La lengua de Cervantes (escoger entre español o castellano es toda una declaración de principios) está de moda. Es un hecho. Estar de moda significa que eres un sector en alza, que mueves capital, que generas crecimiento y reconocimiento. En la selva que es el mundo te pareces mucho a una presa fácil y de una presa fácil todos quieren sacar tajada. Auspiciados por este afán de difusión de la lengua y cultura españolas han surgido incontables acuerdos, convenios, organizaciones, instituciones, fundaciones, etcétera. Si a nivel nacional el Instituto Cervantes es la joya de la corona, en nuestro pequeño terruño disfrutamos del Instituto Castellano-leonés de la lengua, que además tiene su sede aquí, en Burgos, en el Palacio de la Isla. Más allá del qué hace esta organización (actividades académicas, culturales y de investigación relacionadas con la lengua y la literatura en Castilla y León) lo intrigante es el cómo lo hace.El Instituto castellano-leonés de la Lengua es una fundación “pública”, un híbrido, un ciborg, un sándwich mixto. ¿Qué quiere decir esto? que el sector público aporta más del 50% de la dotación económica (en este caso particular casi el 100%). He aquí el absurdo. Si el cien por cien del capital que recibe una organización es público, su gestión debería ser también pública ¿no? Si no, inevitablemente, caemos en el oscurantismo, como le sucedió a Gonzalo Santonja, director del centro, en una reciente entrevista. Al ser preguntado por los recursos presupuestarios que había manejado durante el 2011, su contestación fue: “A mí no me gustan los números, pero el Instituto del año pasado no se queja. Es una no-respuesta digna del mejor de los políticos. Lo mínimo que se debe exigir a cualquier organismo financiado con el dinero de todos es transparencia. Transparencia en todos los aspectos, desde la financiación hasta la contratación de los trabajadores, bienes y servicios. Además ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no decirlo? Si no has hecho nada malo, no tienes de qué preocuparte ¿no? La cuestión aquí es que este tipo de “fundaciones” disfrutan de ciertos privilegios, siendo el más lacerante de ellos la absoluta opacidad con la gestionan los recursos “públicos” que están a su disposición. Al tratarse de organismos sin ánimo de lucro que median entre la administración pública y la empresa privada, cabría preguntarse el por qué de la constante reticencia a explicar cómo hacen las cosas. Los malpensantes dirán que esa actitud favorece que el favoritismo, el nepotismo, y el “dedazo” campen a sus anchas. Y como dice el refrán: “ancha es Castilla…”
Un dato curioso. Llama la atención que de los importes destinados por las instituciones públicas a fundaciones más del 60% esté destinado a fines culturales y artísticos, mientras que menos del 5% se consigne a fines de ayuda social o investigación. A mí hay números que tampoco me gustan, definitivamente.
