Por Asamblea de Arrendatarios de C.S.Tejada Nº5
La Asamblea de arrendatarios de la C/Carlos Sáenz de Tejada Nº5, hemos denunciado hace
semanas ante la Junta de Castilla y León la situación a la que nos expone la
propiedad del inmueble. Ante la falta de sensibilidad y la total desatención de
la Junta de Castilla y León queremos comunicar a la opinión publica nuestra
situación actual:
En el año
2011 firmamos, con la promotora INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS S.A. un
contrato de arrendamiento, visado y autorizado por la Junta de Castilla y León.
En dicho contrato se contempla el compromiso de pago de los gastos que
corresponden por parte de los arrendatarios, así venimos haciéndolo desde 2011.
En reiteradas ocasiones hemos pedido las facturas de la comunidad a la empresa
INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS, hemos abonado los gastos de la comunidad sin
que se nos muestre ninguna factura de ningún gasto común. Hace unos meses nos
mostraron los Balances de ingresos y gastos fotocopiados, no así los
justificantes, ni facturas correspondientes a los ingresos y gastos. Después
cesa la empresa encargada de la comunidad.
A raíz de
esto, otra empresa gestiona la comunidad del edificio, sin más acreditación que
una carta, se presentan como administradores de la comunidad, y sin recibir los
vecinos notificación alguna de INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS.
La propiedad
del edificio, INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS, nos reclama, ahora, facturas
ya abonadas y nos presenta unas nuevas cuentas
tergiversadas para repercutir a los arrendatarios impuestos y gastos que
corresponden a la Propiedad del inmueble, algunos abonados en 2011 (803,75
€), 2012 (1631,38 €) y 2013 (1693,30 €) por la propiedad del mismo, con el fin
de cobrarlos a los vecinos tres años después y a sabiendas que son impuestos municipales
que corresponden a la propiedad. También nos impone una derrama de 200 € por arrendatario, una subida de la cuota
mensual, una subida de los términos fijos del agua caliente y de la
calefacción, fijando una subida por encima del 60% en el precio del metro
cúbico de agua caliente y de más del 30% en el precio de los Kw/hora del
consumo de la calefacción. También y según las fotocopias de los balances, la
propiedad del inmueble adeuda importes a la comunidad que le corresponde
abonar.
Además de lo
anteriormente descrito, la propiedad nos cobra conceptos que no se contemplan
en nuestros contratos de arrendamiento como el coste del administración,
material de oficina, seguro de la comunidad, intereses de bancos, fotocopias,
correo, retención del IRPF… nos han sido imputados desde el 2011 sin que nos
corresponda abonarlos, y seguimos abonándolos bajo la amenaza de que nos van a
cortar la luz, la calefacción, el gas, agua caliente… nos sentimos amenazados,
coaccionados y desamparados: queremos
recodar que estas viviendas son subvencionadas con dinero público por la Junta
de Castilla y León, y que es vinculante con el contrato que tenemos visado en
esta administración.
En repetidas
ocasiones el arreglo de los desperfectos, como bombillas, portero automático,
manillas de puertas, ascensores,
cerraduras… se demora o se ignora y esto
produce que el inmueble se deteriore con humedades, manchas… o inundaciones
repetidas en los trasteros que han hecho perder enseres a vecinos de la
comunidad que ya ni si quiera se hace cargo el seguro de la comunidad, alegando
que son defectos del inmueble.
La demora en los arreglos también afecta al acceso a la
vivienda de algunas personas con discapacidad, así queremos denunciar ante la Junta de Castilla y León que
una persona discapacitada física con silla de ruedas, no pudo
acceder a su vivienda hasta que varios vecinos la subieron aupándola, ya que la
empresa INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS decidió demorar el arreglo del único
ascensor apto para la silla de ruedas. De cuatro ascensores que se colocaron
solo se puede acceder con uno a su domicilio, además el edificio no dispone de rampa de acceso en previsión de que se
pueda averiar este único acceso para discapacitados y personas con movilidad
reducida.
Denunciamos la
existencia de viviendas vacías ; 8ºE, 9ºB, Bajo C… y alguna más; estas
viviendas son negadas a ciudadanos que las solicitan en régimen de alquiler y
que cumplen los requisitos exigidos por
esta
administración. Varios ciudadanos demandantes de vivienda protegida, inscritos
en la bolsa de viviendas de la Junta de Castilla y León, han solicitado una
vivienda de alquiler a lo que la propiedad responde que no existe ninguna vacía
o disponible para arrendar, así no se cumple la finalidad de la creación de
estas viviendas y se da la especulación con VPOs. Estamos muy lejos del
espíritu social para el cual fueron creadas estas viviendas y contemplamos como
se está haciendo negocio lucrativo con viviendas de protección que se financian
con dinero público.
Queremos exponer y denunciar la
situación de desamparo a la que nos vemos sometidos los arrendatarios de este
edificio siendo unas viviendas en régimen de alquiler y cuya protección publica
es responsabilidad de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Solicitamos la intervención inmediata de la Junta de
Castilla y León como parte implicada y responsable de estas viviendas para que
se examine la situación y se depuren responsabilidades.
Exigimos la devolución de todo el dinero que se nos está
cobrando de más, ya que los gastos no contemplados en nuestro contrato y
abonados con los conceptos mencionados anteriormente, alcanzan ya los 10.832,53
€ que corresponde en parte proporcional a cada arrendatario.
* Viviendas en régimen de alquiler de
protección pública y acogida al Plan de Vivienda de la Junta de Castilla y León
(Real Decreto 801/2005 de 1 de Julio, Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda). Construida por JOVILMA y la promoción
de INVERSIONES PATRIMONIALES URBANAS S.A., propietaria del inmueble.
