AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Sr. D. Juan Vicente Herrera Campo:
El Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León de 2 de octubre de 2014 publica el anuncio de la RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, por la que se anuncia licitación para contratar la realización de una “campaña de publicidad para la dignificación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León”. Expte.: A2014/000940.
El punto 4º de la Resolución señala el Presupuesto que asciende a un importe total de 249.260,00 €, y los empleados públicos, funcionarios, personal estatutario y laboral, nos preguntamos la razón para que haya que “dignificarnos” o “dignificar” nuestro trabajo con este escandaloso coste económico.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define “dignificar” como la acción de “Hacer digno o presentar como tal a alguien o algo” y a “digno/a”, del latín dignus , le asigna cuatro acepciones:
1. adj. Merecedor de algo,
2. adj. Correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo,
3. adj. Que tiene dignidad o se comporta con ella,
4. adj. Dicho de una cosa: Que puede aceptarse o usarse sin desdoro (salario digno, vivienda digna),
5. adj. De calidad aceptable (una novela muy digna).
Sr. Presidente, yo no necesito que me dignifiquen, yo ya soy una persona digna, un funcionario digno. Soy digno porque:
- soy honrado y no soy corrupto, ni indecente, ni clientelar, ni trafico con influencias, ni saqueo fondos públicos para darlos a “empresarios amiguetes”, “benefactores del partido” o familiares,
- porque tengo un trabajo digno, independientemente del puesto que ocupe: administrativo, enfermero, bombero, policía, juez, conserje, bibliotecario, profesor…,
- porque mi trabajo está al servicio de los ciudadanos (no el ciudadano al servicio del político, como es habitual),
- porque soy eficaz y cumplo con mi cometido, y con los medios que mi formación y experiencia me aportan (a pesar de la carencia de medios materiales y de formación para el reciclaje que la Administración no me ofrece),
- en suma porque estoy orgulloso de ser funcionario, porque nadie me ha regalado nada y mi puesto lo he conseguido demostrando méritos y capacidad, en competencia competitiva de igualdad, mérito y capacidad.
Un vez más los políticos actúan como una casta que vela por sus privilegios, siendo el primero de ellos perpetuarse en el poder, y por eso esta campañita a menos de 6 meses de las próximas elecciones para no perder las poltronas de la Junta de Castilla y León. Los mismos que cada día dilapidan el prestigio de la función y de los servicios públicos, los privatizan, conciertan o externalizan; corren ahora a cazar votos, parloteando mensajes ñoños sobre los empleados públicos y así infectan el inconsciente de votantes (personal de las administraciones y ciudadanos), para que de nuevo les voten y poder seguir haciendo recortes contra personas mayores, dependientes, mujeres, infancia y juventud, educación, sanidad, vivienda, etc.
Con muchas posibilidades estos 250.000 euros servirán directa e indirectamente para comprar voluntades y manejos electorales, amén de intentar un lavado de cara de la clase política, asociando el trabajo de los funcionarios con las figuras de los políticos totalmente desprestigiados a causa de sus corrupciones y privilegios.
Gracias, presidente, pero yo no quiero que me asocien sus campañas de publicidad con el despilfarro de dineros públicos y menos con la desprestigiadísima clase política.
Indignante es que la misma casta de políticos que llevan cinco años tirando por los suelos a los empleados públicos y desde hace 35 años han infectado las administraciones con sus corrupciones, ahora de nuevo nos insulten regalando a uno o varios empresarios los 250.000 € que nos han quitado.
Repasemos, si hay que hacer una campaña de dignificación de LOS EMPLEADOS PÚBLICOS es porque estamos muy denigrados. Y ellos lo han hecho a conciencia con sus imposiciones políticas:
1º.- Bajando y congelando nuestros salarios, nos señalaban como privilegiados y superpagados, cuando más del 65 % no pasamos de los 1.100 euros mensuales. De paso, bajar nuestro salario ha sido una rotunda y eficaz lección para que hayan bajado más del 30% en los sectores privados. Bajada tan salvaje que, desde la OCDE y de la OIT, ya le dicen al Gobierno de España que se ha pasado porque ha mandado a la pobreza a más de dos millones y medio de personas y que otros diez han perdido tanto poder adquisitivo que nada más pueden consumir.
2º.- Nos colocaron el sambenito de vagos, al aumentar nuestra jornada semanal de 35 a 37,5 horas, lo que viene a ser casi un mes más de trabajo al año. Aumento que ha servido para crear parados, al suprimir contrataciones temporales, no convocar nuevas plazas y hacer un favor a los empresarios con el mensaje, ….”mirad lo que hago yo, el Gobierno, con mis empleados; vosotros podéis machacar a vuestros curritos con más jornada y libraros de pagar horas extras”.
3º.- Quitarnos los derechos laborales, ya que ahora ponernos enfermos llega a costarnos el 50% del sueldo durante los primeros días de baja y el 25% hasta un total de 21 días siguientes; nos han bajado, e incluso quitado, todo tipo de derechos empezando por el constitucional derecho a la negociación.
4º.- Denostar nuestro trabajo a fin de justificar privatizaciones, empresas públicas, fundaciones, institutos, gerencias, desmanes y corrupciones que denunciamos desde hace años. Seguirían sin aflorar muchas corrupciones sin las denuncias de empleados de las Administraciones que, jugándose el puesto de trabajo, pusieron en manos de policías y fiscales ciertos asuntos. Denuncias ante las cuales los políticos, comportándose también como una casta, siempre han respondido persiguiendo y acosando a los denunciantes, y en la Junta tenemos al menos tres casos de empleados públicos represaliados por dignos y valientes denunciantes.
5º.- Ni un solo responsable político de la Junta ha salido en defensa de los empleados públicos cuando en repetidas ocasiones representantes de las patronales, como los Sres. Rosell, Terciado y Cepedano (entre otros), reclaman recortes en el sector público y que se privatice más.
6º.- Y no sólo OMITEN la defensa del empleado público, sino que ACTÚAN Y PROFUNDIZAN EROSIONANDO LA FUNCIÓN PUBLICA DE NUESTRA COMUNIDAD aprobando la reciente ley de medidas de reforma de la Administración que entre muchas otras ocurrencias “habilita que los funcionarios trabajemos en las empresas y fundaciones públicas”, cuando ni siquiera en Cortes se pueden obtener datos fiables de a qué se dedican y cuáles son sus cuentas…Que sigue erosionando la Administración A permitiendo y generalizando las “encomiendas de gestión” a la Administración B, donde repetimos no existe ningún control de los ciudadanos sobre su funcionamiento.
Donde se carga la audiencia e información pública de los ciudadanos en los proyectos de ley y reglamentos, a cambio de una aplicación en la web….llamada “gobierno abierto” que en ningún caso se creó ni sirve para tal fin….
¿Puede asegurarnos que todos los ciudadanos de Castilla y León acceden a esa aplicación? ¿O quiere dar a entender a por ejemplo, muchos de nuestros mayores, que NO LES INTERESA A USTEDES su opinión?
Los empleados públicos sabemos que la sociedad conoce y valora nuestro trabajo, sabemos que quienes han defendido la sanidad pública han sido los funcionarios y el personal laboral de los hospitales con las “mareas blancas”; quienes han defendido el Estado de Derecho y la gratuidad de la Justicia, que debe ser igual para todos (sic), y del Registro Civil , han sido los funcionarios y personal laboral que cada día prestan servicios en los Juzgados de toda España; quienes han defendido la Educación gratuita, igualitaria y universal, han sido los funcionarios y el personal laboral de las “mareas verdes”; quienes defienden la Administración al servicio del ciudadano, no para el enriquecimiento fraudulento de sus “jefes políticos”, han sido los funcionarios y el personal laboral de las “mareas negras y los viernes negros”; quienes han defendido los Servicios Sociales que se ocupan desde las Administraciones públicas de los derechos y atención a los más desfavorecidos y dependientes, han sido los funcionarios y el personal laboral de las “mareas naranjas”, y quienes constituyen un largo etcétera de apoyo del Estado Social, Democrático y de Derecho que defina la Constitución de 1978 no son otros que los empleados públicos.
Si la Junta de Castilla y León quiere dignificarnos, basta con que apliquen las propuestas votadas en asambleas y que a primeros del 2011 les remitimos bautizadas como “LISTA DE LA DIGNIDAD”, así como todas y cada una de las quejas y denuncias que desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), y de los viernes negros de Burgos y Palencia les hemos presentado ante la Junta de Castilla y León y el Procurador del Común.
Todo ello se puede hacer a coste cero, pero también le proponemos que destinen esos 250.000 € a reponer los salvajes recortes que han hecho en dependencia, sanidad, educación y vivienda. Si quiere una propuesta más concreta, destínelos a reponer las dotaciones presupuestarias en apoyo de las mujeres víctimas de violencia de género: subvenciones recortadas a las casas de acogida y centros de día, reapertura del centro de emergencia que cerraron en Salamanca, ayudas para la autonomía y la contratación (“plan Dike”) y programas de apoyo psicológico y de asistencia jurídica.
Una última pregunta, Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León: ¿Tienen mala conciencia por la continuada difamación hacia los empleados públicos?, ¿tienen miedo de que salgan a la luz más casos de corrupción y nos quieren hacer la pelota?, ¿necesitan desesperadamente nuestro voto en mayo de 2015? o… ¿son las tres cosas a la vez?
A la espera de su respuesta, reciba un saludo, en nombre de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), en León a 7 de octubre de 2014.
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