Con las clases empezadas, el profesorado asignado en sus centros y los horarios escolares en marcha, la inspección educativa ha dado la orden de suprimir más de una veintena de grupos y materias que no alcanzan las ratios mínimas que marca la ley. Todo ello, a pesar del anuncio de la Dirección Provincial de Burgos de que este curso 2013 – 14 no iba a haber más recortes en educación.
Los centros afectados abarcan a toda la provincia. Desaparecen grupos en la zona rural como en Lerma, Villarcayo, Briviesca o Villasana de Mena, pero también en centros de Aranda y de la propia capital burgalesa como el “Pintor Luis Sáez, el “Diego Marín Aguilera” o el “Enrique Flórez”. Estos recortes se producen ahora para camuflar las cifras y evitar la mala prensa que les supone hacerlos antes de comenzar las clases.
Desde Enseñanza CGT denunciamos que estas medidas no suponen ningún ahorro, puesto que el profesorado ya está contratado, y solo ocasionan perjuicios. Perjuicios para los equipos directivos de los centros afectados, que tienen que reajustar los horarios y “convencer” al alumnado afectado y a sus familias de que no hay otro remedio. Perjuicios para el profesorado, que, habiendo comenzado a impartir sus clases, ve cómo sus materias y departamentos pierden horas que quizás no se recuperen nunca. Pero, por supuesto, quienes más perjuicios sufren son el alumnado y sus familias. Estos recortes se producen sin pensar en los intereses del alumnado, sus motivaciones ni en su futuro personal o laboral que se van a ver condicionados por estas “medidas de ahorro”.
Las opciones que se les ofrecen no resuelven el problema y generan más gastos. Cambiar los estudios elegidos, cursarlos a distancia y cambiar de centro o de localidad son medidas injustas para las personas afectadas y en ningún sentido respetan “la libertad de elección” de la que tanto nos hablan.
Las opciones que se les ofrecen no resuelven el problema y generan más gastos. Cambiar los estudios elegidos, cursarlos a distancia y cambiar de centro o de localidad son medidas injustas para las personas afectadas y en ningún sentido respetan “la libertad de elección” de la que tanto nos hablan.
En opinión de este sindicato las consecuencias son graves. No se trata de que afecte solo a un grupo pequeño de alumnos (en algún caso puede ser una sola persona), sino que lo fundamental es la pérdida de la riqueza que supone para un pueblo disponer de un instituto con una oferta educativa completa, especialmente en Castilla y León, donde la despoblación está siempre amenazando las zonas rurales. Además, en lo que respecta a las ciudades, esta reducción obliga al alumnado a renunciar a los estudios elegidos o tener que desplazarse. Y finalmente, se produce una reducción de oferta educativa en materias sobre todo de Humanidades, como Latín, Griego o Historia del Arte, que parece que sobran en un sistema educativo dirigido hacia el mercado laboral y no hacia el desarrollo integral de las personas.
