Panrico pagó a UGT y CCOO 30.000 € anuales por no ejercer el derecho de huelga en el conflicto de los ERE`s

Trabajadoras de Panrico en la manifestación del 22 de marzo de 2014 en Madrid

Por Burgos Dijital

El 16 de octubre de 2015 la Audiencia Nacional sentenciaba[1] a Panrico-SAU a indemnizar a CCOO por haberle cortado la financiación acordaba en el 2011 de 30.000€ por año y dos liberaciones completas.

Panrico pone precio al compromiso de CCOO y UGT

El 5 de abril de 2011 la dirección de Panrico suscribe un acuerdo con la Federación Agroalimentaria de CCOO (FEAGRA-CCOO), UGT no quiere firmar otro similar. El texto analiza la “situación difícil” de la empresa y “el importante papel a desempeñar por los trabajadores para afrontar los retos a los que ha de enfrentarse en los próximos años”, y para “contribuir a la mejora del clima laboral” es “necesario dotar de medios suficientes a la legítima representación de los trabajadores”. 

El objetivo de esos recursos a CCOO es la “búsqueda constante de soluciones negociadas a cuantas controversias pueden surgir en el  devenir de las relaciones laborales”. 
Estos “medios suficientes” tienen “la finalidad de garantizar el desarrollo de manera efectiva de la labor (…) de CCOO dirigida a la consecución de los objetivos reseñados en el presente acuerdo”, son: 1) dos “liberados institucionales”  a tiempo completo, con todos los derechos y garantías; 2) “PANRICO aportará a dicha Federación la cuantía de 30.000 € al año”, y esa cantidad se actualiza con el IPC; 3) “los gastos derivados de las reuniones entre CCOO y la empresa se hace cargo PANRICO”.

Cuando la empresa tiene dificultades económicas decide gastar una importante cantidad adicional en financiar a los dos sindicatos mayoritarios. Pero esa cantidad tiene por objetivo comprar la paz social: Con lo que retroceden los derechos de los trabajadores, se recuperará la inversión con creces.

Y por si no fuera claro el objetivo de la empresa con el acuerdo, el 6 de junio de 2013,  la empresa deja de pagar el dinero acordado a CCOO y escribe: “el citado acuerdo definía el marco de colaboración entre PANRICO y la FEDERACION AGROALIMENTARIA DE CCOO para que esta desarrollase adecuadamente su actividad sindical, sobre la base del diálogo, la negociación y la paz social entre las partes.” y considera que CCOO está incumpliendo su parte cuando por ejemplo impugna la aplicación del Convenio Colectivo de Catalunya. Panrico propone a CCOO darle 10.000 € para liquidar definitivamente el acuerdo y “renegociar” uno nuevo. Pero CCOO no acepta y exige sus 30.000.

La empresa dice claramente ante el juez que el acuerdo firmado con CCOO “fue un acuerdo mercantil”, que se trata de un “contracto de servicios” y que una parte vulneró su contenido. UGT que si firmó todos los acuerdos recibe íntegros dinero y liberados hasta el día de hoy. 
La sentencia reconoce que “la empresa extinguió unilaterlamente el contrato como penalización por la negativa del sindicato demandante a alcanzar acuerdos con la empresa.”. Pero da la razón a CCOO que dice que no fue un acuerdo mercantil sino una “mejora de derechos sindicales”, que “una cosa es dialogar y otra alcanzar acuerdos, puesto que si lo hubiera hecho, se habría convertido en un sindicato rehén de la empresa a cambio de un precio”.

CCOO intenta imponer paz social hasta el último instante

Pero así como dialogar no implica acordar, tampoco querer imponer la paz social supone conseguirlo. CCOO intentó por todos los medios imponer la paz social, pero no consiguió doblegar la resistencia de los trabajadores/as. 
La secuencia no deja lugar a dudas: El 10 de octubre se firma un acuerdo[1] en presencia del propio Gila, UGT y CCOO (incluido el presidente del comité de empresa de Sta. Perpètua),. En el punto 5 dice: “las partes se comprometen a negociar en un marco de buena fe, procurando el mantenimiento de la paz social”; en el 6: “El presente acuerdo supone la no convocatoria de la huelga objeto del presente conflicto”; en el 7: “La parte social se compromete a que no se desarrolle ninguna jornada de huelga que se inicie el 13 de octubre, para lo que harán las gestiones que en su caso corresponda.” y el punto 8: “En el supuesto que en algún centro de trabajo llegase a desarrollar alguna jornada de huelga que se inicie el 13 de octubre, el presente acuerdo quedará sin efecto”. ¡Faltaban tan solo tres días para el inicio de la huelga! Efectivamente la siguiente reunión ya se hace sin los representantes de CCOO, porque la dirección de CCOO en Sta Perpètua -a pesar de que lo intenta- no consigue imponer la desconvocatoria de la huelga.

Pero esa actitud continúa a lo largo de todo el conflicto: aislamiento de la huelga de Panrico del resto de movilizaciones (Alston...); negar el apoyo material a la caja de resistencia; negativa a pagar el autocar para viajar a Madrid en juicios por el ERE, a pesar que la gran mayoría eran afiliados/as; firma de tres delegados de CCOO del EREs que castigaba especialmente a la planta de Sta Perpètua en huelga, uno de ellos es el tal Argimiro[2], delegado LOLS estatal de CCOO; maniobra para aplazar el juicio del 20 de marzo; denuncia pública brutal de la CONC contra los trabajadores/as del 24 de marzo; y por si fuera poco la denuncia explícita del Jefe de los abogados del Interfederal de CCOO Enrique Lillo el 24 de setiembre de 2014[3], publicando las cartas en la que demuestra las presiones y amenazas que ha sufrido desde FEAGRA-CCOO para que dejara en indefensión a los trabajadores/as en plena huelga indefinida. No hay ninguna duda: la dirección de CCOO ha defendido con uñas y dientes su parte del trato con Panrico, traicionando la lucha de los y las trabajadoras...

¿Cómo se desprende Panrico de Argimiro? Dice la sentencia: “La empresa consintió que el sr Argimiro estuviera relevado hasta la conclusión del despido colectivo.” La empresa le quita la representatividad y le obliga a volver al trabajo, “inmediatamente después de la negativa de CCOO a firmar el acuerdo de 19-05-2015”, no mientras va firmando los ERE's: Roma no paga traidores.

¿Cuánto valía la traición a la huelga indefinida de Sta. Perpètua: ¿30.000€ o más?

En una de esas cartas que publicó el abogado de CCOO Enrique Lillo, fechada en 7 de julio de 2014 y dirigida al Secretario General de FEAGRA le dice:

"...se dice que la empresa ha efectuado alguna donación o aportación a la Federación, aunque esta no está vinculada al desistimiento del pleito.No obstante, si ello fuera cierto, estas donaciones podrían interpretarse como donaciones remuneratorias, lo cual implicaría que el asunto podría tener una dimensión penal, cuya trascendencia no debo esconderte.”

Sería estraño que el abogado de CCOO no supiera del acuerdo Panrico FEAGRA- CCOO de fecha 5 de abril de 2011, más cuando es el abogado para la reclamación de ese dinero en el reciente juicio. ¿A qué cantidades se refiere Lillo en plena huelga indefinida de Sta. Perpètua?

Los afiliados/as de Panrico de CCOO ante el escándalo que suponen los contenidos publicados por Lillo se dirigieron a CCOO para pedir explicaciones, pero lo que encontraron fueron desprecio y amenazas, sin que se hayan tomado medidas ni sobre las presiones contra el abogado ni sobre la posible financiación que podía ser motivo de denuncia penal.

¿Daños morales a CCOO o a los trabajadores/as?

La sentencia condena a Panrico a pagar a CCOO los 3 años a razón de 30.000 + IPC. Pero también le reconoce 6000euros por daños morales. Al sr Argimiro le asigna 4322'34 € por el “daño patrimonial importante” que supone reatirarle su liberación “obligándole a trabajar en vez de representar a sus compañeros” ¡a razón de 58'41€ por día a lo largo de 74 días hábiles! Y también una indemnización por daños morales de 1000€.

Leer esta resolución y lo ocurrido a lo largo de estos años en los que se imponen 2 terribles ERE's a los trabajadores (cientos de despidos y recortes brutales de salario)  provoca rabia y un daño moral terrible. Es immoral lo ocurrido y parece increible que CCOO tenga la cara dura de reclamar el dinero con el que la patronal exigía que impusiera el silencio de los trabajadores/as. La empresa se preparó para los ERE's atando en corto a CCOO y UGT con la compra de la paz social. 
Los trabajadores/as tuvieron que salir a luchar por sus puestos de trabajo contra la empresa, la Generalitat, las direcciones de CCOO y UGT. Por ello es más asombroso aún la capacidad de estos poco más de 200 trabajadores/as que resistieron ocho meses de huelga contra tan poderosos enemigos coaligados. Esa lucha, que al final tuvo que dejar la huelga pero no cedió en la firma que tanto buscaban y necesitaban ellos, es lo que explica las dificultades que tienen para cerrar el conflicto, porque pisotearon tantos derechos de los trabajadores/as que necesitaban que alguien pasara página para olvidar lo ocurrido. Pero no lo han conseguido y la lucha sigue para recuperar puestos de trabajo y condiciones laborales perdidas.

  

[1]    Citado en la sentencia del TSJC.  http://luchainternacionalista.org/IMG/pdf/sentencia_2790-2015-1panrico_tsjc.pdf

[2]    Argimiro: es uno de los “liberados institucionales”, se trata de José Oliva de Puente Genil, el otro liberado institucional de CCOO demandante es Pedro Izquierdo de Sta. Perpètua, aunque deja las indemnizaciones para cuando se vea su despido.

[3]    Reproducimos cartas de Enrique Lillo colgadas en el bloc de López Bulla http://luchainternacionalista.org/spip.php?article2642&var_mode=calcul

La paz social compra el silencio premeditado

Por Basilio el Bagauda

SMAC es el acrónimo de Secciones de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Concretamente en Castilla y León son a día de hoy organismos públicos dependientes  de la Consejería que tenga entre sus materias competenciales la Economía y el Empleo.

Las SMAC han sufrido, como muchas secciones de la Administración, una reducción de más del 40% del personal. Nada que sorprenda ante la estrategia neoliberal de “adelgazamiento de la administración pública” y ante una más que preocupante debilidad, cuando no consentimiento, de los tres principales sindicatos de la Administración autonómica: CCOO, CSIF y UGT.

La otra gran línea maestra de la estrategia, y esta seguida al dedillo tanto por los conservadores ibéricos como por los social-liberales del puño mutilado y la rosa espinada, es la de la absorción de todo actor inconveniente que bien pudiera alborotar las aguas mansas de la economía de mercado o desmontar el mecano de las élites extractivas para su posterior adiestramiento y sedación. Han sido necesarias unas pocas décadas para captar aquellos grupos de presión que podrían ejercer algún tipo de contrapeso democrático y social, para que la gran mayoría (la inventada clase media) se olvidara de que el conflicto es el principal motor de la historia y que el capitalismo es el modelo que perpetua el triunfo de los que compran el tiempo y la vida de los que tienen que vender su tiempo y su vida para poder vivir, y los más malvivir.

No se podrá decir que ambas familias políticas no hayan tenido éxito, especialmente con los dos grandes sindicatos CCOO y UGT, que antaño se decían de clase y de los que ahora mismo y al ritmo que llevan ni si quiera se pueda decir “que tienen clase”. Bastará recordar en este cuatrienio negro para la clase trabajadora sus corruptelas en los dineros destinados a la formación o a los damnificados de las expulsiones de sus puestos de trabajo (lo de “regulaciones de empleo” para el enemigo), sus inmoralidades en las cajas de ahorros y, lo más grave, su pertinaz y testaruda ceguera en la situación de millones de personas expulsadas del “sistema” a través de brutales despidos y del inmenso y creciente precariado.

Sería injusto en cualquier caso no poner en la mesa la cantidad de personas que aún pelean en estos sindicatos con un claro sentido de identidad en muchos sectores privados y públicos por impedir innumerables despidos, recuperar los derechos perdidos o evitar la precarización de los trabajadores en su ámbito laboral: baste recordar, como ejemplo, la lucha contra el cierre de Coca Cola en Madrid o las medidas de presión que ahora mismo se empiezan a ejercer en nuestra tierra contra la negligente y criminal situación de los trabajadores que se juegan la vida en nuestra tierra para acabar con los incendios forestales. Pero uno no puede dejar de sentir que son maravillosas excepciones, chispas que aún saltan de las brasas que antes fueron un fuego crepitante, dado el escaso e incluso nulo protagonismo de estas centrales en los movimientos y plataformas más potentes surgidas desde el 15M: optaron por el reformismo y la historia les pilló a contrapelo…

Un claro ejemplo de las contradicciones en las que ambas organizaciones están inmersas, y que es producto del sostenimiento económico de sus aparatos y del monstruo burocrático creado a su alrededor, es la creación, como así denuncia la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), de una futura fundación junto a la patronal de Castilla y León (CECALE) para gestionar buena parte de las funciones de las SMAC.

En la actualidad hay una por provincia y se encargan fundamentalmente del depósito de elecciones sindicales dónde se recogen las actas elaboradas por las mesas electorales en las elecciones, de las asociaciones profesionales, de los convenios colectivos y del soporte administrativo de los arbitrajes en caso de impugnación de las elecciones sindicales.

Resulta de todo punto incomprensible, cuando no perverso, que unas organizaciones que dicen defender el empleo y los servicios públicos actúen en contra de lo que dicen defender. Pero es aún más grave cuando además se coaligan sin ningún rubor con quien se supone, si no se trata de una comedia, que representa al inevitable “enemigo de clase”, con quien deben de negociar los convenios colectivos o con quien deben de pelear en favor del trabajador en un despido improcedente…

La creación de la fundación con estos mimbres supondrá además una confusión y una gran desconfianza para el trabajador respecto adónde debe acudir.

Por otro lado no debemos olvidar lo tramposo que puede llegar a ser que una fundación soportada por dos organizaciones que compiten en las elecciones sindicales, sea a su vez la que tenga una relación directa con estas y dirima en caso de impugnación. Parece que una vez más el sistema legisla contra la moralidad.

Por su parte funcionarios han informado a este medio que la creación de dicha fundación, soportada con dinero público, crearía una duplicidad absurda y que a día de hoy en muchas provincias con un jefe de negociado, un auxiliar y un jefe de sección se están cubriendo conciliaciones, elecciones sindicales, sus impugnaciones, asociaciones y convenios colectivos.  Las citaciones se realizan en el momento si se entregan en mano o al día siguiente las que entran por correo. La celebración se produce a los diez días, el tiempo justo para que se reciba el acuse de recibo de las conciliaciones de notificaciones administrativas y que si se pudiera citar por mail se podría realizar incluso al día siguiente.

Además a día de hoy, siguen informando los empleados públicos, se realizan conciliaciones "express" y funciones de primera llegada y asesoramiento, y  que jamás han recibido una queja.

Al parecer cada árbitro-mediador privado cobrará en función de las conciliaciones que realice. Además deberá crearse una infraestructura de apoyo al mismo cuyos gastos correrán en exclusiva por la Consejería de Economía y Empleo, tendrá que crearse una sede y personal administrativo a su servicio que realice funciones de atención al público, proceda a las citaciones y grabe las actas.

Por último los funcionarios denuncian que el SMAC como órgano administrativo no desaparecerá debido al resto de competencias funcionales que posee y que no asume ni podrá asumir la futura fundación con lo que, dicen, trabajarán menos al mismo precio. Con lo que “nos encontraremos con un gasto completamente superfluo, duplicación de órganos con doble coste, una infrautilización de los medios personales y de infraestructura de la Administración  y todo ello a costa de nuestras mermadas arcas públicas  nutridas del bolsillo del maltrecho contribuyente”. Y el que escribe esto añade una nueva compra de lo que Herrera ha dado en llamar “paz social”.

La inspección de trabajo sanciona a ADIF por sustituir trabajadores en jornada de huelga.

Por CGT Burgos

Son manifiestamente conocidas las múltiples dificultades que se encuentran los trabajadores para ejercer un derecho tan fundamental como es el de la huelga: servicios mínimos abusivos, presiones y amenazas por parte de los jefes, mermas económicas que realmente no se corresponden con el tiempo efectivo de huelgas, presiones de otros sindicatos que, por no ser convocantes y quedar en evidencia, dificultan el legítimo derecho de cualquier trabajador a secundar las huelgas. 

A la empresa ADIF,  esta arrogancia y menosprecio hacia unos derechos que son constitucionales, en ocasiones les resulta muy cara teniendo que responder ante la justicia con resoluciones y sentencias condenatorias, que derivan en la mayoría de los casos en multas y sanciones. La última ha sido la sustitución ilegal por parte de la empresa de una trabajadora que ejerció este derecho en la estación de Burgos, por motivos más que suficientes para movilizarse al estar tan castigada como el resto de las estaciones de ADIF por traslados forzosos a cientos de kilómetros, continuas externalizaciones de la actividad y trabajadores en situación de sobrantes. 

Esta actitud empresarial dió lugar a la pertinente denuncia por parte de CGT ante la Inspección Laboral, cuyo resultado ha sido el reconocimiento de la infracción, levantando la correspondiente acta. No se puede admitir que ningún “jefecillo de turno”, el cual también se beneficiará de cuanto se consiga con las movilizaciones, vulnere derechos fundamentales sustituyendo a trabajadores en jornadas de lucha. 

CGT tiene el compromiso de no dejar que acciones de represión como la citada queden impunes e invita a cualquier trabajador que considere que se vulnere cualquiera de sus derechos nos informe para activar las medidas necesarias. Desgraciadamente las políticas de desmantelamiento y continuas privatizaciones de nuestro ferrocarril, nos obligaran a convocar nuevas movilizaciones, único lenguaje útil con una dirección que desprecia al colectivo ferroviario, resistiéndose a garantizar un futuro laboral.

Sentencia ADIF

TTIP: El mito de la creación de empleo y la pérdida de derechos laborales

Por Grupo de trabajo contra el TTIP. CGT Burgos

Siempre que los poderes políticos y económicos quieren recortar derechos utilizan como excusa la creación de empleo. En este artículo se desmonta este mito y se analizan las consecuencias del TTIP en el ámbito de los derechos laborales

 Como vimos en el anterior artículo, el TTIP (Tratado de Libre Comercio e Inversión entre la UE y EE.UU) pretende eliminar las normativas laborales, medioambientales, sanitarias y sociales que supongan obstáculos al libre comercio y a la libertad de inversión (posibilidad de que las multinacionales puedan deslocalizarse o abrir filiales a un lado u otro del Atlántico). Todo esto acompañado del Mecanismo de Resolución de Disputas entre Estado e Inversor. Este permite a los inversores extranjeros denunciar a los Estados frente a un “tribunal” ad hoc en caso de que se hayan aprobado o se estén aprobando regulaciones que supongan una merma en sus expectativas de beneficio.

Veamos de forma más concreta qué supone el TTIP en términos de empleo y derechos laborales.

El mito de la creación de empleo

Los estudios pagados por la Comisión Europea arrojan resultados muy dispares, pero se ha consensuado en dar como “válidos” aquellos que auguran la creación de 1.300.000 empleos en la UE y 144.000 en España (frente a los 26 millones y 5,4 millones de parados que hay respectivamente en ambas áreas geográficas). Lo que se calla la Comisión Europea es que dichos puestos de trabajo corresponden a un horizonte temporal de entre 10 y 20 años, con lo que la cifra se vuelve ridícula: entre 7200 y 14.400 empleos al año en España. Por supuesto, el escenario proyectado por la Comisión Europea es el mejor posible y contrasta con un estudio encargado por el propio Parlamento Europeo. Este estudio estima que llegarán a perderse un millón de empleo directos, a lo que habría que añadir la destrucción en cadena que se le seguiría.

Al margen de los estudios tenemos la experiencia del NAFTA (Tratado de Libre Comercio e Inversión entre EEUU, Canadá y México). Antes de su entrada en vigor en 1994 se hablaba de la creación de 20 millones de empleos. Sin embargo, el resultado ha sido bien distinto, se han destruido un millón de puestos de trabajo.

¿Y qué empleos se pierden? Se perderán puestos de trabajadores y trabajadoras autónomos así como de pequeñas y medianas empresas locales, que difícilmente podrán competir con las grandes empresas multinacionales. 

Por otro lado, una vez que las multinacionales se hacen con el mercado, los precios suben. Ya no existe una competencia, sino un oligopolio (mercado con pocas y grandes empresas) donde son más que probables acuerdos de precios tácitos, cuando no explícitos. Otro de los mitos que echa por tierra el NAFTA es que los precios bajen. Los precios no bajan, mientras que los salarios sí que bajan.

Para acabar con este punto, hay que decir que, aunque diéramos por válidos los datos de creación de empleo ofrecidos por la Comisión Europea (ya de por sí solos ridículos), no hay que olvidar los costes sociales, sanitarios y ambientales que supondrá la desregulación derivada del TTIP. Y a esta pérdida de derechos y deterioro de nuestra salud y medio ambiente hay que sumar los costes para la administración pública, es decir, para nuestro bolsillo. Estos costos estarían derivados de la puesta en marcha de todo el cambio normativo, así como de la pérdida de ingresos por aranceles.

La pérdida de derechos laborales

Como ya hemos dicho el TTIP supone nivelar (por supuesto a la baja) las legislaciones a ambos lados del Atlántico para que resulte más fácil poder llevar mercancías y filiales de un lado a otro. De hecho, la Comisión Europea ha sugerido públicamente que habría que revisar la legislación laboral europea con el fin de minimizar el riesgo de ahuyentar las inversiones extranjeras de EEUU y evitar que se dirijan a otros países. 

¿A nivel de quién nos vamos a poner? Nos vamos a poner al nivel de EEUU, país que solo ha ratificado 2 de los 8 tratados fundamentales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). En total se ha negado a firmar 70 tratados de la OIT, destacando los concernientes a negociación colectiva, libertad sindical, trabajos forzosos, huelga o trabajo infantil.

Veamos más concretamente cómo es la legislación laboral en EEUU y por tanto hacia donde nos pretenden conducir.

Negociación colectiva y libertad sindical: la ley que regula el papel de los sindicatos en Estados Unidos es de 1947. Es la conocida como Ley Taft-Hartley. El papel de los sindicatos en Estados Unidos se centra en cada empresa y por tanto los convenios colectivos se negocian por empresa. Sin embargo es muy habitual que no existan ni siquiera convenios en las empresas y lo normal sea negociar el sueldo, el horario de trabajo, los días de vacaciones, el seguro médico o la pensión privada de forma individualizada. De hecho hay 23 estados que tienen leyes llamadas de “derecho al trabajo”, que prohíben acuerdos de sindicatos con las empresas. Seguir este modelo supone seguir socavando la negociación colectiva, en línea con la última reforma laboral, derivada de las recomendaciones incluidas en el Pacto del Euro (2011). 

Derecho a huelga: las huelgas se pueden abortar legalmente. En EEUU la ley permite contratar trabajadores y trabajadoras que sustituyan a las personas declaradas en huelga. No se permiten huelgas generales, sino únicamente huelgas en periodos de negociaciones laborales. Los funcionarios federales no tienen derecho a huelga. En la mayoría de legislaciones , los empleados públicos tienen prohibido declararse en huelga, entre otros motivos porque el mecanismo de la "huelga" se contempla dentro del campo del derecho laboral privado y no dentro del campo del derecho público. 

Temporalidad: existe gran proliferación de contratos por horas, algo que ya está empezando a ser más habitual también aquí.

Bajas por enfermedad: cada empresa decide cuántos días de baja por enfermedad va a dar a su personal puesto que a nivel nacional, no es obligatorio. Se suelen dar tres días al año, aunque en algunos estados es obligatorio hasta seis.

Indemnizaciones por despido: en el mejor de los casos nos podemos encontrar empresas que han acordado dar doce días por año trabajado.

Vacaciones: a nivel estatal no es obligatorio aunque en algunos estados existe un número mínimo de días. La mayoría de las personas que entran nuevas a una empresa sólo tienen una o dos semanas de vacaciones pagadas al año, que es menos que en cualquier otro país industrializado, excepto Japón. Si siguen trabajando, aumentarán las vacaciones uno o dos días por año, así que pueden tardar diez años en conseguir tener cuatro semanas de vacaciones anuales.

Salario mínimo: existen en muchos estados dos tipos de salarios mínimos. Uno se establece en torno a los 7 o 9 $ por hora para los empleados denominados “nontipped”, es decir, para aquellos trabajos en los que no se reciben propinas, y otro que suele ser la mitad, de 3,50 a 4,5 $ por hora para aquellos que sí lo hacen.

¿Qué pasará con los salarios? La eliminación progresiva de la negociación colectiva, así como la amenaza de llevarse líneas de producción allí donde las condiciones laborales son más precarias harán que nuestros salarios, ya de por si bajos, caigan todavía más, como ha pasado en EEUU con el NAFTA. 

Difícil vuelta atrás

Una vez aprobado el TTIP cualquier intento de contrarreforma laboral, que trate de restituir derechos laborales, es fácilmente previsiblemente que sea contestada con una demanda interpuesta por algún inversor extranjero ante el Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Estado e Inversor. Un caso similar lo vemos en Egipto: la compañía francesa Veolia ha denunciado al gobierno por subir el salario mínimo. Egipto se enfrenta a una sanción multimillonaria si no deja sin efecto el aumento salarial.

En resumidas cuentas

A nivel laboral el TTIP no se traduce en más empleo, mientras que sí lo hace en menores salarios y menores derechos laborales. Esto es consecuencia de la desregulación, el fin de la negociación colectiva y la amenaza de deslocalización. 

Todo esto, y mucho más, pretende aprobarse para finales 2015. Después tendrá que ser ratificado por el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales cuyo Constitución así lo exija. Es responsabilidad nuestra pararlo en la calles, antes de que sea demasiado tarde. No más negocios a costa de nuestros derechos.

Relacionado.

http://burgos-dijital.blogspot.com.es/2014/10/ttip-objetivos-secretismo-y-lobbies.html 

La empresa ETM y los políticos

La empresa ETM localizada en el Polígono de Villalonquéjar en Burgos

Por A. G. (ex-trabajador de ETM)

Carta de los lectores

Como  ex-trabajador de la empresa  ETM (Equipos Termo Metálicos) ubicada en el polígono de Villalonquéjar, quiero exponer ante la opinión pública burgalesa lo siguiente:

Como saben, el pasado día 1 de Agosto del año en curso, el Gobierno de España, con Rajoy a la cabeza, acordó la liquidación (cierre) de la empresa, rechazando un pedido de 25.000 horas que hubiera supuesto trabajo para todos los empleados, para aproximadamente 6 u 8 meses, y que entretanto se hubiera podido conseguir (yo pienso) algún pedido más, alguno de ellos confirmado por clientes.

Argumentan ,entre otras causas: equipos obsoletos, elevado coste de fabricación y reducida cartera de pedidos lo cual, sin dejar de ser cierto,  deja a las claras que la empresa no ha invertido un duro en modernizar equipos e instalaciones  en más de 40 años;  que ha mantenido en el equipo directivo personal de más de 65 años,  con dudoso desempeño y un coste elevadísimo, por encima de 200.000 euros,  y que la manera  más inteligente de obtener pedidos no es la de eliminar la oficina comercial… ¡¡¡VERGONZOSO!!!

En otro orden de cosas, tengo que  decir que hay dos personas con cierto renombre en Burgos, dos burgaleses que se visten por los pies (como aquel presidente autonómico que nos privatizó el hospital) que considero no han hecho nada por nosotros. Perdón,  sí han hecho, y es  echarnos la culpa a los obreros de haber llegado a esta situación. Estos dos burgaleses de pro son: D. Jaime Matéu  y D. Juan Carlos Aparicio.

Del  primero, todavía estamos esperando mantener una reunión que se solicitó al PP,  como al resto de fuerzas políticas, y que se comprometió a realizar, pero se ve que, aunque es cierto que ha contactado un par de veces con nuestros representantes, espera que el problema se resuelva por sí solo sin hacer nada con el cierre de la empresa.

                  

          Del segundo, miren ustedes, les voy a contar algo que quizá  muchos ciudadanos de a pie no sepan: Bankia, tenía unas acciones en la empresa INDRA, éstas las compra SEPI, con lo cual entra a formar parte o nacionaliza parte de esa empresa, y nombra a  Juan Carlos Aparicio del PP (Ex- Secretario de Estado, Ex-alcalde de Burgos y ex-ministro de Trabajo) como consejero delegado, quizás también,  además de todos los “méritos” anteriores, por ser muy amigo del presidente de SEPI, señor  Aguirre.  Por cierto, no se sabe a cuántos consejos  acude, pues es muy habitual verle a diario en nuestra ciudad.

Pues bien, sabido esto, un día me encuentro al Sr. Aparicio por la calle  y tengo una larga conversación con él, en la que le pregunto sobre nuestra situación, y me responde que estamos en periodo de liquidación. Le pido que hable con Aguirre (dada su amistad) para que éste tenga a bien escucharnos, para tratar de salvar la empresa, y me dice que él no va a hablar con nadie, pues los responsables de ésta situación éramos los obreros, los obreros ¡¡¡qué coincidencia con Matéu!!!  que no habíamos querido llegar a ningún acuerdo, porque los más mayores queríamos irnos con dinero a casa. ¿A qué tipo de acuerdo se puede llegar, cuando ni siquiera se cuenta con los trabajadores en la venta de una empresa, cuando no se garantiza ningún tipo de plan de viabilidad y se sospecha se quiere utilizar esta plantilla como arma para rebajar las condiciones socio laborales de los compañeros de Miranda? ¿Qué futuro  se puede decidir del  18 al 20 de Diciembre del año pasado, sin ningún elemento de juicio? También me expresó que su deseo es que nadie perdiera su empleo, que había tres grupos interesados por la empresa. Nada más se supo de ellos, pero usted nada hizo por  nosotros, así que a los dos, les digo “MUCHAS GRACIAS POR NADA”  y qué pena que no se vean en nuestra misma situación y la de muchos millones de españoles. ¡Ah,  señor Aparicio!, ¿quiere decir a los ciudadanos  lo que usted cobra por figurar en ese consejo de administración? Según mi información son más de 100.000 Euritos de nada, corríjame si es falso, y le recuerdo que de nuestra conversación hay testigos.

Por último quiero dar las gracias públicamente  a los sindicatos mayoritarios, especialmente a UGT por su labor en reuniones y negociaciones, al PSOE por su ayuda  ante la SEPI, en el Congreso y en el Senado, en las  personas  sobre todo de Luis Tudanca y de Ander  Gil, al resto de partidos, que más decididamente como IU, o más tímidamente, nos han mostrado su apoyo,  y a las Juventudes del Partido Comunista de los Pueblos de España  por habernos apoyado en todas movilizaciones que hemos llevado a cabo, tanto en la subdelegación del gobierno, en la empresa y en el edificio de los Sindicatos donde se desarrollaba la negociación . De verdad, GRACIAS, y lo digo con lágrimas en los ojos, también a la FAE, que lo cortés no quita lo valiente, y a todos los que nos han escuchado, excepto al PP que como digo más arriba, como partido no ha hecho nada.  También me gustaría destacar el silencio de la Cámara de Comercio o de partidos con vocación de gobierno como UPyD, que no se dignaron en celebrar reunión alguna con nuestros representantes.

GRACIAS DE VERDAD, a la mayoría por vuestro apoyo, a otros por vuestro silencio cómplice que os retrata.

Recogida de firmas contra la concesión a CLECE del servicio de comidas a domicilio.

Por CGT

Ante el acoso y despido de una compañera de CLECE, el próximo jueves entre las 11.00 horas y las 13.00 horas se recogerán firmas en la plaza Mayor, para solicitar al Ayuntamiento la suspensión de la concesión a CLECE del servicio de comidas a domicilio para personas dependientes.

Una empresa que no respeta los derechos de los trabajadores y tieneactitudes racistas no debería ser contratada por el Ayuntamiento de Burgos porque al final financiamos esas actitudes con nuestros impuestos.

Emma trabajaba como preparadora de catering en la empresa CLECE (Grupo ACS­ Florentino Perez), en la concesión de comidas a domicilio para personas dependientes del Ayuntamiento de Burgos y que por lo tanto es financiada con dinero publico (via impuestos).

 El pasado día 4 de agosto fue despedida, tras ser encerrada y coaccionada por dos directivos de la empresa para que firmara su “baja voluntaria”. 

Emma que fue candidata por CGT para el Comité de Empresa de CLECE en las ultimas elecciones sindicales, siempre se ha significado por su actitud luchadora y solidaria:

Siendo la persona que movilizo a la plantilla en el ultimo cambio de concesionaria para ser subrogados, participando en las movilizaciones laborales y sociales, o incluso declarando en lo juzgado de lo social una semana antes a favor de otro compañero despedido cuya condicion de gitano no fue ajena a su despido y sentenciando dicho juzgado que el despido es improcedente.

Por cierto el jefe de Burgos: Angel Hernandez Padilla (ex alcalde y actual concejal del PP de Poza de la Sal), ya fue protagonista en el despido (después declarado nulo) de la compañera Ángela de la cocina del Hospital Divino Valles hace unos años.

Hospital de Burgos: Los conflictos laborales continúan

Por Burgos Dijital

• ·  Continúan los efectos de la privatización del HUBU: reducción de camas y empeoramiento de la prestación sanitaria, así como la pérdida de cientos de puestos de trabajo públicos, produciéndose una falta de dotación y cobertura de los servicios.
• 
  
• ·      La administración incumple su promesa de no privatizar más servicios. Los sindicatos denunciaban las derivaciones a la sanidad privada, empresas como Recoletas o la Clínica Universitaria de Navarra.
• 
  
• ·      Los sindicatos exigen la urgente contratación de personal de las Bolsas de Empleo y la paralización de los conciertos privados

El SACYL había prometido el aumento de entre el 15 y el 18% de la plantilla cuando el Hospital de Burgos entrara en funcionamiento.

La realidad es que, desde entonces, se han reducido las dotaciones de la plantilla del centro, pasando de 3.331 plazas a finales de 2009, hasta las 3.215 de principios del presente año.  Desglosando la lista, el personal estatutario encabeza la lista con 88 plazas perdidas, siguiendo 16 personal funcionario, 7 de laboral y 5 de médicos residentes. Según estos cálculos se habrían perdido 116 plazas.

La diferencia fundamental se encuentra entre el número de plazas, y el número de plazas que están cubiertas con personal que se encuentra desempeñando su labor. De las 3.215 plazas de trabajo público del HUBU, sólo están cubiertas 3.086 plazas, cifra a la que habría que descontar los 128 puestos eventuales que tienden a desaparecer. Si aplicamos este descuento, la cifra se incrementaría hasta las 257 plazas orgánicas sin cubrir.

Desde la apertura del hospital, la administración y los medios de comunicación han tratado de vender el HUBU como una referencia a nivel nacional, cuando tienen lugar derivaciones de pacientes al centro privado San Juan de Dios o a sus propias casas, así como la existencia de quirófanos sin uso, excusándose en la falta de personal, entre otros ejemplos.

La privatización de servicios como Logopedia (1041.3068, 25€), Cirugía y Traumatología (1.212.184,22€) o Rehabilitación (925.375,00€), supone el trasvase de más de 3 millones de euros a la sanidad privada; en el caso de la Logopedia, concertando siempre con las mismas adjudicatarias.

Ahora también Matutano en lucha

Foto de archivo Fábrica de Matutano en Burgos

Por Burgos Dijital

La reforma laboral ha servido para abaratar los salarios, empeorando las condiciones laborales de l@s trabajador@s, habiendo aumentado la precariedad y la siniestralidad, además de maniatar aun más la negociación colectiva.

El caso de Kronospan; después de un ERE y del despido de 52 trabajador@s, la empresa anunció una inversión de 80 millones de euros en la fábrica de Castañares de Burgos.

Recientemente, Burgos ha vivido sendos conflictos obreros, relacionados con la negociación de los convenios. En la fábrica de Ara, del Grupo Antolín, las negociaciones del convenio se saldaron con el acuerdo in extremis, habiendo sido desconvocada la huelga definida, y con la victoria parcial de l@s trabajador@s.

El conflicto fábrica de Matutano se encamina a la primera fase de la movilización, que se inició el pasado 5 de abril. A esta primera concentración acudieron unos 150 trabajador@s, un tercio de la plantilla. Las próximas movilizaciones se han convocado para el jueves 10 y el sábado 12, a las 11:30h, en las puertas de la fábrica.

La dirección de Matutano ha dificultado las negociaciones en el SERLA, mediación arbitraria para la convocatoria de una huelga que de momento parece en el aire, sin dejar de ser un arma eficaz y contundente de l@s trabajador@s, como demostraron en Ara, Coca-Cola, Panrico, los barrenderos de Madrid, entre otros.

Concentración en la puerta de la fábrica Jueves 10 de abril

Fuentes sindicales indicaban que los conflictos de Ara o de Matutano se engloban dentro de la situación de muchas otras empresas, donde l@s trabajador@s ven recortados sus derechos, sus salarios y condiciones laborales, aun cuando los beneficios aumenten o la carga de trabajo sea más que suficiente.