Por Burgos Dijital y Plataforma Sanidad Pública de Burgos
El Sistema Nacional de Salud (SNS) nació tras la Ley General
de Sanidad de 1986 y rápidamente pasó a ser uno de los económicamente más
eficientes sistemas universales de nuestro entorno. A pesar de esta eficiencia
contrastada en diferentes indicadores de gasto medidos por organismos
internacionales independientes, bastaron 5 años para que la maquinaria de los
“tanques de pensamiento” neoliberales comenzaran a realizar su estrategia
poniéndose en entredicho en el famoso Informe Abril que, en resumidas cuentas,
recomendaba al Gobierno de España que introdujera la privatización de servicios
porque el sistema era “insostenible”.
Abril Martorell presentó ante el Congreso de los Diputados
el 25 de septiembre de 1991 un panorama desalentador para posteriormente invitar
al Gobierno socialista, que había solicitado a su vez dicho estudio, a la
subcontratación de servicios sociosanitarios, a la colaboración y a la
complementariedad con el sector privado y a cambios en el régimen jurídico para
que ciertas materias del sistema de salud pasaran a someterse al Derecho civil
y mercantil, abandonando el Derecho público.
Por aquel entonces el SNS era uno de los “bienes comunes”
más respetados y cualquier movimiento del Gobierno favorable al informe hubiera
sido contestado duramente, por lo que se rechazó de pleno, pero esto no
desalentó a los “lobbys” del sector que fueron poco a poco convenciendo a los
políticos tras sus despachos para comenzar a dar el bocado al pastel, aunque
lenta y sigilosamente.
Así, una de las primeras medidas que tomó el recién llegado
Jose María Aznar a la Moncloa fue la Ley 15/97 que dio paso a nuevas formas de
gestión sanitaria creando el armazón legal para diferentes fórmulas
privatizadoras de los hospitales que se han ido conociendo. Desde entonces, y
no lo olvidemos tras dos legislaturas del PSOE de Zapatero, las empresas
privadas pasan de ser meras subsidiarias del SNS a considerar el sector público
sanitario como su gran área de expansión, y se convierten a su vez en
“colocadoras agradecidas” en altos puestos directivos de los políticos que
ayudan a su abordaje en un indecente ejemplo de “puerta giratoria”.
Ya es un hecho contrastado y asentado en la conciencia
política de los españolitos que si bien el PSOE y el PP tienen grandes
diferencias en lo referente a la sensibilidad ante los derechos civiles, el
modelo socioeconómico que pretenden es el mismo. Por lo que el PPSOE acepta de
buen grado esta privatización, a pesar del discurso demagógico trasmitido por
los socialdemócratas y el típico postureo de buena parte de sus representantes cuando un movimiento tiene a su
alrededor todos los focos iluminándole.
Una de las ideas más peligrosas y sibilinas introducidas en
las leyes autonómicas es la creación de las denominadas Unidades de Gestión
Clínica que tienen el objetivo de “inocular” el espíritu empresarial en los
servicios clínicos y dan la cobertura legal para que los mismos responsables públicos
sanitarios pueda convertir un servicio en una empresa dentro del corazón de los
hospitales.
El instrumento es “importado” de Gran Bretaña, concretamente
introducido en diversos documentos con el concepto de “Clinical Gobernance” en
1998 por el “Department of Health” del Reino Unido. Y, en fin, supongo que
muchos habrán oído, leído e incluso sufrido el denostado y desastroso SNS
británico.
El concepto traducido al español como “Gestión clínica” hace
hincapié en la preocupación por el presupuesto y vendría a definir la práctica
clínica de los profesionales utilizando los recursos con criterios de
efectividad y eficiencia.
Evidentemente ante esta definición nadie puede cuestionar
que el SNS debe de funcionar bajo estos criterios en los que se debe de
implicar a los profesionales bien preparados y bien motivados.
Entre los argumentos más utilizados para su implantación
destacan éstos:
·
El SNS es manifiestamente mejorable en lo
funcional y en lo económico, que ésto es tanto como no decir nada puesto que
las políticas públicas también pueden mejorar un servicio público.
·
Que el sistema supone una importante parte del
gasto del Estado y es obligatorio garantizar el máximo rendimiento de cada euro
que se gasta. A su vez alude a que la creación de 17 Servicios Regionales de
Salud ha disparado el gasto. Aunque a la vez se reconoce que el SNS español
sigue siendo de los más baratos.
·
Cualquier posibilidad de mejora parte del
principio de que la clave está en los profesionales: argumento tan
incuestionable como poco sólido, puesto que eso ocurre en cualquier servicio
público o privado que requiera un alto grado de especialización.
Toda idea es buena para tratar de justificar una línea
estratégica previa, y éste también es el caso de la privatización de la sanidad
y de la condena de las personas más desfavorecidas a perder el derecho de poder
vivir. Más tarde o más temprano vendrá algún cínico representante del nuevo
fascismo liberal para recordarle a alguien necesitado del último fármaco que
erradique su hepatitis mortal que “no puede usted vivir por encima de sus
posibilidades”.
Con todo ello y esperando al aldabonazo definitivo del TTIP,
que sólo lo podrán parar en las instituciones y en los despachos organizaciones
políticas y sindicales rupturistas, se crea un entramado legislativo para
encajar de manera más rápida y eficaz los próximos acuerdos internacionales. A
destacar:
- ·
La Ley 44/2003 de Regulación de las Profesiones
Sanitarias, que introduce el modelo de las Unidades de Gestión Clínica.
- ·
La Ley 2/2007 de Castilla y León, desgrana que
las UGC desarrollarán sistemas de gestión autónomos y propios.
- ·
6 años más tarde, en medio de la canícula, Ana
Mato “nos mete un gol” en una “aséptica” ley de farmacovigilancia utilizando
una Disposición final con la que se modifica el estatuto Marco de los
profesionales del SNS permitiendo la laboralización y una amplísima movilidad
forzosa, sin ningún tipo de conversación o acuerdo previo.
- ·
Por último, y no hace demasiados días, nuestra
comunidad publica el decreto 57/2014, de 4 de diciembre, que consagra
definitivamente este nuevo modelo de gestión.
En el próximo artículo definiremos qué son exactamente las
Unidades de Gestión y como este modelo puede afectar negativamente tanto a los
pacientes como a los profesionales “menos ambiciosos”.
