Cuando la seguridad ciudadana deja de servir a los ciudadanos

Por Carles Giménez

Es ya una vieja excusa conocida, un justificante del beneficio, una especie de concesión económica a la opinión pública (cuando las circunstancias son difícilmente justificables) el esgrimir por todo lo alto el llenazo hotelero de la ciudad que suponen eventos de todo tipo, incluso algunos molestos, o incluso algunos generados por la soberbia de un alcalde y la justificación de los actos de una mafia de la construcción en la imposición de obras faraónicas esencialmente cuando están pagadas por los contribuyentes. 
Sí, estoy hablando de aquél llenazo hotelero que se esgrimió desde las oscuras páginas del boletín de Promecal en el que se alabó la afluencia de antidisturbios que se necesitaron para… ¿cómo decirlo? imponer el orden y que bajo ese orden ya se pudiesen imponer también (no es cosa ya de los agentes) los abusos de poder por parte del consistorio sobre el barrio.

Además de estos beneficios económicos con los que se pretendió justificar una actuación de fuerza desmedida contra la propia población de Burgos (por cosas similares fuera de la OTAN y especialmente en Oriente Medio eres invadido por las fuerzas de Estados Unidos y el Mosad con gran rapidez) uno llega a preguntarse, ¿cuál es la delgada línea que separa la actuación de funcionarios de seguridad pagados por nosotras para proteger y mantener el orden entre eso y pasar a mantener el orden para que los intereses de un grupo cerrado de dirigentes se desenvuelvan bajo la permanencia de una desmedida apariencia de control e incluso del miedo?

Si analizamos que el uso del pánico y del miedo, sin hablar del término “terror” ya demasiado politizado e inocuo de su verdadero significado, cuando nos encontramos en una situación con un grupo armado con pistolas y escudos frente a civiles desarmados ¿qué diferencias encontramos cuando sirven para el mantenimiento de un orden social o cuando sirven a un orden que al mismo tiempo beneficia a la expansión de la corrupción urbanística?

¿Pueden los escudos, la apropiación sistemática de una bandera, los santos patrones, los estautos y mandatos sobre papeluchos dotar ya no de legalidad (no vamos a discutir la ley) pero sí de legitimar moralmente a un grupo armado sobre la población civil a estas alturas en España (mientras el ministro de Interior se reúne con criminales imputados)?

Porque si se tratase de otra circunstancia, en el caso del conflicto del barrio de Gamonal ¿qué llevó a los agentes a detener entre otros a personas inocentes que no formaban parte de la protesta? Unas detenciones sin control no ayudan a mantener un orden sino tal vez a expandir el miedo. 

Si la estrategia hubiese sido tal tampoco podríamos culpar al cuerpo entero de una posible actuación no profesional, sabemos que en este tipo de organizaciones prevalece una jerarquía de hierro y que al igual que en otro tipo de organizaciones con funcionariado existen “cargos políticos” en las antípodas de la tecnocracia que actúan de maneras que la ciudadanía desconoce. 

Es sabido que en un grupo u organización con escudo, colores o bandera, si es de tipo piramidal, prevalece una especie de fidelidad a la organización que si alguna vez puede llegar a ser cuestionada (por discrepancias con altos cargos) bien se sabe también que prevalece la fidelidad a un grupo cercano o finalmente a los compañeros más allegados. Los altos dirigentes, expertos en utilizar grupos (ya sean partidos, plataformas, funcionariado etc…), saben de sobras que hay una gran facilidad para dividir grupos y que es difícil que un funcionario politizado pueda comprender a los ciudadanos que le están pagando y pueda llegar a haber una sintonía o empatía entre una fuerza de seguridad y la gente del barrio, aunque incluso se haya dado la orden de extender el miedo.

La existencia de cargos políticos, de funcionarios cercanos a autoridades que a diferencia de compañeros suyos no les baste con la mera tarea de servir a los ciudadanos sino aspirar a algo más cerca de los poderosos nos lleva a plantearnos a qué tipo de puertas giratorias pueden aspirar las fuerzas de seguridad, a qué tipo de organizaciones de seguridad privada acceden funcionarios tras su labor para con los ciudadanos, qué tipo de requisitos son necesarios para pasar de ser agente a llegar tal vez al cni, u a otro tipo de organizaciones con mayor retribución. 

Si existen requisitos más allá de la valía, y en este país es bastante posible, en favor de las amistades o lazos con dirigentes de los “santos despachos” es muy probable que sea la base junto al poder económico de una red de funcionarios que en ocasiones trabajen para intereses más allá del deber común o habitual. 
Esto ya ocurre en diferentes áreas del funcionariado, sobre todo en regiones con tradición de mayorías absolutas como la nuestra.

En un mundo donde el imperio del beneficio es la norma ¿hasta dónde puede conducir la represión dentro del margen legal de actuación?
En países de habla hispana lejanos encontramos ejemplos que han demostrado que los agentes de seguridad lejos de actuar en el mantenimiento del orden movidos por sabe dios qué oscuros intereses han llegado a colaborar con cárteles del narcotráfico y relaciones directas con alcaldes y caciques locales. 

Podríamos hablar de la complicidad para entregar a más de 40 personas a la suerte de un cártel por parte de los agentes resultando más de cuarenta desaparecidos de por medio que luego se han encontrado asesinados y enterrados en fosas ocultas.
Claro está que este tipo de hechos que han consternado a la comunidad internacional son un ejemplo lejano y extremo pero no dejamos de describir una realidad en la que fuerzas de seguridad hacen utilización de su autoridad para servir a intereses más allá de su deber y poniendo en entredicho la ética y la moral, un espejo donde resultaría muy delicado reflejarse e inimaginable llegar cruzando la delgada línea entre el deber y el poder.

El día día prosigue en nuestra ciudad con un diario que sigue criminalizando e inflando cifras contra una protesta en la que se dijo “basta ya de corrupción con nuestro dinero” y el consistorio, con la complicidad de una fuerza que dice ser de izquierdas,, continúa el linchamiento contra el barrio colaborando con esa misma corrupción urbanística que tanto colaboracionista y adepto tiene en nuestra ciudad.

Siguen empeñados en convencernos de que la protesta es de criminales y gastarse más de 20 millones de euros de dinero público en bulevares y plazas de toros es de gente honrada y respetada, rodeada de premios, becerros de oro varios.
Burgos seguirá con su estación de tren fantasma, algún día nuestros nietos acabarán de pagar la deuda del bulevar ferroviario, el cielo amanecerá algún día con uno o dos caciques fallecidos a cuyo nombre destinarán una calle o unos distinguidos premios. Pero nosotros nunca nos cansaremos de contar la historia de un barrio agotado que indignado dijo basta y que hizo capital cultural a Burgos 2014-15.