Viviendas construidas en la "antigua Flex" en Burgos Fuente:Google maps |
Somos un grupo de ocho vecinos de Burgos, de la C/Carlos Sáenz de Tejada, nº 5, “la antigua Flex”. Promoción, en régimen de alquiler de protección publica por un plazo máximo de 25 años y mínimo de 10 años; acogida al Plan de Vivienda de la Junta de Castilla y León (Real Decreto 801/2005 de 1 de Julio, Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda). Construida por JOVILMA y la promoción de INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS S.A.
En el año 2011 firmamos, con la promotora INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS S.A. un contrato de arrendamiento, visado y autorizado por la Junta de Castilla y León. A la vez que firmábamos éste, nos hizo firmar otro contrato de opción de compra de dicha vivienda, pagando por ello 24.000 Euros cada vecino, asegurándonos que teníamos garantizada la adquisición de la vivienda, y que en los siguientes 10 años, podíamos escriturar la compra.
A raíz del caso JOVILMA, en el 2013, llamamos a la promotora INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS. S.A., a la constructora JOVILMA y a uno de los socios de la promotora CAJA CIRCULO–BANCO GRUPO CAJATRES, no obteniendo respuesta alguna. Nadie sabía nada. Remitimos una carta a la Junta de Castilla y León, exponiendo la situación, y para que nos informaran si los contratos de alquiler y de opción de compra eran legales y si existía algún problema. La respuesta fue, que el contrato de alquiler seguía vigente, pero que desconocían la existencia de ningún contrato de opción de compra, ni de la entrega de 24.000 Euros por cada vecino a la promotora. Además se nos comunicó que las viviendas no se podían vender hasta haber transcurrido los 10 primeros años, y que solo se podría vender el 50% de las viviendas, previa autorización, por la propia Junta de Castilla y León. Asimismo anunciaron la apertura de un expediente, desde la Junta de Castilla y León, contra INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS S.A. por si los hechos pudieran acarrear una sanción.
Hemos sido engañados por la promotora INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS S.A., quien no nos informó debidamente de las circunstancias especiales de la venta de las viviendas, por lo que solicitamos una reunión para que devolvieran los 24.000 Euros ya que los contratos de opción de compra eran ilegales y nulos, negándose a dar una solución a nuestro problema.
Ante esto, acudimos a un abogado, que nos informó de que los contratos de opción de compra por los que pagamos 24.000 € cada uno, son ilegales. La promotora no tenía autorización para ofrecer la venta de las viviendas, es mas, tenía expresamente prohibido mediante escritura notarial ofrecer cualquier derecho de transmisión sobre dichas viviendas durante un plazo de 15 años al estar acogidas a un Plan de promoción publica de viviendas en régimen de alquiler. Además, por ley, tenía obligación de pedir autorización a las Administraciones implicadas (Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Burgos) para poder realizar, firmar u ofrecer cualquier tipo de derecho sobre dichas viviendas. Aún así, con el conocimiento de esta prohibición y limitación, nos hicieron firmar los contratos de opción de compra, y ahora se niegan a devolvernos el dinero, por que dicen que “no tienen un duro”.
Hemos presentado ante los Juzgados de Burgos una querella criminal por Estafa contra los implicados (la promotora INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS S.A., y sus socios PATRIMONIAL JMG S.L. y CAJA CIRCULO-BANCO GRUPO CAJATRES, así como contra una serie de personas físicas, también implicadas). A su vez, los vecinos del bloque de al lado, presentaron antes que nosotros otra querella ante los Juzgados de Burgos por un delito de estafa, la cual ha sido admitida y se van a practicar diligencias y declaraciones de los implicados.
NOS SENTIMOS ESTAFADOS, se nos han exigido 24.000 € a cada vecino por la compra de una vivienda de protección oficial, cuando era ilegal. Ahora nadie nos devuelve nuestro dinero.
La promotora INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS S.A., cuando se cometieron los hechos, estaba constituida y eran dueños las sociedades PATRIMONIAL JMG S.L. (propiedad de la familia de JOVILMA) y la entidad bancaria CAJA CIRCULO, siendo presidente del Consejo de Administración de la promotora la entidad bancaria CAJA CIRCULO.
Posteriormente hemos descubierto que la mercantil INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS S.A. ha podido ser vendida a finales de 2.013 a un inversor extranjero (posiblemente el mismo que adquirió la mercantil JOVILMA), quien habría adquirido el 100% de sus participaciones.