Viernes Negro desvela los privilegios de los altos cargos de la Junta de Castilla y León

Por Burgos Dijital

El día 22 de noviembre de 2013 empleados públicos de la Junta de Castilla y León presentaron una denuncia al Presidente de la Junta de Castilla y León y al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, de la que dimos cuenta en este medio, por el presunto uso indebido de un vehículo oficial por parte de la Directora del Gabinete del Presidente, la Sra. Virginia Arnaiz Gonzalez, lo que valoraron en unos 70.000 € anuales.

Informaciones posteriores aparecidas en medios de comunicación en relación a gratificaciones extraordinarias a conductores y personal de confianza podrían elevar esa cifra a los 100.000 € anuales.

Ante la falta de respuesta por parte del Presidente y del Delegado Territorial en Burgos de la Junta se presentó esta denuncia el día 3 de diciembre de 2013 ante el Procurador del Común y éste dio respuesta tras recibir un informe de la Consejería de Presidencia en el que se manifestaba que existía un “Código de Austeridad para altos cargos de la Administración”, según Acuerdo de 29 de septiembre de 2011”, en el que se exponía que la Directora de Gabinete del Presidente “podría utilizar el coche oficial para ir y venir del trabajo diariamente, compartiéndolo cuando fuera posible con otros altos cargos que residieran en la misma localidad"

A continuación el Movimiento VIERNES NEGRO de Burgos solicitó al Procurador del Común el citado texto del “Código de austeridad para altos cargos de la Administración” y éste respondió que tenía en su poder dicho documento pero sin disposición de hacerlo público.

Más tarde VIERNES NEGRO al conocer que el Director General de Formación Profesional y Régimen Especial, Sr. Enrique de la Torre Alonso, seguía utilizando un coche oficial para desplazarse diariamente desde su domicilio de Burgos a su lugar de trabajo en Valladolid y viceversa, presentó el día 3 de julio de 2015 una nueva denuncia-queja, ante el Sr Presidente de la Junta, por entender que se estaba utilizando un vehículo público para uso privado.

Once días después y tras más de año y medio el nuevo Consejero de Presidencia De Santiago-Juárez remitió al Movimiento un escrito de respuesta a la denuncia-queja anterior, adjuntando el opaco “Código de Austeridad para los Altos Cargos de la Administración Autonómica y de su Sector Público”.

Tras su lectura los denunciantes sospechan de la falta de control público efectivo, puesto que el documento dice literalmente que los privilegios allí vertidos “se notificaron únicamente a los altos cargos…”. Expresan así mismo la gravedad del asunto porque dicho documento “no se ha debatido en las Cortes, se ha ocultado a los Procuradores como así nos lo comunicaron, no ha sido explicado en los medios de comunicación y, como nosotros mismos hemos comprobado, se ha ocultado a los propios trabajadores de la Administración, por lo que no puede ser más que un pacto entre iguales para que ninguno de ellos tenga privilegios por encima del resto”. Además señalan la inexistencia en el mentado Código de posibles sanciones, multas o apercibimientos.

Al parecer los privilegios expresados en el código oculto hasta ahora no sólo afectaban a los 74 altos cargos en la Administración General: Presidente, Jefa de Gabinete, Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios, Directores Generales y Delegados Territoriales, sino que también se incluían los Presidentes, Directores Generales y asimilados de los Entes Adscritos o Administración B, que está compuesta por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y Fundaciones Públicas, tales como: Gerencia Regional de Salud, Gerencia de Servicios Sociales, Servicio Público de Empleo, Instituto de la Juventud, Ente Regional de la Energía, Instituto Tecnológico Agrario de C y L, Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de Empresas (ADE), y fundaciones de todo tipo y pelaje como: Fundación Santa Barbara, Fundación Centro de Supercomputación de CyL, Fundación Patrimonio Natural de CyL.

Tras el último “Informe Sobre la Reorganización del Sector Público Autonómico a 1 de Julio de 2014”, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde se reflejan los Entes Adscritos que han desaparecido y creado en Castilla y León, en estos últimos años, tenemos en Castilla y León un total de 61 Entes Adscritos: Organismos Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado, Empresa Públicas y Fundaciones Públicas. El número de altos cargos en estos Entes Adscritos es difícil de saber dado que la coletilla “Asimilados” no está definida en este tipo de Entes, y en muchos casos no es público su organigrama, pero suponen, al menos, unos 30 altos cargos los que pueden acogerse a esta denominación y ser susceptibles de la aplicación de este Código de Austeridad.

Los denunciantes calculan que la mitad de estos 104 altos cargos tengan su domicilio en Valladolid, con lo que habría al menos 52 altos cargos que estarían presuntamente utilizando diariamente un vehículo público para uso privado. Tras el cálculo realizado del gasto medio por vehículo de unos 100.000 euros anuales (gasolina, mantenimiento y gastos del conductor-sueldo/gratificaciones), apuntan “un gasto medio de al menos 5.200.000 de euros anuales, es decir unos 20.800.000 de euros en la legislatura pasada, cálculo aproximado, teniendo en cuenta que desconocemos las cifras reales de altos cargos y asimilados de los Entes Adscritos o Administración B”.

Tras la realización de esta fácil contabilidad, la organización espeta al Presidente “¿Cómo se ha permitido y se permite a este grupo selecto de trabajadores con unas retribuciones aproximadamente de 8-9 veces el salario mínimo interprofesional, el uso particular, y probablemente indiscriminado, de un vehículo público, cuando miles de empleados públicos de la Junta se deben trasladar todos los días en su vehículo a otros municipios, cuando tienen que poner a disposición de la administración su vehículo particular para trasladarse en una misma jornada a diferentes centros de salud o colegios rurales, cuando miles de docentes y sanitarios deben de cambiar periódicamente de municipio por no tener durante años un destino definitivo y por las altas tasas de interinidad que les impiden tener una mínima posibilidad de conciliar su vida laboral y familiar?”

En una reciente entrevista de la Plataforma en Defensa de lo Público PLADEPU, con la Viceconsejera de la Función Pública y Gobierno Abierto, esta justificó que a estos altos cargos hay que ofrecerles incentivos para que acepten estos puestos, como se hace en las grandes empresas. A ello, los representantes de la plataforma respondieron que los altos cargos son servidores públicos que vienen a servir y no a servirse ni a hacerse ricos y que los únicos méritos que tienen para acceder a esos puestos son la amistad con Juan Vicente Herrera y sus Consejeros o el pertenecer o simpatizar con el Partido Popular.

Por otro lado también se destaca el denominado “Punto IV Atenciones protocolarias y representaciones” que consideran un salario complementario, una especie de fondos reservados: no se sabe si aquí se incluirían las famosas facturas que la exconsejera de Agricultura Silvia Clemente cargaba por la compra de bolsos y otras bagatelas al Corte Inglés o a restaurantes en días tan administrativamente extraños como un 25 de diciembre.

Tampoco parece quedar muy claro el “Punto VI. Reuniones de trabajo”, puesto que al parecer se utilizan sistemáticamente y de forma individual los vehículos oficiales para asistir a reuniones de trabajo y se consideran como tales salidas tan “berlanguianas” como la entrega de unas llaves de un edificio de un representante de una Administración a otra, con banquete incluido, o los paseos festivos de los Delegados Territoriales en el día del patrón de los distintos pueblos de Castilla y León. Por ello los empleados públicos se preguntan “cuántas dietas, horas extras y gratificaciones a los conductores y a los representantes de la Administración y gastos de combustible y mantenimientos de vehículos oficiales se han generado en estos actos festivos” y si “estas reuniones son de carácter técnico o exclusivamente de carácter propagandístico del partido gobernante”.

Otro punto sensible del Acuerdo es, como ya adelantábamos al principio el “Punto XI. Control del cumplimiento de este Acuerdo”. Por ello en el escrito enviado al Presidente Herrera los trabajadores le preguntan datos ciertamente relevantes como si “son exclusivamente los altos cargos de las Intervenciones Delegadas los que examinan las cuentas justificativas de los gastos”, si ha habido reparos en las fiscalizaciones, cuántas auditorías se han hecho en estos cuatro años a los organismos y entidades en los que no existe Intervención Delegada y si se han tomado medidas en el caso de incumplimiento del Acuerdo.

Por último Viernes Negro exige una verdadera transparencia en la página de GOBIERNO ABIERTO para que en ella se publique la relación de todos los altos cargos y asimilados de los Entes Adscritos, todos los vehículos, conductores oficiales utilizados por todos los altos cargos y costes de los mismos.