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| Fotomontaje |
0La Gerencia de Servicios Sociales, con Alicia García Rodríguez al frente, está empeñada en convertirse en otra gran agencia de colocación del Partido Popular.
Hace pocos días la Junta de
Personal de Servicios Centrales de Castilla y León presentó una denuncia a la
Dirección General de Función Pública advirtiendo de las gravísimas
irregularidades que se estaban produciendo en la contratación de personal en la
Gerencia, y ello a pesar de las diferentes sentencias ganadas por trabajador@s
contratad@s por Tragsa y Fucoda ante despidos improcedentes.
La Consejería de Familia
siguiendo la estela de Milagros Marcos, ahora Consejera de Agricultura y
Ganadería, no sólo sigue haciendo caso omiso a las denuncias ante acciones
políticas que dinamitan el derecho en igualdad de condiciones de tod@s l@s
español@s para obtener un empleo público, sino que el asunto alcanza los
niveles de escándalo.
Funcionari@s que trabajan en la
sede de las oficinas de la Consejería, de la que la Gerencia es dependiente,
nos han informado de que sus dependencias se han convertido en unas
improvisadas salas de espera para el abundante personal que llega hasta allí
con la esperanza de tener una noticia positiva tras la entrevista de trabajo.
Colas en los pasillos donde, al parecer, la empresa Eulen ha montado una sede
provisional para dicha labor.
Otra fuente nos informa de que
tras ver las 8 ofertas de empleo publicadas por la ETT “EULEN Flexiplan” en la
web “Infojobs” entre mediados de julio y primeros de agosto, todas ellas en
plazos muy cortos, se decidió a llamar a la ETT y le confirmaron que los
puestos de trabajo eran para trabajar directamente en la Gerencia de Servicios
Sociales, situada en la C/ Francisco Suárez nº 2 de Valladolid, y “que ellos
sólo recibían los currículums y se los enviaban a un tal Juan Villa, el cual
luego decidía a quien convocar a una entrevista en la Gerencia”.
El informante, parte interesada
en las irregularidades destapadas, siente que “como integrante de la bolsa de
empleo de la Junta me indigna muchísimo que tengas que preparar una oposición,
pagar unas tasas, ir a un examen, y que te creen unas expectativas para que luego
se las pasen por… Pero no sólo eso, sino que ¿desde cuándo una administración
contrata a través de una ETT? Y aún más, ¿para qué tienen el Servicio Público
de Empleo, que tanto cacarean de lo que van a invertir en él?”
Lo cierto es que es una denuncia
más de las muchas que se siguen sucediendo a lo largo de estos últimos años en
los que la administración autonómica, siguiendo los designios del Gobierno
Central, nos ha negado el pan y la sal en servicios públicos esenciales como la
educación y la sanidad donde las tasas de reposición del personal no llegaban
si quiera al 10 %.
A día de hoy l@s tahúres de las
tablas de la Ley siguen burlando los méritos y la capacidad para a continuación
fabricar “estómagos agradecidos” con el dinero de tod@s. Sino no se explica cómo
es posible que, tras el despido el 1 de julio de vari@s trabajador@s sociales que
habían accedido a un contrato a través de las bolsas de empleo, dos semanas
después la Gerencia busque la contratación de tres técnicos medios en Trabajo
Social.
Por si estos contratos fueran
pocos se añadieron muchos otros puestos de trabajo que, como suele responder la
administración cada vez que se le inquiere, nada tienen que ver con los
trabajos a realizar dentro de la misma:
- 6 auxiliares administrativ@s para Valladolid; 4 administrativ@s para Valladolid; 17 técnicos medios de gestión para Valladolid, Burgos, León, Salamanca y Zamora; otros 21 puestos de auxiliar administrativ@ para León, Burgos, Valladolid y Salamanca; 2 administrativ@s para gestión documental en Valladolid; y otros 4 técnicos medios en Valladolid.
Como se puede comprobar y ya hemos dicho puestos de trabajo inexistentes dentro de las plantillas de la administración.
- 6 auxiliares administrativ@s para Valladolid; 4 administrativ@s para Valladolid; 17 técnicos medios de gestión para Valladolid, Burgos, León, Salamanca y Zamora; otros 21 puestos de auxiliar administrativ@ para León, Burgos, Valladolid y Salamanca; 2 administrativ@s para gestión documental en Valladolid; y otros 4 técnicos medios en Valladolid.
Como se puede comprobar y ya hemos dicho puestos de trabajo inexistentes dentro de las plantillas de la administración.
El asunto es ciertamente grave,
ya que Alicia García en este caso podría enredarnos amparándose en la
independencia de la Gerencia para contratar trabajador@s esquivando el derecho
público, dado que sería legal tratándose de otro chiringuito de derecho
privado. Para seguir convenciéndonos podría argumentar que la Gerencia utiliza
a una extractora de plusvalías, más conocidas como ETTs, porque en la última
reforma laboral de los socialistas, Zapatero abría esta puerta.
Todo ello, finalmente, para
ocultar el hecho ilegal y ya reiterado y por lo tanto perverso, de que de nuevo
una empresa privada, en este caso Eulen, esté utilizando las instalaciones de
la “casa de tod@s” para alimentar su cuenta de resultados.
Es necesario recordar que el 10
de enero de 2014 el Movimiento Viernes Negro realizaba un escrito al Procurador
del Común en el que se le conminaba a averiguar porque a finales del 2013 se
despedía a 17 trabajador@s que habían entrado en la administración a través de
una bolsa de trabajo en los servicios territoriales de medio ambiente mientras
se mantenía a los trabajador@s contratad@s a través de TRAGSA trabajando en las
dependencias de la Junta.
Tras una ardua investigación de
la procuraduría en las contrataciones de la Junta a través de TRAGSATEC el
Procurador advirtió a la Consejería de Presidencia “que en atención a la argumentación expuesta
desde los puntos de vista económico y de garantía de los principios
constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad en el acceso al empleo público, se valore la posibilidad de asignar las
tareas que en la actualidad viene desarrollando el trabajador contratado por la
empresa TRAGSA en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos a
empleados públicos adscritos al citado Servicio Territorial o, si así
procediera, al integrante que correspondiera de la Bolsa de empleo correspondiente
de la administración autonómica.”
Más sonado, y ya para terminar,
fue la denuncia que hizo Viernes Negro acerca de la contratación de personal
afiliado al Partido Popular para, supuestamente, realizar funciones de
información sobre vivienda a través de la empresa INDRA, empresa investigada
ahora mismo por ser no sólo una de las donantes en los papeles de Bárcenas, sino
también por verse envuelta en la trama de corrupción “Púnica”. En este caso el Procurador inquirió
al responsable de la Consejería de Fomento a que explicara las razones para que
estos trabajador@s utilizaran las dependencias públicas siendo contratados por
una empresa privada. El Consejero hizo “mutis por el foro” y extinguió las
prórrogas que llevaba haciendo durante tres años con la empresa INDRA, sin
ninguna responsabilidad política ni penal al respecto.
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