A Pilar del Olmo le sobra el dinero; privatizaciones encubiertas?

Por Burgos Dijital

Mientras Pilar del Olmo, Consejera de Hacienda, “regala” 1.800.000 a un Alto Cargo para convertir una nave ubicada en un polígono industrial de Valladolid en un gran archivo, la documentación generada en el resto de las provincias por la Junta de Castilla y León, patrimonio documental y garante en muchos casos de los derechos de los castellanos y leoneses, acaba arrumbada en cualquier pared, rincón o estructura arquitectónica de las delegaciones territoriales.

Esta es la última denuncia realizada por el Movimiento Viernes Negro, que no sólo se ocupa de informar a la opinión pública de las irregularidades que se producen en la administración autonómica, sino que también, como en este caso, llama la atención sobre hechos tan graves como la posible vulneración de las leyes de protección de datos, de la falta de control de una información que afecta a derechos y deberes, y del incumplimiento reiterado de la legislación vigente en materia de archivos. En este caso, en la línea del gobierno Herrera cuyo deporte más practicado es la conculcación de las leyes, cuando no el puenteo de las sentencias judiciales, como está siendo el caso de su rebeldía ante el despropósito de la ya sepultada “Ciudad del Medio Ambiente” de Garray (Soria).

Foto de archivo

Los funcionarios denunciantes informan de que tras la puesta en marcha del sistema de archivos en Castilla y León con su primera Ley en 1991 y tres planes de intervención en el patrimonio documental que han demostrado ser pura propaganda institucional, los archivos administrativos de las provincias se apoyan en el mejor de los casos en un solo técnico y que incluso existen delegaciones territoriales sin siquiera la cobertura de la plaza del único técnico adscrito como es el caso de Palencia y Ávila, y en otras provincias incluso se produce la acumulación de funciones, siendo el mismo técnico el responsable de la dirección del Archivo Territorial y del Archivo Histórico Provincial como es el caso de Segovia o Zamora.

En cuanto a los medios materiales parece ocurrir otro tanto: Delegaciones territoriales donde sigue sin existir un espacio propio como es el caso de Palencia y de Segovia y otras donde ni siquiera se tuvieron en cuenta las necesidades reales de generación de documentos, lo que ha provocado el colapso del sistema provincial de archivos como es el caso de Zamora y Burgos. Esta situación está causando graves trastornos, como se argumenta, en los procesos de custodia y seguridad de la información y en el propio entorno de trabajo de los empleados públicos.

Pues bien, mientras estaba ocurriendo este desastre provocado por un sinfín de años de desidia presupuestaria a pesar del empeño puesto por la Junta en demostrarnos lo que le importa la trasparencia y el acceso a la información pública, la Secretaría General de la Consejería de Hacienda comenzó a evaluar en el 2010 las posibilidades de “mercadeo” interrogando a todas las Consejerías por el volumen de documentos externalizado a otras empresas privadas.

En realidad la información le iba a servir a esta Consejería para justificar un presupuesto que ya tenía destino: la empresa pública CYLSOPA (Castilla y León Sociedad Patrimonial), dirigida por el que en ese momento era Alto Cargo de Hacienda, Gerardo Marcos Gómez. De esta manera el flamante Gerente se haría cargo de sustituir al Grupo Norte como cobrador de los servicios de custodia, entrada y salida de los expedientes.

Por otro lado y casualmente, el CYLSOPA se encargó a su vez de adaptar unos bajos cercanos a la Delegación Territorial de Burgos para convertirlos en las dependencias de la Oficina Territorial de Trabajo, de la Gerencia de Servicios Sociales y de la Dirección Provincial de Educación sin crear un espacio para el propio archivo de gestión de cada servicio lo que ha acabado provocando el colapso absoluto en Burgos.

Con estos antecedentes el Movimiento Viernes Negro realiza una serie de preguntas inquietantes que aquí detallamos y que pretenden buscar la confirmación de una posible acción voluntaria de la Junta para privatizar el enésimo servicio y de paso soltar dinero público a personas afines al aparato del Partido Popular:

¿A qué se debe el incumplimiento reiterado de las leyes relativas al Reglamento del sistema de archivos, hasta el punto de poner en entredicho la prevención de riesgos laborales a la que tienen derecho los empleados públicos?

¿Qué tipo de motivaciones ha habido para la inexistencia durante un prolongado tiempo de inversiones en los archivos públicos administrativos y que sea una empresa pública de creación muy posterior al sistema de archivos la que asuma con presupuestos públicos las inversiones no realizadas anteriormente a través de las consejerías?

¿Cuál es la diferencia entre la externalización de los servicios de gestión documental pagando a una empresa privada respecto a derivar dinero público a una empresa pública de derecho privado? ¿No estaremos ante el enésimo caso de derivación de gasto público a intereses privados designados políticamente?

¿Por qué resulta tan fácil para el Gerente del CYLSOPA, Técnico en Derecho y con puesto definitivo en la Consejería de Hacienda, conseguir una financiación de Pilar del Olmo, Consejera de Hacienda, que se le ha negado durante años a los órganos superiores en materia de cultura y de administración territorial?

¿A qué se debe “el olvido” en el proyecto de adaptación de locales a dependencias administrativas de los recursos materiales necesarios para la implementación de los archivos de gestión? ¿Por qué no se han pedido responsabilidades por dicha negligencia?

¿Existirá acaso la intención de que el CYLSOPA haga caja posteriormente en el resto de provincias de la Comunidad, dados los problemas existentes y el caso omiso hecho hasta ahora por los servicios centrales?

¿Es cierto que se intentó suplir la carencia de los archivos de gestión en estas nuevas dependencias buscando otros espacios en las oficinas que podrían atentar contra la salud laboral de los empleados públicos? ¿Es cierto que la situación fue revertida tras las visitas de inspectores de trabajo y sus advertencias de aperturas de expedientes?

A este movimiento ha llegado la información de que a pesar de que el principal motivo que movió al Gerente del CYLSOPA y que “vendió” a la administración autonómica era la sustitución del contratante para abaratar los costes de los contratos con empresas externas el mismo CYLSOPA ha acabado por contratar a la empresa de servicios documentales ARCAL, Grupo Norte, ¿es eso cierto?

¿La Junta de Castilla y León tiene certeza de que se cumple estrictamente con la ley 15/1999 de Protección de datos de carácter Personal, al intervenir diferentes empresas privadas y públicas en la custodia y manejo de los diferentes archivos, con multitud de datos personales en ellos contenidos?

¿Qué controles y protocolos lleva la Junta de C y L respecto al uso privilegiado de ingente cantidad de información, susceptible de posibles utilizaciones fraudulentas, que contienen los diferentes archivos?

A buen seguro que todos estos interrogantes quedarán sin responder por el Presidente de la Junta y el Delegado Territorial de Burgos en éste y otros foros...