AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
APROBACIÓN DE UN PROYECTO DE LEY EN DEFENSA DEL DERECHO DE LOS
ENFERMOS DE HEPATITIS C, A RECIBIR
TRATAMIENTOS CON FÁRMACOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN EXISTENTES EN EL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD.
- Que
siendo el máximo responsable
político del Gobierno de España y ante el desastre que supone el abandono
de miles de enfermos de Hepatitis C, la Administración está incurriendo en
graves delitos políticos y jurídicos, al no suministrar el tratamiento que
puede salvar nuestras vidas, por
una decisión política contraria al derecho internacional humanitario con
el que el Estado español está
comprometido
- Que
habiendo sido aprobados los Presupuestos Generales del Estado 2015, el
Gobierno debe aprobar inmediatamente un proyecto de ley que implique el
aumento del gasto público sanitario,
para atender a los enfermos de
manera urgente.
- La
aprobación de una partida presupuestaria extraordinaria para que se nos
suministre el tratamiento de última generación - que ya está incorporado
al Sistema Nacional de Salud - a la totalidad de los afectados que
estamos diagnosticados por Hepatitis C.
- Que el Gobierno – ante una situación de emergencia para la salud pública como la que existe hoy en España, donde mueren 12 personas diarias por hepatitis C – pueda hacer uso de la propiedad intelectual de los fármacos de última generación, sin recibir el consentimiento de los propietarios de los derechos, emitiendo licencias obligatorias que permitan el uso de los fármacos patentados sin el consentimiento de los propietarios de las patentes bajo premisa de interés público.
Historia de un atraco anunciado
Coordinadora anti-privatización de la Sanidad Pública de Madrid
La lucha de los pacientes de hepatitis C está permitiendo destapar el inmenso negocio que las multinacionales de farmacia (apenas unas decenas a nivel mundial) están haciendo con nuestra salud.
Como se puede apreciar en este estudio (página 25), el coste de producción del Sofosbuvir para un tratamiento de 12 semanas, es de entre 68 y 136 $, es decir entre 57 y 115 €, mientras que la multinacional Gilead (la misma que se lucró con el negocio del Tamiflu), exige ¡¡¡¡ 25.000 € por tratamiento !!!
Hay que recordar que Gilead adquirió Pharmasset (la empresa que había comprado a su vez la patente del medicamento) por unos 9.200 millones de euros, y ahora parece claro que lo importante es rentabilizar el negocio.
Ante esta situación, que con toda seguridad se repetirá en un futuro quizás no muy lejano con otras enfermedades y otros fármacos, solo queda una salida razonable: luchar por crear un sistema farmacéutico público de investigación y producción, que permita fabricar directamente los medicamentos que han perdido la patente, así como aquellos que sin haberla perdido, sean necesarios por motivos de salud pública. Nos va la vida en ello.
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