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viernes, 4 de julio de 2014

Milagros Marcos y la ONCE, irresponsables sociales


Por Basilio el Bagauda

Hace tiempo que ya forma parte de nuestro acerbo mediático, tantas veces teledirigido por las clases dominantes, el maravilloso concepto de “responsabilidad social” de las empresas. Según dicho concepto toda empresa que se precie debe de restar al “beneficio-riesgo”  una parte que aporta a la sociedad mediante acciones sociales o medioambientales con un alto componente ético, es decir más allá de las normas y leyes que todos debemos de cumplir. Normalmente las empresas lo hacen para mejorar su situación competitiva como valor añadido de cara a sus potenciales clientes.

Este es en principio el caso de la empresa FUCODA, la cual nace con la responsabilidad social como motor de su actividad. Como hace referencia en su página web, y probablemente ya empecemos a despistarnos con el entramado empresarial tan característico de nuestro modelo económico, dicho grupo empresarial nace en 1989 y se inserta a su vez en la sociedad instrumental Grupo Fundosa cuyo único accionariado es la Fundación ONCE: en resumen, FUCODA es una empresa más del conglomerado creado por la ONCE.

Según sigue informando en su portal su principal misión es el logro de objetivos sociales, y entre ellos, y muy especialmente, la inserción laboral de las personas con discapacidad como instrumento básico para la plena integración social. Hasta aquí todo perfecto.

El problema surge cuando una empresa como ésta sirve como sostén a intereses obscuros relacionados con los tentáculos de los partidos políticos que “al tocar pelo” convierten la administración pública en su cortijo.
El problema surge cuando una empresa que se define como social, y por lo tanto sometida a los valores, normas y leyes con los que se rige la sociedad civil en la que se inserta, desprecia sin si quiera reflexionarlo dichos valores.
El problema supera todas las barreras infranqueables del desprecio por la realidad social que vive el país cuando convierte su misión y objetivo en un mero maquillaje para que unos cuantos hagan dinero.

Por otro lado, a estas alturas todos sabemos lo que lleva tanto tiempo sucediendo con la Ley de dependencia y las famosas ayudas que se han ido limando de tal manera que han convertido la Ley en mera propaganda legislativa: tiempos de espera de concesión insoportables y ayudas misérrimas, que en la mayor parte de los casos no superan los 200 euros. En Castilla y León ocurre otro tanto de lo mismo con el agravante de una población envejecida que aumenta el número de dependientes día tras día.

¿Cómo responde aquí la otrora Técnica de Bibliotecas Milagros Marcos, convertida ahora en flamante Consejera de Familia?. Pues poniéndose de perfil ante la dilatada y opaca lista de espera de ancianos en busca de una residencia, cerrando habitaciones y servicios en las diferentes residencias públicas, y derivando a cuentagotas a los mismos a residencias privadas, que ahí sí disfruta la Junta tirando de dinero público.

¿Qué pensarían los castellanos y leoneses si supieran que mientras el ejecutivo del Partido Popular tiene a pan y agua a los dependientes de esta Comunidad, se gasta los dineros de todos en contratar a personal a través de la empresa FUCODA para tramitar los expedientes de ayudas a la dependencia que luego deniegan por falta de presupuesto?

¿Qué opinarían si se les hace saber que dicho trabajo pueden y deben hacerlo los propios empleados públicos a los que ya se les paga?

¿Se acordarán los habitantes y votantes dormidos de esta Comunidad dentro de 11 meses cuando toque elegir a un nuevo ejecutivo que el Gobierno de Herrera ningunea a sus hijos, sobrinos, hermanos, amigos que no podrán optar en condiciones de igualdad al empleo público porque se ha convertido en una potestas” más de la casta?

¿Cómo es posible que no se les caiga la cara de vergüenza mientras nos dicen que es imposible contratar a nuevo personal docente y sanitario, y siguen contratando a personal por la puerta de atrás “meándose” en la propia Constitución?

¿Resulta soportable que la propia empresa FUCODA se haya convertido en una Empresa de Trabajo Temporal que no respete los derechos de los trabajadores y que incluso incumpla su único objetivo contratando a personas sin ningún grado de minusvalía?

¿Se ha parado a pensar la ONCE que su trabajo aplicado a la empresa privada es encomiable e imprescindible para la inserción laboral de las personas con alguna discapacidad, pero qué aplicado de esta manera a la administración pública resulta escandaloso porque se burla de las horas de esfuerzo de todos aquellos discapacitados que estén en bolsas de empleo esperando una llamada de la Administración que nunca se producirá?

Este es el gran número de interrogantes que nos han suscitado las últimas denuncias e informaciones de las que disponemos.

Así el Movimiento “Viernes Negro” denunció a finales del año pasado el hecho de que sólo en Burgos hubo hasta 8 personas contratadas a través de FUCODA renovadas en diferentes años y a día de hoy parte de este personal sigue ocupando las dependencias de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. El hecho resulta aún mucho más bochornoso cuando existen pruebas de que algunos de los contratados no sufren ningún grado de minusvalía. De hecho una de las personas a las que le ha caído el “premio gordo” ha sido Mª Luz Alonso Alonsocuñada de la mano derecha de Juan Vicente Herrera, Virginia Arnaiz González.

Viernes Negro” seguía denunciando el hecho de que la empresa privada utilizara los propios medios de la administración pública, así como la “falta de publicidad en la página WEB de la contratación administrativa de la Junta de Castilla y León donde no aparece el contrato actual con la empresa FUCODA ni la cuantía del mismo, periodos, servicios a realizar…

A esto que ni la Junta ha respondido ni los propios medios de información de la Comunidad se atrevieron a publicar, UNA VEZ MÁS, se añade ahora la batalla abierta por el sindicato CGT en Segovia. Este sindicato, dadas las irregularidades que se estaban produciendo en las actuaciones de la empresa FUCODA en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de esta provincia, consiguió promover una inspección de trabajo en las dependencias de la Gerencia de la cual se desprende que tanto la empresa como la Junta han realizado un tráfico prohibido de trabajadores a través de una cesión ilegal y que FUCODA está actuando a su vez como una Empresa de Trabajo Temporal, nada que ver con los objetivos de los que hace gala. De todo ello la Inspección de Trabajo ha levantado un acta de infracción firme.

Así mismo, CGT está en disposición de confirmar que las denuncias ya realizadas y silenciadas previamente por  “Viernes Negro” acerca de la contratación de personal sin ningún tipo de minusvalía son ciertas.



Otro escándalo más está servido.

martes, 7 de enero de 2014

El verdadero rostro de la política social de Juan Vicente Herrera


Por Lucas Mallada

El verdadero rostro de la política social del Gobierno Autonómico del burgalés Juan Vicente Herrera.

     Las órdenes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, dirigida por Milagros Marcos fueron claras: reducir un 20% los conciertos de plazas residenciales para mayores en toda la región, objetivo que casi se ha logrado con la eliminación de estas 65 plazas en la provincia de Burgos en residencias como: Gerovitalia (Burgos), Tardajos, Espinosa de los Monteros, Palacios de la Sierra, Villadiego y otras repartidas por toda la geografía provincial. Y así en cada una de las nueve provincias de la comunidad.

Esto añadido a la paralización (por falta de presupuesto, según dicen) de la adecuación de dos plantas de la Residencia Pública de Cortes ubicada en la ciudad de Burgos, lo que impide que sean ocupadas, disminuyendo arteramente las plazas disponibles para personas mayores dependientes (más allá de las 65 plazas concertadas que encabezan el artículo). Si ya antes era complicado acceder a una plaza residencial pública para una persona mayor dependiente, estas nuevas decisiones han generado un tapón insalvable. Las consecuencias recaen sobre los propios interesados, disminuyendo su calidad de vida y las atenciones que necesitan, pero también recaen sobre las familias, que seguramente sean las más afectadas por la crisis, detrayendo recursos personales y materiales necesarios para otros objetivos, que nos ayuden a superarnos colectivamente.

El ratio de plazas residenciales en Castilla y León para las personas de más de 65 años rondará el 7%, quedándose en un 1,7% las plazas ofertadas por las diferentes administraciones públicas, es decir las de acceso para todos, disminuyendo claro está. Con estas cifras seguimos alejándonos de los estándares de los países europeos de nuestro entorno, tan invocados para otras cuestiones de medida, ya sabemos que los argumentos se utilizan, por nuestros gobiernos, como los calcetines, según el lado que interese en cada ocasión.

Parece interesante que la población, y en especial las personas mayores de Castilla y León (más o menos el 23% del total), conozca estos datos tan objetivos para cuando tenga que tomar decisiones políticas y electorales.

¿Y el Señor Ignacio Díez Azcárraga, Gerente Territorial de Servicios Sociales en Burgos, cargo de confianza de los políticos de la Junta y obediente ejecutor qué tiene que alegar a todo esto? Mientras los datos no sean muy divulgados...esperemos los regalitos del 2014.
Y finalmente, recordemos que la destrucción de servicios también incide en la destrucción de empleo, directo e indirecto.