Los ministros de Interior y Justicia del PP han anunciado una reforma del Código Penal con el objetivo de criminalizar determinadas conductas que hasta ahora no lo estaban, por ejemplo: que la convocatoria de actos que alteren gravemente el orden público -a través de cualquier medio de comunicación, incluido Internet,- se considere delito de pertenencia a organización criminal; que se castigue como delito de desorden público la entrada en establecimientos públicos o que se impida el acceso a los mismo o que se califique como delito de atentado la resistencia pasiva, pacífica, no violenta. La propuesta a priori es castigar estos hechos con penas superiores a los dos años de prisión, lo que abriría la puerta a que la fiscalía pudiera solicitar prisión provisional para los imputados en delitos de este tipo.
Por ahora se trata sólo de unas propuestas, que todavía no tienen redacción oficial, aunque visto el desprecio hacia las libertades públicas de que hace gala el partido en el poder, seguro que no distan mucho del texto definitivo. Reconocidos juristas ya se han posicionado en contra de este dislate, al considerar que ya existen mecanismos legales y jurídicos suficientes para condenar a los que efectivamente tengan un comportamiento violento, por lo que el motivo de la pretendida reforma penal no sería combatir estos desórdenes esporádicos, sino amedrentar a una población cansada de tirar del carro.
En nuestra opinión, en el fondo de estas reformas está la pretensión de penalizar otras conductas: las de aquellos que pretenden pacíficamente mostrar su protesta mediante la desobediencia civil pacífica, que no ponen en peligro a las fuerzas de la autoridad.
¿Tanto daño han hecho los movimientos pacíficos de protesta de los últimos tiempos para que el recién estrenado Gobierno ya esté pensando en criminalizar su actuación? Esa es la gran pregunta. Hasta ahora sólo se criminalizaba a los violentos, porque eran pocos y estaban controlados. Sin embargo, de un año a esta parte un número importante de ciudadanos han salido a las calles para manifestar su malestar con la situación política y social actual. Al parecer esta gente incomoda al poder y la única vía que se les ha ocurrido para callarlos y que no se les vea es penalizar sus actos.
Hoy lo que importa es la política del miedo: que la gente tenga miedo a perder el trabajo, a no poder pagar la hipoteca, a que le quiten su casa, a salir a la calle, a parar un desahucio, a ocupar las plazas en nombre de la democracia, a convocar una protesta por internet.
Quieren que seamos una sociedad con miedo y no se lo podemos permitir.
