Tierra de Pavor: las rentas garantizadas de nuestras Consejeras

Por Basilio el Bagauda

De todo el mundo es bien conocido que España lleva unos años convirtiéndose por arte de una estafa a escala global, que nos han querido vender como una crisis inevitable, en un pozo oscuro del que sólo salen mentiras políticas y miserias humanas. Tampoco es mi intención demostrar lo que otros llevan haciendo desde hace mucho tiempo presentando e interpretando datos que muestran a las claras la brecha social producida por políticas tendentes al saqueo de las clases trabajadoras y el ataque directo y agresivo de los pudientes aliados de las clases extractivas colocadas por PSOE y PP para dirigir nuestros destinos.

Algunas de las dirigentes del cortijo autonómico no contentas con eso, fomentan e impulsan aún más esta huida hacia delante indecente y criminal, propia de otros tiempos donde la pobreza y la tiranía eran cara y cruz de la misma moneda.

Entre tanto los trabajadores han sabido organizarse en un sinfín de movimientos y plataformas fuera del sistema para denunciar con total libertad las evidencias de la estrategia totalitaria neoliberal. Es el caso de Viernes Negro de Burgos que en su última denuncia, apoyada por la Asamblea de Parados y Precarios, enviada al sordo y ciego Presidente de la Junta le hacían partícipe de las incongruencias y de las injusticias provocadas por la normativa autonómica en relación a la renta básica, aquí denominada “renta garantizada de ciudadanía”.

En ella se exponía grosso modo las desigualdades que se producían en el acceso a dicha renta puesto que la misma sólo era compatible con los subsidios y prestaciones generadas tras la finalización de contratos en los Planes de Empleo mientras que los que recibían otro tipo de prestaciones, aunque fueran de 50 € al mes como ocurre en muchos casos, no podían acceder a esta prestación imprescindible para la subsistencia. Además el colectivo expresaba en su denuncia que “las personas que dirigen esta administración están aceptando que la percepción recibida a través de la renta garantizada de ciudadanía es del todo punto insuficiente para poder llevar una vida mínimamente digna”.

Pues bien, el Procurador del Común con fecha 2 de febrero ha dado la razón a los denunciantes requiriendo a la Consejera de Familia Milagros Marcos y a toda su cúpula una mayor sensibilidad hacia las personas en riesgo de exclusión social exigiéndole un cambio normativo para que los castellanos y leoneses tengan al menos los mismos derechos que la mayor parte de los ciudadanos del Estado, y haciendo públicas sus desavenencias con la política en servicios sociales comunicando que a su juicio esta percepción sin ningún otro apoyo económico es insuficiente para cubrir la necesidades básicas de subsistencia y denunciando la oposición expresa de la Consejera de llevar a cabo los cambios normativos necesarios. Todo un ejercicio de crueldad y de indecencia por parte de personas que cobran entre 3000 y 5000 euros al mes.

Abundando en el enfado institucional del Procurador, incluso le indica el camino a seguir, eligiendo cuidadosamente administraciones del mismo color para que los chicos del Partido Popular no se enfaden, y observando la legislación de CC.AA. como Madrid, Castilla La Mancha, Canarias, Cantabria, Murcia, Galicia y Extremadura.

Llama poderosamente la atención como una Comunidad como la nuestra especialmente castigada por el aumento de paro y por una despoblación provocada por la emigración de miles de jóvenes ante la ausencia de perspectivas laborales y de ayudas económicas, vende humo y compra pobreza y caridad. Esa es la marca de identidad de la ex bibliotecaria, que sigue fielmente los pasos de Doña Silvia Clemente.

Lo de la ínclita segoviana lo comento porque una de las principales medidas que tomó en materia de “caridad” fue la colaboración a través de una carta fechada el 15 de abril de 2013 de la Consejería de Agricultura en el recientemente creado “Fondo de Solidaridad para la lucha contra la pobreza y la exclusión social” por su amiga Milagros.

En dicha misiva Doña Milagros reconocía “la dramática situación de muchas familias a consecuencia de la pérdida de su empleo que incrementaban el porcentaje de familias en situación de pobreza y de exclusión social en nuestro entorno”. ¿Esto se iba a paliar con unas prestaciones suficientes para evitarlo? No, por supuesto. Mucha mejor idea era la creación de un fondo de caridad del que a estas alturas nadie ha oído hablar.

¿Y cómo se iba a implementar ese fondo? Pues con ocurrencias tan espectaculares como la de Doña Silvia: invitando a las empresas agroalimentarias de Castilla y León a colaborar en la red de apoyo a cambio de la visibilización de una conducta empresarial irreprochable, cercana a los pobres menesterosos. Y si esto no era suficientemente atractivo para los empresarios del sector, se les ofrecía una brecha más en la fiscalidad que permitiera deducciones y desgravaciones a tutiplén, que al fin y al cabo eso de la fiscalidad no tiene nada que ver con la redistribución de la riqueza y la crisis social.

En definitiva, como siempre la rubia disparando con pólvora ajena: lo mismo hace caridad con el dinero de otros, que se gasta el 25 de diciembre de 2010, día laborable donde los haya, más de 500 € en un famoso restaurante de un pueblo cercano a Valladolid a cargo de la Consejería o se va a Nueva York con todos los gastos pagados por “Tierra de Sabor” a presentar la marca y a darse la vida padre con su amiga Piluca, la Consejera de Hacienda.

Y qué decir de la responsable del NO a la mejora de las rentas básicas. Dirige una Consejería fantasma cuyas funciones y competencias son desarrolladas en más de un 90 % por un organismo autónomo llamado “Gerencia de Servicios Sociales” y cuya única existencia sólo se debe a la necesidad de engordar las cuentas bancarias de unos cuantos prohombres y promujeres de la casta más rancia del feudo castellanoleonés.

Habida cuenta de que además, mientras esto ocurre, la reducción de los recursos y el desmantelamiento en materia de servicios sociales es más que palmario: cada vez menor número de camas en residencias públicas de ancianos y de asistidos; una política de juventud prácticamente inexistente donde se están aumentando los precios de los albergues juveniles para dejarlos vacíos y derivando la mayor parte del dinero a pura propaganda; unos gastos en dependencia ya prácticamente desaparecidos; disminución del número de plazas en pisos de acogida para mujeres maltratadas por violencia masculina o un aumento cada vez mayor en el tiempo de resolución de los expedientes de la Renta Garantizada de Ciudadanía (ahora mismo en torno a 7 meses) son una prueba del voluntario ataque a los sectores sociales más vulnerables, mujeres, ancianos y jóvenes.

Doña Milagros siga usted en esta línea que más tarde o más temprano superará a Doña Silvia y ya sabe lo que le espera al otro lado: viajes a Nueva York, restaurantes de lujo y quién sabe si algún bolso de vuitton…

Pero de más renta para los pobres, ni hablar…

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Milagros Marcos y la ONCE, irresponsables sociales

Por Basilio el Bagauda

Hace tiempo que ya forma parte de nuestro acerbo mediático, tantas veces teledirigido por las clases dominantes, el maravilloso concepto de “responsabilidad social” de las empresas. Según dicho concepto toda empresa que se precie debe de restar al “beneficio-riesgo”  una parte que aporta a la sociedad mediante acciones sociales o medioambientales con un alto componente ético, es decir más allá de las normas y leyes que todos debemos de cumplir. Normalmente las empresas lo hacen para mejorar su situación competitiva como valor añadido de cara a sus potenciales clientes.

Este es en principio el caso de la empresa FUCODA, la cual nace con la responsabilidad social como motor de su actividad. Como hace referencia en su página web, y probablemente ya empecemos a despistarnos con el entramado empresarial tan característico de nuestro modelo económico, dicho grupo empresarial nace en 1989 y se inserta a su vez en la sociedad instrumental Grupo Fundosa cuyo único accionariado es la Fundación ONCE: en resumen, FUCODA es una empresa más del conglomerado creado por la ONCE.

Según sigue informando en su portal su principal misión es el logro de objetivos sociales, y entre ellos, y muy especialmente, la inserción laboral de las personas con discapacidad como instrumento básico para la plena integración social. Hasta aquí todo perfecto.

El problema surge cuando una empresa como ésta sirve como sostén a intereses obscuros relacionados con los tentáculos de los partidos políticos que “al tocar pelo” convierten la administración pública en su cortijo.
El problema surge cuando una empresa que se define como social, y por lo tanto sometida a los valores, normas y leyes con los que se rige la sociedad civil en la que se inserta, desprecia sin si quiera reflexionarlo dichos valores.
El problema supera todas las barreras infranqueables del desprecio por la realidad social que vive el país cuando convierte su misión y objetivo en un mero maquillaje para que unos cuantos hagan dinero.

Por otro lado, a estas alturas todos sabemos lo que lleva tanto tiempo sucediendo con la Ley de dependencia y las famosas ayudas que se han ido limando de tal manera que han convertido la Ley en mera propaganda legislativa: tiempos de espera de concesión insoportables y ayudas misérrimas, que en la mayor parte de los casos no superan los 200 euros. En Castilla y León ocurre otro tanto de lo mismo con el agravante de una población envejecida que aumenta el número de dependientes día tras día.

¿Cómo responde aquí la otrora Técnica de Bibliotecas Milagros Marcos, convertida ahora en flamante Consejera de Familia?. Pues poniéndose de perfil ante la dilatada y opaca lista de espera de ancianos en busca de una residencia, cerrando habitaciones y servicios en las diferentes residencias públicas, y derivando a cuentagotas a los mismos a residencias privadas, que ahí sí disfruta la Junta tirando de dinero público.

¿Qué pensarían los castellanos y leoneses si supieran que mientras el ejecutivo del Partido Popular tiene a pan y agua a los dependientes de esta Comunidad, se gasta los dineros de todos en contratar a personal a través de la empresa FUCODA para tramitar los expedientes de ayudas a la dependencia que luego deniegan por falta de presupuesto?

¿Qué opinarían si se les hace saber que dicho trabajo pueden y deben hacerlo los propios empleados públicos a los que ya se les paga?

¿Se acordarán los habitantes y votantes dormidos de esta Comunidad dentro de 11 meses cuando toque elegir a un nuevo ejecutivo que el Gobierno de Herrera ningunea a sus hijos, sobrinos, hermanos, amigos que no podrán optar en condiciones de igualdad al empleo público porque se ha convertido en una “potestas” más de la casta?

¿Cómo es posible que no se les caiga la cara de vergüenza mientras nos dicen que es imposible contratar a nuevo personal docente y sanitario, y siguen contratando a personal por la puerta de atrás “meándose” en la propia Constitución?

¿Resulta soportable que la propia empresa FUCODA se haya convertido en una Empresa de Trabajo Temporal que no respete los derechos de los trabajadores y que incluso incumpla su único objetivo contratando a personas sin ningún grado de minusvalía?

¿Se ha parado a pensar la ONCE que su trabajo aplicado a la empresa privada es encomiable e imprescindible para la inserción laboral de las personas con alguna discapacidad, pero qué aplicado de esta manera a la administración pública resulta escandaloso porque se burla de las horas de esfuerzo de todos aquellos discapacitados que estén en bolsas de empleo esperando una llamada de la Administración que nunca se producirá?

Este es el gran número de interrogantes que nos han suscitado las últimas denuncias e informaciones de las que disponemos.

Así el Movimiento “Viernes Negro” denunció a finales del año pasado el hecho de que sólo en Burgos hubo hasta 8 personas contratadas a través de FUCODA renovadas en diferentes años y a día de hoy parte de este personal sigue ocupando las dependencias de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. El hecho resulta aún mucho más bochornoso cuando existen pruebas de que algunos de los contratados no sufren ningún grado de minusvalía. De hecho una de las personas a las que le ha caído el “premio gordo” ha sido Mª Luz Alonso Alonso, cuñada de la mano derecha de Juan Vicente Herrera, Virginia Arnaiz González.

“Viernes Negro” seguía denunciando el hecho de que la empresa privada utilizara los propios medios de la administración pública, así como la “falta de publicidad en la página WEB de la contratación administrativa de la Junta de Castilla y León donde no aparece el contrato actual con la empresa FUCODA ni la cuantía del mismo, periodos, servicios a realizar…”

A esto que ni la Junta ha respondido ni los propios medios de información de la Comunidad se atrevieron a publicar, UNA VEZ MÁS, se añade ahora la batalla abierta por el sindicato CGT en Segovia. Este sindicato, dadas las irregularidades que se estaban produciendo en las actuaciones de la empresa FUCODA en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de esta provincia, consiguió promover una inspección de trabajo en las dependencias de la Gerencia de la cual se desprende que tanto la empresa como la Junta han realizado un tráfico prohibido de trabajadores a través de una cesión ilegal y que FUCODA está actuando a su vez como una Empresa de Trabajo Temporal, nada que ver con los objetivos de los que hace gala. De todo ello la Inspección de Trabajo ha levantado un acta de infracción firme.

Así mismo, CGT está en disposición de confirmar que las denuncias ya realizadas y silenciadas previamente por  “Viernes Negro” acerca de la contratación de personal sin ningún tipo de minusvalía son ciertas.

Otro escándalo más está servido.

El verdadero rostro de la política social de Juan Vicente Herrera

Por Lucas Mallada

El verdadero rostro de la política social del Gobierno Autonómico del burgalés Juan Vicente Herrera.

     Las órdenes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, dirigida por Milagros Marcos fueron claras: reducir un 20% los conciertos de plazas residenciales para mayores en toda la región, objetivo que casi se ha logrado con la eliminación de estas 65 plazas en la provincia de Burgos en residencias como: Gerovitalia (Burgos), Tardajos, Espinosa de los Monteros, Palacios de la Sierra, Villadiego y otras repartidas por toda la geografía provincial. Y así en cada una de las nueve provincias de la comunidad.

Esto añadido a la paralización (por falta de presupuesto, según dicen) de la adecuación de dos plantas de la Residencia Pública de Cortes ubicada en la ciudad de Burgos, lo que impide que sean ocupadas, disminuyendo arteramente las plazas disponibles para personas mayores dependientes (más allá de las 65 plazas concertadas que encabezan el artículo). Si ya antes era complicado acceder a una plaza residencial pública para una persona mayor dependiente, estas nuevas decisiones han generado un tapón insalvable. Las consecuencias recaen sobre los propios interesados, disminuyendo su calidad de vida y las atenciones que necesitan, pero también recaen sobre las familias, que seguramente sean las más afectadas por la crisis, detrayendo recursos personales y materiales necesarios para otros objetivos, que nos ayuden a superarnos colectivamente.

El ratio de plazas residenciales en Castilla y León para las personas de más de 65 años rondará el 7%, quedándose en un 1,7% las plazas ofertadas por las diferentes administraciones públicas, es decir las de acceso para todos, disminuyendo claro está. Con estas cifras seguimos alejándonos de los estándares de los países europeos de nuestro entorno, tan invocados para otras cuestiones de medida, ya sabemos que los argumentos se utilizan, por nuestros gobiernos, como los calcetines, según el lado que interese en cada ocasión.

Parece interesante que la población, y en especial las personas mayores de Castilla y León (más o menos el 23% del total), conozca estos datos tan objetivos para cuando tenga que tomar decisiones políticas y electorales.

¿Y el Señor Ignacio Díez Azcárraga, Gerente Territorial de Servicios Sociales en Burgos, cargo de confianza de los políticos de la Junta y obediente ejecutor qué tiene que alegar a todo esto? Mientras los datos no sean muy divulgados...esperemos los regalitos del 2014.

Y finalmente, recordemos que la destrucción de servicios también incide en la destrucción de empleo, directo e indirecto.