Tres versiones sobre el golpe del 23F o alguna más.

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Artículo: "El golpe del 23F lo dirigió el rey Juan Carlos"

Por Luis Castro Berrojo

Diariamente y casi minuto por minuto, el pasado era puesto al día. De este modo, todas las predicciones hechas por el Partido resultaban acertadas según prueba documental. Toda la historia se convertía así en un palimpsesto, raspado y vuelto a escribir con toda la frecuencia necesaria. En ningún caso habría sido posible demostrar la existencia de una falsificación.

(George Orwell, 1984, IV)

A pesar de lo mucho que se ha dicho escrito sobre el golpe del 23-F, da la sensación de queaún falta la versión histórica válida y suficiente sobre el caso. Seguramente no estemos lejos de ella, pero, mientras tanto, ocurre aquello de que “cuando se ignora, se inventa”.  Los veteranos periodistas José Luis Barbería y Martín Prieto escribían en el 30º aniversario del golpe: "es como si, en lugar de actuar de trilla que separa el grano de la paja, que depura y consolida la verdad, el paso del tiempo agitara los sedimentos de las verdades ya establecidas y alentara de nuevo rumores y ficciones" (Tres tramas en la sombra. El País, 20-2-2011) .

En esta línea, durante los últimos meses hemos asistido a nuevas entregas de la saga mediática en torno al 23-F: el programa de La Sexta TV "Operación Palace", dirigido por Jordi Évole (30-4-2014); la publicación del libro de Pilar Urbano "Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar" (publicado a finales de marzo de 2014) y las réplicas a éste por parte de Adolfo Suárez (hijo), Juan Luis Cebrián y un grupo de personalidades que en su momento fueron próximas al primer jefe de gobierno de la transición española.

En estos apuntes vamos a exponer en síntesis estas aportaciones y alguna otra –que ciertamente no ofrecen gran cosa a la historiografía– para luego reflexionar sobre el problema del acceso a los documentos y archivos y de la impropia actitud de secretismo por parte de los aparatos del Estado, cosas que impiden, de momento, dejar cerrado el tema del golpe del 23-F, como tantos otros temas. Lo veremos como ejemplo muy significativo de una problemática más general que estorba la investigación histórica, la cual, a su vez, puede ser vista como síntoma de falta de calidad y de cultura política en la democracia española.

TRES VERSIONES BÁSICAS Y SUS VARIANTES

Jordi Évole presenta el suceso de marras como una película que escenifica un simulacro de golpe orientado a impedir uno de verdad, que se veía en ciernes, y a fortalecer la democracia española y el prestigio de la monarquía.  El guión habría sido pactado por los líderes de todos los grupos parlamentarios, el rey, el CESID y Tejero, con José Luis Garci como director. El programa hubiera sido un engaño, un hoax televisivo, de no haber sido por su última parte, en la que los protagonistas desvelan la jugada y piden disculpas, no sin que alguno de ellos aluda de pasada a la "verdad de la mentira" o a una "versión falsa, pero no del todo" (Jorge Verstrynge).   Aunque este tipo de programas con fake (engaño del espectador, no siempre explicitado) no sean tan frecuentes en las cadenas españolas como en las anglosajonas –toquemos madera– nos tememos que al final acabemos apreciándolos, no siendo factible un abordaje más serio de ciertos temas por falta de lo que Ángel Viñas llama “evidencia documental relevante”. Así, el programa de Évole no sería sino síntoma de una situación cultural en la que, a falta de historiografía seria, predominarían los “relatos”, los “mitos” o las meras fabulaciones sobre el pasado.  La visión de Évole contrasta con la teoría vigente y políticamente correcta sobre el golpe, que tiene su origen remoto en el informe que el ministro de Defensa, Alberto Oliart, presentó al Congreso el 17 de marzo de 1981. (Ver Informe del Ministro de Defensa sobre el golpe militar frustrado. En El País, 18-3-1981). Según este, el golpe fue algo real, fruto de la confluencia de tres iniciativas militares distintas (la de algunos generales, en torno a Milans del Bosch, la de Tejero y la del golpe blando u "operación De Gaulle" del general Armada).

La conjura finalmente fracasó por sus discrepancias internas y porque de ningún modo logró la reacción en cadena prevista en las distintas capitanías. Así mismo se subraya como decisiva la intervención de la Casa real y la reacción del propio aparato del estado neutralizando la operación e impidiendo su ramificación exterior (mediante la comisión de subsecretarios, la Junta de Jefes de Estado Mayor y la Junta de Defensa Nacional).  Más adelante se han ido conociendo más las circunstancias que contextualizan el golpe, ampliando el informe de Oliart. La conspiración tendría como objetivo mínimo formar un gobierno de concentración presidido por un militar monárquico, dando un "golpe de timón" a la gestión ejecutiva de la política española, entonces sujeta a una deriva de crisis y tensión crecientes. Bajo esa perspectiva (y no la de su formulación máxima, la de Tejero, que hubiera supuesto una vuelta a una dictadura militar y a los principios del Movimiento), el golpe supuestamente contaría con la aquiescencia de los principales grupos políticos, que luego participarían en dicho gobierno, así como el apoyo de amplios círculos empresariales, mediáticos y eclesiásticos.  El líquido amniótico en el que se gestan estas intrigas estaría compuesto por la persistente crisis económica, la inestabilidad política, los zarpazos del terrorismo, el descontento reinante en los cuarteles, los exabruptos del búnker y la actitud de desencanto político que empezaba a hacer mella en la sociedad española.

El rey hubiera debido dar su visto bueno final a la operación, cosa que no ocurrió –siempre según esta versión normalizada–, pero desde luego tenía algún conocimiento de las intrigas en curso e incluso, se insinúa, cabe atribuirle cierta responsabilidad indirecta al manifestar reiteradamente en distintos ámbitos su distanciamiento político de Suárez y su deseo de “quitárselo de encima”. Y al haber sido el principal responsable del traslado de Armada desde Lérida a Madrid como segundo jefe del Estado Mayor, contra el criterio del presidente del gobierno. Esto es algo que dejan caer incluso Francisco Laína, entonces director general de Seguridad (entrevista con J.L. Barbería a la que hacemos referencia más adelante) y José Luis Cortina, entonces jefe de la Unidad de Operaciones Especiales del CESID, organismo al que algunos hacen copartícipe en la dirección del golpe, al menos en alguno se sus pasajes (ver entrevista a Cortina en El Mundo de 21-2-2011). Es en este punto donde incide la teoría de Pilar Urbano –es la tercera versión– quien vas más allá al afirmar que "para Suárez estaba claro que el alma del 23-F era el rey" (título de la entrevista aparecida en El Mundo de 30 de marzo pasado). 

Este habría alentado la operación a través de Armada, pero se habría arrepentido a última hora una vez que Suárez dimite y se propone a Calvo Sotelo como sustituto. No sólo eso: seguramente aconsejado por sus inmediatos asesores, Sabino Fernández Campo sobre todo, Juan Carlos I supo orientar su intervención la noche del golpe de tal modo que apareciera ante la sociedad española como el salvador de la democracia. (La alternativa hubiera sido figurar en la historia en un papel semejante al de su abuelo Alfonso XIII cuando aceptó el pronunciamiento de Primo de Rivera o el de su cuñado Constantino avalando el golpe de los coroneles en Grecia. Una apuesta excesiva donde la historia aparece, por una vez, con ese papel de magister vitae que le atribuía Cicerón). Según algunos, la monarquía juancarlista acabó de adquirir en ese episodio una legitimidad ante la ciudadanía española que no le habría dado del todo la Constitución y de la que carecía por completo antes al haber recibido el cargo de manos de Franco y sin el consentimiento de su padre, poseedor de la titularidad dinástica. “Si el golpe sirvió para algo –dice la opinión canónica de Santos Juliá– fue precisamente para consolidar la monarquía parlamentaria como forma de Estado aceptada y apoyada por todos” (Transición y democracia (1973-1985) cap. V.En tomo X de Historia de España de Tuñón de Lara, dir.)

Desmintiendo la versión de Pilar Urbano y volviendo a revalidar la políticamente correcta, tenemos las réplicas de Juan Luis Cebrián, Adolfo Suárez Illana y un grupo de altos cargos de la época de Suárez. El primero en un artículo resaltado en la primera de El País con el significativo título de Gato por liebre (4-4-2014) y el segundo en una larga entrevista en El Mundo (9-4-2014), donde califica la obra de Urbano como insulto al honor y a la memoria de su padre y del rey.  

De parecido tenor es el comunicado suscrito por una serie de personalidades, ex ministros y altos cargos del gobierno de Suárez, como Martín Villa, Arias Salgado, Marcelino Oreja, Aurelio Delgado y Cassinello, entre otros. Como cabría esperar, todo este revuelo, con amplia proyección mediática, no ha tenido otra consecuencia que aupar las ventas del mamotreto de Pilar Urbano, todo un éxito en la última Feria del libro.  Estas son las últimas versiones del 23 F, semejantes a muchas otras anteriores, que incluyen variantes de matiz relativos a la mayor o menor responsabilidad del CESID ­–por acción o por omisión–, de los partidos políticos, de ciertos medios de prensa, de la CIA, etc. Incluso algunos señalan, no sin algo de razón, la parte de culpabilidad del propio Adolfo Suárez, quien, conociendo sin duda lo que se avecinaba, no tomó medidas para prevenirlo ni lo denunció explícitamente. Esa es, por ejemplo, la opinión del entonces teniente coronel y portavoz del Ministerio de Defensa, Fernández Monzón, quien habría informado de las tramas al ministro Rodríguez Sahagún mediante un escrito titulado “los 400 golpes” a mediados de 1980. (Ver artículo en La Opinión A Coruña de 1-6-2011).

No menos interesante es el debate acerca de si el putsch del 23-F, a pesar de haber fracasado de hecho, no logró parte de sus objetivos aún sin cambiar el rodaje constitucional. Se ha argumentado que a continuación hubo una reconsideración del proceso autonómico (LOAPA), de la política exterior (ingreso en la OTAN) o la lucha antiterrorista (guerra sucia, GAL), pero también cabe preguntarse si algunas de esas reformas y medidas no estaban ya en la mente de Calvo Sotelo y de Felipe González antes del 23-F o son más bien consecuencia de situaciones sobrevenidas. Incluso cabe ver con ese trasfondo el viraje hacia la moderación y la realpolitik del PSOE, que atenuó su oposición al gobierno centrista hasta el punto de proponer la formación de un gobierno de concentración (algo parecido a lo que pretendía Armada, aunque no en las formas).  Más en general, cabe también calibrar los efectos que tuvo el 23-F sobre la ciudadanía española al aumentar el abstencionismo y la apatía política ya detectados a finales de los años setenta. Entre los de más edad debió reavivar viejos recuerdos relacionados con el ruido de sables y sus consecuencias sangrientas (más aún cuando el propio rey volvió a invocar el peligro de una guerra civil como consecuencia del pronunciamiento).

Por lo que a la política militar y de defensa se refiere, puede considerarse que la gestión de Oliart y de Narcís Serra (y de Eduard Serra en la trastienda de uno y otro) fue continuista respecto de la de Gutiérrez Mellado, siendo sin duda desmesurada la pretensión de Serra, Narcís, de que la transición democrática, en lo que afecta a los militares, prácticamente comenzó en su época, a la vista de la amplia y heterogénea nómina de reformas llevada a cabo previamente por Gutiérrez Mellado (Ver N. Serra, La transición militar. Reflexiones sobre la reforma democrática de las fuerzas armadas. 2008).  Aunque Serra sostiene que durante su mandato en la cartera de defensa (1982-1991) se ultimó el proceso de modernización, democratización (léase supeditación al poder civil y abandono de funciones policiacas) e integración atlantista es evidente que la primacía del poder civil sobre el militar no se alcanzó del todo, al menos no en cuanto a los servicios de inteligencia militar, pues todavía hoy está por descubrir en sus dimensiones reales el grado de su implicación en el 23-F.   Por otra parte, tampoco fue demasiado edificante la sentencia del 23-F, aunque fuera recurrida por el gobierno de Calvo Sotelo, tanto por el escaso número de encausados como por la levedad de las penas. (Recuérdese que esa fue una de las concesiones hechas a Tejero para que se rindiese, dando por buena la idea de que la supuesta obediencia debida exculpaba a los golpistas “de teniente para abajo”, algo que contraviene de plano los artículos 48 y 55 de las ordenanzas militares, poco antes reformadas por Gutiérrez Mellado).

Como decimos, estas versiones y polémicas apenas han aportado elementos aprovechables para un enfoque histórico. Es más, ni siquiera puede decirse que sean novedosas. Jesús Palacios, por ejemplo, viene sosteniendo desde hace años una visión semejante a la que ahora sostiene Pilar Urbano, sólo que insistiendo más en la autoría del rey y el papel ejecutor del CESID. (Última entrega de Palacios: 23-F, el rey y su secreto.2011). Antes aún, en distintos medios, los políticos outsiders García Trevijano y Amadeo Martínez Inglés mantenían versiones semejantes a la de Palacios, siendo este tipo de opiniones muy deudoras de los testimonios de Diego Camacho, capitán que era del grupo de Operaciones Especiales del CESID el 23-F. Este viene denunciando la implicación de este servicio secreto en el golpe desde el primer momento y más aún desde que fuera separado de él en los años noventa.  Más recientemente Arcadi Espada recuerda una vieja entrevista con Suárez en 1985, en la que este señalaba al rey como responsable del golpe, incluso recurriendo al concepto de "borboneo" para describir la actitud del monarca (en El Correo de Cataluña de 4-4-2014). Y Antonio Elorza da por buenas las declaraciones de Carrillo en el sentido de que “habría existido una trama política, impulsada por el Rey, para un gobierno de concentración presidido por Armada” (Ante el 14 de abril. En El País de 14-4-2014). Digamos de pasada que esto implica olvidar otras opiniones atribuídas a Carrillo en las que consideraba este tipo de opiniones mera intoxicación.

LA IMAGINACIÓN DE JAVIER CERCAS

Consideración aparte merecen las aportaciones del novelista Javier Cercas. No porque diverja mucho de versiones anteriores del golpe. No: la suya cabe cómodamente en lo que hemos tipificado como concepción políticamente correcta del mismo, si bien Cercas atribuye al rey, en un subjuntivo hipotético, actitudes que nunca admitirían otros ni en ese plano. (Que “... se arrogara el derecho de contibuir a la caída de Suárez”, que “ barajara o permitiera creer que barajaba seriamente la propuesta de un gobirno de coalición o concentración o unidad”...).  La versión de Cercas, como las de Fernández Campo y de Laína, merece atención por el estilo en que la formula y justifica. El uno diciendo más de lo que debiera y los otros callando excesivamente lo que podrían –y deberían– decir. Recurriendo uno y otros a la imaginación, el silencio y el olvido, cosas que resultan venenosas para la salud de la historia.

En su conocido libro sobre el 23-F (Anatomía de un instante. 2009, prólogo), después de haber leído casi todo lo que se había escrito al respecto y haber hablado con muchos periodistas y autoridades, incluso con participantes en el golpe, Cercas alude a “zonas de sombra reales o supuestas que lo envuelven (...), inaudito amasijo de ficciones en forma de teorías sin fundamento, de ideas fantasiosas, de especulaciones novelescas y de recuerdos inventados que lo envuelven”. Más adelante insiste y denuncia las “construcciones teóricas, hipótesis, incertidumbres, novelerías, falsedades...”.  Sin embargo, el método con que aborda Cercas la descripción del golpe, sus antecedentes y sus principales protagonistas (Suárez, Gutiérrez Mellado, Armada, Milans, Tejero, Carrillo) no es muy distinto del de los autores y opinantes a los que critica. Lo mismo vale decir sobre su enfoque en torno a otros temas que no parecen venir muy a cuento (ya que hablamos de la transición, por qué no desempolvar a Max Weber para que nos dé su bendición desde la tumba para el “pacto de olvido”; si de Carrillo se trata, por qué no especular otra vez sobre Paracuellos, etc).  Veamos. Cuando Anatomía... va casi por las 2/3 de su paginación (inicio del capítulo 5) se propone entrar ya a “describir la trama del golpe”. ¿Con qué método? Ya que la literatura existente sobre el 23-F, según el autor, no vale un pimiento, el golpe “solo puede reconstruirse a partir de testimonios indirectos, forzando los límites de lo posible hasta tocar lo probable y tratando de recortar con el patrón de lo verosímil la forma de la verdad”. 

En definitiva, se trata de echarle imaginación al asunto: "Si aceptamos que la historia es, como dice Raymond Carr, un ensayo de comprensión imaginativa del pasado, quizá debamos aceptar también que el periodismo es un ensayo de comprensión imaginativa del presente. La palabra clave es 'imaginativa'. La ciencia no es una mera acumulación de datos, sino una interpretación de los datos; del mismo modo el periodismo no es una mera acumulación de hechos sino una interpretación de los hechos. Y toda interpretación exige imaginación". En este caso extraemos un pasaje de un artículo de Cercas que llamó la atención de Milagros Pérez Oliva, defensora del lector en El País, a propósito de una polémica en torno a un artículo de Francisco Rico sobre la Ley del Tabaco. (En defensa de Cercas y de la verdad, 20-2-2011), algo que nos parece también pertinente para entender el enfoque de Cercas sobre el 23-F. Pero el quid de la cuestión, como señalaba precisamente Pérez Oliva, es: ¿Cuánta imaginación considera Cercas que es admisible en una información?.

Desde luego, no faltan en las obras clásicas de historia conjeturas, hipótesis o reconstrucciones imaginativas, desde los discursos textuales que Tucídides ponía en boca de Pericles o Alcibíades en adelante Pero se entiende que son solo el complemento o el contexto de una investigación (es el sentido de la palabra griega historia) basada en hechos objetivos, sin la cual aquellas carecen de sentido. Como señala John Lewis Gaddis, los historiadores pueden manipular el tiempo y el espacio, resumiéndolos, haciendo elipsis, comparaciones o reconstrucciones casi como lo hacen los cineastas o los novelistas. 

Pero “deben realizar estas manipulaciones de tal manera que permitan al menos abordar las pautas de verificación existentes en las ciencias, físicas y biológicas”, básicamente mediante el recurso crítico a las fuentes. (El paisaje de la Historia. 2002, 2). En conclusión: si no hay investigación sobre datos nuevos o documentos antes ignorados, y no la hay; y si nos limitamos a especular, imaginar o extrapolar lo que ya se ha dicho u opinado sobre un hecho histórico, no estamos escribiendo historia (como pretende Cercas, aunque se lea “como una novela”) y menos aún si además motejamos las obras que nos sirven de base como “amasijo de ficciones”.

EL CINISMO DE SABINO FERNÁNDEZ CAMPO Y DE FRANCISCO LAÍNA

Adjudicamos la mayor relevancia, sin embargo, a la actitud de Sabino Fernández Campo, entonces secretario de la Casa Real, y de Francisco Laína, director general de Seguridad y presidente que fue del gobierno formado la noche del 23-F con los subsecretarios de los ministerios. Y no hablamos aquí de su gestión de la grave crisis política entonces suscitada, sino de su actitud en los años posteriores, manteniendo un largo silecio roto solo parcialmente y al cabo de mucho tiempo para justificar al rey y, de paso, justificarse ellos mismos. Y para desautorizar, una vez más, las versiones corrientes del golpe.

En el año 2000 y mediante un artículo de prensa, Fernández Campo presentaba el suceso del 23-F como un “rompecabezas” o puzzle del que faltaban varias piezas esenciales para acabarlo y ofrecer el cuadro entero con su significación completa. Pero algunas sí estaban bien colocadas, en particular las que le permitían subrayar la legitimidad y pertinencia de las resoluciones tomadas por la Casa real en esa coyuntura. De hecho en su artículo Fernández Campo apenas hablaba de otra cosa, dejando lo demás en la penumbra. Y concluía sumiéndonos en la perplejidad: descartaba continuar con el puzzle y aconsejaba: “dejémoslo como está, quedémonos con las versiones, afortunadamente contradictorias, sobre el 23-F. (...) El que busca afanosamente la verdad corre el riesgo de encontrarla”. Con esta apelación, vagamente amenazadora, a la docta ignorancia acaba el artículo. (El rompecabezas del 23-F. ABC de 19-11-2000).

Laína, por su parte, tampoco da rienda suelta a su lengua (ha permanecido callado sobre el 23-F durante treinta años) ni a la imaginación; es más, la combate abiertamente cuando opera sobre los sucesos de aquél día, sus antecedentes y sus consecuentes. Sabiendo lo que sabe, puede calificar con autoridad como “versiones fantasiosas, erróneas o deliberadamente falsas” las que circulan sobre el 23-F, como lo hace en una entrevista publicada en El País el 20-2-2011 (con José Luis Barbería). Pero la censura moral que hace Laína sobre los embusteros recae sobre él multiplicada si tenemos en cuenta que es uno de los principales responsables de que todavía hoy la historia deba hacerse sobre conjeturas y testimonios interesados o parcialmente falsos. El suyo, si no lo fuera y se atuviera a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, despejaría muchas dudas teniendo en cuenta que fue nombrado jefe de gobierno en funciones la noche del 23-F porque, siendo el responsable de la seguridad del Estado, era el que mejor conocía lo que estaba pasando. 

Eso al menos es lo que él cree. Sea como sea, Laína hace años que dice estar escribiendo unas memorias que no acaban de llegar a la luz. Quizá también explique en algún momento por qué no se siguió más de cerca de Tejero, siendo así que se sorprendió al verlo en Madrid cuando asistió a un funeral por una víctima de ETA pocos meses antes del golpe.  Como vemos, la alternativa que dan estos próceres a lo que ellos ven como relatos falsos o contradictorios no deja de ser deprimente: echar también el suceso del 23-F al saco del olvido, esas alforjas que tan abultadas están desde que Santos Juliá las habilitara para facilitar el trabajo sucio de algunos historiadores poco diligentes.

EL ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN: UNA PROBLEMÁTICA DIVERSA

Vemos, pues, que ni el distanciamiento temporal respecto de los hechos del 23-F, ni la multiplicación de opiniones, recuerdos y publicaciones en torno a él redunda en un adecuado conocimiento histórico. Hemos hablado de tres versiones en torno al golpe, pero podrían salir mañana otras tantas, con mayor o menor verosimilitud, mientras subsista el velo del secretismo y la penosa situación en cuanto al acceso a los fondos documentales de la historia reciente de España. Por eso creemos que J. Évole justifica sobradamente su ocurrencia televisiva cuando alude a esa penuria informativa y documental. Con sarcasmo se manifestaba Gregorio Morán –otro que también ha reflejado su versión del 23-F en sus biografías de Suárez– a este respecto: “fíjense si nuestra reconstrucción del pasado no será vertiginosa, que cada día que pasa no sabemos más, sino menos, del 23-F (...) Apenas si hay nada escrito verosímil sobre la trama civil del golpe... y, cuando estábamos en estas, llegó el relato” (revista Sin permiso, de 6-3-2011. El “relato” es una alusión al libro de Cercas).

La Cátedra de la Memoria Histórica de la Universidad Complutense publicó recientemente (mayo de 2014) un manifiesto sobre “el acceso a los archivos y la memoria histórica del siglo XX”. En él, entre otras cosas, se señalaba que la existencia de documentación en manos indebidas, así como, en general, las trabas de todo tipo en el acceso a los archivos vienen dificultando la labor de los investigadores, especialmente si ésta tiene que ver con los periodos comprendidos entre 1931 y 1978: II República, Guerra civil, dictadura franquista y transición.

Tampoco la legislación vigente en materia de derecho a la información, a la libre investigación y a la transparencia puede decirse que facilite las cosas. Se manifiesta en ella la contradicción entre el amparo retórico que se hace a esos derechos en el preámbulo de las normas –que desarrollan principios constitucionales– y, por otro lado, las limitaciones y cautelas que se multiplican a la hora de concretar el ejercicio de esos derechos. Planteado el problema jurídico como una pugna entre el derecho a la información y a la investigación, por un lado, y la defensa de los derechos a la intimidad y el honor de las personas, por otro, vemos en la práctica cómo, no haciéndose esfuerzo alguno por matizar y concretar las modalidades de uno y otro ni lograr un mínimo de equilibrio o compatibilidad entre ambos, las autoridades (archivísticas, judiciales, Agencia española de protección de datos) suelen fallar en detrimento del conocimiento de hechos de trascendencia histórica en aras de una defensa a ultranza, global y sin matices de los “datos personales” y de la reputación social . Y no mejora la situación con el paso del tiempo: paradógicamente parece como si fuera empeorando a medida que regulación legal sobre acceso a archivos se incrementa y cuanto mayor es la sensibilidad de la sociedad española hacia las exigencias de lo que podríamos llamar la memoria histórica y el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la Guerra civil y del franquismo.

Toda esta problemática se refleja de modo ejemplar en el caso histórico que venimos comentando. Ya el informe que presentó el ministro Oliart en el Congreso el 17-3-1981 se formuló bajo el sello del secreto (aunque El País lo publicó al día siguiente); y desde entonces hasta hoy siguen vetados a la consulta pública casi todos los informes y fuentes documentales relativos al 23-F. Sin justificación alguna, en nuestra opinión.

EL EXPEDIENTE DEL CONSEJO DE GUERRA (CAUSA 2/1981)

La autoridad judicial aplaza hasta 2031 la consulta de este expediente, que afecta a algunos de los que asaltaron el congreso (hay otros dos específicos para Milans y Camilo Menéndez). Seguramente aplica así el criterio restrictivo de que cuando hay datos personales en un expediente han de transcurrir 50 años desde que se instruyó (o 25 desde la muerte de los implicados en él). Es lo determinado en el famoso artículo 57.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, que no viene mal recordar una vez más:

“Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínicoo de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a suhonor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán serpúblicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados ohasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha esconocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos”

En este caso, creemos, se da una aplicación abusiva de este artículo, pues cabe preguntar qué tipo de información personal o íntima puede haber en la documentación de un consejo de guerra que enjuicia conductas relacionadas con un intento de golpe de estado militar. (Si la hubiera, es práctica común admisible el sellado de los documentos que hagan referencia a ella, pero de ningún modo debería ser excusa para hurtar la consulta de todo el expediente). Si es el derecho al honor y a la propia imagen lo que está en juego, a primera vista parece claro que el hecho en sí –el pronunciamiento– socava el honor de los condenados, pues las ordenanzas militares vigentes establecen el respeto a ley, la disciplina y un deber de “neutralidad política” como principios básicos de conducta y el espíritu militar. Siendo el honor “la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo” (DRAE) no parece que eso encaje en absoluto con la práctica de un pronunciamiento y condenas por rebelión militar y levantamiento armado contra el orden constitucional. Pero el estudio histórico de ese hecho de ningún modo influye en esa valoración, que va implícita en el hecho delictivo mismo y que se confirma una vez resulta cosa juzgada.

Además de esa salvaguardia a ultranza del derecho a la intimidad y al honor de las personas, las leyes vigentes, empezando por la constitución, establecen el derecho a la información, a la libre investigación y a la difusión de sus resultados y, en todo caso, hacen la salvedad del uso de los datos personales cuando este tenga “fines históricos, estadísticos o científicos” (artº 4.2 de la Ley de Protección de Datos de carácter personal) a la hora de restringir el acceso a los mismos. A estas alturas será difícil que alguien pueda negar el carácter histórico del hecho que consideramos, siendo sin duda el expediente del consejo de guerra una herramienta imprescindible para su análisis. Nada de esto se tiene en cuenta y el absurdo de este secretismo se manifiesta en todo su vigor si recordamos que el asalto al Congreso fue contemplado por millones de españoles a través de la televisión y luego repetido hasta la saciedad.

Por lo demás, existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional amparando el derecho a la investigación histórica y el acceso a los archivos y a la documentación que la hacen posible, incluso cuando haya datos de carácter personal, en cuyo tratamiento entra la responsabilidad del investigador y el código penal si existe abuso en ello. (Sentencias 20/1992 y 43/2004, siendo ponentes los magistrados Francisco Tomás y Valiente y Emilia Casas, respectivamente. Una interpretación de ellas en: Carmen Molinero. El acceso a los archivos y a la investigación histórica. AYER, nº 3. 2005).

Por otro lado, aunque la Constitución vigente señala que “las actuaciones judiciales serán públicas” y “las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública” (artº 121.1 y 121.3) ni siquiera es accesible la propia sentencia en su integridad, ya que el Consejo General del Poder Judicial aplica incluso aquí, sin distinción de tipo de delito, ni de otras circunstancias relevantes, los criterios de salvaguardia de la intimidad hasta rozar casi el absurdo.  Así resulta que se sustituyen los nombres de cuantos aparecen mencionados en la sentencia por otros ficticios; de este modo vemos que la del 23-F reza que “el teniente coronel Luis [léase Tejero], penetró en el Congreso de los Diputados (...) Como advirtiera que el Presidente en funciones del Gobierno (sic), don Alejandro [o sea, Suárez] (...) y el Vicepresidente Primero en funciones (...) Teniente General del Ejército don Felipe [Gutiérrez Mellado] (...) y dijo estar a las órdenes del rey y del Teniente General don Daniel [Miláns del Bosch]”. (Ver El Público de 11-5-2014). Sin más comentario que este: el único que queda identificado en la sentencia es el rey, quizá por aquello de que su persona “es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” (artº 56.3 de la Constitución).

TRES INFORMES SECRETOS

El ministro Oliart informó al Congreso a puerta cerrada el 17 de marzo posterior al 23-F y en esa comparecencia se anunció una comisión de investigación para rastrear la trama civil del golpe, la cual estaría integrada por miembros de las fuerzas de seguridad. Aunque El País reveló al día siguiente el contenido de la intervención de Oliart, el gobierno solo ha desclasificado su informe en 2011 (!). Algo posterior, de abril de 1981, es el “informe Jáudenes” (por el nombre de su redactor, el entonces teniente coronel Juan Jáudenes, alto cargo del CESID), que debía calibrar el grado de responsabilidad de miembros de su servicio en el 23-F.  Por otro lado, los secretarios del Congreso (José Bono y Soledad Becerril entre ellos) redactaron otro informe que viene a ser como el acta de los sucesos vividos en el hemiciclo durante las horas que duró el asalto. Este último informe permaneció oculto hasta que en 2011 lo dio a conocer José Bono, no añadiendo gran cosa a lo que ya se sabía, salvo detalles sobre los desperfectos causados por las balas y el gasto hecho por los guardias en el bar del Congreso. (También se conocen por otras fuentes las consumiciones que las autoridades hicieron en el Hotel Palace, situado enfrente del Congreso, que la dirección del hotel no quiso cobrar).

El informe Jáudenes permaneció secreto incluso para el sumario del consejo de guerra, pues no se incluyó en él, aunque sí lo leyó el general García Escudero, instructor de la causa. Pero no debía de ir demasiado lejos, puesto que finalmente solo fueron encausados dos agentes del CESID: el entonces comandante José Luis Cortina y el capitán Vicente Gómez Iglesias, siendo este el único condenado. Llama la atención que este informe solo se iniciara varias semanas después del golpe y que lo llevara a cabo un mando del propio CESID. Como es sabido, al menos dos oficiales de este servicio, Camacho y Perote, han sostenido las implicaciones de otros mandos del mismo, entre ellos el propio secretario general, teniente coronel Javier Calderón.

Tampoco se ha llegado a conocer, creemos, el resultado de la investigación relativa a la trama civil. No debió de dar mucho de sí, pues hubo un único inculpado, el ultra García Carrés. La versión de Laína es que no hubo tal trama civil, aunque sí estaban al tanto de la operación algunos periodistas, hombres de negocios y nostálgicos del franquismo. Es más: recientemente el Centro Nacional de Inteligencia declara no tener hoy expediente alguno con antecedentes sobre el golpe del 23-F. (Una vez que Izquierda Unida pidiera la desclasificación de estos documentos a raíz del escándalo provocado por el libro de Pilar Urbano). Esta situación es muy llamativa y se presta a lúgubres consideraciones. ¿Cómo es posible tal cosa siendo así que el CESID, antecedente del CNI, tenía una unidad específica, llamada “de Involución” (sic), orientada a seguir a los individuos y grupos contrarios al proceso democrático y partidarios de volver a la dictadura?. Si el gobierno, por boca de Oliart, anunció una investigación, esta ¿no dio lugar a informe alguno? O ¿se ordenó su suspensión?. Si así ocurrió, ¿a qué fue debido?. Si no, ¿qué ha pasado con el informe?, ¿ha sido destruido? ¿Nos engaña el CNI?

OTRAS FUENTES ARCANAS

Existen otros documentos relativos al golpe que permanecen secretos o alejados a la consulta expedita de los investigadores. Quizá lo más relevante sean las cintas con las grabaciones de las conversaciones telefónicas desde el Congreso y desde los despachos de La Zarzuela. Laína dice que solo están registradas las conversaciones de Tejero con su esposa y con García Carrés, pero otras fuentes hablan de 26 cintas con muchos más implicados, incluyendo la conversación de Armada con el rey tras su entrevista con Tejero (ver artículo sobre Laína en www.elespiadigital.com). Cabe preguntar si en el Alto Estado Mayor, además del CNI y del Congreso, o en otros despachos podría haber otros documentos grabados de este tipo.

Es evidente que entre los documentos que manejaran las autoridades en ese contexto (el golpe y sus antecedentes y consecuencias) debe de haber mucha información relevante para un estudio histórico. Pero topamos aquí con otro tipo de problemas de acceso a esa documentación.   En la entrevista realizada por El Mundo a Suárez Illana aparecen varios documentos con el membrete de la Casa Real y de la Presidencia del Gobierno, reflejando mensajes intercambiados entre el rey y Suárez. Dado que esa correspondencia versa principalmente sobre asuntos políticos cabría esperar que fuera considerada como patrimonio documental público, al menos una vez que existe una distancia temporal considerable. Pero mucho nos tememos que eso no sea así y que ese tipo de documentos permanezca en manos particulares, dado que resulta una práctica en exceso generalizada el llevarse a casa los papeles generados durante el desempeño de un cargo en la administración pública.

Ese sería el caso de Suárez, pero también el de Calvo Sotelo o el de Carrero Blanco. También el de Franco, cuya secretaría particular o casa civil debió de ceder buena parte de sus papeles a la Fundación “Francisco Franco”, que todavía los retiene, tras haber cedido al Estado una copia microfilmada y mal catalogada de los mismos. (Para más INRI, algunos de esos documentos –de los que ni siquiera costa su integridad– se hallan clasificados, no se sabe por quién ni con qué criterios).

No acaba ahí la cosa: nos consta que la documentación de ciertos personajes clave de la transición se halla total o parcialmente en manos indebidas, esto es, no donde deberían estar, que es en los despachos o archivos oficiales, tal como establece el artículo 54 de la Ley de Patrimonio Histórico español de 1985:

1. Quienes por la función que desempeñen tengan a su cargo documentos a los que se refiere el artículo 49.2 de la presente Ley están obligados, al cesar en sus funciones, a entregarlos al que les sustituya en las mismas o remitirlos al Archivo que corresponda.

2. La retención indebida de los documentos a que se refiere el apartado anterior por personas o instituciones privadas dará lugar a que la Administración que los hubiera conservado, generado o reunido ordene el traslado de tales bienes a un Archivo público, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haberse incurrido.

Ese sería al menos el caso, por poner algunos ejemplos, de Alfonso Osorio, López Rodó, Marcelino Oreja o Antonio Fontán.

CONCLUSIÓN

La reciente Ley de Transparecia (19/2013) viene por fin a anunciar la buena nueva del acceso a la información para todos los ciudadanos y el principio de “publicidad activa” como norma y actitud de las administraciones entendidas en un sentido amplio (se incluyen los partidos políticos, el poder judicial, las empresas participadas, etc). Este principio se entiende como el deber de difundir la información “sin esperar a una solicitud concreta de los administrados”.

Aunque el gobierno español no lo haya ratificado, creemos ver en esta ley el espíritu de la Convención sobre el acceso a los documentos públicos del Consejo de Europa de 2004. En ella se recoge también el principio de que todos los documentos de las administraciones son públicos y deben ser ofrecidos al conocimiento general de la ciudadanía, con las salvedades que exija la protección de otros derechos o intereses legítimos.

Pues bien: mucho tendrán que cambiar las cosas en España para que estos principios sean de aplicación general. Exagerando un poco, no demasiado, se podría decir que aquí han reinado hasta hace poco –con honrosas salvedades– principios opuestos a los señalados. Los documentos más bien han sido secretos por principio y solo con ciertas cautelas y condicionantes puestos al alcance del investigador. (Insisto que nos referimos específicamente a la documentación de 1931 a 1982). A menudo se obliga a este a motivar sus peticiones, cuando rara vez o nunca se justifica la negativa a sus peticiones. Si hay o se cree ver que hay colisión entre el derecho a la investigación y el de la intimidad y el honor, entendidos en un sentido laxo, ya sabemos de qué lado se inclinará la balanza casi siempre. (Ver ejemplos en Francisco Espinosa, Callar al mensajero, 2009, aunque afortunadamente no todos en el mismo sentido). Y no se les mueve ni un pelo de las cejas a los ministros de Exteriores o de Defensa cuando toman medidas de las que se derivan el ocultamiento de grandes bloques documentales (hablamos de los conocidos casos de los “10.000 documentos de Defensa y del traslado masivo de fondos de Exteriores al AGA).

Como dice en su preámbulo la propia Ley de transparencia, “no se puede hablar de transparencia y no poner los medios adecuados para facilitar el acceso a la información”. Es un elemento que está pidiendo a gritos la agenda de regeneración democrática hoy imprescindible en España. Una tarea colectiva pendiente, si se concibe ese acceso como elemento que estimula la eficacia y la responsabilidad de las autoridades, ayudándolas a afirmar su legitimidad; que hace posible la formación de criterio de la ciudadanía sobre los asuntos públicos; que, en su caso, garantiza la difusión de la memoria histórica democrática y el respeto y reparación a las víctimas de regímenes dictatoriales anteriores. Otra cosa es la falta de respeto a los investigadores y la consideración de los ciudadanos como menores de edad, siguiendo inercias de un pasado de opresión y oscurantismo que ya debería estar superado hace tiempo.

LUIS CASTRO BERROJO es Licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Arte Dramático.  Es además colaborador ocasional de Burgos Dijital.