El papel de las mutuas en las bajas médicas por enfermedad común.

Por M. Pérez

Desde Burgos Dijital nos parece conveniente profundizar en la nueva regulación de las incapacidades temporales o bajas por enfermedad común y profesional y accidente de trabajo (Real Decreto 625/2014, de 18 de julio que ha entrado en vigor el 1 de diciembre de 2015). 

Un extracto de la ley, de forma literal, dice que: “las Mutuas pueden emitir propuestas de alta en Contingencias Comunes”, cuestionando así las bajas emitidas por los médicos del sistema público y poniendo en entredicho su profesionalidad. 

También prevé que las Mutuas puedan “celebrar convenios y acuerdos con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y con los Servicios Públicos de Salud, para realizar en sus Centros de reconocimientos médicos, pruebas diagnósticas, tratamientos sanitarios y rehabilitadores, incluidas intervenciones quirúrgicas. Los convenios y acuerdos autorizados fijarán las compensaciones económicas a la Mutua”. 

Teniendo en consideración la ley y la corriente privatizadora de nuestro gobierno, hemos de analizar hasta dónde se puede llegar con esta normativa. 

Consideraciones de la norma y posibles consecuencias

La norma podría cuestionar la profesionalidad de los médicos del sistema público de Salud. Se considera a los profesionales de las mutuas, que no son funcionarios públicos, al mismo nivel que a los funcionarios públicos del sistema de Salud. 
Cabe la duda de si esto no es otro planteamiento de desmantelamiento de la sanidad pública ahora desde la reducción de funciones de los sanitarios públicos. Sin olvidar el posible conflicto entre profesionales. 

Las Mutuas ganan poder en detrimento de los médicos de atención primaria y los inspectores de los Servicios de Salud. Unas mutuas contratadas por los “empleadores”, que ponen la salud en manos privadas. ¿Quién garantiza la salud a los trabajadores y ciudadanía en general? El artículo 43 de nuestra Constitución dice: “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios"

Se tiene que tener en consideración que esta legislación encubre un control externo y privado de la gestión sanitaria. La baja médica no es obligatoria que la realice el médico de familia. 
Con la pérdida de centros de salud y médicos de familia en la población rural, además de la pérdida de competencias sanitarias por parte de la Administración Local, pueden darse consecuencias perjudiciales para la asistencia sanitaria en el ámbito rural. 
Las Mutuas pasan a denominarse “Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social”. La palabra clave de un concepto que promueve la privatización de servicios.

La norma ha salido a la luz sin acuerdo de los agentes sociales, pues los consensos no parecen tener importancia desde hace tiempo en nuestro país. No olvidemos que esta medida se aprueba con la excusa de reducir burocracia y evitar el absentismo laboral. Pero será necesario preparar “las carteras de los contribuyentes” para pagar a directivos de Mutuas, abogados, personal, etc… Porque el coste económico de esta norma no se sabe, ni interesa a priori.

EULEN utiliza las dependencias de la Junta con el consentimiento de la Consejera de Familia

Fotomontaje

Por Burgos Dijital

0La Gerencia de Servicios Sociales, con Alicia García Rodríguez al frente, está empeñada en convertirse en otra gran agencia de colocación del Partido Popular. 

Hace pocos días la Junta de Personal de Servicios Centrales de Castilla y León presentó una denuncia a la Dirección General de Función Pública advirtiendo de las gravísimas irregularidades que se estaban produciendo en la contratación de personal en la Gerencia, y ello a pesar de las diferentes sentencias ganadas por trabajador@s contratad@s por Tragsa y Fucoda ante despidos improcedentes.

La Consejería de Familia siguiendo la estela de Milagros Marcos, ahora Consejera de Agricultura y Ganadería, no sólo sigue haciendo caso omiso a las denuncias ante acciones políticas que dinamitan el derecho en igualdad de condiciones de tod@s l@s español@s para obtener un empleo público, sino que el asunto alcanza los niveles de escándalo.

Funcionari@s que trabajan en la sede de las oficinas de la Consejería, de la que la Gerencia es dependiente, nos han informado de que sus dependencias se han convertido en unas improvisadas salas de espera para el abundante personal que llega hasta allí con la esperanza de tener una noticia positiva tras la entrevista de trabajo. Colas en los pasillos donde, al parecer, la empresa Eulen ha montado una sede provisional para dicha labor.

Otra fuente nos informa de que tras ver las 8 ofertas de empleo publicadas por la ETT “EULEN Flexiplan” en la web “Infojobs” entre mediados de julio y primeros de agosto, todas ellas en plazos muy cortos, se decidió a llamar a la ETT y le confirmaron que los puestos de trabajo eran para trabajar directamente en la Gerencia de Servicios Sociales, situada en la C/ Francisco Suárez nº 2 de Valladolid, y “que ellos sólo recibían los currículums y se los enviaban a un tal Juan Villa, el cual luego decidía a quien convocar a una entrevista en la Gerencia”.

El informante, parte interesada en las irregularidades destapadas, siente que “como integrante de la bolsa de empleo de la Junta me indigna muchísimo que tengas que preparar una oposición, pagar unas tasas, ir a un examen, y que te creen unas expectativas para que luego se las pasen por… Pero no sólo eso, sino que ¿desde cuándo una administración contrata a través de una ETT? Y aún más, ¿para qué tienen el Servicio Público de Empleo, que tanto cacarean de lo que van a invertir en él?”

Lo cierto es que es una denuncia más de las muchas que se siguen sucediendo a lo largo de estos últimos años en los que la administración autonómica, siguiendo los designios del Gobierno Central, nos ha negado el pan y la sal en servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad donde las tasas de reposición del personal no llegaban si quiera al 10 %.

A día de hoy l@s tahúres de las tablas de la Ley siguen burlando los méritos y la capacidad para a continuación fabricar “estómagos agradecidos” con el dinero de tod@s. Sino no se explica cómo es posible que, tras el despido el 1 de julio de vari@s trabajador@s sociales que habían accedido a un contrato a través de las bolsas de empleo, dos semanas después la Gerencia busque la contratación de tres técnicos medios en Trabajo Social.

Por si estos contratos fueran pocos se añadieron muchos otros puestos de trabajo que, como suele responder la administración cada vez que se le inquiere, nada tienen que ver con los trabajos a realizar dentro de la misma: 
- 6 auxiliares administrativ@s para Valladolid; 4 administrativ@s para Valladolid; 17 técnicos medios de gestión para Valladolid, Burgos, León, Salamanca y Zamora; otros 21 puestos de auxiliar administrativ@ para León, Burgos, Valladolid y Salamanca; 2 administrativ@s para gestión documental en Valladolid; y otros 4 técnicos medios en Valladolid. 
Como se puede comprobar y ya hemos dicho puestos de trabajo inexistentes dentro de las plantillas de la administración.

El asunto es ciertamente grave, ya que Alicia García en este caso podría enredarnos amparándose en la independencia de la Gerencia para contratar trabajador@s esquivando el derecho público, dado que sería legal tratándose de otro chiringuito de derecho privado. Para seguir convenciéndonos podría argumentar que la Gerencia utiliza a una extractora de plusvalías, más conocidas como ETTs, porque en la última reforma laboral de los socialistas, Zapatero abría esta puerta.

Todo ello, finalmente, para ocultar el hecho ilegal y ya reiterado y por lo tanto perverso, de que de nuevo una empresa privada, en este caso Eulen, esté utilizando las instalaciones de la “casa de tod@s” para alimentar su cuenta de resultados.

Es necesario recordar que el 10 de enero de 2014 el Movimiento Viernes Negro realizaba un escrito al Procurador del Común en el que se le conminaba a averiguar porque a finales del 2013 se despedía a 17 trabajador@s que habían entrado en la administración a través de una bolsa de trabajo en los servicios territoriales de medio ambiente mientras se mantenía a los trabajador@s contratad@s a través de TRAGSA trabajando en las dependencias de la Junta.

Tras una ardua investigación de la procuraduría en las contrataciones de la Junta a través de TRAGSATEC el Procurador advirtió a la Consejería de Presidencia “que en atención a la argumentación expuesta desde los puntos de vista económico y de garantía de los principios constitucionales  de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, se valore la posibilidad de asignar las tareas que en la actualidad viene desarrollando el trabajador contratado por la empresa TRAGSA en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos a empleados públicos adscritos al citado Servicio Territorial o, si así procediera, al integrante que correspondiera de la Bolsa de empleo correspondiente de la administración autonómica.”

Más sonado, y ya para terminar, fue la denuncia que hizo Viernes Negro acerca de la contratación de personal afiliado al Partido Popular para, supuestamente, realizar funciones de información sobre vivienda a través de la empresa INDRA, empresa investigada ahora mismo por ser no sólo una de las donantes en los papeles de Bárcenas, sino también por verse envuelta en la trama de corrupción  “Púnica”. En este caso el Procurador inquirió al responsable de la Consejería de Fomento a que explicara las razones para que estos trabajador@s utilizaran las dependencias públicas siendo contratados por una empresa privada. El Consejero hizo “mutis por el foro” y extinguió las prórrogas que llevaba haciendo durante tres años con la empresa INDRA, sin ninguna responsabilidad política ni penal al respecto.


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La falsedad de la información de los grupos Pro-Vida sobre el aborto

Por Colegio de Trabajadores Sociales de Burgos

EL COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES (TTSS.) DE BURGOS REPLICA ANTE LA FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS PRO-VIDA SOBRE EL ABORTO.

El colectivo de TT.SS. de Burgos muestra su indignación ante la falsedad de las declaraciones de los grupos antidemocráticos e irrespetuosos con las decisiones de las personas.

Se atreven a hacer acusaciones vulgares y ordinarias,  lejos del conocimiento de una intervención profesional.

Si algo tenemos muy claro l@s trabajadores sociales es el RESPETO a la decisión de las personas y desde ahí, como criterio deontológico, trabajamos con las personas para su bienestar.

No entra en nuestro encuadre profesional “empujar” a nadie a hacer algo en contra de su voluntad, puesto que siempre actuamos a demanda. Es decir, las personas acuden a l@s TT.SS. demandando algún tipo de ayuda ante la que se actúa e interviene y en el caso de la interrupción del embarazo no deseado se actúa según protocolo, establecido por la Administración, en este caso, la Junta de Castilla y León.

Este protocolo consta de distintas fases:

1ª fase: Acogida profesional, exposición de la demanda por parte de la persona que acude. Exploración de la situación desde el profesional. Información verbal sobre el proceso y entrega de documentación escrita sobre el mismo proceso de los siguientes documentos:

• Políticas activas de apoyo a la mujer embarazada
• Resumen de ayudas a la maternidad
• Art. 14 de la ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Con toda esta información se invita a la persona a que reflexione sobre su decisión, entendiendo que la situación requiere un periodo de asimilación, reflexión y afianzamiento que ayuden a evitar en el futuro un posible malestar y se le emplaza para otra entrevista en la que se analiza, estudia, apoya y refuerza la decisión tomada. Sea la que sea.

2ª fase: si la persona ha decidido interrumpir su embarazo se deriva al COF (Centro de Orientación Familiar) donde continúan el proceso y desde donde se trabaja la prevención de posibles nuevos embarazos a través de la información y orientación de métodos anticonceptivos.

Por tanto, “no decimos: vete a Valladolid”, informamos que la intervención se realiza en Valladolid y facilitamos todo tipo de información para que acudan tranquilas, acompañadas y seguras. 

No violamos la libertad de las personas ni imponemos ningún criterio, sino que respetamos sus decisiones y las ayudamos a trabajar y reflexionar sobre las mismas en el cumplimiento de una Ley que nos ampara, un protocolo que nos guía y una intervención profesional que tiene como objetivo ayudar a las mujeres en la defensa de sus derechos por mucho que pese a los que no les guste que las mujeres tengamos derecho a decidir.

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