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Foto de archivo "Por el derecho a la vivienda, contra el genocidio financiero"
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Por PAH Burgos
1 .SITUACIÓN DE PARTIDA:
500.000 desahucios desde el comienzo
de la crisis. Más de 3.000 en Burgos.
184 desahucios diarios en toda
España. Más de 400 desahucios el pasado año en Burgos.
1.000.000 de pisos vacíos en manos
de los Bancos. En Burgos más de 1.000.
6.000.000 de parados. Más de 31.000
en Burgos.
En Castilla y León, se producen, en
este momento, siete desahucios al día. El año 2013 hubo en Castilla y León,
2.768 lanzamientos, esta situación es insostenible.
200.000 millones de euros para el
rescate de los bancos.
Caja Burgos y
Caja Círculo (como entidades “sociales” construidas por los burgaleses y al
servicio de los burgaleses, rescatadas, desaparecidas y expoliadas por sus gestores –entre ellos políticos locales, sin
que se haya exigido responsabilidad alguna; gestores que conservan todos sus
privilegios y prebendas).
Caja España,
como entidad “social” apoyada y controlada por los políticos autonómicos, igual
que las anteriores rescatada, desaparecida y expoliada por sus gestores –entre
ellos políticos autonómicos, sin que se haya exigido responsabilidad alguna;
gestores que conservan todos sus privilegios y prebendas).
En un goteo incesante, cada semana
acuden a PAH Burgos un mínimo de tres o cuatro familias afectadas; cada vez con
situaciones más dramáticas y a quienes se les ha negado todo de tipo de ayuda
por las Administraciones, que han sido engañados e incluso estafado, en alguna
ocasión, por las Entidades Bancarias (posición dominante al firmar –avalistas,
garantías- cláusulas abusivas -suelo, comisiones, intereses de demora-
rehipotecas y
refinanciaciones ventajosas para los bancos, procesos ejecutivos sin atender la
situación económica y familiar, directivos sin escrúpulos e irresponsables
totalmente),
2. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
La
obligación de los Poderes Públicos de garantizar el DERECHO A LA VIVIENDA está
contenida
en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el artículo 47 de nuestra Constitución.
A) Ayuntamiento de Burgos
Responsabilidad directa derivada de
los años de especulación y despilfarro. Partícipe directo en el fracaso y
expolio de las Cajas de Ahorros Burgalesas. Partícipe directo en la
especulación urbanística sufrida en Burgos durante muchos años.
De acuerdo con el artículo 25 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el
Municipio puede promover actividades y prestar los servicios públicos que
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal. Tiene competencias en Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública y, fundamentalmente en atención inmediata a personas en situación o
riesgo de exclusión social.
No hace nada. Aprobadas, como consecuencia de la
presión de PAH Burgos, unas limitadísimas ayudas para el alquiler de vivienda y
el pago de plusvalías a afectados por ejecuciones hipotecarias. El Ayuntamiento afirma no tener
viviendas destinadas a alquiler social. No quiere aprobar un programa de acción social en este
sentido.
Las ayudas de urgente necesidad son
también muy limitadas (período de tres meses de pago de alquiler y de pago
facturas pendientes suministros básicos de servicios básicos esenciales –agua,
energía eléctrica). Las situaciones de pobreza energética son cada vez mayores.Dice el Ayuntamiento no tener viviendas
destinadas a alquiler social. No quiere aprobar un programa de acción social en
este sentido. Trabas burocráticas para la
obtención de informes en los CEAS necesarios y urgentes para negociaciones con los Bancos.
B)
Junta de Castilla y León
Ni la Ley 9/2010, de 30 de agosto,
del Derecho a la Vivienda de Castilla y León, ni la Ley 10/2013, de 16 de
diciembre de medidas urgentes en materia de Vivienda de Castilla y León,
contienen garantías reales sobre:
a) El uso social de las viviendas
deshabitadas
b) La creación de un parque público
de viviendas en alquiler social.
c) Implicación real de la
Administración en los supuestos de familias en riesgo de exclusión social, ya
sea por estar sujetas a proceso ejecutivo hipotecario, o por que no tienen
acceso a los bienes básicos –energéticos- entre los que se encuentran, con
carácter primordial, una vivienda digna.
No se hace nada relevante en materia
de vivienda. Es necesaria la creación de un
Parque Público de Viviendas de alquiler social. Desde las Pahs y colectivos Stop
Desahucios de Castilla y León, se ha elaborado un Documento de Mínimos
presentado hace dos semanas casi en las Cortes de Castilla y León.
El denominado Servicio integral de
apoyo a las familias en riesgo de desahucio (012) no funciona como debería
hacerlo. No se trata como personas, se trata como expedientes. Desde dicho
Servicio, en más de una ocasión, se ha indicado a alguna familia que acuda a
Pah Burgos. La Administración autonómica actúa
de forma paternalista, prepotente y como si la Administración fuera suya
(patrimonialización de la Administración). Estamos en presencia de un DERECHO,
el Derecho a la Vivienda, no ante algo graciable y sujeto a la voluntad de los
políticos de turno.
3. ENTIDADES FINANCIERAS:
Tras la gran alarma social que se
produjo durante el año 2011 y 2012 y el varapalo a la ley hipotecaria española,
que dejaba patente la indefensión de las familias ante el poder financiero en los procesos de ejecución, las
entidades financieras, han hecho un gran esfuerzo por lavar su imagen,
sabedoras de que sus beneficios están directamente relacionados con ella, y con
la confianza que sean capaces de trasmitir a sus clientes, presentes y
potenciales.
Paralelamente, el auge, y también,
el grado de simpatía y apoyo social recibido por las plataformas y grupos stop
desahucios les hizo cambiar su estrategia, y empezaron a mostrase "como
entidades sensibles con la realidad social y comprometidas con la
ciudadanía". Se abrieron numerosos procesos de
diálogo, los interlocutores empezaron a aparecer (no sin la presión de las
acciones de calle que les dejaban en evidencia) y empezaron las "puertas
abiertas" y "las buenas intenciones y palabras" con las que
éramos recibidos en los bancos. Eso, se tradujo en 2 cosas: El problema no era visible en la
calle y se trasladaba a la ciudadanía la sensación de que era un problema
resuelto. Nos cargaba de innumerables reuniones, horas de trabajo, de peleas de
despacho en las que, al no ser profesionales, nos hemos desgastado durante
meses haciendo un esfuerzo enorme para solucionar unos pocos casos.
Mientras nos tenían entretenidos,
ellos, los bancos, han seguido manejando a su antojo las
vidas de de miles de personas. Porque los procedimientos de
ejecución hipotecaria de primera vivienda, se siguen produciendo, y con ellos,
las subastas y los lanzamientos con total impunidad e indefensión de los
afectados. Tan solo, algún juzgado valiente, es
capaz de frenar esta sangría, pero aún en estos casos, el poder del banco,los
recursos de sus asesorías jurídicas y su enorme y aplastante superioridad económica,
pueden dejar en nada un auto favorable a las familias en primera instancia.
Estamos cansados de reuniones
interminables, papeleos reiterados y demoras en todas las operaciones, con el
consiguiente incremento de las deudas y de la angustia de las familias. Queremos
soluciones REALES, adaptadas a la situación real de las familias, y las
queremos ágiles, proporcionadas y justas. No queremos parches,
refinanciaciones que solo aumentan la deuda y ahogan a las familias. Queremos alquileres sociales
pagables, ajustados a los ingresos no a porcentajes de tasaciones que siguen
estando manipuladas por las entidades.
Queremos y EXIJIMOS que la
ciudadanía en general, sea informada de sus derechos, no solo aquellos que
acuden acompañados de una camiseta verde o de la mano de caritas o una ONG.
El tan cacareado código de buenas
prácticas que ellos esgrimen para soltar un "NO CUMPLEN" y quedarse
tan frescos recoge que ES TAREA DE LAS ENTIDADES ACOGIDAS INFORMAR Y DIVULGAR
ESAS MEDIDAS AL PRIMER SÍNTOMA DE PROBLEMAS PARA AFRONTAR LA DEUDA. Este real decreto ya es en si mismo
INSUFICIENTE Y RESTRICTIVO, y lo es aun mas si las entidades lo ocultan
sistemáticamente a sus clientes cuando demandan ayuda.
Pasamos a hacer un repaso de las
entidades más significativas en la región:
CAJA 3 IBERCAJA
Buena voluntad negociadora, pero
poco más.
La política de la entidad es no
conceder daciones (incumpliendo el Código de Buenas Prácticas), y, por tanto,
tampoco alquileres sociales.
Derivan todas las operaciones hacia
carencias, no pueden resolver el problema en muchas ocasiones por impagos
prolongados, embargos posteriores o baja probabilidad de reinserción laboral. Plantean una "solución
incierta" mediante un mandato de venta con promesa de quita o condonación
de la deuda, que aun, tras mas un año, no hemos visto plasmada en un contrato sobre un caso real.
CAJA ESPAÑA
Su actitud es actuar bajo presión por lo que nos obligan
a ejercerla en sus propias oficinas para llamar la atención de la ciudadanía.
Solo cuando la operación es ventajosa para la Entidad toma decisiones. En
ningún momento acepta negociar un alquiler social razonable, alegando que las
viviendas adquiridas mediante subasta las tiene ofrecidas para fines sociales a
la Junta. Antes de ofrecer una carencia
ajustada al Real Decreto, trata de colocar al interesado una carencia a su
manera en la que los gastos corren por cuenta del deudor, incluso los del abogado
a quien la Entidad remite los expedientes para proceder a la ejecución.
Para "solventar este pequeño
problema" es tan amable, que ofrece préstamos personales ventajosos....
Una deuda más... Solo cuando interviene la PAH se avienen a una negociación
justa, no sin reticencias y demoras que solo hacen elevar la cuantía de la
deuda. Saben que las operaciones pendientes
de resolver las vamos a ganar en el juzgado y aún así no aceptan daciones que
evitarían el sufrimiento innecesario de las familias y la acumulación de expedientes
en el Juzgado que produce estancamientos y saturaciones que perjudican a toda
la Administración de Justicia. Queremos hacer hincapié en que esta
Entidad ha sido rescatada con dinero público del abismo en que sus gestores, la
mayoría políticos sin moral ni conocimientos financieros, la habían hundido.
CAJA RURAL
Los acuerdos son siempre largos y
difíciles. A día de hoy aún no se han acogido al Código de Buenas Prácticas por
lo que las carencias y daciones son una dura pelea. Una vez valorado el precio
de colocación de la vivienda en el mercado, tratan de adecuar el mismo a la
deuda pendiente, lo que convierte a la dación en una operación de compraventa que
nada tiene que ver con las soluciones que la legislación ha impuesto para
suavizar el sufrimiento de las familias en riesgo de exclusión social.
Este mismo concepto se puede aplicar
a las carencias, que por demorarlas con artilugios burocráticos, hacen que la
deuda se eleve hasta ser casi imposible una solución coherente. Eso si, nuestros interlocutores no
dudan el consultar con la Pah aquellas dudas que les surgen sobre el código de
buenas prácticas por si deciden unirse al club al final. Parece que sus servicios jurídicos están
tan ocupados en presentar demandas de ejecución, que no tienen tiempo de informarles.
CATALUÑA CAIXA
Las operaciones con Catalunya Caixa
presentan una elevada dificultad como es que en ellas los avalistas no son
tales, sino que tienen la misma consideración de deudores que los titulares de la
vivienda, con lo que el término de “vivienda única” o "ingresos insuficientes" no se acepta porque generalmente los avalistas tienen ya su
propia vivienda y su pensión. A pesar de esto o mas bien por esto, no aceptan
la dación en pago. Recordamos que se trata de una
entidad intervenida y saneada por todos nosotros.
CAIXABANK
A pesar de que siempre se ha
mostrado como la entidad mas abierta a negociar y solucionar estos problemas,
sus soluciones se han ido alejando cada vez mas de la situación real de las familias
(daciones parciales, condicionadas) , a la vez que los tiempos de resolución de
los casos se alargan hasta el infinito. Se ha pedido reiteradamente una
adecuación a la realidad, a través de un acuerdo de mínimos, al cual no hay
respuesta y sistemáticamente, se nos aboca al caso a caso, con multitud de problemas,
denegaciones, reconsideraciones, y laberintos de documentación que nos
sepultan. Creemos que su voluntad negociadora
responde más a criterios de imagen y reputación que a ganas de
"remangarse" y solucionar, de verdad los problemas. Prueba de ello es la falta de
información que se ofrece a los afectados en las oficinas cuando acuden solos.
BANKIA
El banco de todos (al menos todos
hemos puesto algún que otro euro para su rescate) no parece que haya tenido
hasta la fecha la misma generosidad con sus clientes. Casi todos los casos que nos han
llegado están ya en procedimiento, incluso con la subasta ya celebrada. A través de su red de oficinas era
imposible resolver nada: la documentación se pierde, no llegan respuestas, no
cumple nadie o no sabe no contesta.
Decidimos dar un paso más y elevar
las protestas directamente al Territorial y ahí empezamos a ver la luz: subasta
y lanzamientos parados, daciones y alguna condonacion de deuda. Pero cuando se
trata de alquileres sociales.... La cosa se atasca: precios imposibles.
Lo mismo sucede con la red de
oficinas; al igual que en Caixa y Caja3, no acaba de entrar "el espíritu
de las buenas prácticas".
BBVA
Para ser sinceros, no hemos tenido
un número de casos significativo con esta entidad, de lo cual nos alegramos
mucho, por que cada caso, supone meses de negociaciones. No es muy "alegre" a la
hora de dacionar y lo es mucho menos a la hora de los alquileres sociales. Prefiere la entrega voluntaria de
las llaves, a cambio de meter al afectado en "programa de inserción
laboral" para el cual ha firmado un convenio con Adecco (ETT).
Esto, no soluciona ni el problema de
la vivienda ya que la pierden, ni el del paro, ya que los trabajos son de
insuficiente remuneración (a veces mucho menos que la prestación) y por supuesto,
en precario.
Nos preguntamos: ¿y por que tiene que
ser a cambio de su casa? ¿Para que, para mandar gente a la calle y dejarla
cerrada? ¿Para la Sareb? Para un fondo buitre? Las casas, deben ser para vivir
gente. No para especular. Y el cebo del trabajo..... Se valora por sí sólo.
BANCO POPULAR
O como no hacer nada de nada si no
es bajo presión, aquí y en el resto de España. Hipotecas, refinanciaciones, suelos,
y trato más que impresentable hacia las familias.
Los responsables con mando en plaza,
no aceptan sentarse a negociar y nos remiten a los delegados provinciales y
directores de oficina. En esas mesas, hemos tenido un caso
parado 10 meses, y ahí sigue, por que a pesar de haber llegado a un acuerdo, no
hemos conseguido que se plasme en una minuta decente y sin errores (involuntarios
por supuesto....) que llevarnos a la notaría.
Eso si, su presidente, pide que se
bajen los impuestos a las familias. Será para que puedan pagar sus hipotecas
con suelo y llenas de cláusulas abusivas.
El Ferrari de la banca!!!
Anda lento en lo que a soluciones
se refiere. Muy buenas palabras, buenas
intenciones pero un calvario en la tramitación y en la toma de decisiones. Eso si; para los lanzamientos y toma
de posesión de las viviendas, acelera más, aunque sea cambiando llaves por
deuda a pesar de autos judiciales que reconocen el derecho a permanecer en la vivienda 2 años, debido a la
moratoria de los lanzamientos regulada en el "RD de buenas prácticas". Por ese motivo, "tuvo el honor de
inaugurar la Obra Social de Pah en Burgos". Pero estamos seguros de que le darán
a Ahmed y su familia, un alquiler social justo.
CONCLUSIÓN:
La banca, sigue agudizando el
ingenio para tratar dejar de ganar lo menos posible, aunque sea a costa de las
familias que están en peor situación.
Y para ello, no duda en camuflar
cláusulas poco claras en los nuevos contratos, ofrecer refinanciaciones
infumables a sus clientes, y dilatar los procesos de negociación meses y meses.
Negociar, negocian. Nos han abierto
las puertas de los despachos, para que no pasemos frío en la calle y de paso,
no se nos vea mucho.
La pregunta es: negociar el que?
Para que? Para quien?
Y mientras no tengamos respuestas
claras, además de en los despachos, PAH
BURGOS SEGUIRÁ EN LA CALLE
Lo cortés, no quita lo valiente.
Hemos
demostrado y seguiremos demostrando que en la defensa del Derecho a la
Vivienda, frente a la inactividad de los Poderes Políticos y Económicos, SÏ,
SE PUEDE.
Las principales denuncias realizadas contra este proyecto se focalizan en la pérdida del poder de negociación de los sindicatos; la extensión de la figura de la “encomienda de gestión”, figura jurídica con la que se permite a empresas privadas durante un plazo determinado la realización de servicios propios de la Administración Pública, a la Administración B; el refuerzo de dicha administración paralela, principal nido de corrupción, con la puesta a su disposición de los empleados públicos si así se exige; la creación de la “Atribución temporal de funciones” con la que cualquier jefe político puede castigar a un empleado colocándole en otro puesto que ni si quiera necesariamente sería de su categoría o especialidad el tiempo que el mismo quiera, y otra serie de lindezas que harían de cualquier empleado público un “guiñapo” al servicio del Partido y no de los ciudadanos.
