Por Basilio el Bagauda
Las SMAC han sufrido, como muchas secciones de la Administración, una reducción de más del 40% del personal. Nada que sorprenda ante la estrategia neoliberal de “adelgazamiento de la administración pública” y ante una más que preocupante debilidad, cuando no consentimiento, de los tres principales sindicatos de la Administración autonómica: CCOO, CSIF y UGT.
La otra gran línea maestra de la estrategia, y esta seguida al dedillo tanto por los conservadores ibéricos como por los social-liberales del puño mutilado y la rosa espinada, es la de la absorción de todo actor inconveniente que bien pudiera alborotar las aguas mansas de la economía de mercado o desmontar el mecano de las élites extractivas para su posterior adiestramiento y sedación. Han sido necesarias unas pocas décadas para captar aquellos grupos de presión que podrían ejercer algún tipo de contrapeso democrático y social, para que la gran mayoría (la inventada clase media) se olvidara de que el conflicto es el principal motor de la historia y que el capitalismo es el modelo que perpetua el triunfo de los que compran el tiempo y la vida de los que tienen que vender su tiempo y su vida para poder vivir, y los más malvivir.
No se podrá decir que ambas familias políticas no hayan tenido éxito, especialmente con los dos grandes sindicatos CCOO y UGT, que antaño se decían de clase y de los que ahora mismo y al ritmo que llevan ni si quiera se pueda decir “que tienen clase”. Bastará recordar en este cuatrienio negro para la clase trabajadora sus corruptelas en los dineros destinados a la formación o a los damnificados de las expulsiones de sus puestos de trabajo (lo de “regulaciones de empleo” para el enemigo), sus inmoralidades en las cajas de ahorros y, lo más grave, su pertinaz y testaruda ceguera en la situación de millones de personas expulsadas del “sistema” a través de brutales despidos y del inmenso y creciente precariado.
Sería injusto en cualquier caso no poner en la mesa la cantidad de personas que aún pelean en estos sindicatos con un claro sentido de identidad en muchos sectores privados y públicos por impedir innumerables despidos, recuperar los derechos perdidos o evitar la precarización de los trabajadores en su ámbito laboral: baste recordar, como ejemplo, la lucha contra el cierre de Coca Cola en Madrid o las medidas de presión que ahora mismo se empiezan a ejercer en nuestra tierra contra la negligente y criminal situación de los trabajadores que se juegan la vida en nuestra tierra para acabar con los incendios forestales. Pero uno no puede dejar de sentir que son maravillosas excepciones, chispas que aún saltan de las brasas que antes fueron un fuego crepitante, dado el escaso e incluso nulo protagonismo de estas centrales en los movimientos y plataformas más potentes surgidas desde el 15M: optaron por el reformismo y la historia les pilló a contrapelo…
Un claro ejemplo de las contradicciones en las que ambas organizaciones están inmersas, y que es producto del sostenimiento económico de sus aparatos y del monstruo burocrático creado a su alrededor, es la creación, como así denuncia la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), de una futura fundación junto a la patronal de Castilla y León (CECALE) para gestionar buena parte de las funciones de las SMAC.
En la actualidad hay una por provincia y se encargan fundamentalmente del depósito de elecciones sindicales dónde se recogen las actas elaboradas por las mesas electorales en las elecciones, de las asociaciones profesionales, de los convenios colectivos y del soporte administrativo de los arbitrajes en caso de impugnación de las elecciones sindicales.
Resulta de todo punto incomprensible, cuando no perverso, que unas organizaciones que dicen defender el empleo y los servicios públicos actúen en contra de lo que dicen defender. Pero es aún más grave cuando además se coaligan sin ningún rubor con quien se supone, si no se trata de una comedia, que representa al inevitable “enemigo de clase”, con quien deben de negociar los convenios colectivos o con quien deben de pelear en favor del trabajador en un despido improcedente…
La creación de la fundación con estos mimbres supondrá además una confusión y una gran desconfianza para el trabajador respecto adónde debe acudir.
Por otro lado no debemos olvidar lo tramposo que puede llegar a ser que una fundación soportada por dos organizaciones que compiten en las elecciones sindicales, sea a su vez la que tenga una relación directa con estas y dirima en caso de impugnación. Parece que una vez más el sistema legisla contra la moralidad.
Por su parte funcionarios han informado a este medio que la creación de dicha fundación, soportada con dinero público, crearía una duplicidad absurda y que a día de hoy en muchas provincias con un jefe de negociado, un auxiliar y un jefe de sección se están cubriendo conciliaciones, elecciones sindicales, sus impugnaciones, asociaciones y convenios colectivos. Las citaciones se realizan en el momento si se entregan en mano o al día siguiente las que entran por correo. La celebración se produce a los diez días, el tiempo justo para que se reciba el acuse de recibo de las conciliaciones de notificaciones administrativas y que si se pudiera citar por mail se podría realizar incluso al día siguiente.
Además a día de hoy, siguen informando los empleados públicos, se realizan conciliaciones "express" y funciones de primera llegada y asesoramiento, y que jamás han recibido una queja.
Al parecer cada árbitro-mediador privado cobrará en función de las conciliaciones que realice. Además deberá crearse una infraestructura de apoyo al mismo cuyos gastos correrán en exclusiva por la Consejería de Economía y Empleo, tendrá que crearse una sede y personal administrativo a su servicio que realice funciones de atención al público, proceda a las citaciones y grabe las actas.
Por último los funcionarios denuncian que el SMAC como órgano administrativo no desaparecerá debido al resto de competencias funcionales que posee y que no asume ni podrá asumir la futura fundación con lo que, dicen, trabajarán menos al mismo precio. Con lo que “nos encontraremos con un gasto completamente superfluo, duplicación de órganos con doble coste, una infrautilización de los medios personales y de infraestructura de la Administración y todo ello a costa de nuestras mermadas arcas públicas nutridas del bolsillo del maltrecho contribuyente”. Y el que escribe esto añade una nueva compra de lo que Herrera ha dado en llamar “paz social”.
