Por
Burgos Dijital
A principios de 2012 una de las primeras decisiones del ejecutivo de Rajoy es el comienzo del estudio de la reducción del déficit público poniendo el foco especialmente sobre la eliminación de duplicidades competenciales y la disminución de la inversión económica en las denominadas “empresas públicas”. Así tras una reunión con todos los responsables de las autonomías se acordó trabajar rápidamente en ello. Y como no, uno de los primeros en ponerse a su disposición para este arduo trabajo fue el gobierno de Castilla y León con Juan Vicente Herrera y Pilar del Olmo, a la sazón Consejera de Hacienda, a la cabeza del pelotón.
Así tras llegar de la Corte, Don Juan y Doña Pilar cacarearon a los 4 puntos cardinales de la meseta su disposición a acometer tamaña y complicada empresa. Incluso llegaron a prometer en medios de contrastada solvencia e imparcialidad como El Norte de Castilla o el Diario de Burgos que en menos de un año reducirían a la mitad el ingente número de “chiringuitos” creados durante las dos décadas anteriores.
Nada más lejos de la realidad… A día de hoy de lo dicho más bien poco. Ahí siguen con actuaciones e inversiones más que discutibles el ITACYL, la Fundación Siglo, los diferentes ADEs, Provilsa y muchos otros ingenios nepóticos de la “Administración B”.
Pero lo peor de todo no es la manifiesta intención de mantener dichas empresas, sino el descarado engaño potenciado por la complicidad y la corrupción de altos funcionarios y la sumisión de los periodistas, si se les puede llamar así, que se le hace a la ciudadanía que pace por estas tierras.
No somos más que víctimas del juego de estos trileros que consiste en escondernos con ejercicios de prestidigitador la verdad como si se tratara de la bolita del juego del trile, y de ofrecernos pequeños trazos de la misma para tener la ilusión de que podemos hacer factible la idea del control del pueblo sobre sus gobernantes, de la misma manera que el estafador permite que su víctima acierte cuando la apuesta de dinero es baja y tiene como objetivo atraer más incautos a la trampa…
Para corroborar semejante paralelismo voy a explicaros una de las decenas de trampas de los caciques de marras. El 2 de noviembre de 2006 se crea la empresa pública “Sociedad Pública de Medio Ambiente”. A mediados de 2009 se le da el nombre de SOMACYL y comienza a contratar bastante personal para la tramitación de subvenciones, mientras la Junta, no olvidemos capitalista de dicha empresa, deja de contratar a los ciudadanos que se lo habían ganado a través de pruebas y su posterior colocación en bolsas de empleo.
Por aquel entonces el Viceconsejero de Desarrollo Rural José Manuel Jiménez Blázquez se convierte a su vez en el Consejero Delegado de la flamante nueva empresa y en el principal inspirador de la desastrosa idea de crear la “Ciudad del Medio Ambiente” en Garray (Soria), coladero de pasta, y despropósito ambiental y cultural (recordar que el señorín no sabía que la inversión urbanística se iba a hacer encima de la ciudad de Numancia). Al parecer fue tan maravillosa su gestión que ahora mismo es Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.
Los intentos de privatizar la política ambiental de la Junta no cejaban, y en 2010 Herrera quiere pasar todo el personal laboral contratado de la Consejería de Medio Ambiente al chiringuito pero no lo consigue tras las innumerables quejas y presiones que ejercen parte de los empleados públicos de dicha Consejería al amenazar con dar publicidad a lo que se intentaba perpetrar. Dado que los responsables del Somacyl ya daban por hecho el traspaso de dicho personal, tuvieron la maravillosa idea de alquilar oficinas en todas las provincias sin que ninguna se usara durante un año (y ya llevábamos dos años de crisis).
Hete aquí que llegamos de nuevo, tras el flashback, a 2012 cuando la Junta decide reducir empresas públicas. Por ello se decide, entre otras cosas, suprimir el Somacyl y despedir a todo el personal contratado para la tramitación de subvenciones. Y es justamente aquí, como otras tantas veces, que la Junta esconde la bolita entre las manos y nos hace creer que podemos seguir jugando sin trampa ni cartón: dos meses después, en marzo, vuelven a contratar al grueso del personal (recordemos contratados a dedo) a través de otra gran empresa pública llamada TRAGSA. Mientras tanto, y lo que es aún más grave, la Junta había decidido tres meses antes despedir a una treintena de laborales contratados a través de las bolsas en la Dirección General de Medio Natural.
Avanzamos hasta finales del año pasado, y el 31 de diciembre de 2012 la Consejería de Fomento y Medio Ambiente decide extinguir el contrato de 12 auxiliares administrativos y 5 técnicos, lo cual supone un ahorro de 464.319,29 €. Al mismo tiempo se aprueba (y esto no es una decisión económica) la continuidad durante dos años más del personal contratado a dedo por TRAGSA: una decena de técnicos para la Asistencia Técnica en Incendios Forestales, y unas treinta personas, entre técnicos y auxiliares, para la gestión de las subvenciones de la PAC. El coste total es de 3.529.585,29 €.
Por si esto no resulta escandaloso, a la empresa TRAGSA se le ponen a disposición de su personal las dependencias de la Junta, sus equipos informáticos, su material de oficina, e incluso la colaboración forzosa de algunos empleados públicos…, es decir lo que pagamos entre todos.
A la enésima mentira de Herrera en los recortes hay que añadir el nepotismo de este individuo que parece que nunca rompe un plato pasándose por el forro los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, mientras miles de jóvenes castellanos y leoneses, y no tan jóvenes, se parten el alma formándose y buscando sin trampas ni atajos un sitio laboral dentro del empleo público, tan digno y necesario como cualquier otro.
