Parece curioso, si no paradójico, que en la España del s.XXI, en una sociedad democrática fundamentada en la Constitución de 1978 donde se establece un Estado social y de derecho que reconoce la igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones entre todos sus ciudadanos, se sigan dando casos que contradicen el espíritu de la misma y que, sin embargo, no parece que despierten en la opinión pública la controversia que a priori parece que debieran de producir.
Uno de estos casos resulta el privilegio que siguen manteniendo ciertos sectores de la sociedad en contraposición al resto de la ciudadanía en el uso y disfrute de aquello denominado como “lo público”. Concretamente nos referimos a espacios e instalaciones pertenecientes a organismos e instituciones públicas –como así resultan el Ejército y el Ministerio de Defensa- que se reservan únicamente para el goce (ocioso) de sus miembros y de aquellos ajenos a éstos que por cuestión de afinidad se ven beneficiados arbitrariamente también del disfrute de bienes de titularidad pública y, por lo tanto, de propiedad de ese ente jurídico llamado Estado que constituimos “todos” con el fin de lograr la buena gobernanza y la custodia del interés general de la totalidad de los ciudadanos.
La inicialmente denominada como “Sociedad Deportiva Militar” inició su actividad en 1945 como voluntad del general franquista Juan Yagüe Blanco –tras su llegada al frente de la Capitanía General de la zona con sede en Burgos pocos años antes- y tras la compra por parte del gobierno de la época de terrenos comprendidos entonces entre los términos municipales existentes de Burgos y Gamonal de Río Pico.
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| Tapia que rodea y aisla a la Deportiva Militar |
Estas instalaciones que posteriormente pasarán a denominarse "Sociedad Deportiva Militar General Yagüe”, “Ciudad Deportiva Militar General Yagüe” y actualmente “Ciudad Deportiva Militar” nacieron con el objetivo, según se apuntaba por aquellos años, de: facilitar primeramente la preparación física del personal militar, estrechar los lazos dentro del personal de las Fuerzas Armadas y fomentar las relaciones sociales con el personal civil. Aquellos años de postguerra supusieron –como bien sabemos- un período de privación civil generalizada en el que los ayuntamientos carecían de instalaciones de esta naturaleza y que –como mal menor ante tan abultado agravio- se cedía habitualmente su uso para la organización de ciertos eventos y se permitía el acceso al personal no militar en calidad de “socio” o, bien, mediante el pago de la correspondiente entrada.
Durante las siguientes décadas las instalaciones de la “Ciudad Deportiva Militar” se fueron ampliando y completando hasta adquirir su tamaño y fisonomía actual. En ella y mediante el abono de un canon anual se posibilita la práctica disposición libre de sus instalaciones deportivas a sus “usuarios”, la organización de escuelas y diferentes secciones, así como la realización de diversas actividades sociales, culturales y recreativas.
Es en 1981 cuando se redactan los últimos Estatutos y cuando se ordenan y establecen definitivamente la diferente tipología de sus “usuarios”, distinguiéndose así entre: ‘Usuarios de Número’ (colectivo militar), ‘Usuarios Eventuales’ (civiles), ‘Usuarios Familiares’ (hijos de los anteriores, menores de 26 años), ‘Usuarios Transeúntes’ (otros familiares) y ‘Usuarios de Honor’.
Poco queda en estos momentos del – muy controvertido- espíritu con el que nacen estas instalaciones (caso repetido en otras ciudades con tradición castrense por toda España) en las que primaba su utilidad en el adiestramiento de tropas (ahora suplido por los nuevos acuartelamientos), ni de su motivación para la confraternización de los miembros de las Fuerzas Armadas (mermado ya en su carácter singular de antaño con la profesionalización de los cuerpos). Actualmente la “Ciudad Deportiva Militar” resulta ser en realidad un “Club” de características privadas asentado en terrenos de titularidad pública en el que habita aún personal militar, pero en el que predomina entre sus miembros el carácter bajo y medio burgués de la sociedad burgalesa que ve en la pertenencia a este tipo de instituciones –más que cuestionables- un elemento de distinción social en un entorno “clasista” secular aún no superado.
Sobre el recuerdo del papel desempeñado por la ciudad de Burgos durante la Guerra Civil, posterior represión y larga dictadura franquista se quejaban recientemente de forma enojada, diferentes medios de comunicación locales y miembros de la candidatura, al ser preguntados por ellos en el proceso de designación final de la capitalidad cultural europea a la que se aspiraba. Puede, no obstante y a nuestro pesar, que efectivamente reflejos de ese papel asumido en aquellos momentos estén aún más que presentes en el “mapa urbano” de la ciudad y en la propia “idiosincrasia” de la sociedad burgalesa actual; en la que sobreviven, con normalidad y sin aparente cuestionamiento, instituciones con un carácter más propio de la sombría época en la que vieron la luz que en la España democrática del nuevo siglo.
