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viernes, 26 de febrero de 2016

Miguel Méndez Ordóñez participó en IZEN INNOVACIÓN junto a David Marjaliza y otros implicados en la PÚNICA

Izen Innovación S,L, en Avda Reyes Católicos 8 de Burgos
Por Lucas Mallada

Miguel Méndez Ordóñez, hijo y sucesor del conocido empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, aparece como consejero junto a personas como David Marjaliza en la empresa: IZEN INNOVACIÓN S.L.

Ya en 2005, este empresario y heredero de los negocios de la construcción de su padre[1], estuvo relacionado con un viaje del entonces concejal de urbanismo Javier Lacalle y algunos técnicos municipales a la Costa Azul. Viaje pagado al parecer por el propio Méndez Ordóñez. Este asunto fue denunciado en la Fiscalía como indicio de delito, pero la Fiscalía de Burgos no pareció observarlo a pesar de que se relacionaba con la adjudicación de la obra túnel de la calle Islas Baleares. Más aún Miguel Méndez Ordóñez se jactó públicamente de la hazaña, prometiendo repetirla al año siguiente.

            El historial del consejo de administración de esta sociedad (IZEN INNOVACIÓN) es de gran interés. El 24 de feberero de 2009 fue nombrado administrador único de la sociedad, Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Antonio Miguel Méndez Pozo, pero el mismo día, cesaban como consejeros los siguientes individuos:
1. David Marjaliza (ahora en prisión y colaborando con la Justicia)

2. Victor Manuel Clemente Alonso, nombrado el 27 de septiembre de 2007 y que cesa en el 15 de octubre de 2012. También ha estado en los consejos de administración de más de una docena de sociedades, todas muy interesantes, vinculadas a desarrollos urbanísticos de la Comunidad de Madrid.

3. Agustín Clemente Alonso (con toda seguridad hermano de Víctor Manuel)

4. José Miguel Físico Cabañas, director de inversiones de CCM Corporación cuando la Caja de Castilla la Mancha estaba presidida por Hernández Moltó y, por ejemplo, se prestaron más de 200 millones de € a implicados en la operación Malaya.

5. José Antonio Alonso Conesa, también detenido e imputado en la operación Púnica, exalcalde de Cartagena con el PSOE. Acusado por cohecho y malversación.

6. José Luis Rodríguez Romo, que fuera Director General Adjunto con el imputado Hernández Moltó, (recientemente condenado a penas privativas de libertad)

7. José Luis Capital Gallardo: mencionado en el sumario de la Operación Púnica, próximo a David Marjaliza.

8. Pedro Gómez Blázquez: propietario de varias empresas vinculadas con el urbanismo, como por ejemplo Burgoespacio 2000 que dispone de alquileres en Burgos. Sin embargo, centró su atención, sobre todo, en el área madrileña, siendo Gerente de Getafe Norte, a pesar de ello, sus empresas ganaban constantemente concursos en otros municipios próximos como Parla.

Por otro lado, en las fechas en que los citados  formaban parte del consejo de IZEN INNOVACIÓN S.L., también eran consejeros el citado hijo de Antonio Miguel Méndez Pozo y la mercantil RÍO DE LOS AUSINES, S.L., propiedad de éste último y el propio Victor Manuel Clemente Alonso.

            La empresa IZEN INNOVACIÓN S.L., tiene su domicilio social en la Avenida Reyes Católicos, 8, entreplanta, de la ciudad de Burgos, y aparece con un capital social de un millón cuatrocientos mil euros. 
En la actualidad Miguel Méndez Pozo campea solo, como único representante de la empresa, siendo el Administrador Único la sociedad ALQLUNIA 27 SL, tras la que nos encontramos al Grupo Río Vena y al propio Miguel Méndez Ordóñez.

            Los orígenes de la fortuna y el poder de la familia Méndez están trufados de relaciones peligrosas, pero en la madurez y en el tránsito a los sucesores, parece que los viejos hábitos se mantienen por los herederos del Clan. 
La diferencia quizá está en que un advenedizo pudo pasar más desapercibido dando arteros codazos a la competencia para abrirse camino en el Burgos desarrollista de finales de los 70 y principios de los 80. Sin embargo, los príncipes herederos de familias que quieren aparentar nobleza de cuna tienen más focos sobre sus acciones, y parece que también menos cuidado...




El presidente de la Junta de Castilla y León con Méndez Pozo  Efe / Brágimo
[1]     Antonio Miguel Méndez Pozo fue condenado en 1992 por falsificación documental a pena de prisión, en el conocido Juicio de la Construcción. 
Hecho que no le ha impedido seguir haciendo negocios con Administraciones Públicas y codearse con algunos políticos y representantes públicos que tienen obligación de velar por el patrimonio común.

martes, 23 de febrero de 2016

Un 23F como aquél de 1981, con un gobierno del PP en funciones

Por Juan Vallejo


Alfonso Grau, mano derecha ( no podía ser de otro modo ) de Rita Barberá, acaba de ser detenido por un delito continuado de cohecho en su domicilio de Valencia. Joyeros, empresarios, agencias de viajes, etc, están siendo registrados, puestos a disposición judicial. Las redes, los medios, estallan ante esta organización criminal que es el PP valenciano, madrileño y por ende español. En tanto esto acaece, el ministro del Interior lanza mierda desde su boca para salpicar estos delitos a todo lo que se mueve políticamente. Pero este personaje, que utiliza el ministerio del Interior de los españoles, para impregnar los delitos, de que esta indecente agrupación política está ciscado, a los demás; no pierde oportunidad para enfangar la vida política nacional. Lo acaba de hacer a raíz de esta detención diciendo que llama la atención de que estas detenciones se produzcan justo ahora, poniendo en entredicho a la Justicia. 


Entre operaciones Taula, Gurtel , AcuaMed, trama del Caloret, del Camps, Fabra, de naranjas, ferraris, campos de fútbol, colegios, las famosas farolas de Rus, de las luces Led, del Santo Padre y el Sursum Corda y la sede de Génova 13 , donde está instalado el laboratorio de la peste que invade el país, desde la cual acaba de hablar su hechicero, su gran jefe, erigiéndose adalid contra la corrupción.


Los viajes a Chicago de Grau, (tiene una hija allí), implícitos en esta operación "Clepsidra", su soberbia y despotismo pueden darnos sorprendentes noticias de todo lo que oculta la dama Vuitton protegida por el cómplice de esta inmundicia: el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

" No vamos a dejarnos influir por la histeria", dice Rajoy a raíz de estas detenciones. ¿Se referirá a la que tienen sus vástagos peperianos investigados, al sentirse abandonados de los capos de esta mafia en que se ha convertido este partido? Tal vez a las palabras de su varón del País Vasco, Damborenea, que dice estar hasta los cojones de tanta corrupción.
Textualmente. Le responde Rajoy: No sabes bien hasta donde estoy yo. Yo sí lo sé: estás pringado hasta la médula. De mentiras, de cinismo y de hipocresía. 
Pasarás como el presidente más infame y dañino de la historia de España, mejorando al Aznar cómplice de los crímenes de Irak. 

Hasta tu tierra de Pontevedra te declara persona non grata. Pero tu sigues pringando de infamia a la nación. Causando dolor e indignidad por el mundo que nos ve como seres anodinos, infectados por esa bacteria que escupís desde Génova contigo como principal ingeniero, y tus ayudantes como Francisco Camps, principal recaudador del dinero con cinco cajas B, para nutrir la canalla que habéis fundado. 

Y este pájaro está en las Cortes, como la otra, la gran dama de la cara dura y la infamia, la del Caloret y la cobardía: Rita Barberá,  la que despilfarró la Hacienda valenciana en un alarde de megalomanía con su arquitecto Calatrava; estimulados, insuflados por los ardientes ánimos en plazas de toros y eventos multitudinarios que Rajoy presidía alardeando su deseo de ser como ellos. 

Y tanto que alardeó. Esa correspondencia osmótica, ha fecundado una corriente de tal densidad, que ya no se distingue el venero principal del cáncer.

 Este 23 F con el PP, es tan criminal como el de 1981, el del Golpe de estado de Tejero. Le diferencia de aquél en que los guardias civiles eran los golpistas y en éste, 35 años más tarde, los saqueadores son los políticos principales del PP en el poder: Rajoy y sus secuaces que han dejado España en el mayor desprestigio mundial que haya alcanzado a lo largo de su historia. Editando una Leyenda Negra que desnaturaliza la marca España y espanta cualquier inversión económica o cultural posible. Además, con este aluvión de mierda vertida sobre el país, se espantan las noticias e inquietudes que deberían ser protagonistas a diario, como es lo que concierne al paro, a la Sanidad y la Educación. Y otros tipos de corrupción que se solapan ante el monstruo de Génova, propiciando que la ciencia, el arte, la sabiduría y el conocimiento sean desterrados cada día por estos miserables.

No saben ustedes, cómo me gustaría hablarles en este medio de arte, de pintura; de lo que algo sé. Pero creo que es mi deber expresar la inmediatez de estos hechos para que quede constancia que el compromiso social existe; no solo por mi parte, sino por la de muchos que leen estos textos y que me estimulan a continuar en la brecha: esperan los trabajos que edita Burgosdijital, uno de los escasos medios capaces de desnudar la realidad. Por supuesto en Burgos donde la mafia peperiana tiene una sucursal protegida.



Eslogan del Partido Popular en las elecciones europeas"lo que está en juego es el futuro"

Esto unido al escándalo de la Infanta en el caso Nos, en el cual la abogada Virginia López Negrete, de Manos Limpias, que tiene que interrogar a la hermana del Rey, está citada como imputada en un caso extraño de cobros indebidos el mismo día del interrogatorio.¿Casualidad? Una maniobra para que ese día no esté en el juzgado la principal acusadora del proceso. La han atado de pies y manos con este nuevo escándalo. Se ha perjudicado muy seriamente a la Infanta con esta artería, aunque crean librarla de su complicidad en esta gigantesca mordida que salpica a la Corona.


Este 23 F de 2016, pasará a la historia como el aniversario de un Golpe de Estado infligido por el PP sobre este país desde que lo fundaran y refundaran los facinerosos Fraga, Aznar y Rajoy y el rostro sutil, diabólico, evanescente, por excelencia de la corrupción: esperanza Aguirre a cuyo mayordomo de confianza, Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares, investiga en estos momentos la UCO de la guardia civil. 



No hay ayuntamiento del PP en donde esta perversión no tenga sospecha y razón.

Pongan ustedes los "supuestos" que se les antoje; los míos se sobreentienden.

lunes, 22 de febrero de 2016

¿Por qué son importantes las elecciones a representantes sindicales en la Administración autonómica?



Por Burgos Dijital


Resulta profundamente llamativo como el 1 de febrero de 2016 los sindicatos CCOO, UGT y CSIF dieron el pistoletazo de salida en el Diario de Burgos como únicos vertebradores de la representación de los empleados públicos de la Junta ante los próximos comicios sindicales del 3 de marzo.

Ante esta fotografía, sería por otro lado muy fácil pero poco imaginativo hacer la misma comparación con la presencia mediática de los partidos políticos en las pasadas elecciones generales realizando una equivalencia entre estos sindicatos y el bipartidismo junto a las marcas nacionalistas conservadoras en sus respectivos territorios.

Ciertamente las reglas del juego son parecidas aunque buscando una menor intensidad premeditada en la contienda, puesto que para asegurar el poder lo mejor es que nada cambie, no vaya a ser que la bien organizada colmena de abejas se transforme en un avispero. De ahí tanta “paz social” vendida por el Presidente de la Junta, el equivalente en este caso al jefe de la patronal, y tanto acuerdo comprado por nuestros representantes sindicales, eso sí vía financiación: ¡¡Qué mejor masaje que una buena lluvia de billetes!!


No se va a explicar lo que significa el Movimiento Viernes Negro (VN) porque ya hay publicado lo suficiente, pero sí se pretende recordar que este colectivo nació de forma espontánea, contando con muchas personas que o bien no tenían ninguna afiliación sindical o bien pertenecían, e incluso eran delegad@s sindicales, de todas las centrales con representación en nuestra provincia. 



El tiempo ha dado la razón a quienes pensaban que poco a poco todos los sindicatos de la "paz social" iban a abandonar las protestas, especialmente cuando se comenzaron a realizar denuncias frente a la gestión arbitraria, antidemocrática y oportunista del Partido Popular: por poner un ejemplo, la presidenta provincial del sector público del CSIF en Burgos, Milagros Alcalde Castilla, obligó a todos los representantes de su sindicato a desaparecer de las concentraciones por el hecho de que Viernes Negro denunciara el acceso único y exclusivo a Intereconomía a través de la red en todos los puestos de trabajo. 

Poco a poco y a medida que iban pasando las hojas del calendario, las manifestaciones iban perdiendo fuerza pero ganando en razones morales y objetivas. Muchas personas comprometidas perdieron sus energías para seguir confrontando con sus denuncias que la crisis ha sido una gran estafa y que ha servido de excusa para realizar un ideológico desmontaje de las administraciones públicas a través de privatizaciones y externalizaciones.

Otras dejaron el colectivo por las presiones de sus superiores, la mayor parte de ell@s “libres designad@s”, y por los “toques de atención” de l@s representantes sindicales a los afiliad@s más activos.

Seguro, también, otr@s habrán dejado la pelea por no estar de acuerdo con algunas de las denuncias y acciones

Vaya por delante que la crítica desde este medio no es hacia las bases y simpatizantes de los sindicatos a los que se alude, la mayor parte gente honesta y trabajadora que en muchos casos incluso estarán en listas de candidat@s para “rellenar”, sino a los aparatos autonómicos, a sus correas de transmisión y también, por qué no decirlo, a tod@s aquell@s que se aprovechan de su posición de poder, sus contactos y la información atesorada para malgastar sus liberaciones y horas sindicales en “cosas personales” o colocar de manera espúrea a familiares y amig@s en la Administración.

Esto es lo que hay y esto es lo que ha llevado a la situación en la que se encuentra ahora: UGT dice que “la dignidad es el salario en una ¿inverosímil coincidencia? con el nombre que much@s emplead@s públic@s  dieron a una lista de reivindicaciones y propuestas que fue elaborada con la participación de tod@s en el 2011 y que se entregó al Presidente de la Junta de Castilla y León, la “Lista de la Dignidad”; CCOO y su secretario autonómico se hicieron la foto-portada con el Presidente conservador Juan Vicente Herrera para cerrar con un apretón de manos la ampliación del horario, medida que sirvió especialmente para la reducción de plantillas de manera quirúrgica en la Sanidad y la Educación; y el CSIF que defiende especialmente la carrera profesional en una administración pública dónde nadie sabe qué significa esto.

Lo cierto es que tras cuatro años de imperio trisindical es un hecho objetivo que la capacidad adquisitiva de los empleados públicos se ha visto menguada y que muchas otras personas que trabajan en los servicios públicos han visto como se precarizaban sus salarios y sus condiciones laborales; que se continua con el mismo horario de trabajo gracias al incumplimiento del infame pacto alcanzado por el que el gobierno popular les devolvería a las 35 horas, y a la reducción proporcional para docentes y sanitari@s, una vez alcanzado el 2,5 % del PIB, condición ya cumplida; y que las formas de provisión distintas a la oposición y a los concursos libres junto al “trapicheo digital” han convertido estos centros de trabajo en comisarías políticas, muy lejos de la pretendida profesionalidad.

Si hace menos de un año estos tres sindicatos dieron su visto bueno a una campaña mediática de dignificación de l@s emplead@s públic@s, cuando prácticamente se les ha deshauciado de todos sus derechos laborales, para permitirle al partido gobernante arañar votos a costa del erario público y que PLADEPU (Plataforma para la Defensa de lo Público) consiguió paralizar haciendo pública esta perversa estrategia, ahora el Consejero de Presidencia, cuya mujer utilizaba coche y conductor oficial para su uso privado, abre las puertas del Paraíso a los representantes sindicales y les habla de trasparencia y de profesionalidad.

Todo esto resulta una farsa y basta con analizar la situación para comprobar que con su silencio y/o su asentimiento son responsables de una escandalosa gestión de personal utilizada para hiperpolitizar la administración a través de Libres designaciones, de caprichosas comisiones de servicio, de contratos de alta gestión, de contratos que desprecian las bolsas de empleo burlando los méritos y la capacidad de los no alineados a sus intereses de grupo.

Son así mismo responsables de la pérdida de poder, ellos sabrán a cambio de qué, en todas las mesas de negociación frente a los ejecutores políticos tras la última reforma de la Ley 7/2005.

Por otro lado, ninguna de sus voces se ha alzado contra la creación y persistencia de la Administración paralela a base de empresas públicas, fundaciones, gerencias y demás chiringuitos que día tras día tanto VN como PLADEPU han demostrado y seguirán demostrando que sirven a intereses opacos y privados con profundas conexiones con el partido gobernante.

También es curioso que mientras todos estos hechos estaban y están sucediendo, aún es el día hoy en el que nadie puede ver y comprobar las actas y los acuerdos de las mesas de negociación de las condiciones laborales de funcionari@s, laborales y estatutari@s.

Para terminar nuestras fuentes nos han confirmado que much@s de los que se han mantenido activ@s en las protestas han recibido presiones para que abandonaran la pelea y, al parecer, ningún@ de l@s representantes sindicales de los tres grandes sindicatos han apoyado a sus compañer@s. En última instancia, algunas de esas personas  se quejan de que "mientras un@s poc@s poníamos el dedo en las abiertas llagas de este cadáver y advertíamos de su tremendo hedor, otr@s nos miraban con desconfianzas y recelos, más preocupados por salvar su status y buscando con desaliento la obtención de alguna prebenda o privilegio".


Pero es precisamente ahora cuando, recien estrenada la campaña sindical, algun@s comienzan a realizar el juego sucio al que tanto acostumbran. Hasta el punto de que, como se nos ha informado desde Valladolid, el sindicato UGT ha comenzado a repartir propaganda electoral con la quiere convencer a los empleados públicos de haber sido los impulsores de los "Viernes Negros" en Castilla y León.

Esto no parece más que una muestra de nerviosismo de la posible pérdida de poder de esta central sindical, lo que le pondría en serio aprieto a la hora de recibir la porción del pastel repartido por un Juan Vicente Herrera que ya tiene suficiente con soportar las embestidas de la oposición en la investigación de la trama eólica.

¿Comenzará a ser el final de la mal llamada "paz social"?


miércoles, 10 de febrero de 2016

El miedo de Manuela Carmena al Partido Popular

Por Juan Vallejo

El Financial Times, se hace eco de la barbaridad cometida contra los Titiriteros contratados por el Ayuntamiento de Madrid, encarcelados por un juez cuyo historial franquista está lleno de despropósitos, por una sátira en la que se mencionaba a ETA. 



El ministro del Interior, proclama el terror que supondría que el PSOE y Podemos formarán Gobierno y tomaran, de esta suerte, decisiones favorables a la banda terrorista. También, la desdichada y rencorosa Esperanza Aguirre, pregona contra todo lo que se mueve en el Consistorio de Madrid su abyecta y canallesca diatriba: a la historiadora Mirta Nuñez, por ejemplo; a la concejala de cultura Celia Mayer, y todo lo que suene a Podemos. 



Desde la emisora Intereconomía, con deudas a Hacienda multimillonarias, vierte a diario una ponzoña deleznable contra todo progreso o actitud democrática que suponga la intención de formar Gobierno, y que no contenga a la organización criminal que se cobija bajo las sigas del PP.  Esto, unido a la basura diaria del "cojo de Teruel", la que vocea desde Libertad Digital, medio sufragado por el PP, y que no dudaría en disparar su "lupara" en cuanto pase por su vera un coletas o un muchacho tocado con rastas de Podemos, claro.   O los artículos emponzoñados en los medios como La Razón, ABC, y otros de provincias en los que colaboran los plumillas a sueldo del grupo Promecal, Diario de Burgos entre ellos, manejados por ex-presos como Méndez Pozo, pongo por caso, hacen de este país un lugar en donde el miedo comienza a surtir efectos letales.



Ya no es la Ley Mordaza, las multas enormes a las que puede un ciudadano enfrentarse en cuanto ejerza su derecho a manifestarse, u opine del saqueo que el Gobierno lleva a cabo dejando a los ciudadanos en la calle, en la miseria. Es el hálito de pánico que vierten todos estos ladrones que se han adueñado del país desde su más que segura derrota.   Las empresas y medios capitalistas les ayudan en este carnaval del terror cuyas máscaras fabrican en los bancos y en la bolsa. Temen perder lo único que les queda, su dinero, ( la dignidad y la honra la dejaron en el Congreso, en las acciones que llevaron a cabo para saquear el país ). Pero el daño ya está hecho.   Ahora tratan de eclipsarlo con asuntos como el de los Titiriteros, o la inquina contra Carmena, Ahora Madrid, Podemos, etc. Nos quieren entretener con estas nimiedades de cabalgatas y títeres, o con la Ley de la Memoria Histórica que han abrasado sistemáticamente para vergüenza del mundo y que trata de aplicar Carmena. 


Como dice en un magnífico artículo en este medio titulado Titiriteros escrito por Lola Robles, la pusilanimidad y cobardía de la alcaldesa nos puede llevar al desastre y a la vuelta de la caverna. El miedo de Carmena a estos canallas le juega malas pasadas como denunciar a estos creadores. Estoy de acuerdo con todo lo que expresa en este trabajo Lola Robles. Léanlo, no tiene desperdicio. Los que somos vecinos de Madrid lo entendemos muy bien. No podemos dejarnos amedrentar. 


En cuanto la Fiscalía ha visto cómo las redes sociales concitaban manifestaciones para hoy, mañana y pasado mañana día 13, aquí en Madrid, y en otros puntos del país, que la prensa europea nos describe como atapuerquizados individuos, ha decretado libertad para los amigos titiriteros. Pero una libertad condicional llena de cárcel, de presiones, de condiciones leoninas: otro castigo injusto.   Por eso debemos alentar la unión entre fuerzas de izquierdas, porque la máscara es reversible y nos embauca con su sonrisa de hiel. De hecho la llevan puesta y no lo notamos. En su reverso, si no está la lupara de Losantos, está la pistola de Hellín.



El dantesco espectáculo de las Audiencias de Madrid y Palma de Mallorca, por donde se pasean hijos de Reyes y dirigentes políticos por sus estafas, robos y enriquecimiento ilícito, es la ciénaga por donde el miedo se nutre y disfraza. Su máscara es tan sutil que no la detectamos hasta que muerde nuestra actitud dejándonos impasibles, inmovilizados.   En cuanto derrama sobre las leyes su deletéreo aliento, sentimos cómo el paisaje humano se desazona, se manifiesta, grita incluso su dolor. Una y otra vez el aliento del diablo palpitando en la nuca de nuestros sueños...pero los de la infamia urden nuevas ingenierías para proseguir su fin que no es otro que la codicia y el poder.   Tienen por norma la destrucción del ser humano, su alienación, el sometimiento a la dictadura del fascismo que llevan implícito en su ADN.


En tanto que esto acaece, el Presidente del Gobierno en Funciones sigue con su excrementicia retahíla de mentiras. Blinda a una desvergonzada Rita Barberá en el Senado a sabiendas que es carne de cárcel; todo esto después de afirmar ante sus secuaces que hasta aquí hemos llegado. Mientras, su  ministro del Interior arroja hiel entre actos, actitudes e infamias.


Un miércoles de ceniza que abre la cuaresma de España: un calvario que llevamos sufriendo los que somos abuelos y hemos conocido cómo se las gasta el franquismo. Sobre todo con aquellos que dieron su vida por la libertad y que ahora tratamos de encontrar por esas tierras en donde estos asesinos trataron de ocultar sus crímenes.   Pero el miedo no nos va a amilanar. Se concertarán las ideas y los programas. Colaboraremos desde nuestros humildes barbechos con la reja, el pincel o la pluma. Como tantas veces. Y les quitaremos la máscara, esa que infunde la hipócrita leyenda de que aquí nunca pasa nada. 

Como los Titiriteros desde abajo, que desde la prisión siguen en libertad por mucho que su muñecos estén rotos, mudos o presos; aunque jueces cavernarios insuflen miedos desde leyes arbitrarias, caprichosas e injustas.

YO TAMBIÉN SOY TÍTERES DESDE ABAJO, como mi compañero Basilio el Bagauda.


Leer más:
Titiriteros
No dejarán títeres con cabeza

martes, 15 de diciembre de 2015

Radiografía de una democracia en coma

Fotos de archivo Movimiento 15M. Plaza Mayor de Burgos

Por Basilio el Bagauda


Poco más de 4 años han pasado desde ese 15M sorprendente, embriagador, liberador, que parecía propio de una alucinación colectiva, de un desatado tsunami que iba a arrasar con todo hasta los cimientos y que iba a desterrar para siempre todas las contradicciones que ponían en evidencia una democracia en descomposición.

En esos días prerrevolucionarios de vino y rosas, de rabia y represión, las élites políticas se asustaban, pues el miedo había cambiado de bando y una gran mayoría de españoles y españolas salieron sin miedo a las calles a gritar lo que sólo se atrevían a decir de puertas adentro.

Este fenómeno político se siguió dentro y fuera de nuestras fronteras y, entre otras cosas, lo que más llamó la atención fue que l@s jóvenes fueran de nuevo l@s protagonistas de la acción política y que se hiciera una impugnación total a un sistema político organizado en torno a los dos partidos liberales, socialdemócratas y conservadores, a los cuales se les hace culpables de los daños infligidos a las clases trabajadoras. De ahí ese simple y memorable “¡¡PSOE, PP, la misma mierda es!!

Lo paradójico de este nuevo escenario político es que los conservadores se hicieron con una amplia victoria en las elecciones autonómicas y municipales que luego culminaron en las generales, haciéndose con el poder político más omnímodo que ningún partido ha conseguido tener durante la segunda restauración borbónica.

Sobre este resultado producido en medio de una reacción política popular nada conservadora poco aún se ha estudiado, aunque hay evidentes causas como la pérdida de buena parte de la confianza de las bases del PSOE, la fuga de votos de las desideologizadas clases medias hacia el PP y unas organizaciones políticas a la izquierda del PSOE a las que les pilló a contrapié este acontecimiento, por diversas razones.

Cuatro años después de una demolición programada de derechos sociales, civiles y económicos, con el “conforme” de organizaciones supranacionales antidemocráticas y la tutela permanente de Bruselas, nos encontramos de nuevo ante unas elecciones generales.

Mucho han cambiado las cosas, es inopinable, pero lo cierto es que las élites hispanas han conseguido de manera milagrosa reforzar su poder mientras el sistema, del cual son arquitectas, sigue descomponiéndose. De ahí que la situación sea trágica, angustiosa, terrorífica. Es por ello que tenemos el deber cívico de denunciar, incluso aunque no nos convenga o no se acomode a intereses tan intangibles como que un partido por el que simpaticemos saque ventajas, todas las indecencias que dañan las reglas del juego que hemos aceptado o nos imponen.

Bajo estas premisas, es indignante lo que está ocurriendo en esta campaña electoral con los debates electorales protagonizados por representantes de los partidos en liza donde se censura la aparición tanto de Alberto Garzón, líder de “Unidad Popular-Izquierda Unida”, como de Andrés Herzog, de UPyD, ambos partidos con grupo parlamentario en esta última legislatura. Al parecer la explicación que se da es la del resultado en las encuestas, como si estas sirvieran para dar o quitar la voz a alguien y despreciar de manera indecente a los cientos de miles de votantes que estas organizaciones políticas tuvieron y podrían tener.

Esto es censura y manipulación de la peor especie aunque, a mi juicio, lo peor del asunto es que ningún afortunado invitado a los diferentes “banquetes” haya levantado la voz contra este indescriptible ataque a una democracia gravemente enferma, ni siquiera un gesto de nobleza por parte de las llamadas fuerzas emergentes.

Y qué decir de las maravillosas modificaciones en la Ley electoral protagonizadas por el gobierno de Zapatero y apoyadas por Pedro Sánchez, con el apoyo siempre inestimable del PP y de CIU: el famoso voto rogado y los requisitos para la creación de agrupaciones electorales.

El voto rogado consiste en que l@s español@s expatriad@s, ahora mismo un gran número de jóvenes, deben  solicitar previamente el derecho de voto antes de unas elecciones. Esto no parecería un problema demasiado grande si no fuera porque l@s residentes temporales, la gran mayoría entre l@s emigrantes que han salido en los últimos años del país, tienen sólo 7 días concretos para realizar una serie de trámites administrativos de manera presencial en las oficinas consulares que, por supuesto, no están precisamente en todas las ciudades. En definitiva, una verdadera gymkhana diseñada para desalentar a los votantes y reducir el electorado en el exterior. Tal es así el perverso desaguisado, que “Eldiario.es” informaba el 29 de noviembre “que sólo un 6 % de los españoles residentes en el extranjero tendrá la oportunidad de votar en las elecciones generales del 20D. ¡Y estamos hablando de más de un millón y medio de elector@s!




En cuanto al segundo asunto, también por obra y gracia de l@s demócratas, pues otro tanto: al legislador no se le ocurrió mayor pendejada que convertir esta posibilidad en otra divertida gymkhana en la que, entre otras cosas, había que pasar las firmas recogidas ante notario previo pago de las debidas tasas y aranceles.

Otras cosillas que afectan literalmente a la calidad de nuestra democracia son la función de los medios de comunicación y la financiación de los partidos que influye, guste o no, en su proyección mediática y en su capacidad de colocar su relato de manera transversal en todos los ámbitos de nuestra vida.

No hace falta explicar demasiado cómo anda el panorama periodístico español con todas las cabeceras de periódicos en papel volcadas en un espectro que va desde el centro-derecha de “El País” hasta la extrema derecha de “La Razón”. En cuanto a las radios generalistas tenemos otro tanto, con la excepción de “La Ser” que busca en sus espacios políticos a todas las voces de las diferentes opciones para buscar una especie de pluralidad que sin embargo se le niega a la izquierda en el resto de emisoras. Por último, qué decir de las televisiones, en las que no voy a entrar por no extenderme en su permanente adoctrinamiento neoliberal, todas ellas inclinadas, exceptuando La Sexta, hacia la derecha, cubriendo también las opciones nacionalcatólicas y ultramontanas.


El paisaje es evidente y aún más demoledor cuando comprobamos que la mayor parte de los grandes medios de masas son propiedad de bancos y grandes fondos financieros que evidentemente utilizan éstos como instrumentos para la persecución de sus intereses privados. Y esto no lo digo yo, basta con leer las declaraciones del veterano periodista Miguel Ángel Aguilar en el “The New York Times” por las que fue despedido de “El País”. Entre otras cosas afirmaba que “Los periódicos están en manos de sus acreedores y también en las del Gobierno, que ha convencido a los acreedores que los periódicos deben mantenerse vivos en lugar de asfixiarlos bajo sus deudas.

También sería interesante recordar, para terminar con este tema, el despido fulminante de Pedro J. Ramírez en El Mundo por su investigación de la financiación ilegal del PP; la desaparición por supuestos problemas financieros del diario Público; las frecuentes y conocidas llamadas de Soraya Sáenz de Santamaría a los medios de comunicación para presionarles; las amenazas del Ministro de Hacienda del uso de la Agencia Tributaria para “apretar” a periodistas poco amables con el gobierno; la censura previa o la represión directa, recordemos la portada de El Jueves, hacia cualquier información negativa sobre la monarquía; y , en última instancia, la financiación directa y oculta del Partido Popular al medio digital de extrema derecha “Libertad Digital”.

Y sí, como no, la dichosa financiación y toda la mancha sucia que deja el dinero allá por donde se arrastra. No hará falta explicar lo que ello implica: si tienes más dinero que los demás contrincantes tendrás muchas más apariciones mediáticas, producirás más publicidad, comprarás los mejores espacios y te ubicarás en las zonas más visibles, contratarás a más personas que te lo agradecerán eternamente, montarás fundaciones, extenderás con más facilidad tu proyecto ideológico e incluso, como ya hemos comprobado, te dará para comprar voluntades y extender tus tentáculos creando relaciones de poder.

Y si además detrás de esta financiación está la banca el resultado es francamente desastroso para el resto del país, pues la banca no da nada a cambio de nada. Afortunadamente una formación política, PODEMOS, ha sabido arriesgarse y confiar en los microcréditos que multitud de gente aporta, lo que asegura una independencia de las decisiones que tomen sus representantes respecto al principal enemigo de la democracia y sostenedor del sistema.

Pero claro si esas ventajas las consigues fuera de las reglas del juego que le das al resto, estás acabando directamente con la igualdad de condiciones y, por tanto, con la lucha legítima dentro y fuera de las instituciones: si antes fueron los Filesa del PSOE, la Banca Catalana de CIU o el caso “Naseiro" del PP, ahora volvemos a encontrarnos con la misma flagrante realidad en forma del 3 %, de los ERE de Andalucía y de la Gürtell. Los mismos partidos empeñados en convertir la democracia en una gran farsa, con la connivencia de los tribunales.

Seis años desde el inicio de la instrucción de la trama Gürtell, cinco años de los ERE fraudulentos de Andalucía, seis años del caso Noos con la monarquía en medio de la trama de corrupción, tres años de operación pokemon y un fiscal suicidado de por medio, con Blesa, Rato, Bárcenas, Pujol y dos presidentes de Andalucía jugando al trile, unas fiscalías dedicadas a torpedear cualquier investigación de corrupción que afecte al partido en el gobierno y convirtiéndose en defensores de las elites imputadas, y un pacto entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy para paralizar el inicio de estos juicios hasta después de las elecciones que afectarían a los dos principales partidos en sus resultados electorales.

Todo ello conforma un marco político que invita a la deserción, aunque quizás sea lo que busquen. Sólo espero que los observadores internacionales que han dado el visto bueno a innumerables elecciones en Venezuela y que limpiarán la mancha de la sospecha tras ganar los que deseaban, se pasen por aquí para que cuenten todos los votos, porque yo de la canalla que maneja los hilos no me fío “ni un pelo”.

Ah, y que nuestro particular Hombre Sabio, Felipe González Márquez, deje ya de defender a los pobres presos políticos venezolanos porque tiene curre en casa de sobra si es que los sindicalistas condenados, los anarquistas sin habeas corpus y un tal Alfon se lo permiten: qué mejor defensa que la de alguien que conoció a las mil maravillas cómo pasarse los derechos humanos por el arco de triunfo que todo buen general se dedica a sí mismo.

¿Y aún hay alguien que no crea que los liberales son ahora mismo los mayores enemigos de la democracia y de la libertad?




viernes, 4 de diciembre de 2015

La Inspección de Servicios de JCyL protege irregularidades en la Administración

Por Burgos Dijital

La Inspección General de Servicios de la Junta hace caso omiso ante las denuncias de conductas irregulares de empleados públicos a los que parece proteger.

Esto es lo destacable en la nueva denuncia realizada por el Colectivo Viernes Negro, pocos días después de que el Partido Popular rechazara en las Cortes  la creación de un mecanismo de denuncia de posibles delitos de corrupción que amparara y protegiera a los denunciantes.

De hecho, una de las principales razones que adujeron los populares para la innecesaria creación del sistema fue la existencia de la Inspección General de Servicios, ya que este organismo de control tiene entre sus funciones, como se expresa en el artículo 3 del Decreto 13/2009: 

  • "Realizar actuaciones inspectoras dirigidas a detectar indicios racionales de responsabilidad disciplinaria en la actuación del personal al servicio de la Administración de la Comunidad, proponiendo, en su caso, al órgano competente la incoación de expedientes disciplinarios.
  • Tramitar los expedientes en materia de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Comunidad."

Pues bien, al parecer hace exactamente un año una serie de empleados públicos registraron una comunicación dirigida a la Inspección General de Servicios en el que se detallaba un hecho producido en las dependencias del Servicio Territorial de Hacienda de Burgos que involucraba a un funcionario de dicho servicio y que podría ser motivo de investigación más que sobrado dadas las funciones y competencias ya desgranadas en los párrafos anteriores.


En esta comunicación se relataba que el 27 de octubre de 2014 se había presentado un ciudadano reclamando la presencia de un funcionario del que solicitaba una factura cobrada por un servicio íntimamente relacionado con las funciones públicas de dicho empleado. También se expresaba, dando una serie de ejemplos que se sucedían en el tiempo, que su trabajo privado interfería con el público.

Posteriormente y a petición de la Inspección de Servicios se amplió la información de que se disponía en la que se aportaban datos de las incompatibilidades de dos funcionarios que mostraban a las claras tanto la realización de trabajos privados y personales dentro de su jornada de trabajo como el uso privilegiado de información con intereses lucrativos que podrían dañar a los intereses públicos.

Las actuaciones de la Inspección son de carácter reservado y sólo tienen acceso a la documentación obrante en los expedientes el personal de la Inspección que tiene encomendada la investigación. Pero los denunciantes afirman que trascurrido un año desde la denuncia inicial ninguno de los firmantes ha recibido notificación por la propia Inspección General que, a su vez, no ha recogido lo que podría ser la principal prueba de lo denunciado a través de las declaraciones de los testigos. 

La principal conclusión que apuntan, a la luz de lo ocurrido hasta ahora, es que la Inspección está protegiendo a estos empleados públicos bien por inacción bien por inhibición e incluso "informando" presumiblemente por alguna vía a alguno de los denunciados, ya que afirman que les consta que ha habido una solicitud de compatibilidad por parte de uno de los funcionarios denunciados.

Parece muy evidente que a los populares, que llevan manejando con puño de hierro la administración pública de esta comunidad, se les va escapando parte del control de la nave, ejercido con silencios cómplices y con multitud de trabajadores "agradecidos". Por ello Viernes Negro motiva buena parte de la mala praxis de la Inspección en su verdadera falta de autonomía e independencia.

Por ello ponen el foco en que las plazas están cubiertas a través de la Libre Designación o a través de un concurso específico, lo que conlleva, a su parecer, "un alto porcentaje de discrecionalidad por parte de las autoridades que juzgan la ocupación de estos puestos". Así mismo han comprobado que el máximo responsable está elegido "a dedo", no obstante es un importante peso pesado en el PP de Valladolid, y que de las 13 plazas, 3 están ocupadas en Comisión de Servicios, otro instrumento de discrecionalidad y politización de la Administración, y otras 3 están vacantes.

Viernes Negro expresa en su denuncia "que detrás de la falta de acción de la propia Inspección en el asunto denunciado no hay más que la búsqueda del silencio para que no trascienda más allá de nuestras paredes, hecho que a todas luces produce, como otros tantos, la erosión de la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos y la desmotivación y la desilusión entre aquellos trabajadores públicos, la mayoría de ellos, que cumplen con su deber fundamentado en el trabajo ejercido y en su sometimiento a las reglas de juego".

Esta denuncia es un jarro de agua fría para aquellos que crean que basta con controlar los tiempos y mentir en sede parlamentaria, como parece haberlo hecho el Partido Popular, si se confirma que la Inspección, a la que apelaban hace 10 días como órgano fiable para los empleados públicos, no es más que otra tramoya institucional a las que nos tiene acostumbrado el gobierno de Herrera. 

A tres semanas de las elecciones generales los populares siguen mostrándose refractarios a liberar la administración de sus tentáculos y a luchar realmente contra la corrupción: mientras venden transparencia, compran voluntades.

jueves, 26 de noviembre de 2015

El PP de Castilla y León blinda la opacidad en la Administración Pública

Por Burgos Dijtal

Ayer el Partido Popular dijo no a la creación de mecanismos para la protección de l@s emplead@s públic@s en el caso de que éstos denuncien irregularidades y posibles delitos contra la Administración Pública. 

Esa es la noticia que se produjo en las Cortes de Castilla y León y no, como “rellena” el Diario de Burgos su espacio regional de noticias, el cambalache de última hora, que ya explicaremos, entre la Presidenta de las Cortes Silvia Clemente y los portavoces de los grupos Popular y Ciudadanos.

También hay que apuntar al periodista Pablo Álvarez, firmador de la noticia, que PLADEPU significa Plataforma en defensa de lo Público y no, como apunta el profesional, Plataforma de Defensa del Empleado Público
Este es el tipo de información que confunde, curiosamente de manera maliciosa, a la opinión pública, puesto que este colectivo de empleados públicos que llevan más de cuatro años arriesgando, y nos consta, no ya su carrera profesional sino incluso su propio puesto de trabajo, ha realizado innumerables acciones políticas y denuncias de irregularidades que en cualquier otro país de nuestro entorno habrían sido inmediatamente investigadas.

El trabajo de este colectivo no ha buscado en ningún momento, como nos informan parte de sus miembros, la mejora de sus condiciones laborales, ya que para eso ya están las organizaciones sindicales, sino para combatir la corrupción sistémica que se produce a su alrededor y para combatir las privatizaciones, externalizaciones y la deriva de presupuestos públicos a la administración paralela. Basta con entrar en la página web de PLADEPU o en seguir las denuncias del colectivo Viernes Negro a lo largo de todos estos años.

Parece que ni los diarios del Grupo Promecal ni el sacrosanto Norte de Castilla han tenido demasiado interés en la cobertura de esta noticia que, si no fuera por su evidente falta de independencia, sería hoy noticia de portada, puesto que es el primer parlamento español en donde se ha planteado el desarrollo de esta normativa.

En palabras de Quinidio Martínez, principal portavoz de PLADEPU, la propuesta fue entregada y discutida en diversas reuniones mantenidas con representantes de todas las formaciones políticas con representación en las Cortes, como ya informamos en este medio. Así mismo el famoso “wistleblower”, nombre anglosajón que se da a l@s denunciantes tanto en las grandes empresas como en las administraciones públicas de los países occidentales, ya fue elevado, junto a otras 34 propuestas, y aceptado en diversos programas políticos antes de las elecciones autonómicas.

Nos sigue informando el funcionario Quinidio Martínez que buena parte del día de ayer estuvo en contacto con todos los partidos de la oposición para discutir la estrategia y el planteamiento de la propuesta y que el propio Partido Popular, en un claro intento político de “llevarse el gato al agua” intentó convencer a Luis Fuentes, portavoz de C’s y presentador de la propuesta, de que ésta fuera presentada y consensuada previamente con el partido mayoritario de la Cámara para, evidentemente, ganar tiempo y dejarla en nada.

Como finalmente no se produjo el acuerdo, l@s compañer@s de Herrera dieron el no por respuesta, defendiendo cínicamente que l@s emplead@s públic@s, como tod@s l@s ciudadan@s, están obligad@s a denunciar irregularidades y que darles una protección excepcional sería, en el fondo, estigmatizarles.

Y ahora vamos a la explicación del cambalache final, el momento que ocupa la mayor parte de la noticia en El Diario de Burgos.es. Tal y como nos lo cuenta el periodista pareciese que l@s procurador@s del Partido Popular quisieron cambiar de opinión en última instancia al comprobar que Luis Fuentes quería modificar la propuesta en el sentido de ampliar el plazo de 6 meses a 1 año para que el legislativo desarrollase en una Ley los mecanismos de protección, lo que obligaría a votar otra vez. Y que la presidenta de la Cámara paralizara esta posibilidad, con toda lógica, porque la propuesta modificada sólo se podría presentar en otro pleno por escrito.

Por otro lado, Carriedo explica al periodista que la razón de dar un sí si se dobla el plazo se debe a que el Consejo Consultivo de Castilla y León necesita precisamente los 6 meses para realizar el dictamen preceptivo. Pablo Álvarez no se molestó en comprobar que el Consejo Consultivo tiene marcado ese plazo no como obligatorio sino como máximo, e incluso la Junta puede solicitar a la institución un plazo máximo de dos meses.

La versión que nos da Quinidio Martínez es bien diferente: al parecer l@s procurador@s del PP no habían hecho bien sus deberes y no habían comprobado que en el programa político que los populares están realizando, no hacía más de dos días que se había incluido la creación de un sistema de protección de emplead@s públic@s en el caso de que ést@s denunciaran.

Ahora bien, ¿se debe esto a un ataque de trasparencia? ¿quizás al enésimo anzuelo electoral al que nos tiene acostumbrado el bipartidismo? Pues no exactamente. La explicación se debe a que, como nos recuerda el portavoz de PLADEPU, una de las medidas que tomó Rajoy contra la creación de una República Catalana fue la de advertir a tod@s l@s emplead@s públic@s que era su deber denunciar todas las órdenes que les diera la Generalitat y que fueran en contra del ordenamiento jurídico y, para ello, crear un sistema eficaz y rápido de denuncia, protección del denunciante e investigación.

Es evidente que las intenciones del PP no pasan por no volver a tener en la Administración Pública a multitud de afiliados bien relacionados que se dediquen a saquear las arcas públicas, sino más bien al acomodo y a la instrumentalización de las instituciones, al que nos tienen acostumbrados, para el relato único que tienen para este país.

Mientras tanto Juan Vicente Herrera sigue sin contestar, como denuncian miembros de Viernes Negro de Burgos, a todas las denuncias que lleva recibiendo personalmente en los últimos tres años. Para él nada tienen que ver con su gestión el desarrollo de la trama púnica, de la trama eólica, del alucinado sobrecoste del Hospital de Burgos o de todos los graves y feos asuntos en torno a los negocios oscuros de las empresas públicas, algunos sustanciándose ya en los tribunales, dirigidas por el exconsejero de Economía Tomás Villanueva.

viernes, 30 de octubre de 2015

Juan Vicente Herrera y Valdeón quieren silenciar las denuncias de PLADEPU



Por Burgos Dijital

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) ha acabado su ronda previa de conversaciones con la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto Marta López de la Cuesta y con la Directora General de Función Pública Maria Antonia Abia Padilla y el traslado de las 34 propuestas de esta Plataforma a los representantes del Grupo Socialista en las Cortes el 29 de octubre.

Entre las propuestas, la más destacada, por su originalidad en España y la necesidad evidente de la misma dada la cantidad ingente de casos de corrupción que asolan nuestro país, es la creación por ley de la figura del “whistleblowing”, o sea, “soplar el silbato” en la traducción literal. Este instrumento serviría para hacer viable en el marco legal la protección completa para los empleados públicos y ciudadanos que quieran dar la alerta, denunciar o poner en conocimiento hechos y prácticas potencialmente irregulares, ilegales o corruptas. 
Se exige así mismo que la protección contra la persecución, sanción o discriminación sea completa, incluida la representación y defensa judicial y que ésta debe de estar supervisada y garantizada por las Cortes de Castilla y León. De esta manera se evitarían casos tan sangrantes como los sufridos en las carnes de los empleados públicos que destaparon la trama Gürtell o el Caso Palau, entre otros.

Esta es la primera de las 34 propuestas de la Plataforma en Defensa de lo Público para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía. Medidas que han recibido todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. Y que parece ser que ya van sonando a algunos de nuestros dirigentes.

PLADEPU, con un toque de ironía, quiere agradecer al Presidente Herrera y a su mano derecha la Vicepresidenta Rosa Valdeón que por fin les tenga en sus pensamientos. Para a continuación responder que no van a aceptar las declaraciones hechas por los mismos al desmentir las denuncias hechas por esta plataforma respecto a la persecución sufrida ya por parte de sus miembros.

Por un lado y hace pocos días el Presidente Herrera ha declarado que los ciudadanos en general y los funcionarios en particular tienen "el derecho" y la "obligación" de denunciar los casos que pudieran constituir una irregularidad en la Administración, expresando su sorpresa por la posibilidad de que existan dudas sobre su visión acerca de esta situación. Esta afirmación ha causado estupor entre miembros de Viernes Negro de Burgos que pueden demostrar como las más de 20 denuncias realizadas y dirigidas personalmente al Presidente nunca han sido contestadas ni por él ni por ningún miembro de su Gabinete.

Valdeón por su parte se mostró asombrada, en declaraciones al Diario de Burgos, y se negó a creer que existieran persecuciones a los denunciantes y "de existir, el perjudicado lo pueden denunciar a los medios, a sus sindicatos, en los juzgados o en la Consejería". Apuntaba negarse a creer que este tipo de acciones se pudieran estar dando entre el personal funcionarial de la comunidad autónoma. 

PLADEPU insiste que si un empleado público quiere comunicar algo que ve que está mal hecho, actualmente carece totalmente de cauces seguros y eficaces para denunciarlo. La propuesta del "whistleblowing” para facilitar denuncias de corrupciones o irregularidades ha sido vista con buenos por todos los grupos políticos de la oposición en las reuniones mantenidas. Por ello sostienen que "Herrera y Valdeón no lo ven". 

La Plataforma en Defensa de lo Público quiere hacerles aclarar la memoria recordando ejemplos de persecuciones a funcionarios denunciantes como el reciente caso del médico sancionado por denunciar irregularidades en el Hospital Clínico de Valladolid; las represalias a dos empleados públicos por la publicación de facturas personales, de manera anónima, que Silvia Clemente facturó a la Consejería de Agricultura, incluida la famosa comida "de trabajo" del Día de Navidad, que fueron despedidos de manera improcedente, costando al erario público un total de 150.000 euros; los empleados públicos calumniados por el Delegado de la Junta en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo, por no seguir sus mandatos de anulación de una sanción; la denegación de la solicitud para mantenerse en activo al Jefe de Servicio de Juventud de Palencia por denunciar y ser crítico ante la destrucción sistemática de los recursos y las políticas juveniles de la Junta en los últimos 15 años;  los expedientes sancionadores y cese incluido de una persona que ocupaba un puesto de alta responsabilidad técnica en Zamora por el “delito” de haber sido muy activa en la recogida de firmas de denuncias en la carta de las 9.000 firmas; el espionaje del correo electrónico de los portavoces de PLADEPU en León y Burgos; o la marginación y desprecio a las funciones y cualificación técnica de un Jefe de Sección de la Consejería de Fomento en Valladolid por ser crítico ante la famosa Cuesta de Benavente que se vino abajo tras su construcción...

Estos son sólo algunos de los ejemplos que desdicen a las claras las mentiras mantenidas por los diferentes ejecutivos nombrados por Herrera y que ponen en evidencia que en la Junta quien antepone a sus intereses personales y profesionales los del bien común lo acaba pagando.