Foto cedida M. A. , cuando se produjo el desprendimiento este verano
Por Burgos Dijital
Una semana después de que se tuviera noticia del desprendimiento de una losa de piedra de la fachada del Hospital, Burgos Dijital ha tenido noticia también de que no ha sido el único desprendimiento reciente que han sufrido las instalaciones del HUBU.
Este verano pasado una placa de mucho menor peso, dado que se trataba de una pieza de aislante, se desprendió del techo sobre un paso mucho más transitado, justo una de las entradas al centro hospitalario desde el parking.
Puesto que las piezas de aislante se hallan unidas entre sí, se han colocado unas redes metálicas por si pudieran producirse nuevos desprendimientos.
En la fotografía puede apreciarse cómo una nueva pieza de color más claro ha sido incluida en el arreglo y cómo se ha protegido la zona mediante la colocación de una red metálica. En la última fotografía puede observarse que si bien la pieza de aislante es mucho más ligera que una de piedra, la situación revierte gravedad por el hecho de encontrarse en un punto de acceso más importante que el caso de la semana pasada, por donde circulan peatones desde el parking y coches, justo encima de un paso de cebra que da acceso a una de las entradas al centro.
SATSE pide explicaciones sobre la limpieza de la ropa sanitaria que se utiliza en el Hospital de Burgos
El Sindicato de Enfermería exige que se pongan todas las medidas de higiene y salubridad ante las denuncias que le han llegado de que los paquetes de ropa procedentes de la lavandería llegan a los servicios hospitalarios sin precintar y han aparecido bichos en las sábanas de la UCI, así como que hay jaulas rotas que entrañan riesgos de lesiones para el personal sanitario.
Fotografía Sanidad Pública Sí
El Sindicato de Enfermería, SATSE, de Burgos exige explicaciones a los responsables de Sacyl ante las denuncias que le han llegado sobre la suciedad y las deficiencias en la ropa sanitaria y el material con que tienen que trabajar las enfermeras del Hospital Universitario de Burgos, puesto que presuntamente en esa ropa procedente de la lavandería han aparecido bichos.
Según ha sabido el Sindicato de Enfermería, entre las sábanas limpias de la UCI de este Hospital, cuya gestión es privada, han aparecido bichos vivos y muertos. Además, los paquetes de la ropa que viene limpia de la lavandería –un servicio que está externalizado- llegan a los servicios sin el correspondiente precintado y SATSE ha constatado que la ropa del personal sanitario llega de la lavandería en ocasiones rota, sucia, húmeda y mal planchada y en algunos casos esto sucede también con la ropa de cama.
Además, SATSE denuncia los riesgos que pueden estar asumiendo el personal y los pacientes por este motivo, así como por el hecho de que haya jaulas en las que se transporta la ropa que presentan parte de sus elementos rotos, un riesgo de lesiones para el personal.
SATSE Burgos exige una explicación al respecto de la concesionaria del centro y a los responsables de la Administración sanitaria, que son los que deben velar porque estas circunstancias no se produzcan y recuerda que la gestión del hospital debe garantizar la máxima calidad de la asistencia sanitaria, que también incluye este servicio. Los responsables sanitarios deben exigir en todo momento que la empresa que gestiona ese hospital mantenga los servicios en las debidas condiciones de higiene.
SATSE considera que de estarse produciendo estas circunstancias de insalubridad esta situación sería intolerable puesto que estaría sucediendo en un centro hospitalario, por los riesgos que entraña y porque sería una muestra de dejadez en el control de las debidas medidas de seguridad y salubridad que deben darse en el mismo.
Viernes Negro, que no ha dejado de reivindicar públicamente
la defensa de los servicios públicos a lo largo de este verano, vuelve a la
carga en este mes de septiembre con una nueva denuncia.
Esta vez se trata de la privatización a través de ciertos
contratos, que consideran sospechosos , de asistencia técnica y soporte de las
herramientas de gestión informática en la organización de los cursos de
formación de los empleados públicos. Esta partida presupuestaria parece abonada
siempre a la polémica tras la cantidad de escándalos de corrupción que han
salpicado a diversas organizaciones patronales y a las organizaciones más
poderosas del “bisindicalismo”: CCOO y UGT.
Estos “dineros” no sólo sirven, como se ha denunciado en
diversas ocasiones desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), para
comprar la paz social de los sindicatos ya citados junto a CSIF, sino también
para hacer derivaciones de ingentes cantidades económicas hacia todo tipo de
empresas privadas que han visto en la formación y la educación otro gran filón
y que, a buen seguro, acumularán capital para hacer el gran asalto sobre las
universidades públicas y la red de educación obligatoria.
En este caso la denuncia recae sobre las gestiones de la
ECLAP. La Escuela de Administración Pública de Castilla y León fue creada en
2002 como el instrumento especializado de formación y perfeccionamiento de los
empleados públicos de la Comunidad y tiene entre sus funciones, como no podía ser
de otra manera, la organización de los cursos de formación y especialización y
la enseñanza de nuevos métodos y herramientas de gestión.
Hasta el 2013 todas las herramientas informáticas necesarias
para la organización y la coordinación de los cursos eran gestionadas por los
técnicos informáticos que la Junta tenía en plantilla.
Es en 2014 cuando los directivos de la ECLAP deciden
“quitar” el trabajo a los empleados públicos y apuesta por la privatización del
servicio mediante la adjudicación de dos contratos a través de un procedimiento
extraordinario que consiste en negociar con una o más empresas las condiciones
y el presupuesto aproximado sin hacerlo público a otras empresas, lo que se
conoce en la Ley de Contratos como “procedimiento negociado sin publicidad”.
La empresa afortunada resulta ser ALTEN SOLUCIONES y los
importes de las adjudicaciones son finalmente de 43.197 € y de 60.137 €. Pero
lo más sorprendente del asunto es que este año el método de concurso ha sido
“abierto” y ALTEN ha vuelto a ganar la adjudicación pero con un importe de
280.720 € por la prestación de los mismos servicios.
Alten Soluciones Productos Auditoría e Ingeniería, S.A. es
una empresa de la matriz francesa Alten Europe cuya actividad fundamental es la
consultoría informática y los servicios relacionados con computación. Tiene 4
sedes en toda España y una de ellas en el parque tecnológico de Boecillo, muy
cerca de la sede de uno de sus principales clientes en España, la Junta de
Castilla y León con la que tiene un especial idilio.
Por otro lado, y a pesar de ese costoso contrato, los 579
técnicos especializados en los sistemas informáticos de la administración
autonómica se han visto sorprendidas por esta contratación, puesto que aseguran
que el soporte, las incidencias y la asistencia informática la siguen
realizando ellos.
Ante estos hechos y la extraña política de contratación
realizada, miembros de Viernes Negro se dirigen al Presidente de la Junta con importantes
interrogantes que esperan sean investigadas por el Procurador del Común, ya que
Juan Vicente Herrera no parece que esté para esos menesteres.
Entre otras cosas se exige una investigación sobre la forma
de contratación en el año 2014 ya que consideran que los contratos pudieron ser
fraccionados artificialmente para ajustarlos a la condición expresada por el
art. 174 e) de la Ley de Contratos, que expresa que se puede utilizar el
procedimiento negociado sin publicidad para contratar servicios por una
cantidad inferior a 100.000 €, con lo que se vulneraría el derecho de otras
empresas a concursar.
Por otro lado consideran tremendamente extraño que este año
se pague por los mismos servicios 2,5 veces la cantidad del año anterior de
manera totalmente injustificada y gastando, en años de escasez, la quinta parte
de los presupuestos en formación. Es más, consideran que resulta insostenible
que, mientras la actividad de la ECLAP se encuentra en una franca
desaceleración, se decida contratar a una empresa para realizar las funciones
que ya realizaban con eficacia y eficiencia los empleados públicos. Tampoco se
explican las razones por las cuales se paga a una empresa sin que nadie sepa
cuál es su cometido puesto que las tareas siguen siendo realizadas por los
trabajadores públicos.
Además se advierte que a pesar de los constantes alegatos a
la trasparencia se ocultó en la memoria económica del ejercicio presupuestario
del año pasado los 103.334 cobrados por Alten.
Por último Viernes Negro sugiere a los órganos de
contratación de la Junta que se incluyan en los pliegos de condiciones y en la
valoración de las ofertas de manera ordinaria, y no excepcional, las claúsulas
sociales que incentiven y premien a las empresas un verdadero ejercicio de
responsabilidad social.
A buen seguro Alten lo hubiera tenido más complicado
teniendo en cuenta que hace año y medio la empresa despidió a más del 10 % de
la plantilla, redujo el 10 % del salario para toda la plantilla y eliminó otro
complementos en especie y, de postre, aumentó la jornada laboral de sus
empleados.
Por Manuel Cortázar Don Tomás Villanueva: el mejor guardés del cortijo castellano y leonés.
Parece que el todavía Consejero en funciones Tomás Villanueva quiere seguir dejando su impronta plagada de irregularidades e investigaciones judiciales tras haberse tomado muy en serio durante años al frente de la Economía y el Empleo de la Comunidad el encargo de Juan Vicente Herrera de crear todo tipo de organismos financiados con dinero público al margen de las reglas del control público.
Así tras la creación de las diferentes Agencias de Desarrollo Económico con quiebras millonarias, delegaciones comerciales internacionales, y escándalos como el sobrecoste millonario del edificio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), con varias decenas de altos cargos imputados, la sobretasación de suelos en parques tecnológicos nunca construidos y la nueva y flamante “trama eólica”, Don Tomás da un paso al frente para privatizar los servicios de Empleo de Castilla y León, el famoso ECYL.
El empleo y la formación, otro producto mercantilizado.
Ya hace tres años que se denunciaron las maniobras de la Junta por descapitalizar la labor que realiza el servicio público de empleo, en su momento cuando en junio de 2012, Villanueva despidió a 70 técnicos de las 54 oficinas de empleo de Castilla y León que llevaban 9 años trabajando, aprovechando que tenían un contrato de obra y servicio tras superar un proceso selectivo al que se presentaron 2.500 aspirantes.
En diciembre de ese mismo año presentó un ERE que afectaba a otros 120 orientadores laborales que llevaban cinco años con un contrato similar.
Sólo las protestas de estos afectados y las sentencias judiciales obligaron a la Junta a dar marcha atrás en sus planes: los 70 técnicos de modernización tuvieron que ser readmitidos 9 meses después tras una cascada de fallos judiciales, si bien la mitad de los 120 orientadores se fueron a la calle y 60 pudieron conservaron el puesto tras negociar con los sindicatos.
Ahora hace escasos meses la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León se ha gastado 3,3 millones de euros en toda la Comunidad autónoma para subcontratar a empresas privadas buena parte de las labores que venían realizando los funcionarios de este aún servicio público. La lógica neoliberal parece seguir imponiéndose en la línea política del PP y el siguiente paso es convertir todos los servicios de empleo de capital público, en un producto más con el qué comerciar.
En la provincia de Burgos, que formaba parte del lote junto a Soria y Segovia, la contratación por importe de 1,1 millones de euros ha ido a parar a una fundación llamada “Fundación Sócrates”. Esta empresa, con sede en Chiclana de la Frontera (Cádiz), se encarga desde la fecha de adjudicación, el pasado mes de marzo, de la realización de labores de "atención, orientación, formación e inserción laboral" a los colectivos en paro.
Desde ese momento los parados de la provincia de Burgos, y entendemos que de toda la Comunidad, han ido recibiendo en las últimas semanas cartas oficiales del Ecyl en la que les advierten de que a partir de ahora las empresas subcontratadas (que denominan eufemísticamente "agencias de colocación colaboradoras") se pondrán en contacto con ellos para realizar servicios de inserción laboral. Así lo ha denunciado la Asamblea de Parados y Precarios de Burgos que ha exigido a la Junta información sobre los concursos de adjudicación.
Las cartas advierten a los trabajadores desempleados que estas empresas se encargarán de las labores "de intermediación, como orientación, formación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos u otras necesarias para alcanzar el objetivo de la inserción laboral, siempre de forma gratuita para usted". Así mismo se les advierte que “pueden ser sancionados” si no se comparece a la citación cuando aún muchos de ellos piensan, con toda lógica, que se trata de una estafa.
Para rizar el rizo, las utes adjudicatarias Sócrates e Ibecom no realizan finalmente la labor contratada por la Junta, sino que a su vez estas realizan una subcontratación a lo que, suponemos en neolengua, denominan "entidades colaboradoras".
La Fundación Sócrates o el imperio de la inmoralidad
La Fundación Sócrates comenzó su andadura en Murcia y Cartagena pero pronto se volcó hacia Andalucía durante la última legislatura gobernada por PSOE e IU. De hecho tiene un centro de orientación laboral subvencionado por la propia Junta de Andalucía a través del programa Andalucía Oriental y convenios con diversas administraciones públicas.
Según ha podido comprobar Burgos Dijital, los patronos de la fundación son un conglomerado formado a su vez por tres empresas: “Centro de Estudios Sócrates, S.L.” “ACFOR 2000 Gesprode Acciones Formativas y Proyectos para el Desarrollo de Empresas Privadas, S.L.” y “Programaciones y Tecnologías del Mediterráneo, S.L.”.
Dada la opacidad de la información financiera y mercantil de dichas empresas hace sospechar que sean “empresas pantalla”, ya que es realmente excepcional que tres sociedades limitadas (empresas de capital limitado a número concreto de socios, que perfectamente podrían ser unipersonales) constituyan una fundación teniendo como fines “la formación especial y la formación profesional de colectivos con deficiencias físicas, psíquicas o en riesgo de exclusión social, así como su protección, cuidado, atención social y la búsqueda de alternativas laborales a los mismos”.
Aunque los patronos de la fundación son en este caso personas jurídicas, los cargos los ostentan personas físicas: en concreto el Presidente es Justo Lucas del Río Moreno.
El ahora Presidente de la UTE fue el principal imputado por delitos de estafa, fraude y falsedad documental en lo que se denominó la “Operación Escuela”, en la que a través de algunas empresas que son patronas de la Fundación Sócrates (Ces SL y ACfor 2000 SL) se concedían certificados que necesitaban los estudiantes para "engordar sus currículos y poder acceder a un determinado puesto de trabajo", otorgaban títulos por cursos que no se realizaron o no se completaron y certificaban la asistencia a más clases que las recibidas. Esta operación policial desplegada en 2006 en Cádiz, Sevilla, Madrid, Granada y Murcia, y que acabó con 28 detenidos, situó como cabecillas de la trama al ya señalado junto a su mujer inspectora de trabajo y en la que también participaron dos sindicalistas de CC.OO. de la sección de Banca.
Vaya por delante mi más sincera enhorabuena a losempleados del Servicio de Deportes que en El Plantío salvaron la vida de un hombre y al Ayuntamiento de Burgos por disponer de la tecnología que lo ha hecho posible y de ofrecer la formación necesaria para su uso. Hasta ahí felicitaciones… Por el contrario, amén del hombre que volvió a nacer, el más afortunado y recompensado por la humana y noble acción fue el que menos puso, el inigualable nº 2 de los genoveses por Burgos. Que sí, allí estaba, días después para posar en las postales de los libelos de la ciudad. Por lo demás nada más que apuntar pues la acción de los empleados, siendo positiva, no dejaba de ser de estricto cumplimiento moral y legal, y ya se sabe que la omisión de auxilio es un delito. Muy diferente es, tanto para el Ayuntamiento como para el gerente Raúl Yudego, la salud de sus empleados que, al fin y a la postre, lo que sobra es mano de obra dispuesta a comer en la mano de uno si es necesario. Al parecer en el Servicio de Deportes el clima laboral, lejos de mejorar, ha ido empeorando a pasos agigantados y la gestión del Gerente, junto al silencio cómplice de la UGT, ha convertido el servicio en una olla a presión. Por ello, muchos de los trabajadores disgustados por los abusos cometidos en las contrataciones a la carta y en la política del “palo y la zanahoria” exigieron el informe de una evaluación de riesgos psicosociales que, para sorpresa de los trabajadores, nunca había sido realizado por la Gerencia cuando, como se recoge en la propia web de la Unión General de Trabajadores, es de obligado cumplimiento para todas las empresas y centros de trabajo según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Tras bastantes peticiones y presiones a las que se vieron obligados a ejercer los funcionarios a su Gerente, teniendo incluso que acudir a servicios jurídicos, éste accedió muy a su pesar como ha demostrado su posterior reacción. Para los lectores que desconozcan la importancia de dicha evaluación, diré que esta evaluación trata de averiguar mediante encuestas extensas a toda la plantilla de un centro de trabajo aquellos riesgos que debido a la organización del trabajo y a la forma de gestión y dirección ocasionan niveles de estress que son potencialmente peligrosos para la salud física y mental de los trabajadores. En esta evaluación se trata de responder a interrogantes como si el trabajador tiene claro cuál es su trabajo y los objetivos que se persiguen; sobre la aceptación que tienes por el resto de compañeros acerca de las cosas que haces en el trabajo; sobre la ayuda y apoyo que recibes de tus compañeros; o si el superior reconoce tu trabajo, se comunica correctamente o resuelve correctamente los conflictos. El informe resultante, según comentan algunos de los trabajadores, ha debido ser demoledor, aunque hasta ahora se desconoce la información que contiene, que debería ser pública para la plantilla, puesto que Raúl Yudego lo tiene encerrado en un cajón a cal y canto. Al parecer el documento, siguiendo el procedimiento, debería haber sido recibido por parte de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, la cual está copada por tres miembros del Sindicato UGT y por tres representantes de la empresa. Pero al ser requeridos por los trabajadores han dado la callada por respuesta y, según los empleados, no parece que tengan prisa… Burgos Dijital, tras consultar fuentes jurídicas, ha sido informada en el sentido de que los representantes de los trabajadores tienen la posibilidad de denunciar al Gerente por el procedimiento especial de Protección de derechos fundamentales, y más en concreto invocando el derecho a la Libertad Sindical, ya que el Servicio de Deportes estaría obligado al menos a facilitar una copia a los sindicatos para no vulnerar este principio incuestionable. A día de hoy el único sindicato que ha movido ficha ha sido el SOI-CSIF, puesto que ha denunciado al Servicio de Deportes en la Magistratura de Trabajo por este hecho. Es más que evidente que Yudego sigue jugando con el tiempo y aguanta el tipo dispuesto a capear de nuevo el temporal, puesto que de hacerse público el informe le dejaría en una posición comprometida y, no lo olvidemos, se trata de un puesto “digital”. La cuestión es si aguantará en su puesto y qué tipo de malabarismos deberá realizar ante las nuevas perspectivas políticas que apuntan a un Ayuntamiento gestionado por el mismo color pero con mayor número de actores y, esperemos, de contrapesos. Debemos remontarnos a los orígenes de la irrupción de esta persona para llegar a las razones de tan devastadora y deshumanizada gestión. La Gerencia fue creada por Miguel Ángel Álvarez, concejal de Tierra Comunera en el gobierno tripartito y a la sazón responsable de Deportes por aquel entonces, más por un empeño personal que por la necesidad de una gerencia en esta área. En principio no era más que un cambio organizativo y de gestión y el primer Gerente elegido era un funcionario de carrera. Incluso, al abandonar el grupo político Tierra Comunera el Tripartito, tuvo la decencia de dimitir por considerar que se iba quien le había dado la confianza política. Es evidente que eran otros tiempos… Tras su dimisión, la coalición de IU y PSOE con Olivares al frente piensan para el puesto en un empleado laboral del Servicio dedicado por aquel entonces a la programación de juegos escolares y anteriormente entrenador de un conocido equipo de voleibol de la ciudad. Es aquí donde aparece a escena Raúl Yudego que, antes de comenzar su andadura, provoca el primer escándalo de puertas adentro, ya que ocupará un puesto que en principio sólo está destinado para el personal funcionario. Raúl, que ve como la polémica envuelve su nombramiento, busca aliados para consolidar su puesto de dirección y, según empleados de Deportes, ve en Antonio Navas la mejor opción, un hombre con muchos e importantes apoyos de las “fuerzas vivas” de la ciudad gracias a su pasado como voluntario en la Cruz Roja y a su control de la sección sindical de UGT de Deportes. Poco más tarde el Ayuntamiento vuelve a vestirse de azul y los miedos comienzan a aflorar en todas las personas que ocupan su puesto por designación política: Yudego es en ese momento el más relevante pero pronto sabe ganarse la confianza del concejal delegado Bienvenido Nieto. Quién sabe si para ganarse definitivamente el beneplácito de los populares, Raúl, que ya empezaba a sentirse cómodo en las intrigas palaciegas, ofrece a Nieto la idea de la privatización del camping municipal, instalación que dependía de Deportes. Como todos sabemos a estas alturas, no iba a ser la única ofrenda que iba a entregar al altar del sacrificio… Mientras, Antonio Navas junto a Carlos Sáinz de las Lomas forman un equipo perfecto que se encarga de apaciguar los ánimos entre el personal de Deportes ante los rumores que empiezan a extenderse de privatización de algunas de las instalaciones de la Gerencia, los compañeros que trabajan en el camping van temiéndose la “traición” de sus representantes sindicales. Se les expresa en repetidas ocasiones la absoluta seguridad de que la empresa adjudicataria respetará a los empleados el convenio colectivo vigente en Deportes, pero pronto reaparece el mismo guión al que tienen acostumbrados los tiburones a los trabajadores subrogados: los derechos consolidados en el convenio van cayendo como un castillo de naipes y los trabajadores comienzan a quejarse ante los incumplimientos. A esto se suceden las represalias que se transforman en sanciones y poco después en despidos… Pero este no iba a ser el último golpe en la mesa del tamdem Yudego-Navas: una vez servida la cabeza de los trabajadores del camping, les tocaría en una jugada aún más perversa a los trabajadores de las piscinas de verano de El Plantío, la mayoría de los cuales tenían un contrato indefinido discontinuo. ¿Cuál fue la estrategia? Con la ayuda “colaboracionista” de la UGT se aplicó sistemáticamente la estigmatización y despersonalización de los trabajadores para “una vez dejados a los pies de los caballos” susurrar la idea de su despido. Como el hecho era incuestionablemente antisindical el Comité de Empresa decidió que fuera sometido democráticamente al resto de trabajadores en asamblea. De manera que fueran ellos los que se pegaran los tiros… De manera que el Comité, dominado por UGT y aliado con CSIF, se lavara las manos como Pilatos. Gracias al brutal proceso, el 9 de mayo de 2008 17 trabajadores se fueron a la calle con los votos favorables de la mayor parte de los contratados a dedo irregularmente y, definitivamente desde ese momento, la vergüenza y la solidaridad saltaron por los aires para dar paso al acoso, a la competitividad, a la delación y a la tristeza… y al “sálvese quien pueda”. Quizás sea por la lucha de los trabajadores que aún creen en la dignidad y en la ética laboral, y que no quieren que la casa donde trabajan se desmorone, por lo que Raúl Yudego esconde de nuevo sus miserias…
Alejandro Vázquez del PP reconoció que estabamos saliendo de un rescate económico
Por Burgos Dijital
El representante del Partido Popular y candidato a las Cortes por Burgos Alejandro Vázquez dejó claro ayer que su Partido no dará un paso atrás en la forma de gestión público privada del HUBU, por lo que a pesar de las alarmantes cifras e irregularidades en torno al hospital, éste seguirá siendo el pozo sin fondo de la sanidad castellano y leonesa. Además adelantó que el PP dejará caer el Divino Valles, por lo que el acceso que pretende en su programa Javier La Calle entre los dos hospitales es uno de los primeros engaños que va a ofrecer el popular en sus ofertas electorales. Estas y otras declaraciones que a continuación desgranaremos se produjeron unas horas antes del inicio oficial de las elecciones tras la invitación que hizo la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ayer 7 de mayo en el Centro Cívico de San Agustín de Burgos, con un salón de actos abarrotado, a los representantes de los partidos para responder a una serie de preguntas en torno al futuro del HUBU y del sistema sanitario de Castilla y León. Éste será con toda seguridad, y gracias a la negativa de Juan Vicente Herrera, el acto más interesante y democrático que se produzca a lo largo de todas las elecciones autonómicas. El formato elegido para la presentación de las diferentes opciones políticas y su discusión posterior no fue quizás el mejor para que se provocara el debate, pero probablemente fue el único posible dado el gran número de intervinientes y el tiempo limitado, lo que ofreció poco tiempo para el turno de preguntas del público y para su debate.
Representantes de los ocho partidos políticos que asistieron al debate
El coordinador del programa sanitario por CiudadanosFrancisco Igea, al igual que los representantes del resto de los partidos adelantó que su partido estará dispuesto para entenderse con el resto de organizaciones con representación institucional para la recuperación del HUBU y la ruptura con la colaboración privada. Igea, médico de profesión, criticó todas las gestiones realizadas así como la filosofía de las Unidades de Gestión Clínicas que la Junta quiere implantar, las cuales considera un peligro por premiar a los profesionales que antepongan la gestión económica a la calidad clínica y el bienestar de los pacientes, y por la politización de la sanidad a través de los “dedazos” que designarán a los jefes de estas unidades. Sin embargo, a la pregunta sobre la cobertura sanitaria de toda la población, Igea respondió que Ciudadanos apuesta por el populismo conservador, incidiendo en la cobertura total única y exclusivamente de los nacionales, dejando la atención de los inmigrantes en caso de enfermedades peligrosas y/o contagiosas. Finalmente hizo una defensa tecnocrática de una política sanitaria que tenga presente la medición y la evaluación de resultados, sin ver con malos ojos la competencia entre la sanidad pública y la privada, por lo que Ciudadanos no cuestiona la desigualdad de posibilidades de supervivencia en función de las rentas.
Por su parte, Jorge García, nº 1 de IU por Burgos, arremetió contra los recortes en materia de Sanidad de la Junta y abogó por la derogación de la Ley 15/97, verdadera causante de la entrada de intereses privados en la Sanidad y del destrozo en el sistema de salud. Así mismo recordó en reiteradas ocasiones que la deriva presupuestaria y los sobrecostes del HUBU estaban afectando al resto del sistema en Castilla y León poniendo como ejemplo la depauperada situación en la que se encuentran las áreas asistenciales de Miranda de Ebro y Aranda de Duero, a lo que el popular ni supo ni quiso responder. El nº 1 del PCAS por Burgos Óscar Palma expresó también su desagrado por la política sanitaria del PP e incidió en la cantidad de irregularidades producidas en la concesión pública del HUBU a Eficanza, recordando la investigación abierta por la UE acerca de la cuestionable financiación de la Junta a parte de las empresas que conformaron el conglomerado a través de una empresa pública. Por otro lado expresó el acuerdo de su formación por intentar recuperar el hospital pero adelantando que a su juicio éste no se producirá sino es a costa de un desembolso demasiado costoso para las arcas públicas. Juan Pablo Fernández, nº 1 por León y candidato a la Presidencia de Podemos, quiso poner el acento en el pacto entre PP y PSOE por la privatización del sistema sanitario a través de la Ley 15/97 votada por ambos partidos y le recordó a Luis Tudanca que el PSOE tuvo 8 años para haberla derogado, denunciando junto a Jorge García la ambigüedad de un partido que representa dos caras completamente diferentes en función de la posición de poder que ocupe en cada momento. También incidió en la desgraciada politización de la administración a través de las Libres Designaciones y apuntó un nuevo modelo de Sanidad basado en la transversalidad con temas como la educación alimentaria y física, la incidencia de ciertos modelos de producción en la salud pública o la formación en buenos hábitos de la población. Alejandro Vázquez, nº 5 del PP por Burgos y director médico del HUBU, sustituyó a Ángel Ibáñez que iba a ser el enviado por los populares al debate. Pero arrepentidos por la importancia del mismo le emplazaron a sentarse en la primera fila para tomar apuntes… El Sr. Vázquez comenzó su discurso con una estrategia defensiva que no abandonó en ningún momento. Mostró la soberbia y la prepotencia de los que se saben siempre ganadores, demostrando el porqué del sinfín de conflictos mantenidos con parte del personal del Hospital. Defendió en todo momento la maravillosa gestión de la Junta respecto al HUBU y a su política sanitaria con la típica batería de cifras y estadísticas a las que nos tienen acostumbrados los populares, lo que levantó las iras en forma de abucheos y de unas cuantas interrupciones por parte del público. En cualquier caso a un nivel menor que los procuradores populares utilizan en las Cortes para despreciar los argumentos de la oposición, por lo que Vázquez, acostumbrado a estos comportamientos, respondió también de manera airada y despectiva en diversas ocasiones. El PSOE llevó hasta allí a su primer espada Luis Tudanca que intentó zafarse de las acusaciones de los representantes de IU y Podemos acerca de su pacto tácito con el PP tanto en la privatización silenciosa como en la negociación favorable para la firma del TTIP, que ahondaría aún más en la privatización de servicios públicos y en la confección totalitaria de un modelo de relaciones socioeconómicas neoliberal. También recibió los ataques del representante del SAIN acerca de la hipocresía de un partido que se alinea con los poderes financieros cuando está en el gobierno y que saca las banderas rojas cuando está en la oposición.
Tudanca defendió la posición del PSOE en su defensa de la sanidad pública y universal argumentando que fue el partido que creó e hizo posible que el sistema de salud español fuera uno de los mejores del mundo, sin entrar a valorar el encargo que Felipe González hizo al demócrata cristiano Abril Martorell 5 años después de la creación del sistema para que éste realizara un informe que justificara la privatización de parte de los servicios sanitarios por la insostenibilidad del sistema. Así mismo Tudanca quiso defender la oposición realizada por su partido en Castilla y León ante las acusaciones de debilidad y de pactismo con el PP, pero ocultó la postura del PSOE acerca de su opinión respecto a las Unidades de Gestión Clínica. Quizás porque estos instrumentos de privatización han sido implantados en comunidades gobernadas por el PSOE como Andalucía y Asturias, como dejó caer el representante popular. Por su parte el representante del SAIN Rodrigo del Pozo defendió con vehemencia una verdadera sanidad pública y universal y denunció la hipocresía del PSOE en la gestión administrativa para la construcción del Hospital porque sus representantes en el Consejo de Cuentas, entre ellos Demetrio Madrid, dieron el visto bueno a todos los modificados del proyecto original y que supusieron prácticamente triplicar el presupuesto inicial. A lo que Tudanca respondió recordando que era el Partido que había denunciado en la UE la gestión del gobierno autonómico por vulneración de la competencia y visiblemente nervioso volvió a incidir que el PSOE creó el sistema de Salud apelando a la figura del por entonces Ministro de Sanidad Ernest Lluch y recordando a los presentes, en una desafortunada y reprobable intervención, que fue asesinado por ETA. En última instancia, la nº 1 por Burgos de UPyD Rosario Pérez defendió también la gestión totalmente pública de la Sanidad pero concretando que esta competencia debía ser revertida al gobierno central con la creación de una tarjeta sanitaria única con la misma cobertura de servicios y territorial para todos. Por último hizo una defensa cerrada de la estrategia política de su partido por las denuncias ante la Fiscalía y los tribunales que han llevado a cabo relacionando su querella por la pésima gestión de Caja Burgos al que fuera su máximo responsable Jose María Arribas, imputado por la Justicia, y que es ahora mismo el Gerente de la empresa parásita del HUBU. Tras casi dos horas de intervenciones se cerró el acto político con al menos la impresión de que si el PP no obtiene la mayoría absoluta en las Cortes es posible que el resto de actores políticos se pongan de acuerdo en la negociación y recuperación del hospital, ya que como recordaron algunos de los presentes la posibilidad de que algo cambie es cuestión de voluntad política. La última frase emitida en los micrófonos del salón de actos daría para un titular de prensa por quién la dijo. Alejandro Vázquez expresó literalmente que “Yo también estoy de acuerdo en que la gestión pública es más eficaz que la gestión privada”. Si no fuera porque ayer comenzaba la campaña electoral los presentes habrían pensado que el Sr. Vázquez tiene un pésimo y lacónico sentido del humor…
El ministro de Justicia Rafael Catalá entrando en el Palacio de Justicia de Burgos
Por Basilio El Bagauda
- ¿Y usted cómo ciudadano no tiene la sensación de que a pesar de que haya habido esos excesos aquí no ha pasado nada? ¿Aquí nadie ha pagado por ello? - Yo creo que, eeehh, no es bueno que haya impunidad en la gestión pública. No creo que sea bueno…
El primero era Jordi Évole, en una entrevista del “Salvados” de 9 de diciembre de 2013, realizando una pregunta al invitado de turno al que se le insinuaba la relación entre las donaciones ya verificadas de las grandes empresas de Obras Públicas españolas en las cuentas de Bárcenas y las adjudicaciones conseguidas por éstas en muchas de las infraestructuras ferroviarias, viales y aeroportuarias que resultaron en muchos casos un agujero a escotar entre los contribuyentes, la plebe.
El segundo no era otro que el entonces Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento Rafael Catalá Polo: su respuesta era toda una declaración de intenciones… El que sería siete meses después flamante Ministro de Justicia opinaba sobre la bondad/maldad de hechos que en cualquier país civilizado no serían si quiera objeto de valoración, sino simple y llanamente delitos a investigar.
Es bueno recordar detallitos como éste para entender que la figura que hoy 21 de abril de 2015 visitaba Burgos es la de un tecnócrata liberal fiel amigo y compañero de viaje de Mariano Rajoy Brey con el que comenzó sus pinitos desde la primera legislatura de Jose María Aznar. Es por ello que en esta legislatura, la de su gran amigo y aliado, se ha convertido en la pieza clave de la privatización de AENA e impulsor de la transacción económica de nuestros impuestos a multitud de empresas concesionarias de autopistas en quiebra, como las famosas radiales de Madrid, o de aeropuertos fantasmas. O incluso de la negligente y traicionera venta de una de las banderas del orgullo español, “Iberia”, a la “pérfida Albión”.
Quien sino mejor para llevar a cabo la privatización por la puerta de atrás de los Registros Civiles, proyecto estrella del dimitido ultramontano Gallardón.
Acompañado por diversos representantes institucionales como el Subdelegado del Gobierno Jose María Arribas, experto en tramitación de multas administrativas express y en convertir la ciudad en un parque temático de las UIPs, y por José Luis Concepción, Presidente del TSJ de Castilla y León y principal defensor de la división de poderes que haría palidecer al mismísimo Montesquieu, ha entrado esta mañana en la sede del TSJ mientras escuchaba las protestas de un nutrido grupo de funcionarios de Justicia contra la privatización del Registro Civil.
Al parecer el titular del Ministerio ha querido, en un gesto campechano que tan bien caracteriza al populoso y castizo liberal español, saludar a los allí concentrados pero las vallas que separaban a los manifestantes del Ministro han impedido tan bonito gesto, por lo que hay rumores de la queja formal que elevará el Ministerio de Justicia al de Interior por la imposibilidad de demostrar la cercanía y el cariño al pueblo. Una prueba más de que el verdadero problema del Gobierno es la mala gestión de su comunicación, su falta de piel hacia los logros conseguidos…
Poco después aparecía por allí con mucha prisa, ya que llegaba tarde, el Fiscal Santiago Mena, a buen seguro entretenido por la sempiterna mala gestión del tiempo en el sector de las peluquerías en las que uno sabe cuándo entra pero no cuando sale.
Al parecer ya dentro, y según fuentes fidedignas, el Presidente del TSJ, en un gesto más que honra su línea de pensamiento y su independencia política, ha alabado la gestión del gobierno en la Administración de Justicia ya que, a su parecer, ha convertido a los Jueces y Fiscales en la verdadera punta de lanza de esta maravillosa democracia y ha comentado que rezará infinidad de Padresnuestros y Avesmarías por la victoria del PP en Castilla y León y en España.
Recepción del ministro con la pancarta "Registro Civil Público y Gratuito, defendámoslo"
Por otro lado, Rafael Catalá a la vez que colgaba unas cuantas Cruces de la Orden de San Raimundo de Peñafort felicitaba al Fiscal Santiago Mena por lo bien que ha ido gestionando las diversas denuncias acontecidas en nuestra provincia por delitos contra las administraciones públicas y le ha comentado que si se esfuerza con otras tantas peticiones de sobreseimiento y otros archivos de causas le puede caer algún premio gordo…
Ante las preguntas de algunos “bienintencionados” medios acerca de la privatización de los Registros Civiles Catalá sigue defendiendo la reforma, que no puede justificar, mintiendo al ocultar que sea directamente por parte de los ciudadanos o vía presupuestos del Estado se pagará a este gremio corporativo que tiene entre los suyos al hoy Presidente del Gobierno. No se puede ser más indecente…
Así mediante la Ley 18/2014, se atribuirá dentro de tres meses, si nada ni nadie lo remedia, la gestión del Registro Civil a los Registradores Mercantiles y de la Propiedad, lo que supondrá el pago de aranceles por cualquiera de los documentos, muchos de ellos obligatorios, que nunca se habían cobrado como los registros de nacimiento o defunción. En palabras del socialista y exministro de Justicia Francisco Caamaño “al entregarles el Registro Civil, el Estado les confiere la interpretación del derecho, la llevanza del sistema y la actualización de su soporte tecnológico, de suerte que, con el paso del tiempo, solo ellos conocerán su funcionamiento”.
La última ocurrencia de Catalá, el liberal socializador de pérdidas, ha sido decirnos que ya no se pagará vía presupuestos sino con la creación o la subida de otros aranceles. Sin comentarios…
En diversos círculos conspiranoicos hay quien afirma que en realidad Catalá es un Robot que procede del futuro y que ha venido a nuestro presente para salvar a una secta, los Registradores de la Propiedad, de su extinción tras la desaparición paulatina de su nicho ecológico, la pasta gansa de los registros inmobiliarios y las transacciones mercantiles tan solícitas hace unos años y de las que se alimentaban. Quién sabe si REGISTRATOR no ha venido a cambiar el presente para ganarle la batalla a la plebe en el futuro…
Por Basilio el Bagauda y Sanidad Pública SI de Burgos La semántica estudia y reflexiona sobre la correspondencia que existe en cualquier medio de expresión entre los símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales y situaciones o conjuntos de cosas que se encuentran en el mundo físico y en el abstracto. Mientras que la retórica sirve para el estudio y sistematización de procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje puestos al servicios de una finalidad persuasiva o estética. Y en ello estamos pues de pronto nos hemos caído de un guindo y hemos vuelto a la realidad más cruda: los recursos no son ilimitados y cuando vienen mal dadas tras la enésima burbuja de deuda creada por el propio sistema, el capital nada y guarda la ropa, se hace aún más fuerte y presiona para hacer saltar por los aires los derechos universales, puesto que el derecho a la propiedad privada se antepone al resto y los entierra debajo de la alfombra. Así los derechos universales, colectivos e iguales en su aplicación para todos por el hecho objetivo de la pertenencia a la misma especie, pasan a convertirse en derechos individuales, exclusivos de aquellos que “pueden” reclamarlos para sí y los suyos. Los principios rectores que aparecen en la mayor parte de las cartas constitucionales son derechos universales en la teoría pero individuales en la práctica. Ya no somos ciudadanos con derechos a servicios esenciales para nuestra mayor posible supervivencia sino clientes que acceden (=demandan en función del precio dispuesto a pagar) a servicios ofertados. Por lo tanto volvemos, si es que alguna vez nos olvidamos, al viejo “tanto tienes tanto vales” pero eso sí, con mucho maquillaje por medio para evitar reflexiones éticas que produzcan violentas sacudidas políticas y económicas. Y ahí es donde juega su papel la semántica y la retórica. Las palabras no son sólo palabras. Son sofisticados instrumentos que utilizados con certera precisión conmueven masivamente sentimientos y emociones que pueden dar lugar a la transformación de la realidad o a su bloqueo. Probablemente nunca como en este momento se ha utilizado y se le ha dado tantos significados interesados a las expresiones “servicios públicos” y “sanidad pública”. Parece obvio definir al menos que tanta una expresión como la otra hacen referencia a una serie de servicios prestados por la administración pública a sus administrados. Una serie de servicios sujetos a reglas específicas que tienen que ver con el conocimiento previo de todos los ciudadanos acerca de los procedimientos utilizados para generarlos y de los derechos para su acceso no sujetos a las leyes de la oferta y la demanda, fundamentalmente. Y he aquí que en momentos de vacas flacas y de unos pocos lecheros que guardan codiciosa y miserablemente la leche, éstos nos quieran vender gato por liebre. Los neoliberales hoy en el gobierno vienen a decirnos en su neolengua que los “servicios públicos”, y también la sanidad, son servicios prestados o derivados de las prestaciones producidos por las administraciones públicas y pagados con el caudal de los impuestos. Desde ese punto de vista es obvio que ese paradigma no se ha extinguido puesto que ambas condiciones se cumplen. En realidad tapan la Luna de la garantía universal de los servicios básicos para la supervivencia y la mejora de las condiciones de vida a la que deben de aspirar todas las civilizaciones con el dedo del “servicio público” y del debate de lo que significa. Nos fijamos en el dedo olvidándonos de lo relevante: que todos los hombres y mujeres que nacen en esta Tierra deben de ser iguales en derechos y en deberes y que la condición económica de la que parten no debería ser una causa que pusiera en riesgo su vida y su felicidad presente y futura. Por muchas veces que nuestros gobernantes digan una y mil veces que la sanidad pública como derecho universal no está en riesgo y respeta los cánones del mejor tratamiento posible para todas las personas, todos sabemos que a estas alturas no es cierto. Ni los más cínicos soportan ya esa idea… Lo cierto es que las Unidades de Gestión Clínica son tal y como están diseñadas otra nueva expresión de la neolengua para avanzar en el “tanto tienes, tanto vales” y en el desmontaje del Sistema Nacional de Salud para convertirlo en una especie de “HealthCare”, el famoso sistema nacional de salud del faro que guía a todo el orden occidental que coloca a EEUU en el puesto nº 12 de los países con sistemas de salud públicos. Las UGCs son creadas por profesionales del SNS que se agrupan “voluntariamente” para asumir empresarialmente la responsabilidad de la asistencia sanitaria en un proceso de “transferencia de riesgos” por lo que si hay beneficio residual (= ahorro), éste revierte económicamente en los trabajadores de la Unidad. Estas microempresas pueden a su vez competir con otras similares como si fueran tiendas, beneficiándose supuestamente así todo el sistema. Pero tal y como se ordenan las condiciones de funcionamiento hay elementos suficientes para su rechazo desde los puntos de vista del profesional, del sistema público y de los pacientes. En lo que se refiere al profesional las principales medidas que definen este nuevo instrumento son éstas: •El director de cada UGC es “nombrado” directamente por el SACYL, y ya sabemos que el PP siempre se define por elegir los mejores en función de criterios técnicos, y nunca políticos ni filiales… •Nada se dice acerca de las funciones específicas, responsabilidades, condiciones profesionales ni de lo que puede ocurrir con los que no firmen la integración en esta unidades. Sin embargo sí deja expresamente la puerta abierta a la introducción de contratos laborales de derecho privado a través de acuerdos con organizaciones sanitarias. •De ello se deriva que las futuras contrataciones propuestas por el Director, no olvidemos nombrado a dedo, dejan en suspenso los habituales criterios de ingresos, promociones y traslados. Más de lo mismo… •En última instancia la propuesta de mejora que se le hace al profesional es la obtención de incentivos económicos en caso de superávit sin ningún tipo de normas, límites ni criterios. En cuanto al sistema, el único objetivo de gestión es el ahorro, no la eficiencia. La preocupación es el gasto, no la calidad. Vista la premisa, no es extraño pensar que estos instrumentos sean un nuevo troyano para la destrucción desde dentro de un sistema verdaderamente necesitado de reformas. En otro orden de cosas, la fragmentación del sistema en múltiples unidades es el paso previo para el advenimiento del capital privado, pero eso sí, en aquellas que sea rentable. Con lo que sectores fundamentales del SNS como la atención primaria, tan olvidada ya por los directivos políticos y tan poco atractiva para el capital privado pero tan importante para conseguir la equidad, la justicia y la eficiencia económica, entrarán en peligro de desaparición. Y qué decir del interés del capital privado en las unidades complejas de pacientes difíciles: con toda seguridad harían selección de riesgos. ¿Recordáis quién asumió hace poco el tratamiento de los pacientes con ébola? ¿Dónde estaban en ese momento los Sanitas, Capio, los hospitales privatizados que anuncian sus excelencias hasta en televisión?
Por último los pacientes no tienen nada que ganar en todo esto y es posible que la búsqueda del ahorro por parte del personal sanitario en la UGC contamine las decisiones profesionales. Es evidente que el sistema necesita mejoras pero son muchas las asociaciones profesionales médicas comprometidas con un verdadero SNS que alzan su voz con otros parámetros, priorizando la eficiencia sobre la actividad sanitaria. En palabras del médico Juan Antonio Ayllón, miembro activo de la plataforma “Sanidad Pública Sí de Burgos”, “En medicina más no suele ser mejor y muchas veces es peor. Demos más protagonismo a los profesionales y a los pacientes, los grandes silenciados. Pongamos coto a la intromisión avariciosa de la industria farmaceútica responsable, con la aquiescencia de la Administración Sanitaria, de buena parte del gasto injustificado. Necesitamos buenos gestores que dirijan con efectividad, trasparencia y estilo cooperativo. Y en última instancia no presten o promuevan la utilización de la salud para el negocio, a veces fácil y siempre blindado. ¿Qué administración permitiría quebrar a un hospital o a una UGC? ¿Se acuerdan de Alzira y su bochornoso rescate de la quiebra?” Señores Herrera y Rajoy no engañen con sus palabras vacías: el servicio público, la sanidad pública, son otra cosa que no está ni en sus planes ni en su cabeza. Relacionado:
Este verano pasado una placa de mucho menor peso, dado que se trataba de una pieza de aislante, se desprendió del techo sobre un paso mucho más transitado, justo una de las entradas al centro hospitalario desde el parking.
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