El rodillo del PP legaliza la administración B en la JCyL

Por Plataforma en Defensa de lo Público

El martes 9 de septiembre a partir de las 17h, los políticos del PP venderán la Administración tal y como la conocemos hasta ahora.

Esta traición a espaldas de los empleados públicos y en contra de la voluntad de la sociedad y del resto de formaciones políticas con presencia en las Cortes, PSOE, IU y UPL, será perpetrada -si nada lo impide- en el punto número 6 del orden del día de la sesión plenario "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de la Presidencia del Proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León".

Su “agenda” para implantar las privatizaciones, condicionar la función publica a los caprichos y designios políticos y vaciar el derecho público, da un salto espectacular.

Entre otras cosas la nueva reforma avanza en el proceso de trasvase de “competencias, servicios, funciones y personas” a la Administración B para que se perpetúe, sobreviva o crezca a costa de la Administración A, a través de las “novedades” que introduce, especialmente en la encomienda de gestión.

Lejos de suprimir la Administración B, fuente de corrupciones, tal como se comprueba por los miles de escándalos y casos de corrupción que asolan España, esta reforma posibilita que los empleados públicos tengamos que trabajar en las fundaciones y empresas públicas, que son totalmente opacas y fuente constante de irregularidades, donde su funcionamiento es un auténtico misterio para los grupos de la oposición en Cortes a los que se les niega toda información. Se regula además, que los letrados de la Junta, representen y defiendan la gestión de estos entes, gestión que no está sometida a lo público ni controlada públicamente.

Avanza igualmente en el proceso de recorte y empobrecimiento de la participación

ciudadana en la elaboración de leyes, reglamentos, decretos, planes, etc.; constreñirla al

“mantra virtual” de la página del "gobierno abierto" hasta hacerla prácticamente irreconocible e impracticable y por supuesto con menos derechos de defensa.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) desde 2011 venimos reclamando la devolución completa de las competencias desde a los chiringuitos de la “administración B” a la Administración General, así como la cancelación máxima de las privatizaciones, contratos- programa, etc. que tal y como se ve con los aberrantes ejemplos ejemplo de las ITVs (gran negocio para los “empresarios” tocados por el “gordo de las adjudicaciones” y atraco para los ciudadanos a la vez que una pérdida ingente de ingresos para la Junta) o el hospital Universitario de Burgos.

Un ejemplo de lo que está pasando ya desde hace varios años –que es ilegal- y que esta Ley pretende hacer legal, es la contratación de personal en materia de dependencia que viene haciendo la Gerencia de Servicios Sociales mediante las encomiendas de gestión a la Fundación de Acción Social y Tutelas. Ese personal no es seleccionado y contratado en condiciones de igualdad, mérito y capacidad como se ha de hacer para ser empleado público.

Muchos de las personas que manejan expedientes y valoran en materia de dependencia no son empleados públicos. Son personas contratadas desde esa Administración B.

Esta ley de pretendida “reforma” de la Administración va a generalizar un nuevo feudalismo

político, lo que impedirá que haya efectivas (no simbólicas) ofertas de empleo público y que la gente sea contratada en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

Imágenes de la manifestación en Valladolid el 11-06-2014 contra la Reforma de la Administración

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