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viernes, 19 de febrero de 2016

Varoufakis: El Plan B del Reformismo para democratizar la UE



OPINIÓN

Por Tomás Martínez (IZAR)


La izquierda alternativa europea sale de esta primera embestida de crisis capitalista con la gallina de los huevos de oro griega por los suelos. 
Tras el estrepitoso fracaso de la experiencia de Syriza y la gestión de salvamuebles en las instituciones hoy del Bloco de Esquerda en Portugal y Podemos en el estado español, la alternativa amplia contra austeridad ha necesitado de un nuevo impulso de renovación urgente de la confianza en los parlamentos para incidir en la agenda de la troika.

Tras el descenso a los infiernos del exministro de finanzas griego por su inflexibilidad e  irreverencia en el trato a las instituciones europeas durante la negociación, pero sobre todo al alejarse de Tsipras a medida que se disponía a aceptar el tercer memorándum griego tras el referéndum de julio, Giannis Varoufakis se ha puesto a la cabeza de un proyecto paneuropeo “para reconstruir la esperanza democrática en Europa”.

La nueva organización, que será una red de organizaciones filiales en diferentes países del sur de Europa golpeados por las dentelladas de la austeridad,  lleva el nombre de DIEM 25, Movimiento Democracia en Europa 25, y en palabras del propio profesor y economista, se trata de buscar una tercera vía entre “quienes quieren volver al capullo del estado-nación y los que aceptan las políticas autoritarias de unos instituciones profundamente antidemocráticas” para evitar el naufragio del proyecto europeo.

La apuesta del popular economista busca llevar a cabo lo que según él no quiso hacer el gobierno griego, del que habla como si no hubiera formado parte. Si el primer gobierno de Syriza tenía un plan A con el que renegociar la austeridad en Grecia y de ahí abrir así una vía para el sur de Europa, la propuesta de Varoufakis es la de una asamblea constituyente que lleve a cabo una refundación real de la UE desde adentro superando la tecnocracia, que habría sido el obstáculo para medidas audaces.

La fórmula de Varoufakis no ha sorprendido en Grecia, en donde el proyecto apenas es conocido y Unidad Popular (LaE), la fuerza escindida de Syriza tras el rescate, no tiene vínculos directos con él, pues siempre se supo que su protagonismo no se había apagado. A la que considera capitulación del primer ministro heleno, al que no deja de atacar con dureza, se suma el hecho de que la estructura jerárquica de Syriza acalló toda voz disidente.
Conviene recordar aquí que Giannis Varoufakis se incorporó a la formación política de Tsipras a mediados de 2014 para redactar – pero sobre todo modular – las propuestas económicas de Syriza, el llamado “programa de Salónica”, en donde planteó los siguientes puntos: ninguna decisión del futuro gobierno podría cuestionar los tratados europeos vigentes, la reestructuración o moratoria de la deuda defendida en 2012 no cabría en la actual UE y la negociación con la troika se haría sin líneas rojas.

Fue mucho más explícito en campaña electoral de enero de 2015, con el programa cerrado, al afirmar que “un gobierno de Syriza seguiría pagando la deuda aunque de forma escalonada, con la flexibilidad del mercado laboral y sin revocar en una primera legislatura las reformas de PASOK-ND”. Curiosamente se da la paradoja que Giannis Varoufakis, como afirma en su libro “El Minotauro global”, nunca se ha considerado marxista como sí casi todos los actuales ministros de Tsipras.


La que lo acompaña es Zoe Konstantopoulou, expresidenta del parlamento, que estuvo presente en las jornadas de presentación del Plan B, embajadora junto a formaciones políticas de izquierda del continente y la firma de intelectuales y eurodiputados del Grupo de la Izquierda Unitaria. El manifiesto presentado hace un par de semanas parte de un golpe de estado financiero ejecutado al gobierno griego y se centra en lo antidemocrático de una UE obediente al mundo financiero.

El mensaje es de amplio espectro y superficial: es urgente la búsqueda de una vía alternativa al neoliberalismo que devuelva la esperanza a las fuerzas que se oponen a la austeridad y recupere la justicia social y los servicios públicos desmantelados por la deudocracia. Hay una crítica a la voracidad del sistema financiero y su desregulación, a la tecnocracia y tratados europeos, y a la privatización de bienes y derechos comunes. El manifiesto confía en la transparencia y en desmontar los acuerdos desde dentro.

Hay una pasmosa interpelación a lo urgente que es imponer democracia en la UE, como si la agresividad de la crisis económica, las políticas capitalistas ejercidas y la instituciones que las ejecutan se hubieran desbocado con el chantaje de la troika en julio de 2015 y no respondieran a la defensa de unos intereses de clase e imperialistas bien definidos desde su génesis. Se confía en la posibilidad de una “arquitectura correcta” limpiando la incompetente tecnocracia que anida en las instituciones.
El origen del problema, el vértice del torbellino económico en el que las clases trabajadoras europeas se encuentran naufragando, está increíblemente diagnosticado por los promotores del Movimiento Democracia en Europa 25 y las organizaciones políticas que lo sostienen, en una despolitización de las decisiones europeas, actualmente en manos de burócratas, tomadas al margen de procesos democráticos, y que podrían corregirse con un proceso constituyente europeo. Tal cual.

Este marco programático permite aglutinar las firmas de Beatriz Talegón, exdirigente de la JJSS, eurodiputados verdes, del Bloco portugués, la Alianza Rojiverde danesa, Die Linke y la dirección de IU, quienes no han tenido inconveniente de co-gobernar con el social-liberalismo, hasta Susan George, Ada Colau, Juan Torres, sectores de Podemos que incluyen a los economistas Alberto Montero, Nacho Álvarez y Bibiana Medialdea y Anticapitalistas, cargos de las CUP e intelectuales como Noam Chomsky.

Un manifiesto tal podría haberse redactado hace 2 años y es similar al de apoyo a que Syriza no se doblegara de hace unos 6 meses. Sólo puede explicarse este texto por el clamoroso y estratégico silencio que guarda sobre ejes nítidamente anticapitalistas, para una alternativa radical al modelo económico y de construcción europea. No hay siquiera una mención a reestructurar la deuda, manifiestamente insuficiente para romper con la austeridad, ni cuestiona en esencia el euro, ejes de la crisis capitalista, ni plantea  nacionalizaciones de banca y expropiaciones.

Es más que evidente que la ausencia de una interpelación a las clases trabajadoras europeas y a su movilización sostenida para derribar las políticas de la troika dirigen el proyecto hacia un nuevo y conocido brochazo de barniz de la izquierda reformista, que intenta resituarse en Europa a golpe electoral. No hay una apuesta por la construcción de una huelga general europea desde abajo, ni una crítica a las políticas imperialistas de la UE en Oriente Medio y el Magreb.

Si en el diagnóstico no hay una profundización de la irreformable estructura de la UE y del propio capitalismo, en las tareas el Plan B de Giannis Varoufakis y Podemos-IU resulta una completa decepción incluso para aquellos sectores más avanzados con los que hacer política desde el reformismo, pues sólo se plantean soluciones en una órbita institucional y desde arriba, como los mismos foros han sido programados: las citas en Berlín y Madrid para este mes de Febrero agrupan a expertos y destilan elitismo.

Parchear el fracaso del primer “gobierno de izquierdas” en la UE enmarcándolo como denuncia del chantaje implícito del propio capitalismo para acabar proponiendo las recetas de antes supone seguir moviéndose en la gestión humanitaria de la austeridad. Afirmar que la UE será democratizada o se desintegrará raya en una ingenuidad absoluta y ridícula, muy en la línea del currículum del exministro antes de hacerse conocido.

Las renuncias y pasos dados por el Bloco de Esquerda en el gobierno portugués y el camino recorrido por Podemos y las confluencias en los gobiernos del cambio, los dos planes B nacionales que ya se han puesto a andar, bendecidos por sus direcciones, son ejemplos del límite reformista y su reformulación a nivel europeo. Giannis Varoufakis no es más que el comodín que pone ahora su rostro mediático.




martes, 16 de febrero de 2016

Reunión regional de Plataformas por la Escuela Pública

Por Burgos Dijital

Durante la mañana del pasado sábado tuvo lugar un encuentro regional de las Plataformas por la Escuela Pública existentes en las provincias castellanas y leonesas, entre las que se encontraban representantes de la plataforma burgalesa, junto con algunas organizaciones sindicales, responsables del área de Educación de algunos partidos políticos y de otros organismos, como el Concejo educativo de Castilla y León. 
El objetivo de la reunión era estrechar lazos entre las distintas plataformas y organizaciones, y plantear algunos puntos en común para trabajar durante los próximos meses en los temas más urgentes de interés educativo.


Al margen de las particularidades propias de cada provincia (como en el caso de Segovia, por ejemplo, donde tienen serios problemas con la gestión de los comedores escolares por parte de empresas como Serunión y los alimentos en mal estado), se mantienen las principales reivindicaciones respecto a la LOMCE, como la paralización inmediata de las pruebas externas de 3° y 6° de Primaria, una titulación única para los estudiantes de secundaria obligatoria, la recuperación del poder de decisión de los consejos escolares y los claustros de los centros, recuperación de la inversión en Educación y paralización de los recortes en recursos y plantillas, y en el ámbito universitario, algunas de las cuestiones de mayor impacto en estos momentos tienen que ver con el famoso 3+2, las facilidades que se dan a universidades privadas que duplican algunas titulaciones a existentes en la pública, o cuestiones relativas a la financiación de la investigación (las últimas noticias indican que se busca favorecer la inversión privada en la investigación).

Por otro lado, las recientes declaraciones del PSOE acerca de no derogar la actual ley educativa (el documento de Sánchez solo habla de paralización), en el caso de que llegara a gobernar, no deja muy tranquila a la comunidad educativa, puesto que lo ven como un paso atrás en la derogación inmediata de esta ley tan polémica.

martes, 2 de febrero de 2016

Qué hay detrás de los Proyectos de autonomía de los Centros Escolares

Por CGT Educación

En enero la Consejería ha publicado la regulación de los proyectos de autonomía para primaria, ampliando los plazos de solicitud, pues no tenía ningún sentido que las solicitudes se hayan tenido que presentar antes de que se desarrollase la normativa correspondiente. Esta regulación, aunque sea específica para primaria, tiene que ser entendida también como un adelanto de la propuesta que se espera para el curso que viene en secundaria.

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS PROYECTOS DE AUTONOMÍA?

Tras leer la regulación no está claro en qué consisten exactamente. Permiten la introducción de las siguientes asignaturas de libre configuración autonómica en todos los cursos de Primaria: segunda lengua extranjera en 5º y 6º de Primaria (al menos 1 hora semanal), profundización o refuerzo de áreas troncales o asignaturas relacionadas con sistema braille, tiflotecnología, autonomía personal o lenguaje de signos.
Esto se podrá hacer aumentando el horario lectivo más allá de las 25 horas. La otra alternativa es encajarlo en las 25 horas lectivas del centro, para lo que habrá que reducir horario del resto de asignaturas, estableciendo un mínimo de horas para cada asignatura, de modo que el centro disponga de las siguientes horas para el proyecto de autonomía: 1 hora en 1º, 2 horas en 2º, 3 horas en 3º y 5 horas en el resto de cursos.

Los centros también tendrán potestad para modificar el calendario escolar, pues podrán adelantar el inicio de curso al 7 de septiembre y prolongarlo hasta el 24 de junio.

Para su desarrollo, con carácter general los centros no contarán con recursos humanos y económicos adicionales, señalándose de forma específica que la introducción de una segunda lengua extranjera queda supeditada a que se disponga de profesorado con titulación o habilitación.

Al personal docente se le pedirá que firme por escrito un compromiso de participación en actividades de formación, firma que será voluntaria pero se tendrá en cuenta a la hora de autorizar el proyecto.

Los centros incompletos y CRAS con menos de cinco unidades, podrán solicitar proyecto de autonomía propio o con otros centros. Igualmente, los Centros de Educación Especial podrán presentar proyectos con otros centros en los que se favorezca la integración del alumnado.

Mientras en los centros públicos el proyecto ha de ser aprobado por el claustro y el consejo escolar, en los privados-concertados basta con la aprobación del claustro y la mera información al consejo escolar, facilitando que los centros privados-concertados presenten proyectos de autonomía

¿QUÉ SE ESCONDE REALMENTE DETRÁS DE ESTOS PROYECTOS DE AUTONOMÍA?

En CGT no vemos en estos proyectos una verdadera apuesta por la autonomía: las opciones son limitadas, no se permite participación en el diseño del currículum y no está pensado de cara a la implantación de nuevas metodologías. Además, los centros que impartan una segunda lengua extranjera en 5º y 6º de primaria, cuyo director/a finalice su mandato en 2016, se ven obligados a elaborar el correspondiente proyecto de autonomía, con todo el trabajo y papeleo que ello supone. Por otro lado, no se puede esperar dotación de una mayor autonomía en el marco de la LOMCE, una ley impuesta que resta competencias al Consejo Escolar.

Por tanto, si el objetivo no es fomentar la autonomía, ¿qué es lo que se persigue? Estos proyectos, además de una propaganda institucional, buscan fomentar la competencia entre centros, máxime cuando la Consejería se reserva el derecho de hacer propaganda de los centros que implanten proyectos de autonomía. Fácilmente podemos esperar que los centros privados-concertados amplíen tanto la jornada lectiva como el calendario lectivo, entrando en una “guerra” por ver quién es capaz de 
mantener más días y durante más horas al alumnado en las aulas, de tal manera que al final todo el profesorado acabaremos trabajando más por menos salario (no olvidemos los recortes salariales sufridos y que no hemos recuperado).

La dotación económica se articulará en torno a convocatorias exclusivas para centros que hayan puesto en marcha proyectos de autonomía, lo que acrecienta la competencia entre centros y, sobre todo, supone una grave discriminación para el resto de colegios.

En cuanto al ámbito pedagógico, ¿qué criterios se van a seguir a la hora de decidir qué asignaturas se recortan?, ¿qué pasa con estas asignaturas?, ¿están los currículos diseñados para soportar recortes horarios?, ¿contribuirá esta situación a la cohesión y el trabajo en equipo en los centros o generarán enfrentamientos que dificulten la cooperación pedagógica?

A todo ello hay que sumar que los centros que desarrollen estos proyectos serán sometidos a evaluaciones externas que se centrarán en los resultados académicos de las alumnas, ahondando en esa política educativa que solo contempla “los resultados inmediatos” y que desde CGT rechazamos profundamente.

El modelo de enseñanza que defiende CGT se basa en la autogestión, la participación, la cooperación... Por eso rechazamos propuestas que se basan en la competencia no solo entre centros sino también entre asignaturas, que conducen a la explotación laboral, al enrarecimiento del ambiente en los centros y a la discriminación de asignaturas, en lugar de a su integración en proyectos conjuntos.

miércoles, 27 de enero de 2016

Los pueblos burgaleses sin derecho a Sanidad

Por Burgos Dijital

Al parecer el gobierno popular sigue empeñado en luchar contra la despoblación en las zonas rurales de esta ya desértica Comunidad.

No contento con suprimir paulatinamente los exiguos servicios públicos secundarios en nuestros pueblos, persigue una sorda e impenitente destrucción en los servicios esenciales, la educación y la sanidad, una vez que los dineros de las "dependencias" se están yendo por las alcantarillas del partido que gobierna: trama éolica, Hospital ¿Público? de Burgos, trama Gürtell (que nadie se olvide del otrora Secretario General del PP Jesús Merino) o la cueva de ladrones en que se convirtió la Consejería de Economía y sus empresas públicas comandadas por Tomás Villanueva.

Mientras nos confunden con los dimes y diretes de la formación del gobierno de la nación o la entrañable estabilidad política del ejecutivo de Herrera avalada por los Ciutadans y la paz social de los sindicatos mayoritarios, los recortes siguen adelante imparables.

Uno de los que más han escocido en los últimos dos meses en nuestra provincia es la precarización de los servicios sanitarios en las guardias del Centro de Salud Burgos Rural tras la supresión de uno de los tres médicos con los que contaban las 198 localidades del alfoz que se asisten en este área.

El 12 de noviembre de 2015, uno de los diarios de la ciudad se hacía eco de una supuesta decisión técnica ejecutada por la Gerencia de Atención Primaria que consistiría en trasladar a este médico a cubrir las guardias de Gamonal y San Agustín, es decir como denunciaban los profesionales "desvestir a un santo para vestir a otro". 

Varios médicos, tras las débiles protestas del sindicato corporativo CESM, decidieron hacer pública su versión de los hechos y expresar su malestar por la precariedad de sus condiciones laborales, que se han visto empeoradas, y del servicio que prestan.

En primer lugar contradicen al diario local en las informaciones dadas a los y las burgalesas, en un nuevo ejemplo del tipo de periodismo que se ejerce en la ciudad, desmintiendo que la Gerencia se reuniera con la Junta de Personal para discutir esta decisión, ya que seis días antes ya se había tomado y fue la propia Gerente la que se lo comunicó al personal sanitario.

L@s profesionales denuncian la arbitrariedad de la decisión basándose en una comparativa de datos demoledora: una cobertura de población de más de 18.000 habitantes repartidos en 198 localidades para dos médicos respecto a localidades, para que sirvan de ejemplo, como Roa con 6.015 habitantes y dos médicos o Briviesca con 8.703 y tres médicos. A ésto habría que añadir la cobertura de localidades con distancias superiores a los 50 Km con pueblos considerados de especial asistencia por alta montaña como Pineda de la Sierra.

Los médicos también se quejan especialmente de las carencias de los recursos con los que cuentan así como de las obsoletas instalaciones sanitarias, llegando a exponer que tienen que manejar vehículos a los que les cuesta pasar la ITV y que trabajan en Centros de salud que incumplen las normativas de salud laboral, sin puertas de emergencia y sin las debidas condiciones de habitabilidad. A ello se le une la inexistencia para todos estos centros de personal administrativo y de auxiliares de clínica.

Otro asunto realmente peligroso es que además este mínimo personal sanitario debe de cubrir las urgencias sanitarias en once residencias de la Tercera Edad, ya que éstas carecen de médico en horario de atención continuada.

Por último añaden la imposibilidad de conseguir cumplir con toda la carga de trabajo acumulada exponiendo que no son sustituidos ni si quiera en procesos de enfermedad o problemas familiares. Hecho contrastado por Burgos Dijital, puesto que ya son muchas las quejas efectuadas por pacientes que se encuentran sin previo aviso sin médico que les atienda.

Uno de los casos más sangrantes se produce en la misma ciudad de Burgos donde los habitantes del Barrio de Villatoro se han encontrado en muchas ocasiones con la imposibilidad de reservar una cita en horario ordinario sin ninguna explicación por parte de las autoridades sanitarias.

Tras esta arbitraria y grave medida, varios médicos de atención primaria han decidido recoger firmas en diversos centros de salud de la capital

Mientras tanto lo más aconsejable para un burgalés es no ponerse malo y seguir pagando sus impuestos para reparar las losas volanderas del HUBU y pagar sin rechistar el canon a la concesionaria Eficanza y el sueldo del imputado Gerente Arribas.

miércoles, 13 de enero de 2016

Ridícula convocatoria del Programa para la Mejora del éxito Educativo

Por CGT Educación
La Consejería de Educación llena el BOCYL de bonitas palabras de compromiso con la calidad de la Educación y con atender las necesidades del alumnado de Castilla y León y finalmente solo convoca refuerzo para los alumnos de 4º ESO en el mes de Julio


Cuando uno lee la introducción de la convocatoria de este programa para el curso 2015-2016 en el BOCYL se piensa que estamos ante una Administración que lo único que tiene es preocupación por nuestro alumnado con dificultades o necesidad de apoyo. Podemos leer lo siguiente:
"la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en su compromiso de seguir avanzando hacia la consecución de una escuela de calidad que dé respuesta a las necesidades del alumnado, considera de especial importancia la puesta en marcha deprogramas de refuerzo que faciliten la promoción del alumnado y la continuidad en el sistema educativo. El Programa para la Mejora del Éxito Educativo contribuye de forma clara a la consecución de dichos objetivos."

Pues bien, en este curso 2015-2016 la única medida de refuerzo que nos encontramos es el refuerzo para alumnos de 4º ESO que suspendan la evaluación final en Junio de Matemáticas y/o Lengua Castellana durante el mes de Julio para preparar la prueba de Septiembre. Ningún refuerzo u apoyo para el alumnado de 1º y 2º ESO, ningún refuerzo u apoyo para alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria, ningún refuerzo u apoyo para alumnado de 3º y 6º de Primaria, ... 


En fin, un gran compromiso con la calidad educativa y con la atención a las necesidades y dificultades de nuestro alumnado. Para ponerse medallas sí que dedican tiempo.

miércoles, 16 de diciembre de 2015

La Junta de Castilla y León acumula más de tres meses de retraso la dotación de equipos informáticos en FP y FP Básica

Por CGT Educación Castilla y León



LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN ACUMULA UN RETRASO DE MÁS DE TRES MESES EN LA DOTACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA FP Y FP BÁSICA EN 52 CENTROS DE LA COMUNIDAD 




La Consejería de Educación de Castilla y León aprobó el pasado 12 de febrero de 2015 la partida presupuestaria para dotar de equipos informáticos a Centros Integrados de Formación Profesional y Centros de Educación Secundaria que impartían FP Básica y Ciclos Medios y Superiores de FP en la Comunidad. 

La dotación presupuestaba 704 ordenadores, de los cuales 164 eran de altas prestaciones. En junio la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León anunció en una nota de prensa “a bombo y platillo” su extraordinaria inversión en FP Básica y FP, que suponía un total de 474.000 euros. 
Lo que en ningún momento aclaró es que esta dotación estaba cofinanciada por el Fondo Social Europeo, inserta en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. FSE que se desarrolla entre 2014-2020. En propias palabras de la Consejería de Educación de Castilla y León: 
Para poder comenzar el curso escolar tanto en el segundo curso de la Formación Profesional Básica, como en los nuevos ciclos de FP previstos para el 2015-2016, la Consejería de Educación ha considerado necesario complementar el equipamiento de los centros que imparten estos niveles educativos. 

En especial, la Administración educativa autonómica ha estimado que era imprescindible mejorar la dotación de ordenadores, con especial urgencia en aquellos estudios cuyo contenido es esencialmente digital, tales como los ciclos de informática o de imagen y sonido, entre otros. 

Desde CGT Educación Castilla y León denunciamos que ninguno de los 52 centros al inicio de curso había recibido los ordenadores. Esto ocasionó graves problemas de gestión y organización en los centros, ya que no podían impartir con normalidad las clases, pues no contaban con los recursos prometidos. 
Es más, reconocía la Consejería que había priorizado en la distribución a los ciclos y centros más necesitados en recursos informáticos. Ante esta situación CGT se puso en contacto con las diversas Direcciones Provinciales que en la mayor parte de los casos culpó a la empresa adjudicataria por ciertos problemas en la distribución del material. 

El retraso en la distribución no era una cuestión de días o semanas, se ha prolongado durante meses. Con un tercio del curso escolar a punto de concluir, este asunto no ha sido solventado con la premura y la solvencia que se exige a una Consejería, que no ha hecho otra cosa que escudarse y justificarse tras los problemas de una empresa que no consta en las licitaciones de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

Desde CGT pedimos en primer lugar que los recursos para los centros estén disponibles al inicio del curso escolar con el fin de no interferir de ninguna manera en la organización y puesta en marcha del curso académico; en segundo lugar, exigimos transparencia tanto en las licitaciones a empresas privadas como en la gestión de las partidas económicas que provienen del Fondo Social Europeo, ya que la Consejería de Educación no desglosa los créditos europeos que recibe en inversiones o medidas concretas, se limita a englobarlas en objetivos genéricos que en ningún modo aclaran dónde terminan esos fondos; en tercer lugar, reivindicamos que la Consejería actúe con la eficiencia que se espera de una institución pública y no permanezca como en este caso inactiva, incapaz de dar respuesta a una situación que afecta a 52 centros de la Comunidad, eludiendo responsabilidades y esperando que un asunto tan grave pase desapercibido y se solucione por sí mismo. 

Debemos por último destacar, que desde que CGT empezó a denunciar la situación de los centros y a indagar en qué estaba ocurriendo con esta dotación informática, entonces y solo entonces la Consejería a través de sus Direcciones Provinciales empezó a tomar medidas para remediar parcialmente la situación creada, casi tres meses después del comienzo del curso 2015-2016.

sábado, 12 de diciembre de 2015

Preguntas de la Asamblea de Parados y Precarios al Pleno del Ayuntamiento de Burgos


Por Asamblea de Parados y Precarios de Burgos

La Asamblea de Parados y Precarios de Burgos ha realizado dos preguntas al Pleno del Ayuntamiento del 11 de diciembre:

1ª Pregunta

            Hemos tenido conocimiento de la aprobación del las nuevas bases de ayudas para el abono deportivo, a las personas en situación de precariedad.

            Queremos que se explique por qué habiendo aumentado la precariedad de los desempleados, se aumentan las exigencias para acceder.

              1º.- Se reducen los ingresos máximos para tener derecho.

        2º.-Se impide acceder a estas ayudas a las familias que conviven en el mismo domicilio, bien sean plurales o monoparentales, uando estas convivencias han aumentado como consecuencia de la situación de precariedad, dándose tanto en hijos que vuelven a caso con su propia familia, como personas que se unen para poder sobrevivir.

            3º.- Esto se agrava porque el tiempo de solicitud se acorta, además de que solo se puede realizar una vez al año.

            Abundando en el despropósito, para que estas ayudas no tengan significado, no se publicita, así este Ayuntamiento evita las solicitudes por desconocimiento o por estar fuera de plazo, y a posteriori presume de normativa en ayudas sociales. Esta actitud hipócrita y torticera se viene repitiendo en todas las normativas que se aprueban para regular ayudas a la ciudadanía, siendo totalmente diferente cuando las ayudas van dirigidas a las empresas.

            Por último desconociendo el proceso normativo para aprobar estas ayudas, consideramos que se debía haber hecho con anterioridad para facilitar los plazos y el conocimiento público. Así como que debía ser debatido y aprobado en el Pleno de este Ayuntamiento.

            Preguntamos al Sr. Alcalde, ¿si tiene conocimiento de esto? y ¿si va hacer algo por mejorar esta situación?


2ª Pregunta

            Queremos denunciar la última ocurrencia de este Ayuntamiento para recaudar a cargo de las personas en situación más precaria.

            Los ciudadanos que realizan un curso de formación, tienen derecho a solicitar una subvención de transporte, que está regulada en unos importes básicos. Les exigen un certificado de consumo que tiene que emitir el Servicio Municipal de Movilidad y Transporte,  y por el que éste les cobra 12€.

            Ya nos parece incomprensible que este tipo de información no se realice por comunicación interna entre Administraciones, pero lo que es impresentable es que el Ayuntamiento cobre por un certificado que se solicita para obtener una ayuda (en algunos casos de poco más importe que el coste del certificado).

            Parecería que ambas Administraciones se ponen de acuerdo para hacer desistir a los ciudadanos de solicitar ayudas, que correspondiéndoles, además se publicitan como intento de demostración de sensibilidad social.

            Exigimos que el Ayuntamiento, como gestor público de cercanía, establezca el método necesario para dar la información que requieran otras administraciones para la solicitud de ayudas, subsidios, etc.…, de forma interna y por supuesto sin ningún tipo de cargo para el ciudadano,  solicitante, al menos si esta en desempleo,

            Preguntamos al Sr. Alcalde, ¿si tiene conocimiento de esto? y ¿si va hacer algo por mejorar esta situación?


                       

martes, 24 de noviembre de 2015

Concentración de la Plataforma Escuela Pública, Laica y Gratuita para parar la LOMCE


Por Burgos Dijital

La Plataforma Escuela Pública, Laica y Gratuita de Burgos se ha concentrado esta tarde para recordar a los partidos políticos de la oposición su compromiso firmado para derogar la LOMCE, dado el periodo electoral en el que nos encontramos, y también ha realizado este llamamiento a la ciudadanía para seguir mostrando el rechazo a esta ley que a su juicio no es más que una ley creada en favor de las élites, para que solo los que tengan dinero puedan acceder a una educación de calidad (convertir la educación en un privilegio).

La Plataforma se ha unido a la campaña Plan de Choque para parar la LOMCE que se está llevando a cabo por distintas organizaciones en Castilla y León.

"La educación no puede ponerse al servicio de los mercados y su función no es formar personas acríticas que se comporten de manera sumisa y competitiva."

Dicho Plan de Choque se basa en la paralización de las pruebas de evaluación externa en todas las etapas, evaluación individualizada que establece la ley en primaria, secundaria y Bachillerato. También reivindica una Titulación única para la educación obligatoria, para la ESO, que no cierre caminos al alumnado, Recuperar el poder de Decisión de los Consejos Escolares y Claustros para una democratización efectiva de la educación. Exige también el Dejar sin aplicación el valor académico que la ley da a la asignatura de Religión Confesional, conservando, además, el mismo criterio de ratio que exista para otras opciones, Asegurar el derecho a la educación en Igualdad, evitar cualquier medida que pueda dar lugar a la segregación como, por ejemplo, el distrito único o la segregación de sexos, Recuperar el nivel de recursos, ratios y plantillas en los Centros Públicos anteriores a la política de Recortes, y por su puesto Iniciar con plazos un proceso de debate de una nueva ley educativa, inclusiva, participativa y democrática. 



viernes, 30 de octubre de 2015

Juan Vicente Herrera y Valdeón quieren silenciar las denuncias de PLADEPU



Por Burgos Dijital

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) ha acabado su ronda previa de conversaciones con la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto Marta López de la Cuesta y con la Directora General de Función Pública Maria Antonia Abia Padilla y el traslado de las 34 propuestas de esta Plataforma a los representantes del Grupo Socialista en las Cortes el 29 de octubre.

Entre las propuestas, la más destacada, por su originalidad en España y la necesidad evidente de la misma dada la cantidad ingente de casos de corrupción que asolan nuestro país, es la creación por ley de la figura del “whistleblowing”, o sea, “soplar el silbato” en la traducción literal. Este instrumento serviría para hacer viable en el marco legal la protección completa para los empleados públicos y ciudadanos que quieran dar la alerta, denunciar o poner en conocimiento hechos y prácticas potencialmente irregulares, ilegales o corruptas. 
Se exige así mismo que la protección contra la persecución, sanción o discriminación sea completa, incluida la representación y defensa judicial y que ésta debe de estar supervisada y garantizada por las Cortes de Castilla y León. De esta manera se evitarían casos tan sangrantes como los sufridos en las carnes de los empleados públicos que destaparon la trama Gürtell o el Caso Palau, entre otros.

Esta es la primera de las 34 propuestas de la Plataforma en Defensa de lo Público para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía. Medidas que han recibido todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. Y que parece ser que ya van sonando a algunos de nuestros dirigentes.

PLADEPU, con un toque de ironía, quiere agradecer al Presidente Herrera y a su mano derecha la Vicepresidenta Rosa Valdeón que por fin les tenga en sus pensamientos. Para a continuación responder que no van a aceptar las declaraciones hechas por los mismos al desmentir las denuncias hechas por esta plataforma respecto a la persecución sufrida ya por parte de sus miembros.

Por un lado y hace pocos días el Presidente Herrera ha declarado que los ciudadanos en general y los funcionarios en particular tienen "el derecho" y la "obligación" de denunciar los casos que pudieran constituir una irregularidad en la Administración, expresando su sorpresa por la posibilidad de que existan dudas sobre su visión acerca de esta situación. Esta afirmación ha causado estupor entre miembros de Viernes Negro de Burgos que pueden demostrar como las más de 20 denuncias realizadas y dirigidas personalmente al Presidente nunca han sido contestadas ni por él ni por ningún miembro de su Gabinete.

Valdeón por su parte se mostró asombrada, en declaraciones al Diario de Burgos, y se negó a creer que existieran persecuciones a los denunciantes y "de existir, el perjudicado lo pueden denunciar a los medios, a sus sindicatos, en los juzgados o en la Consejería". Apuntaba negarse a creer que este tipo de acciones se pudieran estar dando entre el personal funcionarial de la comunidad autónoma. 

PLADEPU insiste que si un empleado público quiere comunicar algo que ve que está mal hecho, actualmente carece totalmente de cauces seguros y eficaces para denunciarlo. La propuesta del "whistleblowing” para facilitar denuncias de corrupciones o irregularidades ha sido vista con buenos por todos los grupos políticos de la oposición en las reuniones mantenidas. Por ello sostienen que "Herrera y Valdeón no lo ven". 

La Plataforma en Defensa de lo Público quiere hacerles aclarar la memoria recordando ejemplos de persecuciones a funcionarios denunciantes como el reciente caso del médico sancionado por denunciar irregularidades en el Hospital Clínico de Valladolid; las represalias a dos empleados públicos por la publicación de facturas personales, de manera anónima, que Silvia Clemente facturó a la Consejería de Agricultura, incluida la famosa comida "de trabajo" del Día de Navidad, que fueron despedidos de manera improcedente, costando al erario público un total de 150.000 euros; los empleados públicos calumniados por el Delegado de la Junta en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo, por no seguir sus mandatos de anulación de una sanción; la denegación de la solicitud para mantenerse en activo al Jefe de Servicio de Juventud de Palencia por denunciar y ser crítico ante la destrucción sistemática de los recursos y las políticas juveniles de la Junta en los últimos 15 años;  los expedientes sancionadores y cese incluido de una persona que ocupaba un puesto de alta responsabilidad técnica en Zamora por el “delito” de haber sido muy activa en la recogida de firmas de denuncias en la carta de las 9.000 firmas; el espionaje del correo electrónico de los portavoces de PLADEPU en León y Burgos; o la marginación y desprecio a las funciones y cualificación técnica de un Jefe de Sección de la Consejería de Fomento en Valladolid por ser crítico ante la famosa Cuesta de Benavente que se vino abajo tras su construcción...

Estos son sólo algunos de los ejemplos que desdicen a las claras las mentiras mantenidas por los diferentes ejecutivos nombrados por Herrera y que ponen en evidencia que en la Junta quien antepone a sus intereses personales y profesionales los del bien común lo acaba pagando.




viernes, 9 de octubre de 2015

Tierra de Pavor: Las becas en Castilla y León, una imagen desfigurada de una realidad descorazonadora

Por Basilio el Bagauda
Calderilla para becas.Propaganda pre-electoral


Bien podrían ser las invernales nieblas del Pisuerga o de la Esgueva o del Duero que parecen arañar la tierra, que congelan la savia de los riberiegos álamos y que se cuelan en nuestros ateridos cuerpos hasta el tuétano dejándonos una punzante huella para siempre.

O quizás el venenoso vapor del que no nos podemos desprender, acostumbrados como estamos a sembrar la lenta muerte allí dónde habitamos y a quemar para tener, para albergar nuestras ansias de crear… y de destruir.

Pero no, las nieblas y humores gaseosos de estos tiempos bárbaros que vivimos, si es que alguna vez hubo una Arcadia, no son producto de un clima tan perturbado como el hombre ni tampoco de las chimeneas de nuestros templos de muerte, sino que se trata de una sustancia más espesa y tóxica: la mentira.

Vivimos en una época de depresión económica, “la gran recesión” la llaman, y de crecimiento de grandes desigualdades, de déficits presupuestarios y de superávits de eufemismos. Y nuestra tierra castellana no iba a ser menos, sólo que aquí los fabricantes de cortinas de humo llevan produciéndolas desde edades que se pierden en el tiempo.

Más tarde o más temprano, será cuestión de meses, aparecerá el flamante y nuevo Consejero de Educación Fernando Rey Martínez para explicarnos la eficacia y rapidez de la Administración en tramitar y resolver los expedientes de las solicitudes de ayudas a la compra de libros de texto, con un montón de datos estadísticos que llenarán con su voz los espacios radiofónicos y televisivos de nuestra Comunidad.

No voy a entrar a valorar la figura del Catedrático Rey. Sé que es querido tanto por las huestes del PP como por las del PSOE, ha trabajado para ambos, y que se le ha presentado entre cariños y arrumacos como persona dialogante, afable y experto en la discriminación racial, no obstante es Presidente de UNICEF Castilla y León y patrono de la Fundación del  Secretariado Gitano.

A los chicos del PP en éste su cortijo se caracterizan por incluir en sus gobiernos de vez en cuando caras amables de “outsiders”, de los que dicen no tener ideología, como si eso fuese una virtud… o una verdad.

Así al humanista transformado en tecnócrata Don Fernando le va a tocar interpretar una melodía acompañada de múltiples voces con amargura de tango: un perfil social para dirigir una política antisocial que necesitará de muchos voceros bien pagados que suelten medias verdades sobre el desarrollo de la LOMCE.

A Fernando Rey, insisto, le va a tocar ser la cara visible de presupuestos, dadas las circunstancias, tan vergonzantes como el detallado en la Orden 792/2015 con la que se convocan ayudas para financiar la adquisición de libros de texto, y aquí intentaremos abrirnos paso, siquiera a machetazos, entre esta densa cortina de humo.

La Orden comienza, como siempre les gusta a los “custodios de las libertades”, con expresiones maravillosas como “promover condiciones de igualdad” o “eficacia y equidad” y con eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre como “familias más desfavorecidas” - ¿Desfavorecidas? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por un mandato divino, quizás? – O “especial atención a los colectivos que por sus circunstancias personales y familiares” – entiendo que hay un grado de responsabilidad y de libertad en los individuos que eligen sus caminos pero ¿sólo es eso lo que determinan las circunstancias personales? ¿”Sus”, exclusivamente? ¿Las del niñ@ son suyas y no hay más factores intervinientes? ¿Fanatismo determinista, quizás?

En fin dejaré la literatura para abrirme paso con los fríos datos que acabarán calentándonos.

En primer lugar la cuantía máxima global del crédito es de 4.206.000 €, y esto de por sí ya llama la atención cuando sabemos por los propios datos que maneja la Consejería que esta cifra se aplicaría a un número de escolares cercano a l@s 84.000. Si un@ se para a dividir el presupuesto entre l@s escolares de Castilla y León no llega a los 50 € por cabeza, ni a libro y medio.

Algun@s estaréis pensando a estas alturas que lógicamente much@s escolares serán excluid@s por las rentas familiares,  pero la realidad de la estrategia planteada por la Junta resulta sorprendente.

La administración crea tres intervalos de renta y con ello tres cantidades diferentes: 105 € para rentas per cápita inferiores a 2.500 € dentro de la unidad familiar, 75 € entre 2.500 y 3.500 € y 50 € para aquell@s con más de 3.500 €. Teniendo en cuenta que en el último intervalo, el de menos montante, abarca a familias que obtienen ingresos considerados por debajo del umbral de pobreza, prácticamente tod@s l@s escolares serán “agraciados” con 50 €. Por poner un ejemplo, ¡¡una familia monoparental con un niñ@, con unos ingresos de 500 € mensuales en 14 pagas accederá a la espectacular ayuda de 50 €!!

A pesar de esa exigua ayuda la Consejería de Educación tiene pensado un plan para niñ@s como el citado en el ejemplo. Así la Orden dispone un plan de estigmatización que consiste en que l@s tutores legales de l@s afortunad@s niñ@s pasen por la capilla de la dirección del centro y que ésta autorice el adelanto del material. Eso sí, a cargo del presupuesto del colegio, el cual se ve castigado al igual que el resto de las familias “becadas” a esperar a que le caiga la migaja dentro de al menos 6 meses.

Si tenemos en cuenta que los centros educativos han visto recortado su presupuesto en una media del 40 %, que la LOMCE pretende generar competencia entre los mismos y que los colegios más dañados son los ubicados en espacios especialmente destrozados por la crisis, la creación de guetos se acelerará junto a la brecha social.

Otra premisa de la Orden es la de aplicar un índice corrector que beneficie a aquell@s alumno@s que donen libros al programa RELEO. Visto así la idea es sugerente, sino fuera porque sólo se beneficiará a l@s alumn@s cuyo centro haya tomado esa iniciativa y excluye a los colegios públicos que prefieren autogestionar el banco de libros al margen de la administración y no así a los centros concertados a los que se les permite.

Las conclusiones con los datos en la mano del deterioro de los derechos humanos más elementales en una parte muy importante de la población son demoledores.

En primer lugar y sin necesidad de echar la vista demasiado atrás, esta partida presupuestaria ha pasado de 20.000.000 € a los 4.200.000 ya dichos. Una reducción de prácticamente un 80 %.
Como ya he explicado los límites de renta máxima no son más que una trampa de mal jugador porque la mayor parte de los beneficiarios que cumplan esos límites se quedará fuera por agotarse lo escasamente presupuestado.

Para terminar aludiré a los datos publicados el 26 de mayo de este año por el INE en su “Encuesta de condiciones de vida”: el 22 % de l@s español@s viven por debajo del umbral de la pobreza y otro 16,1 % llega a fin de mes “con mucha dificultad”; el 22,7 % de los hogares de nuestr@s paisan@s no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos – me pregunto qué hogares no tienen gastos imprevistos a lo largo del año y a qué sinfín de cosas habrán tenido que renunciar para pagar sus deudas cotidianas – un 12,1 % no llega a fin de mes y otro 3,2 tiene retrasos en los pagos a la hora de abonar los gastos fijos relativos a cubrir derechos reconocidos directa o indirectamente por la Constitución como la vivienda y la energía. Aquí los poderes públicos desparecieron hace tiempo…

La situación es horripilante para más de un 43 % de los hogares de nuestr@s vecin@s y a ello le añadimos que los servicios esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales siguen deteriorándose por falta de recursos materiales y medios humanos, con lo que pierden la posibilidad de una vida digna a través de la reducción progresiva de sus rentas directas y de las rentas complementarias que proceden de la cobertura de los servicios públicos que pagamos entre tod@s.