El PP de Castilla y León blinda la opacidad en la Administración Pública

Por Burgos Dijtal

Ayer el Partido Popular dijo no a la creación de mecanismos para la protección de l@s emplead@s públic@s en el caso de que éstos denuncien irregularidades y posibles delitos contra la Administración Pública. 

Esa es la noticia que se produjo en las Cortes de Castilla y León y no, como “rellena” el Diario de Burgos su espacio regional de noticias, el cambalache de última hora, que ya explicaremos, entre la Presidenta de las Cortes Silvia Clemente y los portavoces de los grupos Popular y Ciudadanos.

También hay que apuntar al periodista Pablo Álvarez, firmador de la noticia, que PLADEPU significa Plataforma en defensa de lo Público y no, como apunta el profesional, Plataforma de Defensa del Empleado Público. 
Este es el tipo de información que confunde, curiosamente de manera maliciosa, a la opinión pública, puesto que este colectivo de empleados públicos que llevan más de cuatro años arriesgando, y nos consta, no ya su carrera profesional sino incluso su propio puesto de trabajo, ha realizado innumerables acciones políticas y denuncias de irregularidades que en cualquier otro país de nuestro entorno habrían sido inmediatamente investigadas.

El trabajo de este colectivo no ha buscado en ningún momento, como nos informan parte de sus miembros, la mejora de sus condiciones laborales, ya que para eso ya están las organizaciones sindicales, sino para combatir la corrupción sistémica que se produce a su alrededor y para combatir las privatizaciones, externalizaciones y la deriva de presupuestos públicos a la administración paralela. Basta con entrar en la página web de PLADEPU o en seguir las denuncias del colectivo Viernes Negro a lo largo de todos estos años.

Parece que ni los diarios del Grupo Promecal ni el sacrosanto Norte de Castilla han tenido demasiado interés en la cobertura de esta noticia que, si no fuera por su evidente falta de independencia, sería hoy noticia de portada, puesto que es el primer parlamento español en donde se ha planteado el desarrollo de esta normativa.

En palabras de Quinidio Martínez, principal portavoz de PLADEPU, la propuesta fue entregada y discutida en diversas reuniones mantenidas con representantes de todas las formaciones políticas con representación en las Cortes, como ya informamos en este medio. Así mismo el famoso “wistleblower”, nombre anglosajón que se da a l@s denunciantes tanto en las grandes empresas como en las administraciones públicas de los países occidentales, ya fue elevado, junto a otras 34 propuestas, y aceptado en diversos programas políticos antes de las elecciones autonómicas.

Nos sigue informando el funcionario Quinidio Martínez que buena parte del día de ayer estuvo en contacto con todos los partidos de la oposición para discutir la estrategia y el planteamiento de la propuesta y que el propio Partido Popular, en un claro intento político de “llevarse el gato al agua” intentó convencer a Luis Fuentes, portavoz de C’s y presentador de la propuesta, de que ésta fuera presentada y consensuada previamente con el partido mayoritario de la Cámara para, evidentemente, ganar tiempo y dejarla en nada.

Como finalmente no se produjo el acuerdo, l@s compañer@s de Herrera dieron el no por respuesta, defendiendo cínicamente que l@s emplead@s públic@s, como tod@s l@s ciudadan@s, están obligad@s a denunciar irregularidades y que darles una protección excepcional sería, en el fondo, estigmatizarles.

Y ahora vamos a la explicación del cambalache final, el momento que ocupa la mayor parte de la noticia en El Diario de Burgos.es. Tal y como nos lo cuenta el periodista pareciese que l@s procurador@s del Partido Popular quisieron cambiar de opinión en última instancia al comprobar que Luis Fuentes quería modificar la propuesta en el sentido de ampliar el plazo de 6 meses a 1 año para que el legislativo desarrollase en una Ley los mecanismos de protección, lo que obligaría a votar otra vez. Y que la presidenta de la Cámara paralizara esta posibilidad, con toda lógica, porque la propuesta modificada sólo se podría presentar en otro pleno por escrito.

Por otro lado, Carriedo explica al periodista que la razón de dar un sí si se dobla el plazo se debe a que el Consejo Consultivo de Castilla y León necesita precisamente los 6 meses para realizar el dictamen preceptivo. Pablo Álvarez no se molestó en comprobar que el Consejo Consultivo tiene marcado ese plazo no como obligatorio sino como máximo, e incluso la Junta puede solicitar a la institución un plazo máximo de dos meses.

La versión que nos da Quinidio Martínez es bien diferente: al parecer l@s procurador@s del PP no habían hecho bien sus deberes y no habían comprobado que en el programa político que los populares están realizando, no hacía más de dos días que se había incluido la creación de un sistema de protección de emplead@s públic@s en el caso de que ést@s denunciaran.

Ahora bien, ¿se debe esto a un ataque de trasparencia? ¿quizás al enésimo anzuelo electoral al que nos tiene acostumbrado el bipartidismo? Pues no exactamente. La explicación se debe a que, como nos recuerda el portavoz de PLADEPU, una de las medidas que tomó Rajoy contra la creación de una República Catalana fue la de advertir a tod@s l@s emplead@s públic@s que era su deber denunciar todas las órdenes que les diera la Generalitat y que fueran en contra del ordenamiento jurídico y, para ello, crear un sistema eficaz y rápido de denuncia, protección del denunciante e investigación.

Es evidente que las intenciones del PP no pasan por no volver a tener en la Administración Pública a multitud de afiliados bien relacionados que se dediquen a saquear las arcas públicas, sino más bien al acomodo y a la instrumentalización de las instituciones, al que nos tienen acostumbrados, para el relato único que tienen para este país.

Mientras tanto Juan Vicente Herrera sigue sin contestar, como denuncian miembros de Viernes Negro de Burgos, a todas las denuncias que lleva recibiendo personalmente en los últimos tres años. Para él nada tienen que ver con su gestión el desarrollo de la trama púnica, de la trama eólica, del alucinado sobrecoste del Hospital de Burgos o de todos los graves y feos asuntos en torno a los negocios oscuros de las empresas públicas, algunos sustanciándose ya en los tribunales, dirigidas por el exconsejero de Economía Tomás Villanueva.