¿Por qué son importantes las elecciones a representantes sindicales en la Administración autonómica?

Por Burgos Dijital

Resulta profundamente llamativo como el 1 de febrero de 2016 los sindicatos CCOO, UGT y CSIF dieron el pistoletazo de salida en el Diario de Burgos como únicos vertebradores de la representación de los empleados públicos de la Junta ante los próximos comicios sindicales del 3 de marzo.

Ante esta fotografía, sería por otro lado muy fácil pero poco imaginativo hacer la misma comparación con la presencia mediática de los partidos políticos en las pasadas elecciones generales realizando una equivalencia entre estos sindicatos y el bipartidismo junto a las marcas nacionalistas conservadoras en sus respectivos territorios.

Ciertamente las reglas del juego son parecidas aunque buscando una menor intensidad premeditada en la contienda, puesto que para asegurar el poder lo mejor es que nada cambie, no vaya a ser que la bien organizada colmena de abejas se transforme en un avispero. De ahí tanta “paz social” vendida por el Presidente de la Junta, el equivalente en este caso al jefe de la patronal, y tanto acuerdo comprado por nuestros representantes sindicales, eso sí vía financiación: ¡¡Qué mejor masaje que una buena lluvia de billetes!!

No se va a explicar lo que significa el Movimiento Viernes Negro (VN) porque ya hay publicado lo suficiente, pero sí se pretende recordar que este colectivo nació de forma espontánea, contando con muchas personas que o bien no tenían ninguna afiliación sindical o bien pertenecían, e incluso eran delegad@s sindicales, de todas las centrales con representación en nuestra provincia. 

El tiempo ha dado la razón a quienes pensaban que poco a poco todos los sindicatos de la "paz social" iban a abandonar las protestas, especialmente cuando se comenzaron a realizar denuncias frente a la gestión arbitraria, antidemocrática y oportunista del Partido Popular: por poner un ejemplo, la presidenta provincial del sector público del CSIF en Burgos, Milagros Alcalde Castilla, obligó a todos los representantes de su sindicato a desaparecer de las concentraciones por el hecho de que Viernes Negro denunciara el acceso único y exclusivo a Intereconomía a través de la red en todos los puestos de trabajo. 

Poco a poco y a medida que iban pasando las hojas del calendario, las manifestaciones iban perdiendo fuerza pero ganando en razones morales y objetivas. Muchas personas comprometidas perdieron sus energías para seguir confrontando con sus denuncias que la crisis ha sido una gran estafa y que ha servido de excusa para realizar un ideológico desmontaje de las administraciones públicas a través de privatizaciones y externalizaciones.

Otras dejaron el colectivo por las presiones de sus superiores, la mayor parte de ell@s “libres designad@s”, y por los “toques de atención” de l@s representantes sindicales a los afiliad@s más activos.

Seguro, también, otr@s habrán dejado la pelea por no estar de acuerdo con algunas de las denuncias y acciones. 

Vaya por delante que la crítica desde este medio no es hacia las bases y simpatizantes de los sindicatos a los que se alude, la mayor parte gente honesta y trabajadora que en muchos casos incluso estarán en listas de candidat@s para “rellenar”, sino a los aparatos autonómicos, a sus correas de transmisión y también, por qué no decirlo, a tod@s aquell@s que se aprovechan de su posición de poder, sus contactos y la información atesorada para malgastar sus liberaciones y horas sindicales en “cosas personales” o colocar de manera espúrea a familiares y amig@s en la Administración.

Esto es lo que hay y esto es lo que ha llevado a la situación en la que se encuentra ahora: UGT dice que “la dignidad es el salario” en una ¿inverosímil coincidencia? con el nombre que much@s emplead@s públic@s  dieron a una lista de reivindicaciones y propuestas que fue elaborada con la participación de tod@s en el 2011 y que se entregó al Presidente de la Junta de Castilla y León, la “Lista de la Dignidad”; CCOO y su secretario autonómico se hicieron la foto-portada con el Presidente conservador Juan Vicente Herrera para cerrar con un apretón de manos la ampliación del horario, medida que sirvió especialmente para la reducción de plantillas de manera quirúrgica en la Sanidad y la Educación; y el CSIF que defiende especialmente la carrera profesional en una administración pública dónde nadie sabe qué significa esto.

Lo cierto es que tras cuatro años de imperio trisindical es un hecho objetivo que la capacidad adquisitiva de los empleados públicos se ha visto menguada y que muchas otras personas que trabajan en los servicios públicos han visto como se precarizaban sus salarios y sus condiciones laborales; que se continua con el mismo horario de trabajo gracias al incumplimiento del infame pacto alcanzado por el que el gobierno popular les devolvería a las 35 horas, y a la reducción proporcional para docentes y sanitari@s, una vez alcanzado el 2,5 % del PIB, condición ya cumplida; y que las formas de provisión distintas a la oposición y a los concursos libres junto al “trapicheo digital” han convertido estos centros de trabajo en comisarías políticas, muy lejos de la pretendida profesionalidad.

Si hace menos de un año estos tres sindicatos dieron su visto bueno a una campaña mediática de dignificación de l@s emplead@s públic@s, cuando prácticamente se les ha deshauciado de todos sus derechos laborales, para permitirle al partido gobernante arañar votos a costa del erario público y que PLADEPU (Plataforma para la Defensa de lo Público) consiguió paralizar haciendo pública esta perversa estrategia, ahora el Consejero de Presidencia, cuya mujer utilizaba coche y conductor oficial para su uso privado, abre las puertas del Paraíso a los representantes sindicales y les habla de trasparencia y de profesionalidad.

Todo esto resulta una farsa y basta con analizar la situación para comprobar que con su silencio y/o su asentimiento son responsables de una escandalosa gestión de personal utilizada para hiperpolitizar la administración a través de Libres designaciones, de caprichosas comisiones de servicio, de contratos de alta gestión, de contratos que desprecian las bolsas de empleo burlando los méritos y la capacidad de los no alineados a sus intereses de grupo.

Son así mismo responsables de la pérdida de poder, ellos sabrán a cambio de qué, en todas las mesas de negociación frente a los ejecutores políticos tras la última reforma de la Ley 7/2005.

Por otro lado, ninguna de sus voces se ha alzado contra la creación y persistencia de la Administración paralela a base de empresas públicas, fundaciones, gerencias y demás chiringuitos que día tras día tanto VN como PLADEPU han demostrado y seguirán demostrando que sirven a intereses opacos y privados con profundas conexiones con el partido gobernante.

También es curioso que mientras todos estos hechos estaban y están sucediendo, aún es el día hoy en el que nadie puede ver y comprobar las actas y los acuerdos de las mesas de negociación de las condiciones laborales de funcionari@s, laborales y estatutari@s.

Para terminar nuestras fuentes nos han confirmado que much@s de los que se han mantenido activ@s en las protestas han recibido presiones para que abandonaran la pelea y, al parecer, ningún@ de l@s representantes sindicales de los tres grandes sindicatos han apoyado a sus compañer@s. En última instancia, algunas de esas personas  se quejan de que "mientras un@s poc@s poníamos el dedo en las abiertas llagas de este cadáver y advertíamos de su tremendo hedor, otr@s nos miraban con desconfianzas y recelos, más preocupados por salvar su status y buscando con desaliento la obtención de alguna prebenda o privilegio".

Pero es precisamente ahora cuando, recien estrenada la campaña sindical, algun@s comienzan a realizar el juego sucio al que tanto acostumbran. Hasta el punto de que, como se nos ha informado desde Valladolid, el sindicato UGT ha comenzado a repartir propaganda electoral con la quiere convencer a los empleados públicos de haber sido los impulsores de los "Viernes Negros" en Castilla y León.

Esto no parece más que una muestra de nerviosismo de la posible pérdida de poder de esta central sindical, lo que le pondría en serio aprieto a la hora de recibir la porción del pastel repartido por un Juan Vicente Herrera que ya tiene suficiente con soportar las embestidas de la oposición en la investigación de la trama eólica.

¿Comenzará a ser el final de la mal llamada "paz social"?

Los fraudes de Hacienda en Castilla y León

El dinero pagado en nómina de diciembre solo a los funcionarios de
Hacienda en Burgos asciende a 29.190 euros, en las llamadas "bufandas",
el resto de funcionariado ha sido discriminado

 Por Burgos Dijital

La Consejera de Hacienda Pilar del Olmo engaña a los castellanos y leoneses al informar reiteradamente en Cortes de la imposibilidad de hacer públicas las famosas “bufandas”, las gratificaciones extraordinarias que la Junta concede a algunos empleados públicos por servicios extraordinarios, amparándose en un informe jurídico hecho a medida por la Agencia Nacional de Protección de Datos.

O eso o la Consejera ha tirado el informe a la papelera, de lo cual debería dar constancia tanto a los Procuradores de la oposición que en repetidas ocasiones han denunciado la opacidad de la recompensa como a los representantes sindicales, los cuales, según la normativa, tienen derecho a dicha información.

Lo cierto es que diferentes plataformas en defensa de lo público han denunciado el hecho de que estas gratificaciones sirven para mantener una red de fidelidad y de clientelismo destinada a buscar silencios ante los manejos que de tanto en cuanto nos descubren organismos como el Consejo de Cuentas o los asfixiados medios de comunicación que buscan su libertad fuera de la órbita de Ulibarri y la familia Méndez Ordóñez.

Burgos Dijital ha podido comprobar como en la Delegación Territorial de Burgos se han hecho públicas, eso sí en un rincón del edificio, las gratificaciones que han sido repartidas a todos los funcionarios del Servicio Territorial de Hacienda en forma de “incremento del complemento de productividad”.

El concepto por el cual se abonan esas cantidades está dentro del "Plan Específico de Lucha contra el fraude 2014"

Al parecer la decisión ha sido tomada por el Director General de Tributos y Financiación Autonómica y refrendada por la propia Consejera de Hacienda vinculándolo con un supuesto Plan Específico de Lucha contra el Fraude 2014 que no es más que una mera excusa a juzgar por la presencia cada año de un Plan de control tributario que tiene, entre otros cometidos, la lucha contra el fraude fiscal.

A juzgar por los hechos, no se ha producido más que una dádiva discrecional que en este caso tiene que ver más con la “inyección de optimismo” sospechosamente cercana, junto a la devolución de la paga saqueada en el 2012, a las elecciones generales por parte de los ejecutivos de Herrera y de Rajoy.

Lo grave del asunto, como apuntábamos arriba, es que en este caso Pilar del Olmo cumple las disposiciones de la Ley de Función Pública 7/2005, que en su art. 76.3 expresa que “las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios de la Consejería interesada, así como de los representantes sindicales”, por lo que estaría infringiendo las supuestas órdenes vinculantes en las que se ha amparado hasta ahora para ocultar los datos de los empleados públicos que reciben gratificaciones extraordinarias, las cuales también la ley informa en el mismo sentido.

Los sindicatos y sus representantes no han sido informados oficialmente de esta sorprendente medida, ya que hasta ahora la productividad era un concepto salarial fijado por las funciones y las responsabilidades de cada puesto de trabajo y negociado entre ambas partes. Con esta medida la Junta viene a decir al resto de empleados públicos que toda la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos 15 años se debe directamente a su falta de rendimiento y lealtad profesional. 

La mayor parte de los empleados públicos han cobrado en torno a una media de 400 – 500 €, aunque algunos de ellos han llegado a percibir de “aguinaldo” la cantidad nada desdeñable de 1500 €.

A día de hoy la denuncia realizada a la Inspección General de Servicios hace ya más de un año y al Presidente de la Junta hace dos semanas por funcionarios de la Delegación de Burgos y el movimiento Viernes Negro acerca de las graves irregularidades cometidas por un funcionario de Hacienda no sólo sigue siendo silenciada, sino que se da la paradójica circunstancia de que dicho funcionario también ha sido premiado con más de 700 euros “por su  especial lucha contra el fraude”.

Es de suponer que el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Luis Fuentes, después de pactar la creación de un mecanismo de protección de denunciantes en la administración pública, pedirá explicaciones ante semejante despropósito. O quizás lo que ocurra es que ni siquiera persiga el objetivo de la regeneración, dada la deserción de su partido por entregarse sin condiciones a los primeros presupuestos de esta legislatura.

Parece que en Burgos también tenemos a nuestro propio “Gómez de la Serna” y quién sabe si en Castilla y León a nuestro propio Albert Rivera, dechado de vacuidad y oportunismo.

La Inspección de Servicios de JCyL protege irregularidades en la Administración

Por Burgos Dijital

La Inspección General de Servicios de la Junta hace caso omiso ante las denuncias de conductas irregulares de empleados públicos a los que parece proteger.

Esto es lo destacable en la nueva denuncia realizada por el Colectivo Viernes Negro, pocos días después de que el Partido Popular rechazara en las Cortes  la creación de un mecanismo de denuncia de posibles delitos de corrupción que amparara y protegiera a los denunciantes.

De hecho, una de las principales razones que adujeron los populares para la innecesaria creación del sistema fue la existencia de la Inspección General de Servicios, ya que este organismo de control tiene entre sus funciones, como se expresa en el artículo 3 del Decreto 13/2009: 

• "Realizar actuaciones inspectoras dirigidas a detectar indicios racionales de responsabilidad disciplinaria en la actuación del personal al servicio de la Administración de la Comunidad, proponiendo, en su caso, al órgano competente la incoación de expedientes disciplinarios.

• Tramitar los expedientes en materia de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Comunidad."

Pues bien, al parecer hace exactamente un año una serie de empleados públicos registraron una comunicación dirigida a la Inspección General de Servicios en el que se detallaba un hecho producido en las dependencias del Servicio Territorial de Hacienda de Burgos que involucraba a un funcionario de dicho servicio y que podría ser motivo de investigación más que sobrado dadas las funciones y competencias ya desgranadas en los párrafos anteriores.

En esta comunicación se relataba que el 27 de octubre de 2014 se había presentado un ciudadano reclamando la presencia de un funcionario del que solicitaba una factura cobrada por un servicio íntimamente relacionado con las funciones públicas de dicho empleado. También se expresaba, dando una serie de ejemplos que se sucedían en el tiempo, que su trabajo privado interfería con el público.

Posteriormente y a petición de la Inspección de Servicios se amplió la información de que se disponía en la que se aportaban datos de las incompatibilidades de dos funcionarios que mostraban a las claras tanto la realización de trabajos privados y personales dentro de su jornada de trabajo como el uso privilegiado de información con intereses lucrativos que podrían dañar a los intereses públicos.

Las actuaciones de la Inspección son de carácter reservado y sólo tienen acceso a la documentación obrante en los expedientes el personal de la Inspección que tiene encomendada la investigación. Pero los denunciantes afirman que trascurrido un año desde la denuncia inicial ninguno de los firmantes ha recibido notificación por la propia Inspección General que, a su vez, no ha recogido lo que podría ser la principal prueba de lo denunciado a través de las declaraciones de los testigos. 

La principal conclusión que apuntan, a la luz de lo ocurrido hasta ahora, es que la Inspección está protegiendo a estos empleados públicos bien por inacción bien por inhibición e incluso "informando" presumiblemente por alguna vía a alguno de los denunciados, ya que afirman que les consta que ha habido una solicitud de compatibilidad por parte de uno de los funcionarios denunciados.

Parece muy evidente que a los populares, que llevan manejando con puño de hierro la administración pública de esta comunidad, se les va escapando parte del control de la nave, ejercido con silencios cómplices y con multitud de trabajadores "agradecidos". Por ello Viernes Negro motiva buena parte de la mala praxis de la Inspección en su verdadera falta de autonomía e independencia.

Por ello ponen el foco en que las plazas están cubiertas a través de la Libre Designación o a través de un concurso específico, lo que conlleva, a su parecer, "un alto porcentaje de discrecionalidad por parte de las autoridades que juzgan la ocupación de estos puestos". Así mismo han comprobado que el máximo responsable está elegido "a dedo", no obstante es un importante peso pesado en el PP de Valladolid, y que de las 13 plazas, 3 están ocupadas en Comisión de Servicios, otro instrumento de discrecionalidad y politización de la Administración, y otras 3 están vacantes.

Viernes Negro expresa en su denuncia "que detrás de la falta de acción de la propia Inspección en el asunto denunciado no hay más que la búsqueda del silencio para que no trascienda más allá de nuestras paredes, hecho que a todas luces produce, como otros tantos, la erosión de la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos y la desmotivación y la desilusión entre aquellos trabajadores públicos, la mayoría de ellos, que cumplen con su deber fundamentado en el trabajo ejercido y en su sometimiento a las reglas de juego".

Esta denuncia es un jarro de agua fría para aquellos que crean que basta con controlar los tiempos y mentir en sede parlamentaria, como parece haberlo hecho el Partido Popular, si se confirma que la Inspección, a la que apelaban hace 10 días como órgano fiable para los empleados públicos, no es más que otra tramoya institucional a las que nos tiene acostumbrado el gobierno de Herrera. 

A tres semanas de las elecciones generales los populares siguen mostrándose refractarios a liberar la administración de sus tentáculos y a luchar realmente contra la corrupción: mientras venden transparencia, compran voluntades.

El PP de Castilla y León blinda la opacidad en la Administración Pública

Por Burgos Dijtal

Ayer el Partido Popular dijo no a la creación de mecanismos para la protección de l@s emplead@s públic@s en el caso de que éstos denuncien irregularidades y posibles delitos contra la Administración Pública. 

Esa es la noticia que se produjo en las Cortes de Castilla y León y no, como “rellena” el Diario de Burgos su espacio regional de noticias, el cambalache de última hora, que ya explicaremos, entre la Presidenta de las Cortes Silvia Clemente y los portavoces de los grupos Popular y Ciudadanos.

También hay que apuntar al periodista Pablo Álvarez, firmador de la noticia, que PLADEPU significa Plataforma en defensa de lo Público y no, como apunta el profesional, Plataforma de Defensa del Empleado Público. 
Este es el tipo de información que confunde, curiosamente de manera maliciosa, a la opinión pública, puesto que este colectivo de empleados públicos que llevan más de cuatro años arriesgando, y nos consta, no ya su carrera profesional sino incluso su propio puesto de trabajo, ha realizado innumerables acciones políticas y denuncias de irregularidades que en cualquier otro país de nuestro entorno habrían sido inmediatamente investigadas.

El trabajo de este colectivo no ha buscado en ningún momento, como nos informan parte de sus miembros, la mejora de sus condiciones laborales, ya que para eso ya están las organizaciones sindicales, sino para combatir la corrupción sistémica que se produce a su alrededor y para combatir las privatizaciones, externalizaciones y la deriva de presupuestos públicos a la administración paralela. Basta con entrar en la página web de PLADEPU o en seguir las denuncias del colectivo Viernes Negro a lo largo de todos estos años.

Parece que ni los diarios del Grupo Promecal ni el sacrosanto Norte de Castilla han tenido demasiado interés en la cobertura de esta noticia que, si no fuera por su evidente falta de independencia, sería hoy noticia de portada, puesto que es el primer parlamento español en donde se ha planteado el desarrollo de esta normativa.

En palabras de Quinidio Martínez, principal portavoz de PLADEPU, la propuesta fue entregada y discutida en diversas reuniones mantenidas con representantes de todas las formaciones políticas con representación en las Cortes, como ya informamos en este medio. Así mismo el famoso “wistleblower”, nombre anglosajón que se da a l@s denunciantes tanto en las grandes empresas como en las administraciones públicas de los países occidentales, ya fue elevado, junto a otras 34 propuestas, y aceptado en diversos programas políticos antes de las elecciones autonómicas.

Nos sigue informando el funcionario Quinidio Martínez que buena parte del día de ayer estuvo en contacto con todos los partidos de la oposición para discutir la estrategia y el planteamiento de la propuesta y que el propio Partido Popular, en un claro intento político de “llevarse el gato al agua” intentó convencer a Luis Fuentes, portavoz de C’s y presentador de la propuesta, de que ésta fuera presentada y consensuada previamente con el partido mayoritario de la Cámara para, evidentemente, ganar tiempo y dejarla en nada.

Como finalmente no se produjo el acuerdo, l@s compañer@s de Herrera dieron el no por respuesta, defendiendo cínicamente que l@s emplead@s públic@s, como tod@s l@s ciudadan@s, están obligad@s a denunciar irregularidades y que darles una protección excepcional sería, en el fondo, estigmatizarles.

Y ahora vamos a la explicación del cambalache final, el momento que ocupa la mayor parte de la noticia en El Diario de Burgos.es. Tal y como nos lo cuenta el periodista pareciese que l@s procurador@s del Partido Popular quisieron cambiar de opinión en última instancia al comprobar que Luis Fuentes quería modificar la propuesta en el sentido de ampliar el plazo de 6 meses a 1 año para que el legislativo desarrollase en una Ley los mecanismos de protección, lo que obligaría a votar otra vez. Y que la presidenta de la Cámara paralizara esta posibilidad, con toda lógica, porque la propuesta modificada sólo se podría presentar en otro pleno por escrito.

Por otro lado, Carriedo explica al periodista que la razón de dar un sí si se dobla el plazo se debe a que el Consejo Consultivo de Castilla y León necesita precisamente los 6 meses para realizar el dictamen preceptivo. Pablo Álvarez no se molestó en comprobar que el Consejo Consultivo tiene marcado ese plazo no como obligatorio sino como máximo, e incluso la Junta puede solicitar a la institución un plazo máximo de dos meses.

La versión que nos da Quinidio Martínez es bien diferente: al parecer l@s procurador@s del PP no habían hecho bien sus deberes y no habían comprobado que en el programa político que los populares están realizando, no hacía más de dos días que se había incluido la creación de un sistema de protección de emplead@s públic@s en el caso de que ést@s denunciaran.

Ahora bien, ¿se debe esto a un ataque de trasparencia? ¿quizás al enésimo anzuelo electoral al que nos tiene acostumbrado el bipartidismo? Pues no exactamente. La explicación se debe a que, como nos recuerda el portavoz de PLADEPU, una de las medidas que tomó Rajoy contra la creación de una República Catalana fue la de advertir a tod@s l@s emplead@s públic@s que era su deber denunciar todas las órdenes que les diera la Generalitat y que fueran en contra del ordenamiento jurídico y, para ello, crear un sistema eficaz y rápido de denuncia, protección del denunciante e investigación.

Es evidente que las intenciones del PP no pasan por no volver a tener en la Administración Pública a multitud de afiliados bien relacionados que se dediquen a saquear las arcas públicas, sino más bien al acomodo y a la instrumentalización de las instituciones, al que nos tienen acostumbrados, para el relato único que tienen para este país.

Mientras tanto Juan Vicente Herrera sigue sin contestar, como denuncian miembros de Viernes Negro de Burgos, a todas las denuncias que lleva recibiendo personalmente en los últimos tres años. Para él nada tienen que ver con su gestión el desarrollo de la trama púnica, de la trama eólica, del alucinado sobrecoste del Hospital de Burgos o de todos los graves y feos asuntos en torno a los negocios oscuros de las empresas públicas, algunos sustanciándose ya en los tribunales, dirigidas por el exconsejero de Economía Tomás Villanueva.

Viernes Negro desvela los privilegios de los altos cargos de la Junta de Castilla y León

Por Burgos Dijital

El día 22 de noviembre de 2013 empleados públicos de la Junta de Castilla y León presentaron una denuncia al Presidente de la Junta de Castilla y León y al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, de la que dimos cuenta en este medio, por el presunto uso indebido de un vehículo oficial por parte de la Directora del Gabinete del Presidente, la Sra. Virginia Arnaiz Gonzalez, lo que valoraron en unos 70.000 € anuales.

Informaciones posteriores aparecidas en medios de comunicación en relación a gratificaciones extraordinarias a conductores y personal de confianza podrían elevar esa cifra a los 100.000 € anuales.

Ante la falta de respuesta por parte del Presidente y del Delegado Territorial en Burgos de la Junta se presentó esta denuncia el día 3 de diciembre de 2013 ante el Procurador del Común y éste dio respuesta tras recibir un informe de la Consejería de Presidencia en el que se manifestaba que existía un “Código de Austeridad para altos cargos de la Administración”, según Acuerdo de 29 de septiembre de 2011”, en el que se exponía que la Directora de Gabinete del Presidente “podría utilizar el coche oficial para ir y venir del trabajo diariamente, compartiéndolo cuando fuera posible con otros altos cargos que residieran en la misma localidad"

A continuación el Movimiento VIERNES NEGRO de Burgos solicitó al Procurador del Común el citado texto del “Código de austeridad para altos cargos de la Administración” y éste respondió que tenía en su poder dicho documento pero sin disposición de hacerlo público.

Más tarde VIERNES NEGRO al conocer que el Director General de Formación Profesional y Régimen Especial, Sr. Enrique de la Torre Alonso, seguía utilizando un coche oficial para desplazarse diariamente desde su domicilio de Burgos a su lugar de trabajo en Valladolid y viceversa, presentó el día 3 de julio de 2015 una nueva denuncia-queja, ante el Sr Presidente de la Junta, por entender que se estaba utilizando un vehículo público para uso privado.

Once días después y tras más de año y medio el nuevo Consejero de Presidencia De Santiago-Juárez remitió al Movimiento un escrito de respuesta a la denuncia-queja anterior, adjuntando el opaco “Código de Austeridad para los Altos Cargos de la Administración Autonómica y de su Sector Público”.

Tras su lectura los denunciantes sospechan de la falta de control público efectivo, puesto que el documento dice literalmente que los privilegios allí vertidos “se notificaron únicamente a los altos cargos…”. Expresan así mismo la gravedad del asunto porque dicho documento “no se ha debatido en las Cortes, se ha ocultado a los Procuradores como así nos lo comunicaron, no ha sido explicado en los medios de comunicación y, como nosotros mismos hemos comprobado, se ha ocultado a los propios trabajadores de la Administración, por lo que no puede ser más que un pacto entre iguales para que ninguno de ellos tenga privilegios por encima del resto”. Además señalan la inexistencia en el mentado Código de posibles sanciones, multas o apercibimientos.

Al parecer los privilegios expresados en el código oculto hasta ahora no sólo afectaban a los 74 altos cargos en la Administración General: Presidente, Jefa de Gabinete, Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios, Directores Generales y Delegados Territoriales, sino que también se incluían los Presidentes, Directores Generales y asimilados de los Entes Adscritos o Administración B, que está compuesta por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y Fundaciones Públicas, tales como: Gerencia Regional de Salud, Gerencia de Servicios Sociales, Servicio Público de Empleo, Instituto de la Juventud, Ente Regional de la Energía, Instituto Tecnológico Agrario de C y L, Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de Empresas (ADE), y fundaciones de todo tipo y pelaje como: Fundación Santa Barbara, Fundación Centro de Supercomputación de CyL, Fundación Patrimonio Natural de CyL.

Tras el último “Informe Sobre la Reorganización del Sector Público Autonómico a 1 de Julio de 2014”, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde se reflejan los Entes Adscritos que han desaparecido y creado en Castilla y León, en estos últimos años, tenemos en Castilla y León un total de 61 Entes Adscritos: Organismos Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado, Empresa Públicas y Fundaciones Públicas. El número de altos cargos en estos Entes Adscritos es difícil de saber dado que la coletilla “Asimilados” no está definida en este tipo de Entes, y en muchos casos no es público su organigrama, pero suponen, al menos, unos 30 altos cargos los que pueden acogerse a esta denominación y ser susceptibles de la aplicación de este Código de Austeridad.

Los denunciantes calculan que la mitad de estos 104 altos cargos tengan su domicilio en Valladolid, con lo que habría al menos 52 altos cargos que estarían presuntamente utilizando diariamente un vehículo público para uso privado. Tras el cálculo realizado del gasto medio por vehículo de unos 100.000 euros anuales (gasolina, mantenimiento y gastos del conductor-sueldo/gratificaciones), apuntan “un gasto medio de al menos 5.200.000 de euros anuales, es decir unos 20.800.000 de euros en la legislatura pasada, cálculo aproximado, teniendo en cuenta que desconocemos las cifras reales de altos cargos y asimilados de los Entes Adscritos o Administración B”.

Tras la realización de esta fácil contabilidad, la organización espeta al Presidente “¿Cómo se ha permitido y se permite a este grupo selecto de trabajadores con unas retribuciones aproximadamente de 8-9 veces el salario mínimo interprofesional, el uso particular, y probablemente indiscriminado, de un vehículo público, cuando miles de empleados públicos de la Junta se deben trasladar todos los días en su vehículo a otros municipios, cuando tienen que poner a disposición de la administración su vehículo particular para trasladarse en una misma jornada a diferentes centros de salud o colegios rurales, cuando miles de docentes y sanitarios deben de cambiar periódicamente de municipio por no tener durante años un destino definitivo y por las altas tasas de interinidad que les impiden tener una mínima posibilidad de conciliar su vida laboral y familiar?”

En una reciente entrevista de la Plataforma en Defensa de lo Público PLADEPU, con la Viceconsejera de la Función Pública y Gobierno Abierto, esta justificó que a estos altos cargos hay que ofrecerles incentivos para que acepten estos puestos, como se hace en las grandes empresas. A ello, los representantes de la plataforma respondieron que los altos cargos son servidores públicos que vienen a servir y no a servirse ni a hacerse ricos y que los únicos méritos que tienen para acceder a esos puestos son la amistad con Juan Vicente Herrera y sus Consejeros o el pertenecer o simpatizar con el Partido Popular.

Por otro lado también se destaca el denominado “Punto IV Atenciones protocolarias y representaciones” que consideran un salario complementario, una especie de fondos reservados: no se sabe si aquí se incluirían las famosas facturas que la exconsejera de Agricultura Silvia Clemente cargaba por la compra de bolsos y otras bagatelas al Corte Inglés o a restaurantes en días tan administrativamente extraños como un 25 de diciembre.

Tampoco parece quedar muy claro el “Punto VI. Reuniones de trabajo”, puesto que al parecer se utilizan sistemáticamente y de forma individual los vehículos oficiales para asistir a reuniones de trabajo y se consideran como tales salidas tan “berlanguianas” como la entrega de unas llaves de un edificio de un representante de una Administración a otra, con banquete incluido, o los paseos festivos de los Delegados Territoriales en el día del patrón de los distintos pueblos de Castilla y León. Por ello los empleados públicos se preguntan “cuántas dietas, horas extras y gratificaciones a los conductores y a los representantes de la Administración y gastos de combustible y mantenimientos de vehículos oficiales se han generado en estos actos festivos” y si “estas reuniones son de carácter técnico o exclusivamente de carácter propagandístico del partido gobernante”.

Otro punto sensible del Acuerdo es, como ya adelantábamos al principio el “Punto XI. Control del cumplimiento de este Acuerdo”. Por ello en el escrito enviado al Presidente Herrera los trabajadores le preguntan datos ciertamente relevantes como si “son exclusivamente los altos cargos de las Intervenciones Delegadas los que examinan las cuentas justificativas de los gastos”, si ha habido reparos en las fiscalizaciones, cuántas auditorías se han hecho en estos cuatro años a los organismos y entidades en los que no existe Intervención Delegada y si se han tomado medidas en el caso de incumplimiento del Acuerdo.

Por último Viernes Negro exige una verdadera transparencia en la página de GOBIERNO ABIERTO para que en ella se publique la relación de todos los altos cargos y asimilados de los Entes Adscritos, todos los vehículos, conductores oficiales utilizados por todos los altos cargos y costes de los mismos.

Juan Vicente Herrera y Valdeón quieren silenciar las denuncias de PLADEPU

Por Burgos Dijital

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) ha acabado su ronda previa de conversaciones con la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto Marta López de la Cuesta y con la Directora General de Función Pública Maria Antonia Abia Padilla y el traslado de las 34 propuestas de esta Plataforma a los representantes del Grupo Socialista en las Cortes el 29 de octubre.

Entre las propuestas, la más destacada, por su originalidad en España y la necesidad evidente de la misma dada la cantidad ingente de casos de corrupción que asolan nuestro país, es la creación por ley de la figura del “whistleblowing”, o sea, “soplar el silbato” en la traducción literal. Este instrumento serviría para hacer viable en el marco legal la protección completa para los empleados públicos y ciudadanos que quieran dar la alerta, denunciar o poner en conocimiento hechos y prácticas potencialmente irregulares, ilegales o corruptas. 
Se exige así mismo que la protección contra la persecución, sanción o discriminación sea completa, incluida la representación y defensa judicial y que ésta debe de estar supervisada y garantizada por las Cortes de Castilla y León. De esta manera se evitarían casos tan sangrantes como los sufridos en las carnes de los empleados públicos que destaparon la trama Gürtell o el Caso Palau, entre otros.

Esta es la primera de las 34 propuestas de la Plataforma en Defensa de lo Público para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía. Medidas que han recibido todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. Y que parece ser que ya van sonando a algunos de nuestros dirigentes.

PLADEPU, con un toque de ironía, quiere agradecer al Presidente Herrera y a su mano derecha la Vicepresidenta Rosa Valdeón que por fin les tenga en sus pensamientos. Para a continuación responder que no van a aceptar las declaraciones hechas por los mismos al desmentir las denuncias hechas por esta plataforma respecto a la persecución sufrida ya por parte de sus miembros.

Por un lado y hace pocos días el Presidente Herrera ha declarado que los ciudadanos en general y los funcionarios en particular tienen "el derecho" y la "obligación" de denunciar los casos que pudieran constituir una irregularidad en la Administración, expresando su sorpresa por la posibilidad de que existan dudas sobre su visión acerca de esta situación. Esta afirmación ha causado estupor entre miembros de Viernes Negro de Burgos que pueden demostrar como las más de 20 denuncias realizadas y dirigidas personalmente al Presidente nunca han sido contestadas ni por él ni por ningún miembro de su Gabinete.

Valdeón por su parte se mostró asombrada, en declaraciones al Diario de Burgos, y se negó a creer que existieran persecuciones a los denunciantes y "de existir, el perjudicado lo pueden denunciar a los medios, a sus sindicatos, en los juzgados o en la Consejería". Apuntaba negarse a creer que este tipo de acciones se pudieran estar dando entre el personal funcionarial de la comunidad autónoma. 

PLADEPU insiste que si un empleado público quiere comunicar algo que ve que está mal hecho, actualmente carece totalmente de cauces seguros y eficaces para denunciarlo. La propuesta del "whistleblowing” para facilitar denuncias de corrupciones o irregularidades ha sido vista con buenos por todos los grupos políticos de la oposición en las reuniones mantenidas. Por ello sostienen que "Herrera y Valdeón no lo ven". 

La Plataforma en Defensa de lo Público quiere hacerles aclarar la memoria recordando ejemplos de persecuciones a funcionarios denunciantes como el reciente caso del médico sancionado por denunciar irregularidades en el Hospital Clínico de Valladolid; las represalias a dos empleados públicos por la publicación de facturas personales, de manera anónima, que Silvia Clemente facturó a la Consejería de Agricultura, incluida la famosa comida "de trabajo" del Día de Navidad, que fueron despedidos de manera improcedente, costando al erario público un total de 150.000 euros; los empleados públicos calumniados por el Delegado de la Junta en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo, por no seguir sus mandatos de anulación de una sanción; la denegación de la solicitud para mantenerse en activo al Jefe de Servicio de Juventud de Palencia por denunciar y ser crítico ante la destrucción sistemática de los recursos y las políticas juveniles de la Junta en los últimos 15 años;  los expedientes sancionadores y cese incluido de una persona que ocupaba un puesto de alta responsabilidad técnica en Zamora por el “delito” de haber sido muy activa en la recogida de firmas de denuncias en la carta de las 9.000 firmas; el espionaje del correo electrónico de los portavoces de PLADEPU en León y Burgos; o la marginación y desprecio a las funciones y cualificación técnica de un Jefe de Sección de la Consejería de Fomento en Valladolid por ser crítico ante la famosa Cuesta de Benavente que se vino abajo tras su construcción...

Estos son sólo algunos de los ejemplos que desdicen a las claras las mentiras mantenidas por los diferentes ejecutivos nombrados por Herrera y que ponen en evidencia que en la Junta quien antepone a sus intereses personales y profesionales los del bien común lo acaba pagando.

Ahora ALTEN SOLUCIONES para destrozar la Función Pública

Por Burgos Dijital

Viernes Negro, que no ha dejado de reivindicar públicamente la defensa de los servicios públicos a lo largo de este verano, vuelve a la carga en este mes de septiembre con una nueva denuncia.

Esta vez se trata de la privatización a través de ciertos contratos, que consideran sospechosos , de asistencia técnica y soporte de las herramientas de gestión informática en la organización de los cursos de formación de los empleados públicos. Esta partida presupuestaria parece abonada siempre a la polémica tras la cantidad de escándalos de corrupción que han salpicado a diversas organizaciones patronales y a las organizaciones más poderosas del “bisindicalismo”: CCOO y UGT.

Estos “dineros” no sólo sirven, como se ha denunciado en diversas ocasiones desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), para comprar la paz social de los sindicatos ya citados junto a CSIF, sino también para hacer derivaciones de ingentes cantidades económicas hacia todo tipo de empresas privadas que han visto en la formación y la educación otro gran filón y que, a buen seguro, acumularán capital para hacer el gran asalto sobre las universidades públicas y la red de educación obligatoria.

En este caso la denuncia recae sobre las gestiones de la ECLAP. La Escuela de Administración Pública de Castilla y León fue creada en 2002 como el instrumento especializado de formación y perfeccionamiento de los empleados públicos de la Comunidad y tiene entre sus funciones, como no podía ser de otra manera, la organización de los cursos de formación y especialización y la enseñanza de nuevos métodos y herramientas de gestión.

Hasta el 2013 todas las herramientas informáticas necesarias para la organización y la coordinación de los cursos eran gestionadas por los técnicos informáticos que la Junta tenía en plantilla.

Es en 2014 cuando los directivos de la ECLAP deciden “quitar” el trabajo a los empleados públicos y apuesta por la privatización del servicio mediante la adjudicación de dos contratos a través de un procedimiento extraordinario que consiste en negociar con una o más empresas las condiciones y el presupuesto aproximado sin hacerlo público a otras empresas, lo que se conoce en la Ley de Contratos como “procedimiento negociado sin publicidad”.

La empresa afortunada resulta ser ALTEN SOLUCIONES y los importes de las adjudicaciones son finalmente de 43.197 € y de 60.137 €. Pero lo más sorprendente del asunto es que este año el método de concurso ha sido “abierto” y ALTEN ha vuelto a ganar la adjudicación pero con un importe de 280.720 € por la prestación de los mismos servicios.

Alten Soluciones Productos Auditoría e Ingeniería, S.A. es una empresa de la matriz francesa Alten Europe cuya actividad fundamental es la consultoría informática y los servicios relacionados con computación. Tiene 4 sedes en toda España y una de ellas en el parque tecnológico de Boecillo, muy cerca de la sede de uno de sus principales clientes en España, la Junta de Castilla y León con la que tiene un especial idilio.

Por otro lado, y a pesar de ese costoso contrato, los 579 técnicos especializados en los sistemas informáticos de la administración autonómica se han visto sorprendidas por esta contratación, puesto que aseguran que el soporte, las incidencias y la asistencia informática la siguen realizando ellos.

Ante estos hechos y la extraña política de contratación realizada, miembros de Viernes Negro se dirigen al Presidente de la Junta con importantes interrogantes que esperan sean investigadas por el Procurador del Común, ya que Juan Vicente Herrera no parece que esté para esos menesteres.

Entre otras cosas se exige una investigación sobre la forma de contratación en el año 2014 ya que consideran que los contratos pudieron ser fraccionados artificialmente para ajustarlos a la condición expresada por el art. 174 e) de la Ley de Contratos, que expresa que se puede utilizar el procedimiento negociado sin publicidad para contratar servicios por una cantidad inferior a 100.000 €, con lo que se vulneraría el derecho de otras empresas a concursar.

Por otro lado consideran tremendamente extraño que este año se pague por los mismos servicios 2,5 veces la cantidad del año anterior de manera totalmente injustificada y gastando, en años de escasez, la quinta parte de los presupuestos en formación. Es más, consideran que resulta insostenible que, mientras la actividad de la ECLAP se encuentra en una franca desaceleración, se decida contratar a una empresa para realizar las funciones que ya realizaban con eficacia y eficiencia los empleados públicos. Tampoco se explican las razones por las cuales se paga a una empresa sin que nadie sepa cuál es su cometido puesto que las tareas siguen siendo realizadas por los trabajadores públicos.

Además se advierte que a pesar de los constantes alegatos a la trasparencia se ocultó en la memoria económica del ejercicio presupuestario del año pasado los 103.334 cobrados por Alten.

Por último Viernes Negro sugiere a los órganos de contratación de la Junta que se incluyan en los pliegos de condiciones y en la valoración de las ofertas de manera ordinaria, y no excepcional, las claúsulas sociales que incentiven y premien a las empresas un verdadero ejercicio de responsabilidad social.

A buen seguro Alten lo hubiera tenido más complicado teniendo en cuenta que hace año y medio la empresa despidió a más del 10 % de la plantilla, redujo el 10 % del salario para toda la plantilla y eliminó otro complementos en especie y, de postre, aumentó la jornada laboral de sus empleados.

El Director General de Formación Profesional, otro afortunado ciudadano con coche oficial y chófer

Por Burgos Dijital

El movimiento Viernes Negro de Burgos, integrado en la Plataforma en Defensa de los Público vuelve a la carga contra el uso privilegiado y abusivo, a su juicio, de los recursos públicos. Esta vez vuelven a poner el acento en la utilización de los coches oficiales por los Altos Cargos de la Junta de Castilla y León.

Enrique de la Torre entrando en el coche oficial

Recordemos que a finales de noviembre de 2013 los integrantes del movimiento presentaron una denuncia al Presidente de uso indebido de un vehículo oficial por parte de la Directora del Gabinete del Presidente, la Sra. Virginia Arnaiz Gonzalez, lo que valoraban en unos 70.000 € anuales, sin sumar las gratificaciones extraordinarias a conductores y personal de confianza, datos que permanentemente oculta la Consejera de Hacienda escudándose en la protección de datos. 

Lo más significativo del caso no fue sólo que esta conducta de la ahora procuradora se haya seguido sucediendo a lo largo de toda la legislatura, hasta su reciente nombramiento, sino que tras varias respuestas del Procurador del Común al que después se dirigieron tras el silencio del Presidente, el primero confirmó la existencia de un “Código de Austeridad para altos cargos de la Administración”, acordado el 29 de septiembre de 2011 a espaldas de todos los grupos parlamentarios.

Tras este “descubrimiento” y amparándose en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitaron a la administración autonómica el acceso a este documento. Hoy tras 1 año y medio, unas magníficas notas en los indicadores de transparencia por parte de la Junta, y una ley autonómica que venía a reforzar la trasparencia y la participación ciudadana, nada se sabe del misterioso Código.

En esta ocasión la denuncia es realizada por el uso diario de coche y conductor del Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, el Sr. Enrique de la Torre Alonso. Parece ser que mientras se ha machacado la educación pública en los presupuestos de los últimos 4 años y no se ha llegado si quiera a cubrir el 10 % de la tasa de reposición de las plantillas con la oferta de este año, sí ha habido dinero para hacerle la vida menos incómoda a los directivos de Educación.

Hoy coincidiendo con la investidura del Presidente de la Junta en la figura de Juan Vicente Herrera, a pesar “de sus pocas ganas”, Viernes Negro realiza esta nueva llamada de atención expresando que “a fecha de hoy seguimos sin conocer el contenido del Código de austeridad para altos cargos de la Administración”, por lo que, so pena de su publicación a partir de esta denuncia, entendemos que dicho Código no existe para los ciudadanos de Castilla y León y que por tanto, no se trata más que de una argucia para seguir justificando el uso injustificado de recursos públicos y seguir manteniendo privilegios”.

Por ello le exigen que haga posible el acceso al “Código de austeridad para altos cargos de la Administración de 29 de septiembre de 2011”; que abra una investigación que erradique el mal uso de estos vehículos públicos, para evitar un despilfarro de las arcas públicas; que publique las instrucciones precisas para evitar el gravoso uso de los recursos públicos; y que el futuro nuevo gobierno legisle quién y en qué condiciones pueden utilizarse los vehículos públicos y el resto de los recursos públicos a disposición de los empleados públicos, cargos electos y altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León

Fuentes consultadas por Burgos Dijital nos han comunicado que al silencio tanto del Procurador como del Presidente se unía el desconocimiento por parte de los partidos de dicho Acuerdo, por lo que el control del uso de los recursos públicos ha sido totalmente inexistente en estos últimos 4 años, lo cual resulta totalmente escandaloso. Además nos han informado del contacto de integrantes de Viernes Negro con el procurador socialista David Jurado al que dieron toda la información posible para que la acción política de su grupo pudiera desentrañar este “menú de privilegios a la carta”. Tras ese contacto nadie volvió a saber nada ni de David Jurado ni de un PSOE más proclive a contemporizar con el Partido Popular que a hacer una oposición si quiera digna.

Ahora este movimiento confía que dada la mayor debilidad parlamentaria del PP en las Cortes y la entrada de Podemos y Ciudadanos puedan servir para desenmascarar los privilegios y frenar el abuso. Al tiempo…

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Fuente: EL PAÍS

Burgos Dijital entrevista a Ana Garrido,  ex- empleada pública testigo de la trama Gürtel en el ayuntamiento de Boadilla del Monte donde desempeñaba su trabajo, y a Miguel Alvárez, miembro del Movimiento Viernes Negro creado por empleados públicos para denunciar las irregularidades en la administración pública, abusos y corrupción de los políticos que imponen sus criterios por encima de los criterios de los técnicos de la administración. 
El robo de los políticos al erario público, millones de euros, parece haberse convertido en algo muy común en muchas administraciones, de tal modo que algunas personas pueden verlo como normal e imposible de evitar. ¿Son esos políticos los que queremos?

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