son iguales ante la Ley, esta insignificante vaquita intuye que archivará o pedirá el sobreseimiento de las causas abiertas de los acusados por tamaños delitos ante el hecho de no poder demostrarse relación entre las acciones de los detenidos y su ánimo de lucro, o quizá debido a que las empresas proveedoras de contenedores y papeleras no pueden proporcionarle las facturas del coste que supuso el mobiliario urbano, o quizá porque la gravedad de los hechos imputados no es proporcional al peligro social de los infractores.

Mejor lo sabe una oveja que una vaca, “oveja que bala, bocado que pierde”. Lo malo es que mientras usted y una buena parte de la administración de injusticia  de Burgos siga a sus bocados y no bale, la vaca que le suplica no va a ser la única que deje de tragar y de rumiar sin más…



Otros artículos de Basilio el Bagauda:

jueves, 18 de diciembre de 2014

La Junta malversa sus truchas y nuestros dineros

El despilfarro de dinero público en Castilla y León se ha convertido en algo cotidiano en la tierra de Pavor


Por Burgos Dijital

El movimiento Viernes Negro no parece descansar y vuelve a la carga con una nueva denuncia en la que podría haber irregularidades rayanas en la prevaricación y en la malversación de caudales públicos, y ello a pesar de que los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, siguiendo la estela de CSIF, han dejado de firmar las comunicaciones de manifestación en un claro acto de hostilidad tras las denuncias de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) en el, a su juicio, compadreo de los representantes de estas dos centrales sindicales con los representantes de la Junta al aprobar una campaña de dignificación al funcionario que, finalmente y tras las presiones sufridas, no se hará y que iba a suponer 250000 euros de nuestros impuestos. ¡¡Si alguien quiere hacerse una campaña electoral que se la pague!!

En este caso la información que hacen pública sigue la misma trama de las denuncias sobre malversación en obras públicas sin uso o cerradas como el Laboratorio Agrario Regional o la Estación de Avisos de plagas construída en Pedrosa de Duero. Hemos de recordar que en  la primera infraestructura fueron más de 2 millones de euros invertidos en una reforma que ampliaba el complejo y que nunca ha sido utilizada, y en el segundo fueron un total de 500.000 euros los que se fueron por el vertedero de las ocurrencias Populares cuyo gobierno no puede sacar pecho a estas alturas.

Según fuentes consultadas por Burgos Dijital a día de hoy el asunto del Laboratorio parece estar siendo ya más que espinoso para la Consejería de Silvia Clemente, ya que tras varios meses de petición de documentación por parte del Procurador del Común aún no ha obtenido respuesta, caso muy parecido al de la Comisión Europea que estudia el inmenso dislate fraudulento del HUBU y a la que no se le ha enviado la documentación solicitada. En cuanto al asunto de la Estación de Avisos la OLAF (Oficina de Lucha Antifraude), órgano fiscalizador de la Unión Europea abrió expediente a la Junta y sigue su curso.

El asunto que a continuación detallamos parece que va a ir por los mismos derroteros y en este caso podríamos estar hablando de más de tres millones de euros, sólo que en este caso afecta a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la construcción y mantenimiento de la red de piscifactorías.

Viernes Negro recuerda en su denuncia que el 16 de julio de 2012 aparece en el Diario de Burgos una noticia con este encabezamiento: “La Junta cierra la Piscifactoría de Quintanar y lleva las truchas a León”.

El diario de cabecera de la ciudad, siempre tan interesado en ir más allá de lo que los gabinetes de prensa de las Consejerías cocinan, se limita a trasladar a sus lectores que, y siempre citando a fuentes de la Delegación Territorial, “no se trata de un cierre sino de un cese temporal, que traerá consigo una reorganización interna de los recursos y que forma parte del Plan de Optimización de los Recursos, que busca mejorar la eficiencia y eficacia”. Sigue apuntando que el cese temporal de la Piscifactoría de Quintanar de la Sierra (Burgos), llamado “La Pesquera”, no será el único en la Comunidad Autónoma, “sino que afectará a otras dos piscifactorías de las provincias de Soria –en la localidad de Ucero- y de Palencia  -en Celadilla del Río-“. Por último el periódico acaba apuntando que en “las próximas semanas se procederá al traslado de los ejemplares a las instalaciones de Vegas del Condado en León”.

Pues bien parece ser que tras esa información tan meliflua se escondía toda una panoplia de malas decisiones que le habrían supuesto al erario público un agujero que los periodistas de tan afamado diario no estuvieron por la labor de investigar.

Parece ser que en el año 2008, y cofinanciado con fondos europeos del “Programa IFOP” destinados a la mejora de centros de acuicultura, se ejecutó un proyecto de modernización de esta instalación, donde se invirtió más de 1.000.000 de euros, con el objetivo de conseguir el mantenimiento de 6 líneas de trucha autóctona para realizar la repoblación y mantenimiento de los ríos trucheros de la provincia de Burgos, dado que la cría de la trucha autóctona solamente está autorizada en piscifactorías públicas.

La decisión del gasto resulta increíble cuando la propia administración sabía que la falta de caudal del río Arlanza en la época estival provocaba inequívocamente que durante este periodo el funcionamiento se hacía inviable, por lo que se trasladaban los ejemplares de las distintas líneas genéticas a la piscifactoría de Oña, propiedad de la Diputación Provincial de Burgos.

Por otro lado, si esto ya resulta de por sí suficientemente llamativo, el Movimiento VIERNES NEGRO de Burgos denuncia una serie de hechos que hacen que el asunto pase de ser cómico, si no fuera por la cantidad de dinero burlada por el gobierno de Herrera a la Educación o a los Servicios Sociales, a alcanzar tintes trágicos.

El colectivo informa de un desvío presupuestario de cerca del 15 %: de los 887.661,49 € se pasa a más de 1.000.000 de euros finales. El supuesto cese temporal es hoy ya definitivo tanto en la piscifactoría burgalesa como en las de Soria y Palencia, en las que también se despilfarraron fondos europeos. Con el agravante de que una vez cerradas quedan inservibles para futuras reutilizaciones.

A continuación dejan entrever la existencia de unos informes técnicos elaborados por funcionarios competentes en la materia contrarios al cierre. En dichos informes parece ser que se indicaba que el mantenimiento de estas instalaciones era mínimo, alrededor de unos 15.000 € anuales, y que el traslado en pleno verano de los alevines a León era una imprudencia por la alta tasa de mortalidad que dicho operativo producía. Además también se indicaba que había muchas dudas respecto a la capacidad de las instalaciones de la Piscifactoría de León para seguir con las investigaciones y el mantenimiento de las líneas genéticas de truchas autóctonas que se realizaban en las instalaciones de Soria, Palencia y Burgos.

Tal es así la realidad del despropósito cometido que la Junta de Castilla y León tiene ahora que adquirir las Truchas Arco Iris a empresas privadas de La Rioja para repoblar zonas de pesca recreativa en Burgos.

Por todo ello, el colectivo de funcionarios va a llevar esta denuncia a la OLAF como ya ha anunciado a Juan Vicente Herrera.

Recomendado:
Viernes Negro denuncia las afinidades periodísticas de las Junta de Castilla y León 
La Unión Europea también investiga al gobierno de Juan Vicente Herrera
Viernes Negro denuncia la Reforma de la Administración Pública de Juan Vicente Herrera

miércoles, 21 de mayo de 2014

Fracking Administration


Por Basilio el Bagauda



Llamadme conspiranoico, torcido, incrédulo, paranoico, descreído, agitador, demagogo, pendenciero, populista, pijiprogre o lo que os salga de la vaina pero creo conocer bastante la administración y tener suficiente memoria como para intuir qué hay detrás de las nuevas soflamas pro-fracking y de la más que predecible, al menos para mí, actuación de la Administración, es decir de los que la dirigen.  Y es que últimamente me he encontrado unas cuantas columnas de opinión, unas cuantas cartas al director y unos cuantos artículos “patrocinados” en los que ya no se apela tanto a las maravillas y a la seguridad de la técnica que nos va a sacar del colapso energético en el que se halla todo el planeta y de la dependencia en la que se halla nuestra pobre y sufrida España.



Ahora lo que está de moda es decirnos a los ciudadanos que confiemos en los filtros creados por nuestra legislación ambiental y aplicados por nuestras administraciones para que se tenga en cuenta siquiera la posibilidad y viabilidad del fracking en aquellos territorios en los que tras las evaluaciones de impacto ambiental y posteriores auditorías esto sea posible sin que perjudique ni a los seres vivos ni a su entorno. Y a mí me ha dado por sospechar que detrás de todo esto sigue estando el lobby energético y todos los parásitos políticos que quieren  seguir chupándonos la sangre.



Es más que evidente que la connivencia, y sus puertas giratorias, que existe entre la “casta” política y los consejos directivos y grandes accionistas de las grandes compañías energéticas hacen imposible cualquier tipo de independencia, transparencia y neutralidad en los engañosos procesos de evaluación.



A esto hay que añadir que estas técnicas sólo son económicamente viables para un capital que busca beneficios seguros y a corto plazo cuando la Administración suelta por delante un gran número de subvenciones, lo que posibilita que los mismos gestores que sueltan nuestra pasta se nieguen a reconocer los posibles errores económicos producidos, ya que estos se traducen en errores políticos y dada la capacidad de “nuestros políticos” a esquivar sus responsabilidades seguirían vendiéndonos esa moto hasta que reventara una nueva burbuja.



Sé que muchos estarán ahora pensando que para dar el visto bueno a todos estos proyectos es necesario contar con los funcionarios corruptos de turno. No os preocupéis, está todo estudiado: en primer lugar delitos como la prevaricación, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, el cohecho (más conocido como soborno) y muchos otros relacionados con la Administración Pública son difíciles de demostrar y más aún si cuentas con jueces y fiscales que dependen en muchos casos de sus nombramientos o del ascenso en su carrera profesional del poder ejecutivo de turno.



Por otro lado siempre hay funcionarios dispuestos a corromperse, como en todas las profesiones y condiciones, que dan su conformidad con su firma y su sello a cambio de recompensas económicas, de sobres volanderos y de una buena "Libre Designación", que es a día de hoy el método de provisión de plazas más utilizado por nuestros altos cargos.



En cualquier caso si esto falla hay otros medios que pueden dar con el enojoso y engorroso control administrativo que tanto les disgusta a los “neos”. Por ejemplo la contratación con empresas intermedias tipo “TRAGSA” de técnicos dispuestos a realizar informes favorables a los proyectos de turno pero cuyas firmas sean estampadas por funcionarios, como obligan las leyes de procedimiento administrativo.



Otra forma de “deshacerse de las trabas y obstáculos del derecho administrativo”, como le gusta decir al Consejero de Economía Tomás Villanueva, es la de crear empresas públicas y organismos autónomos como las diversas fundaciones que existen en materia de medio ambiente en nuestra comunidad y cuya gestión es todo menos trasparente e independiente de los poderes fácticos.



Y qué decir de los valores en los que se basa el modelo económico impuesto por las clases dominantes donde sobresale por encima de todo la irresponsabilidad económica, social y ambiental.



Para terminar de argumentar esta breve opinión sobre la enésima y flagrante mentira creada por algún grupillo de expertos fabricantes de opinión voy a hacer un resumen de algunos de los pequeños destrozos ambientales causados en este país y de sus consecuencias a modo de conclusión para refrescar memorias.



LA CATÁSTROFE DE AZNALCÓLLAR: El 25 de abril de 1998 seis millones, entre ellos cuatro millones de metros cúbicos de aguas ácidas y metales pesados de la empresa minera Boliden, fueron vertidos indiscriminadamente sobre una superficie de 4.634 hectáreas tras la rotura de una presa en Aznalcóllar (Sevilla), afectando al Parque Nacional de Doñana. 

Tres años después 425 trabajadores fueron despedidos y 275 prejubilados en su mayor parte con dinero público. A día de hoy entre todos pagamos 167 millones de euros y la empresa sigue sin soltar un duro.


EL MISTERIOSO CASO DEL HOTEL “AZAFATA DEL SOL” EN EL ALGARROBICO: En el año 2003 se termina de construir un maravilloso hotel en primera línea de playa dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar con la oposición de diversos colectivos ecologistas locales.  En esta ocasión las 4 administraciones, del PSOE y del PP, que tenían que dar su conformidad se pusieron de acuerdo para vulnerar la Ley de Costas y permitir la construcción en zona no urbanizable (será este el precedente de lo que nos espera con la "gran coalición").  En 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentenció la demolición del hotel. Hace menos de dos meses el mismo Tribunal sospechosamente declara la zona urbanizable sin que se haya ejecutado la sentencia anterior y sus jueces han sido acusados de prevaricación.



EL DESASTRE DEL PRESTIGE: El 13 de noviembre de 2002 el petrolero monocasco “Prestige” provocó con el derrame de 77.000 toneladas de fuelóleo en la llamada “Costa de la Muerte”, el tercer desastre ambiental más costoso de la Historia.  Este barco que no había pasado las debidas revisiones obligatorias fue utilizado por un conglomerado de empresas de diferentes nacionalidades para hacer un último viaje a Singapur convirtiendo su rumbo en una bomba de relojería que acabó estallando en tierras gallegas. Tras una cadena de malas decisiones políticas que no atendieron a razones técnicas y una desenfrenada espiral de mentiras, no hubo ningún tipo de responsabilidad política.   Es de recordar por ser de actualidad la frase de Miguel Arias Cañete pronunciada tres días después del accidente: “La rápida actuación de las autoridades españolas ha evitado una verdadera catástrofe pesquera y ecológica”.  También conviene recordar que por aquel entonces era Ministro del Medio Ambiente el hoy delincuente probado Jaume Matas.   Al final, el grave desastre ambiental que costó más de 4.300 millones de euros ha sido pagado por todos nosotros sin que se haya saldado ningún tipo de responsabilidad.



EL PROYECTO CASTOR: Se trata del proyecto de creación de almacén de gas submarino frente a las costas de Castellón y Tarragona y que tuvo que ser paralizado el 26 de septiembre de 2013 por un ingente número de pequeños terremotos y temblores que causaron un pánico generalizado entre los habitantes de numerosas localidades de la costa levantina. 

Tras el intento de reanudación por parte del Gobierno a pesar de la oposición popular se dieron a conocer a la opinión pública unas maravillosas cláusulas contractuales por las cuales el Gobierno de España indemnizaría a las empresas ACS y la canadiense CLP si no se llevaba a cabo dicho proyecto: ¿quién quiere asegurar la integridad física y el bienestar de los ciudadanos cuando se debe asegurar la seguridad jurídica (= beneficios sin riesgo) de las multinacionales?.  A día de hoy se ha destapado que la Secretaria de Estado de Cambio Climático (yo diría “para el cambio climático”) en el 2009 Teresa Ribera, del PSOE, firmó una Declaración favorable de impacto ambiental a pesar de las negativas conclusiones de los informes emitidos por instituciones tan poco significativas como el Instituto Geográfico Nacional o el Instituto Geológico Minero.


Y ya para terminar tenemos dos impecables ejemplos de la seguridad jurídica ofrecida a los ciudadanos por parte de nuestras administraciones: el caso de la Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués (Ávila) y la ocurrencia de la Ciudad del Medio Ambiente en Garray (Soria)


En el primero la Consejería de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Las Navas y la Diputación Provincial de Ávila montaron un consorcio para la construcción de 1.600 chalés, 4 campos de golf, un gran hotel y un área recreativa en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Tras una desmesurada tala de árboles y una denuncia realizada por colectivos ecologistas el proyecto se paralizó y 15 funcionarios y altos cargos de la Junta junto a la Consejera de Medio Ambiente y hoy senadora Mª Jesús Ruiz fueron acusados de varios delitos contra el Medio Ambiente y contra la Administración.  El 3 de abril de este año la Audiencia Provincial de Ávila deja absueltos a todos los imputados sin cargos y nadie dimite a pesar de que el proyecto no se puede llevar a cabo.


También, y ya para terminar, estuvo involucrada la senadora soriana en el proyecto, hoy anulado, de la Ciudad del Medio Ambiente. Otro intento de pelotazo más que pretendía crear mil puestos de empleo en la maltratada y despoblada Soria pero pasándose por el arco del triunfo todas las fiscalizaciones posibles y con nuestra propia pólvora: de momento 52 millones de euros tirados a la basura y un montón de plazas suprimidas en la sanidad rural. Así el proyecto urbanístico fue aprobado con rango de Ley, de manera ilegal como ya lo ha sentenciado el Tribunal Constitucional, para saltarse todos los controles parlamentarios y ciudadanos, al impedir a éstos cualquier tipo de recurso, muy al gusto del ejecutivo de Juan Vicente Herrera. Preguntada Doña Mª Jesús Ruiz acerca de su responsabilidad ésta ha respondido: “Es una Ley de las Cortes de Castilla y León. Llame allí”.



Yo sinceramente después de todos estos ejemplos, me quedo muy reconfortado al saber que técnicas como el fracking, de aplicarse, pasarán los debidos controles administrativos, legales y técnicos, amén de la segura consulta que se le hará a los ciudadanos perjudicados antes de que nada se lleve a cabo.



domingo, 13 de abril de 2014

Baudilio Fernández-Mardomingo, el empleado más eficaz de Eficanza.

Por Lucas Mallada

Baudilio Fernández-Mardomingo, veterinario y funcionario de la Junta,  cuñado de César Rico, presidente de la Diputación de Burgos, es un hombre del régimen, fiel y cumplidor. Por eso es desde noviembre de 2012 el Delegado Territorial de la Junta en Burgos. Por ello también es el representante de la administración pública autonómica, de los poderes públicos, en definitiva de los intereses colectivos de todos los castellano-leoneses.

Sin embargo, por sus gestos, declaraciones y actos impulsivos, de los que no se reflexionan porque se llevan en el ADN, ejerce como auténtico pretor de los intereses particulares de la sociedad anónima: Nuevo Hospital de Burgos SA, más conocida por su marca comercial: Eficanza, constructora y propietaria del Hospital Universitario de Burgos.

Hospital Universitario de Burgos
Sus reiteradas y oportunas declaraciones en los medios de comunicación convencionales, adictos al régimen (que comparten propiedad con algunos accionistas de la empresa mencionada), enarbolando la bandera de la “eficacia”, de los resultados y de la buena gestión, siempre cuando las dudas, las sospechas de connivencia público-privada, -es decir CORRUPCIÓN-, arrecian y se extienden por la ciudadanía como un clamor.

Pero en su celo, no sabemos si suficientemente recompensado, el señor Fernández-Mardomingo, ha llegado a censurar mediante una carta a algunos funcionarios del SACYL (Sanidad Castilla y León) que han hecho públicos datos y pruebas y que en un afán de transparencia muy meritoria tratan de explicar a los ciudadanos que tienen derecho a saber qué se hace con los recursos de todos y si estos benefician al bien común o llenan cuentas en Suiza. En esta misiva les recriminaba porque "los empleados no hablan mal de su empresa", claro, por si no lo habíamos entendido: EFICANZA. 

Y el asunto tiene trascendencia porque es sabido que el bueno de Baudilio fue ya condenado por acosar a un funcionario para tratar de conminarle a que cometiera una ilegalidad (en el lejano 2005), lo que se conoce como prevaricación. Con estos antecedentes, ¿podemos estar seguros de las decisiones y acciones de este señor? ¿Cómo es posible que escojan a una persona condenada por hechos probados y le den la responsabilidad máxima de la administración regional en la provincia de Burgos? ¿Usted pondría al lobo para cuidar del rebaño? Seguramente no, a no ser que esté confabulado con el dueño del matadero próximo, y así encima ahorrarle el coste del sacrificio....

Si el señor Joaquín Costa levantara la cabeza....oligarquía y caciquismo....