El tiempo se echa encima y cada vez falta menos para poder comprobar si el Ayuntamiento aprovecha la oportunidad histórica que la Ley de Grandes Ciudades brinda de convertir a Burgos en modelo y referente positivo o, si bien, se conforma nuevamente con seguir siendo una anodina e intrascendente ciudad más dentro de la España de provincias.
Con la ‘Ley para la Modernización del Gobierno Local’(1), más conocida popularmente como Ley de Grandes Ciudades y que afecta –entre otras- a aquellas capitales con una población superior a los 175.000 habitantes, se pretende llevar a la práctica un modificación en el régimen regulatorio de su funcionamiento básico que posibilite realmente, por un lado, un acercamiento de la política municipal mediante la puesta en marcha de medidas de fomento de la participación ciudadana y un nuevo reparto competencial de los órganos de gobierno; como también la creación de nuevos instrumentos políticos de control y una división territorial interna a través de la creación de varios ‘distritos’ que hagan más próxima la gestión municipal.
Para ello la nueva Ley impone a las ciudades afectadas para su completa aplicación un plazo nunca superior a 6 meses desde la fecha de constitución de los nuevos Ayuntamiento y cuya cuenta atrás arrancó el pasado día 11 de junio con la formación del nuevo Consistorio y la toma de posesión de Javier Lacalle y su equipo al frente de la ciudad.
Desde Burgosdijital nos preguntamos, a pocos días de cumplirse el plazo establecido legalmente, cuál es el estado en que se encuentra y cómo será el resultado final de los nuevos reglamentos que, con la aplicación de la Ley de Grandes Ciudades, han de regir en los órganos de nueva creación y en aquellos ya existentes que ven alteradas sus funciones. Entre ellos cabe destacar los reglamentos de: ‘Participación Ciudadana’ –con el ‘Consejo Social de la Ciudad’ a la cabeza-, el ‘Orgánico de Funcionamiento’, la ‘Comisión de Sugerencias y Reclamaciones’, el de ‘Resolución de Reclamaciones Económico-Administrativas’; así como la configuración de los nuevos ‘distritos’ que verán la luz y dividirán la ciudad con el fin de lograr una gestión más eficaz (en este aspecto último, creemos que será una reto sencillo de superar).
Es de honestidad por nuestra parte confesar que no tenemos grandes esperanzas que de esta oportunidad –en conseguir una mayor participación ciudadana en la vida política de la ciudad y en lograr un administración municipal más eficiente- podamos salir satisfechos del trabajo realizado por nuestros representantes en el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que desde la entrada en vigor de la nueva Ley –varios años atrás- el Ayuntamiento presidido entonces por Juan Carlos Aparicio no sólo no llevó a cabo trabajo previo alguno que posibilitase la rápida puesta en marcha de las medidas que la Ley contemplaba, sino que muy al contrario se encastilló absurdamente en intentar evitarla con el fin de mantener el ajustado y desfasado corsé con el que se ha venido vistiendo la administración local hasta la fecha.
No resulta alentador pensar que, para aplicar una Ley sobradamente anticipada, estemos a estas alturas pendientes aún del resultado que será el que regule y articule la vida política municipal durante las próximas décadas. Sin embargo, no podemos dejar pasar por alto el detalle de que sí se aplicó de forma inmediata en lo concerniente al nombramiento –dentro de la Junta de Gobierno- de dos de los tres miembros no electos que la nueva Ley contempla y que, desde la constitución del Ayuntamiento, vienen gestionando las áreas de Movilidad y Festejos; paradójicamente para ésto, sí anduvieron prestos.
Aún así, esperemos al final de esta historia para pronunciarnos puesto que quedan ya escasos renglones para llegar a su desenlace. Tenemos además que tener en cuenta positivamente que para su elaboración el PP ha contado con la participación activa –incluso se diría, la iniciativa- de ciertos partidos de la oposición, así como de alguna de las asociaciones vecinales más activas de la ciudad.
¿Sabrá estar en esta ocasión el Ayuntamiento de nuestra ciudad a la altura de las circunstancias o se conformará con salir del paso mediante un socorrido, pero poco recomendable, copy-paste de otras? … veremos.
(1) Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (BOE núm. 301).
Cleo (Norma Aleandro) es una maestra jubilada, casada con Roberto (Héctor Alterio), que lleva dos años desempleado, y madre de dos hijos que viven lejos de Buenos Aires.
