Por Carolina R. Tenaz
En Burgos manda la mafiocracia.
El poder, bajo unos rituales democráticos, lo ostenta y ejerce
una oligarquía de una casta hereditario-empresarial que la parasita y la subyuga. Una de las pocas cosas positivas de la actual
situación es que cada vez más gente empieza a despertar del sueño del simulacro
democrático en que vive nuestra ciudad desde la Transición. Los plenos del ayuntamiento aparecen cada vez
con más claridad como un teatro de títeres en donde se vota lo que otros ya han
decidido en despachos donde se reúnen personas que nunca se han presentado a
unas elecciones. Los alcaldes recientes
de Burgos siempre han estado al servicio de la casta económica de la ciudad pero
ninguno como Lacalle ha depreciado tanto este cargo público. La crisis y unos tiempos revueltos han dejado
al aire las nalgas de la incapacidad y bajeza de Lacalle. El que será recordado como el peor alcalde de
Burgos, se ha comportado sin rubor como
un pelele en manos de los capos del ladrillo. Sumiso con el poderoso, y
autoritario con la ciudadanía, Lacalle cuyo cargo le debería llevar a ser
principal defensor de la ciudad, se ha acomodado bien a la labor de miserable testaferro
de nuestra insaciable casta extractiva.
Sede de DB y PROMECAL desde donde se hace apología de la corrupción |
Peña
convirtió a Burgos en la vanguardia de la corrupción en España. El que fuera condenado junto a il capo en el juicio de la construcción de Burgos, y
posteriormente indultado por el gobierno de Aznar trabajó bien al servicio de
los señores feudales de la ciudad. Gracias a él los burgaleses de los 80 y los
90 teníamos que pagar las viviendas más caras de España, sólo por detrás de
Madrid, Barcelona, y Bilbao. En Burgos, además de impuestos legales como el IBI, se pagaba y se sigue pagando un
impuesto de corrupción, piovra y pernada a los señores del ladrillo. Nuestra ciudad ha sido la pionera en montar y
normalizar un establecimiento de
impuestos al margen del estado que evoca al siciliano. Las familias que accedían a una vivienda en
los 80 y 90 tenían que trabajar años enteros para pagar el sobrecoste de los
precios de la vivienda en Burgos. Los
beneficiarios principales eran los señores del ladrillo, los capos, aunque
también las cajas hacían negocio a base de engordar las hipotecas. Como en Sicilia o Nápoles los burgaleses se
veían obligados a pagar un impuesto por un derecho que debería haber sido
garantizado por la constitución y unos poderes públicos que sin embargo estaban
al servicio de esos señores del ladrillo.
El que alguien pagara una parte del piso en B, a la manera de Bárcenas, ha
sido algo tan habitual en Burgos como la morcilla, y el que los familiares de
muchos constructores tuvieran en propiedad pisos de protección oficial subvencionados
con el dinero de todos también, por citar solo dos casos. Esa temática se podía oír con el volumen con
el que rezan las viejas en las conversaciones y situaciones más variadas: en las
pescaderías, en los mercados, en los bancos públicos, o en el rellano de las
casas. Normalmente entre pocas personas,
y bajando el tono de la voz, en el caso de que se acercara alguien desconocido
porque los señores feudales exigen además de sacrificio fidelidad sin
límites: la omertá. Esa misma omertá, ese silencio cómplice con
el que según Bárcenas fue recompensado con 190.000 euros al entonces alcalde
José María Peña.
La
secuencia de alcaldes de Burgos da cuenta de que, lejos de combatir la
mafiocracia impuesta por Peña San Martín, la insignificancia, nulidad y
decadencia de quienes han ocupado el cargo, ha favorecido su consolidación. Sin embargo nadie como el actual alcalde y su
banda sintetizan la servidumbre hacia il capo, y sus adlárates. Nadie como Lacalle, aquel torpe estudiante de
derecho, ha postrado de forma tan poco delicada los intereses de la ciudad a
los de su mentor y amo. Nunca en los
últimos setenta años Burgos había estado en un riesgo de ruina como el que hoy
amenaza a nuestra ciudad. Ese es el
efecto natural cuando un ser vivo no puede sacudirse a los parásitos que viven
de ella. No hay progreso común en la
ciudad dónde los alcaldes trabajan al servicio de saqueadores. La ruina es el único camino cuando los cargos
públicos funcionan como Caballos de Troya del capo, traicionando a la
ciudadanía a la que juraron servir.