Por Burgos Dijital
Artículo 63 del Real Decreto 190/96 Penitenciario : “La
seguridad exterior de los Establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las
Comunidades Autónomas”.Pues bien vemos aquí una vez más como este Gobierno hace
caso omiso de las leyes cuando les conviene.
Se ha empezado a incorpora a agentes privados en puesto de cámaras, control de accesos y perímetros exteriores de las
instalaciones penitenciarias que, hasta ahora, llevaba a cabo la Guardia Civil.
En un primer momento a modo de paños calientes se comentó
por parte del Ministerio del Interior que se trataría de recolocar a todos los
escoltas una vez disuelta ETA. A día de hoy las empresas que se van a llevar
tajada en el asunto, no están vinculadas en abosulto con este personal de
seguridad siendo una artimaña más por parte del Gobierno Central, entrando en el doble juego de la compasión y
el miedo.
La sustitución de funcionarios públicos preparados en estas
labores de vigilancia provoca un perjuicio al servicio público,
porque la seguridad privada no está preparada en estas tareas que requieren de
una formación y la formación cuesta dinero, habiendo pues un beneficio
económico para empresas privadas y un perjuicio evidente al servicio que se
presta.
No se trata de la vigilancia de un edificio administrativo,
sino que es una labor para la que se necesita experiencia y conocimiento y no
un curso de 10 horas de la normativa reguladora para la vigilancia en centros
penitenciarios. Por ello no tiene cabida que haya un periodo e transición de
vigilancia nocturna del Alcampo a un centro Penitenciario.
Con todo esto , 250 trabajadores se han incorporado ya a 21 centros, donde se encargan de lo
que el Ministerio del Interior denomina funciones secundarias.
Los sindicatos critican “el oscurantismo” con el que la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha llevado el proceso y temen
que este sea el primer paso para la privatización de la seguridad en las
cárceles. Véase el curso de la privatización en Sanidad y Educación.
De hecho, las primeras movilizaciones ya han comenzado
puesto que a un centenar de trabajadores de prisiones se han manifestado contra
la privatización de la seguridad en las cárceles frente a las puertas de la
Subdelegación de Gobierno de Castellón.
Según el portavoz de CSI-F, esta semana entraron a trabajar más de una veintena de vigilantes
privados en las prisiones de Castellón y Albocàsser, todo ello “sin ningún tipo
de negociación, echando de su puesto a los miembros de la Guardia Civil que
tendrán que cambiar de lugar de trabajo y sobre todo, vulnerando el artículo 63
del Real Decreto 190/96 citado anteriormente.
Veamos como evoluciona el asunto en cuestión y no se conviertan los Centro Penitenciarios Públicos en un EuroGuantánamo.
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