El verdadero rostro de la política social del Gobierno Autonómico del burgalés Juan Vicente Herrera.
Las
órdenes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
dirigida por Milagros Marcos fueron claras: reducir un 20% los
conciertos de plazas residenciales para mayores en toda la región,
objetivo que casi se ha logrado con la eliminación de estas 65
plazas en la provincia de Burgos en residencias como: Gerovitalia
(Burgos), Tardajos, Espinosa de los Monteros, Palacios de la Sierra,
Villadiego y otras repartidas por toda la geografía provincial. Y
así en cada una de las nueve provincias de la comunidad.
Esto
añadido a la paralización (por falta de presupuesto, según dicen)
de la adecuación de dos plantas de la Residencia Pública de Cortes
ubicada en la ciudad de Burgos, lo que impide que sean ocupadas,
disminuyendo arteramente las plazas disponibles para personas mayores
dependientes (más allá de las 65 plazas concertadas que encabezan
el artículo). Si ya antes era complicado acceder a una plaza
residencial pública para una persona mayor dependiente, estas nuevas
decisiones han generado un tapón insalvable. Las consecuencias
recaen sobre los propios interesados, disminuyendo su calidad de vida
y las atenciones que necesitan, pero también recaen sobre las
familias, que seguramente sean las más afectadas por la crisis,
detrayendo recursos personales y materiales necesarios para otros
objetivos, que nos ayuden a superarnos colectivamente.
El ratio
de plazas residenciales en Castilla y León para las personas de más de 65 años rondará el 7%, quedándose en un 1,7%
las plazas ofertadas por las diferentes administraciones públicas, es decir las de acceso para todos,
disminuyendo claro está. Con estas cifras seguimos alejándonos de
los estándares de los países europeos de nuestro entorno, tan
invocados para otras cuestiones de medida, ya sabemos que los
argumentos se utilizan, por nuestros gobiernos, como los calcetines,
según el lado que interese en cada ocasión.
Parece
interesante que la población, y en especial las personas mayores de
Castilla y León (más o menos el 23% del total), conozca estos datos
tan objetivos para cuando tenga que tomar decisiones políticas y
electorales.
¿Y el
Señor Ignacio Díez Azcárraga, Gerente Territorial de
Servicios Sociales en Burgos, cargo de confianza de los políticos de
la Junta y obediente ejecutor qué tiene que alegar a todo esto?
Mientras los datos no sean muy divulgados...esperemos los regalitos
del 2014.
Y
finalmente, recordemos que la destrucción de servicios también
incide en la destrucción de empleo, directo e indirecto.
