Por Ecologistas en Acción de Burgos
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| Foto de archivo Castro Valnera |
La Comunidad Autónoma de Cantabria da a entender con este tipo de actuación sobre el territorio que desconoce la propia Red Natura 2000 que gestiona, un ejemplo de tantos que se están autorizando dentro de la Red Natura 2000, como puertos, aeropuertos, autovías, estaciones de esquí, desarrollos urbanísticos, etc. que vulneran la Directiva y están siendo motivo de actuaciones judiciales.
Además del propio teleférico, las actuaciones de las distintas alternativas contempladas se completan con amplios aparcamientos en las áreas próximas a los puntos desde los que se sitúan las estaciones base de la actuación (en el caso de Pandillo para 300 y 200 vehículos respectivamente), y la instalación de distintas infraestructuras en los puntos superiores de la infraestructura, ya que las cumbres por su fragilidad no admiten actuaciones de esta envergadura.
La inversión del proyecto, estimada en unos 12 M € a cubrir por capital privado, resulta de una más que dudosa viabilidad por cuanto buena parte de las infraestructuras previstas habrían de acometerse desde la parte burgalesa, dado que la nubosidad habitual y las frecuentes nieblas estivales mantienen cubierto el área durante el corto periodo del año en que estuviera en funcionamiento. Se trata por tanto de un proyecto absurdo, económicamente inviable y de muy difícil justificación ambiental; se trataría de un monumental fiasco, solo para consumo interno, porque el Gobierno confunde deliberadamente los sueños con la realidad: unos beneficios anuales de 3 M € y la creación de 17 empleos directos y 105 indirectos generados por la actuación en si misma, con el añadido de 730 plazas hoteleras de turismo rural en los valles altos pasiegos, se corresponde más con una actividad asentada durante décadas en un territorio que reúne más recursos y mejor distribuidos (como podría ser el caso de Liébana y el teleférico de Fuente Dé), que con la dinamización económica mal enfocada e insostenible del alto Pas.
El impacto ambiental de cualquiera de las alternativas previstas en el proyecto podría verse atenuado si en lugar de apostar por grandes aparcamientos a pie de teleférico se optase por resolver el acceso de forma mucho más sostenible mediante lanzaderas con salida en el núcleo urbano de Vega de Pas, algo que si dinamizaría de forma más eficaz la comarca partiendo de las infraestructuras disponibles en el núcleo urbano consolidado. En cualquier caso, la alternativa denominada F 3, entre la antigua estación de La Yera y el alto de la Breña (al sureste de Pandillo) sería la que desde el punto de vista ambiental supondría menos afección al medio sin incidir directamente en la afección de los principales valores de los Lugares de Importancia Comunitaria mencionados.
Resulta especialmente alarmante que sea la empresa pública CANTUR, la que se erija en promotora de actuaciones que tienen mal encaje en los usos sostenibles que deberían situarse en este territorio, cuyos valores naturales se verían gravemente afectados con la ejecución de los aparcamientos, la estación base y los apoyos del tendido para el teleférico.
Dado que todas las alternativas contempladas en el proyecto, excepto la denominada F-3 , afectan en mayor o menor modo a un área limítrofe, los trámites ambientales tienen que seguirse en las dos CCAAs (Cantabria y Castilla y León), además de que también tendría que emitir informes favorables el Mº de Medio Ambiente. O sea, que nos encontramos con un proyecto cuya aprobación incumbe no solo a Cantabria sino a otras Administraciones, regionales y central, que si se obvian seguirá el camino de otras infracciones en los que la subordinación de los valores ambientales y de conservación del territorio a intereses económicos espúreos han acabado en manos de la Comisión Europea , con el consiguiente bochorno a que pasen a ser juzgados por el Tribunal de Luxemburgo.
Las organizaciones convocantes de este acto reivindicativo hacen un llamamiento a las Administraciones regionales afectadas para que no continúen vulnerando la normativa comunitaria y española, evitando de esta forma que una posible multa europea socave las ya maltrechas arcas públicas. Más bien, reclamamos una implementación plena, con recursos económicos, técnicos y humanos, y mecanismos que faciliten la plena implicación de todos los agentes sociales (organizaciones ecologistas incluidas) en la monitorización y seguimiento de la Red Natura 2000 porque está demostrado que conservar la naturaleza reporta muchos más beneficios que costes.
