Viernes Negro, que no ha dejado de reivindicar públicamente
la defensa de los servicios públicos a lo largo de este verano, vuelve a la
carga en este mes de septiembre con una nueva denuncia.
Esta vez se trata de la privatización a través de ciertos
contratos, que consideran sospechosos , de asistencia técnica y soporte de las
herramientas de gestión informática en la organización de los cursos de
formación de los empleados públicos. Esta partida presupuestaria parece abonada
siempre a la polémica tras la cantidad de escándalos de corrupción que han
salpicado a diversas organizaciones patronales y a las organizaciones más
poderosas del “bisindicalismo”: CCOO y UGT.
Estos “dineros” no sólo sirven, como se ha denunciado en
diversas ocasiones desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), para
comprar la paz social de los sindicatos ya citados junto a CSIF, sino también
para hacer derivaciones de ingentes cantidades económicas hacia todo tipo de
empresas privadas que han visto en la formación y la educación otro gran filón
y que, a buen seguro, acumularán capital para hacer el gran asalto sobre las
universidades públicas y la red de educación obligatoria.
En este caso la denuncia recae sobre las gestiones de la
ECLAP. La Escuela de Administración Pública de Castilla y León fue creada en
2002 como el instrumento especializado de formación y perfeccionamiento de los
empleados públicos de la Comunidad y tiene entre sus funciones, como no podía ser
de otra manera, la organización de los cursos de formación y especialización y
la enseñanza de nuevos métodos y herramientas de gestión.
Hasta el 2013 todas las herramientas informáticas necesarias
para la organización y la coordinación de los cursos eran gestionadas por los
técnicos informáticos que la Junta tenía en plantilla.
Es en 2014 cuando los directivos de la ECLAP deciden
“quitar” el trabajo a los empleados públicos y apuesta por la privatización del
servicio mediante la adjudicación de dos contratos a través de un procedimiento
extraordinario que consiste en negociar con una o más empresas las condiciones
y el presupuesto aproximado sin hacerlo público a otras empresas, lo que se
conoce en la Ley de Contratos como “procedimiento negociado sin publicidad”.
La empresa afortunada resulta ser ALTEN SOLUCIONES y los
importes de las adjudicaciones son finalmente de 43.197 € y de 60.137 €. Pero
lo más sorprendente del asunto es que este año el método de concurso ha sido
“abierto” y ALTEN ha vuelto a ganar la adjudicación pero con un importe de
280.720 € por la prestación de los mismos servicios.
Alten Soluciones Productos Auditoría e Ingeniería, S.A. es
una empresa de la matriz francesa Alten Europe cuya actividad fundamental es la
consultoría informática y los servicios relacionados con computación. Tiene 4
sedes en toda España y una de ellas en el parque tecnológico de Boecillo, muy
cerca de la sede de uno de sus principales clientes en España, la Junta de
Castilla y León con la que tiene un especial idilio.
Por otro lado, y a pesar de ese costoso contrato, los 579
técnicos especializados en los sistemas informáticos de la administración
autonómica se han visto sorprendidas por esta contratación, puesto que aseguran
que el soporte, las incidencias y la asistencia informática la siguen
realizando ellos.
Ante estos hechos y la extraña política de contratación
realizada, miembros de Viernes Negro se dirigen al Presidente de la Junta con importantes
interrogantes que esperan sean investigadas por el Procurador del Común, ya que
Juan Vicente Herrera no parece que esté para esos menesteres.
Entre otras cosas se exige una investigación sobre la forma
de contratación en el año 2014 ya que consideran que los contratos pudieron ser
fraccionados artificialmente para ajustarlos a la condición expresada por el
art. 174 e) de la Ley de Contratos, que expresa que se puede utilizar el
procedimiento negociado sin publicidad para contratar servicios por una
cantidad inferior a 100.000 €, con lo que se vulneraría el derecho de otras
empresas a concursar.
Por otro lado consideran tremendamente extraño que este año
se pague por los mismos servicios 2,5 veces la cantidad del año anterior de
manera totalmente injustificada y gastando, en años de escasez, la quinta parte
de los presupuestos en formación. Es más, consideran que resulta insostenible
que, mientras la actividad de la ECLAP se encuentra en una franca
desaceleración, se decida contratar a una empresa para realizar las funciones
que ya realizaban con eficacia y eficiencia los empleados públicos. Tampoco se
explican las razones por las cuales se paga a una empresa sin que nadie sepa
cuál es su cometido puesto que las tareas siguen siendo realizadas por los
trabajadores públicos.
Además se advierte que a pesar de los constantes alegatos a
la trasparencia se ocultó en la memoria económica del ejercicio presupuestario
del año pasado los 103.334 cobrados por Alten.
Por último Viernes Negro sugiere a los órganos de
contratación de la Junta que se incluyan en los pliegos de condiciones y en la
valoración de las ofertas de manera ordinaria, y no excepcional, las claúsulas
sociales que incentiven y premien a las empresas un verdadero ejercicio de
responsabilidad social.
A buen seguro Alten lo hubiera tenido más complicado
teniendo en cuenta que hace año y medio la empresa despidió a más del 10 % de
la plantilla, redujo el 10 % del salario para toda la plantilla y eliminó otro
complementos en especie y, de postre, aumentó la jornada laboral de sus
empleados.
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