Desde hace años, numerosos colectivos sociales están denunciando la vulneración sistemática de derechos en los centros de menores, especialmente en los centros de reforma (cárceles para menores infractores) y en los llamados centros terapéuticos (centros de la red de protección donde son internados menores supuestamente aquejados de un trastorno de conducta).
En 2009, el Defensor del Pueblo hizo público un durísimo informe sobre los centros terapéuticos, en el que se recogían numerosas irregularidades: privación de libertad con carácter indefinido sin tutela judicial ni asistencia letrada, abuso de psicofármacos, utilización de celdas de aislamiento (que en algunos casos llega a definir como “mazmorras medievales”), castigos vejatorios, uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, vulneración del derecho a la intimidad, registros con desnudo integral injustificados…
El informe también refleja las precarias y desmotivantes condiciones laborales que sufren los trabajadores y la insuficiente formación continua del personal, conllevando la continua rotación de las plantillas (en sólo un año en el centro Picón del Jarama se produjeron 48 bajas voluntarias, 9 despidos, 7 bajas por enfermedad y 3 bajas psicológicas; y en La Jarosa, la permanencia media de los trabajadores era de 1 a 3 meses. Ambos centros bajo la gestión de O´Belen).
A su vez, el informe denuncia dejación de funciones por parte de las distintas administraciones que ejercen un deficiente control sobre el funcionamiento de los centros, así como las carencias en la intervención con las familias de los menores y la escasa eficacia de los programas terapéuticos (las altas en los centros se producen mayoritariamente por el traslado a otro centro o por el cumplimiento de la mayoría de edad del interno, y no por la superación de los objetivos programados). Las investigaciones de Amnistía Internacional llegaron a conclusiones muy similares. Todo esto podría llevar a pensar que el sistema no está realmente orientado hacia el interés superior del menor, sino a establecer mecanismos de control social y a beneficiar a las empresas gestoras de este tipo de centros (la gran mayoría están privatizados).
En el mencionado informe, los centros peor parados son gestionados por la Fundación Internacional O´Belen. De hecho, tras la publicación del informe, el fallecimiento de varios niños bajo su custodia y la movilización social en su contra, su presidente tuvo que dimitir y varios de sus centros fueron clausurados (los menores internos en sus centros de Castilla La Mancha pasaron a ser atendidos en un nuevo centro de titularidad y gestión pública). Además, el escándalo propició el impulso de modificaciones normativas, como la creación de un nuevo protocolo de actuación para estos centros por parte de la Comisión Interautonómica de Directores Generales de Infancia (aunque no es vinculante para las partes). A su vez, se iniciaron los trabajos parlamentarios para actualizar la legislación sobre protección a la infancia y para la modificación complementaria del Código Civil, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Enjuiciamiento Civil (paralizados tras la llegada al gobierno del PP).
Pero desde O´Belen no se quedaron de brazos cruzados. Por un lado, se dedicaron a criminalizar a los menores atendidos en sus centros de protección para intentar desviar la atención de sus responsabilidades. Y por otro, iniciaron una serie de actuaciones contra uno de los educadores que denunció ante el Defensor del Pueblo y públicamente lo que ocurría en sus centros. No sólo perdió su empleo (la empresa tuvo que admitir la improcedencia de su despido) y no solo fue difamado, sino que además recibió un aluvión de demandas de conciliación (la mayoría de los denunciantes ni siquiera se presentaron) y una querella penal por injurias (archivada ante el reiterado incumplimiento de los requerimientos del juzgado por parte del querellante), por lo que ha tenido que personarse una veintena de veces en juzgados de Madrid y Guadalajara, con los trastornos laborales y personales que esto significa.
Ayer 19 de septiembre se ha presentado en los Juzgados de Plaza de Castilla para declarar como imputado por un delito de calumnias tras la denuncia interpuesta por Javier San Sebastián (presidente de O´Belen) y Paloma Martín (ex gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia y actual directora general de ordenación e inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid). Ante esta situación, exigimos el archivo inmediato de esta causa y el cese de los ataques al compañero que cumplió con su obligación como educador al denunciar las graves irregularidades ya comentadas.
Así mismo, consideramos urgente reabrir el debate sobre los mecanismos de protección a la infancia. Y mientras esto sucede, exigimos que se tomen las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos de los menores en todos los centros (tanto de protección como de reforma), basando su funcionamiento interno en el cumplimiento de nuestra legislación vigente (Ley de Autonomía del Paciente, 2002) y de la normativa internacional (Reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, 1990). Deben implantarse, como mínimo, las siguientes medidas:
· Prohibición de las penas de aislamiento y de cualquier castigo cruel, inhumano o degradante (art. 67 Reglas de la ONU)
· Restricción del uso de la coerción y la fuerza
(art. 64 Reglas de la ONU)
· Facilitar el contacto del menor con la comunidad, autorizándose la comunicación con familiares, amigos y representantes de organizaciones de reconocido prestigio(art. 59 Reglas de la ONU)
· Prohibición de la medicación forzosa, respetándose el consentimiento informado.
Conscientes de las nefastas consecuencias que privatización y recortes tienen tanto para los usuarios como para los trabajadores del sector, exigimos que el lucro empresarial salga de la ecuación de los servicios sociales. Exigimos que los recursos destinados a garantizar los derechos de la ciudadanía sean de titularidad y gestión pública.
Juan Vicente Herrera llegaba a las 12:00 de la mañana de hoy 20 de septiembre al edificio del Hospital del Rey, sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, en una mañana que transcurría con normalidad, para inaugurar junto al rector Alfonso Murillo el curso académico de las universidades de la región autónoma.
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