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jueves, 4 de diciembre de 2014

Pasividad de la Junta de Castilla y León ante las V.P.O. de la "Flex" en Burgos

Por Asamblea de Arrendatarios de C.S.Tejada Nº5



La Asamblea de arrendatarios de la C/Carlos Sáenz de Tejada Nº5, hemos denunciado hace semanas ante la Junta de Castilla y León la situación a la que nos expone la propiedad del inmueble. Ante la falta de sensibilidad y la total desatención de la Junta de Castilla y León queremos comunicar a la opinión publica nuestra situación actual:

En el año 2011 firmamos, con la promotora INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS S.A. un contrato de arrendamiento, visado y autorizado por la Junta de Castilla y León. En dicho contrato se contempla el compromiso de pago de los gastos que corresponden por parte de los arrendatarios, así venimos haciéndolo desde 2011. En reiteradas ocasiones hemos pedido las facturas de la comunidad a la empresa INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS, hemos abonado los gastos de la comunidad sin que se nos muestre ninguna factura de ningún gasto común. Hace unos meses nos mostraron los Balances de ingresos y gastos fotocopiados, no así los justificantes, ni facturas correspondientes a los ingresos y gastos. Después cesa la empresa encargada de la comunidad.

A raíz de esto, otra empresa gestiona la comunidad del edificio, sin más acreditación que una carta, se presentan como administradores de la comunidad, y sin recibir los vecinos notificación alguna de INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS.

La propiedad del edificio, INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS, nos reclama, ahora, facturas ya abonadas y nos presenta unas nuevas cuentas tergiversadas para repercutir a los arrendatarios impuestos y gastos que corresponden a la Propiedad del inmueble, algunos abonados en 2011 (803,75 €), 2012 (1631,38 €) y 2013 (1693,30 €) por la propiedad del mismo, con el fin de cobrarlos a los vecinos tres años después y a sabiendas que son impuestos municipales que corresponden a la propiedad. También nos impone una derrama de 200 €  por arrendatario, una subida de la cuota mensual, una subida de los términos fijos del agua caliente y de la calefacción, fijando una subida por encima del 60% en el precio del metro cúbico de agua caliente y de más del 30% en el precio de los Kw/hora del consumo de la calefacción. También y según las fotocopias de los balances, la propiedad del inmueble adeuda importes a la comunidad que le corresponde abonar.

Además de lo anteriormente descrito, la propiedad nos cobra conceptos que no se contemplan en nuestros contratos de arrendamiento como el coste del administración, material de oficina, seguro de la comunidad, intereses de bancos, fotocopias, correo, retención del IRPF… nos han sido imputados desde el 2011 sin que nos corresponda abonarlos, y seguimos abonándolos bajo la amenaza de que nos van a cortar la luz, la calefacción, el gas, agua caliente… nos sentimos amenazados, coaccionados y desamparados: queremos recodar que estas viviendas son subvencionadas con dinero público por la Junta de Castilla y León, y que es vinculante con el contrato que tenemos visado en esta administración.

En repetidas ocasiones el arreglo de los desperfectos, como bombillas, portero automático, manillas de puertas,  ascensores, cerraduras…  se demora o se ignora y esto produce que el inmueble se deteriore con humedades, manchas… o inundaciones repetidas en los trasteros que han hecho perder enseres a vecinos de la comunidad que ya ni si quiera se hace cargo el seguro de la comunidad, alegando que son defectos del inmueble.

La demora en los arreglos también afecta al acceso a la vivienda de algunas personas con discapacidad, así queremos denunciar ante la Junta de Castilla y León que una persona discapacitada física con silla de ruedas, no pudo acceder a su vivienda hasta que varios vecinos la subieron aupándola, ya que la empresa INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS decidió demorar el arreglo del único ascensor apto para la silla de ruedas. De cuatro ascensores que se colocaron solo se puede acceder con uno a su domicilio, además el edificio no dispone de rampa de acceso en previsión de que se pueda averiar este único acceso para discapacitados y personas con movilidad reducida.

Denunciamos la existencia de viviendas vacías ; 8ºE, 9ºB, Bajo C… y alguna más; estas viviendas son negadas a ciudadanos que las solicitan en régimen de alquiler y que cumplen los requisitos exigidos por
esta administración. Varios ciudadanos demandantes de vivienda protegida, inscritos en la bolsa de viviendas de la Junta de Castilla y León, han solicitado una vivienda de alquiler a lo que la propiedad responde que no existe ninguna vacía o disponible para arrendar, así no se cumple la finalidad de la creación de estas viviendas y se da la especulación con VPOs. Estamos muy lejos del espíritu social para el cual fueron creadas estas viviendas y contemplamos como se está haciendo negocio lucrativo con viviendas de protección que se financian con dinero público.


Queremos exponer y denunciar la situación de desamparo a la que nos vemos sometidos los arrendatarios de este edificio siendo unas viviendas en régimen de alquiler y cuya protección publica es responsabilidad de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.

Solicitamos la intervención inmediata de la Junta de Castilla y León como parte implicada y responsable de estas viviendas para que se examine la situación y se depuren responsabilidades.

Exigimos la devolución de todo el dinero que se nos está cobrando de más, ya que los gastos no contemplados en nuestro contrato y abonados con los conceptos mencionados anteriormente, alcanzan ya los 10.832,53 € que corresponde en parte proporcional a cada arrendatario.


* Viviendas en régimen de alquiler de protección pública y acogida al Plan de Vivienda de la Junta de Castilla y León (Real Decreto 801/2005 de 1 de Julio, Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda). Construida por JOVILMA y la promoción de INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS S.A., propietaria del inmueble.