PGOU: ladrillazo a la enseñanza en Burgos

Última oportunidad de presentar alegaciones al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad que entra de esta forma y desde el pasado día 20 de enero, tras su aprobación provisional, en la última fase de exposición pública antes de ser trasladado a la Junta de Castilla y León para su definitiva aprobación.

Controvertido plan éste que ha provocado el rechazo conjunto de toda la oposición y ha contado únicamente con el apoyo de los concejales populares y de los incomprendidos técnicos redactores del mismo. Según esgrime la oposición, este plan general no cumple de ninguna manera con el objetivo de hacer una adecuada planificación de la ciudad que satisfaga realmente las necesidades que ésta y sus moradores requieren, sino que el PGOU propuesto responde básicamente al interés de seguir ampliando el espacio edificable a mayor lucro del lobby constructor local. Si bien la actividad constructora no pasa por su mejor momento y el plan general hasta ahora vigente no ha sido ni mucho menos desarrollado en toda su plenitud, desde el ayuntamiento se están poniendo las bases para que una vez superado el coyuntural bache pueda seguir especulándose cómodamente hasta quién sabe cuándo. Si más adelante viniera otro tsunami aún mayor (si cabe) ya se pensaría entonces en cómo resolver la situación y “qué les quiten lo bailao”…

Este aumento desmesurado de suelo urbano y edificable previsto en el nuevo plan –infinitamente por encima de las previsiones reales de crecimiento demográfico de la ciudad para los próximos años- no sólo afectará a espacios hasta ahora no edificables o que siéndolo carecían de un planeamiento y uso determinado. El afán especulativo del que en esta ciudad somos decanos (si no rectores) afecta también a espacios plenamente urbanos que disponen ya de un uso consolidado de importancia tal como el ‘dotacional’ con fin ‘educativo’; como así resulta en la recalificación de suelo propuesta que afectará al CEIP Francisco de Vitoria.

El centro de enseñanza pública se ubica en terrenos propiedad de la Universidad de Burgos y su uso se encuentra cedido a la Consejería de Educación, aunque el colegio en sí antecede a la existencia misma de la actual institución universitaria. No obstante y con el fin de subsistir y no morir ahogada por su propio peso, la Universidad de Burgos se ha convertido en un agente inmobiliario más a través de la sociedad SOGIUBU y especula ahora para su financiación con aquellos terrenos que le fueron cedidos desinteresadamente por la ciudad para un fin puramente académico.

Resulta que mediante esta fórmula no sólo van a verse afectados los espacios destinados al esparcimiento de los alumnos o a las zonas deportivas anexas, sino que se ha optado directamente por echar abajo el edificio existente (por cierto, enorme edificio con grandes posibilidades de aprovechamiento educativo, social y cultural). En su lugar se planean dos grandes manzanas destinadas a la edificación residencial y se reserva una pequeña parte para un equipamiento dotacional en el que se supone (se confía) que se pueda construir un nuevo centro educativo en sustitución del actual. Mientras ésto llega, se prevé recolocar a los alumnos en otros colegios hasta que pueda estar disponible el nuevo equipamiento, pero no se contempla –ni se tiene garantía- de quién asumirá los costes de derribo del centro existente y quién terminará finalmente por financiar la construcción del nuevo. Por otro lado, no hay compromiso alguno ni promesa (aunque de poco sirva la palabra dada por un político en un país en el que la clase política anda escasa de ética) de que el nuevo centro educativo se levante antes que los edificios residenciales o siquiera que se vaya a acabar realizando nunca.

Conociendo el percal que interviene en el asunto (Ayuntamiento, Universidad y Junta) se abren las apuestas y, a pesar de las alegaciones que se presentarán en última instancia –entre otros por el AMPA del centro- con el fin de no ceder a la innecesaria demolición sin agotar todas las posibilidades, apostamos todas nuestras fichas a que el sector no sufrirá en su última fase ninguna modificación al propuesto. Se erigirán flamantes y venderán a buen precio los fabulosos pisos que en él se construyan, mientras que el espacio reservado para el nuevo colegio quedará condenado durante años al abandono como consecuencia de la imposibilidad de poder invertir en un nuevo centro. Cuando 10 años más tarde tengamos que redactar un nuevo PGOU para seguir (por supuesto) ampliando el suelo edificable y cuando del añorado colegio sólo quede un vago recuerdo, se volverá a recalificar el suelo destinado a tan noble fin y se convertirá también éste en uso residencial a mayor regocijo de la Universidad de Burgos; si es que para entonces sigue existiendo tal y como la conocemos o –como sucede ahora con las cajas que requieren de una obligada concentración para su supervivencia- si para entonces todas o parte de las universidades de la región se habrán unificado en una sola institución bajo la denominación que a bien se determine (probable y sencillamente como Universidad de Castilla y León para no levantar suspicacias).

En cualquier caso, “ladrillazo a la enseñanza” como a todo lo que se ponga por medio de los intereses constructores a que tanto nos tienen acostumbrados en esta España del pelotazo y la corruptela. De todo ello sacamos la conclusión, pese a lo que cabría esperar, de que tanto autoridades como agentes económicos no ven agotado el modelo de hormigón y ladrillo que nos ha llevado a la fatídica situación actual. Muy al contrario y por lo que se desprende, parece que esta avispada gente vislumbra ya en el horizonte la salida y encargan a sus sastres que vayan tomándoles las medidas para sus nuevos trajes. Desean renovar el vestuario, pero sin cambiar el estilo.