Hace tiempo que ya forma parte de nuestro acerbo mediático, tantas veces teledirigido por las clases dominantes, el maravilloso concepto de “responsabilidad social” de las empresas. Según dicho concepto toda empresa que se precie debe de restar al “beneficio-riesgo” una parte que aporta a la sociedad mediante acciones sociales o medioambientales con un alto componente ético, es decir más allá de las normas y leyes que todos debemos de cumplir. Normalmente las empresas lo hacen para mejorar su situación competitiva como valor añadido de cara a sus potenciales clientes.
Este es en principio el caso de la empresa FUCODA, la cual nace con la responsabilidad social como motor de su actividad. Como hace referencia en su página web, y probablemente ya empecemos a despistarnos con el entramado empresarial tan característico de nuestro modelo económico, dicho grupo empresarial nace en 1989 y se inserta a su vez en la sociedad instrumental Grupo Fundosa cuyo único accionariado es la Fundación ONCE: en resumen, FUCODA es una empresa más del conglomerado creado por la ONCE.Según sigue informando en su portal su principal misión es el logro de objetivos sociales, y entre ellos, y muy especialmente, la inserción laboral de las personas con discapacidad como instrumento básico para la plena integración social. Hasta aquí todo perfecto.
El problema surge cuando una empresa como ésta sirve como sostén a intereses obscuros relacionados con los tentáculos de los partidos políticos que “al tocar pelo” convierten la administración pública en su cortijo.
El problema surge cuando una empresa que se define como social, y por lo tanto sometida a los valores, normas y leyes con los que se rige la sociedad civil en la que se inserta, desprecia sin si quiera reflexionarlo dichos valores.
El problema supera todas las barreras infranqueables del desprecio por la realidad social que vive el país cuando convierte su misión y objetivo en un mero maquillaje para que unos cuantos hagan dinero.
Por otro lado, a estas alturas todos sabemos lo que lleva tanto tiempo sucediendo con la Ley de dependencia y las famosas ayudas que se han ido limando de tal manera que han convertido la Ley en mera propaganda legislativa: tiempos de espera de concesión insoportables y ayudas misérrimas, que en la mayor parte de los casos no superan los 200 euros. En Castilla y León ocurre otro tanto de lo mismo con el agravante de una población envejecida que aumenta el número de dependientes día tras día.
¿Cómo responde aquí la otrora Técnica de Bibliotecas Milagros Marcos, convertida ahora en flamante Consejera de Familia?. Pues poniéndose de perfil ante la dilatada y opaca lista de espera de ancianos en busca de una residencia, cerrando habitaciones y servicios en las diferentes residencias públicas, y derivando a cuentagotas a los mismos a residencias privadas, que ahí sí disfruta la Junta tirando de dinero público.
¿Qué pensarían los castellanos y leoneses si supieran que mientras el ejecutivo del Partido Popular tiene a pan y agua a los dependientes de esta Comunidad, se gasta los dineros de todos en contratar a personal a través de la empresa FUCODA para tramitar los expedientes de ayudas a la dependencia que luego deniegan por falta de presupuesto?
¿Qué opinarían si se les hace saber que dicho trabajo pueden y deben hacerlo los propios empleados públicos a los que ya se les paga?
¿Se acordarán los habitantes y votantes dormidos de esta Comunidad dentro de 11 meses cuando toque elegir a un nuevo ejecutivo que el Gobierno de Herrera ningunea a sus hijos, sobrinos, hermanos, amigos que no podrán optar en condiciones de igualdad al empleo público porque se ha convertido en una “potestas” más de la casta?
¿Cómo es posible que no se les caiga la cara de vergüenza mientras nos dicen que es imposible contratar a nuevo personal docente y sanitario, y siguen contratando a personal por la puerta de atrás “meándose” en la propia Constitución?
¿Resulta soportable que la propia empresa FUCODA se haya convertido en una Empresa de Trabajo Temporal que no respete los derechos de los trabajadores y que incluso incumpla su único objetivo contratando a personas sin ningún grado de minusvalía?
¿Se ha parado a pensar la ONCE que su trabajo aplicado a la empresa privada es encomiable e imprescindible para la inserción laboral de las personas con alguna discapacidad, pero qué aplicado de esta manera a la administración pública resulta escandaloso porque se burla de las horas de esfuerzo de todos aquellos discapacitados que estén en bolsas de empleo esperando una llamada de la Administración que nunca se producirá?
Este es el gran número de interrogantes que nos han suscitado las últimas denuncias e informaciones de las que disponemos.
Así el Movimiento “Viernes Negro” denunció a finales del año pasado el hecho de que sólo en Burgos hubo hasta 8 personas contratadas a través de FUCODA renovadas en diferentes años y a día de hoy parte de este personal sigue ocupando las dependencias de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. El hecho resulta aún mucho más bochornoso cuando existen pruebas de que algunos de los contratados no sufren ningún grado de minusvalía. De hecho una de las personas a las que le ha caído el “premio gordo” ha sido Mª Luz Alonso Alonso, cuñada de la mano derecha de Juan Vicente Herrera, Virginia Arnaiz González.
“Viernes Negro” seguía denunciando el hecho de que la empresa privada utilizara los propios medios de la administración pública, así como la “falta de publicidad en la página WEB de la contratación administrativa de la Junta de Castilla y León donde no aparece el contrato actual con la empresa FUCODA ni la cuantía del mismo, periodos, servicios a realizar…”
A esto que ni la Junta ha respondido ni los propios medios de información de la Comunidad se atrevieron a publicar, UNA VEZ MÁS, se añade ahora la batalla abierta por el sindicato CGT en Segovia. Este sindicato, dadas las irregularidades que se estaban produciendo en las actuaciones de la empresa FUCODA en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de esta provincia, consiguió promover una inspección de trabajo en las dependencias de la Gerencia de la cual se desprende que tanto la empresa como la Junta han realizado un tráfico prohibido de trabajadores a través de una cesión ilegal y que FUCODA está actuando a su vez como una Empresa de Trabajo Temporal, nada que ver con los objetivos de los que hace gala. De todo ello la Inspección de Trabajo ha levantado un acta de infracción firme.
Así mismo, CGT está en disposición de confirmar que las denuncias ya realizadas y silenciadas previamente por “Viernes Negro” acerca de la contratación de personal sin ningún tipo de minusvalía son ciertas.
Otro escándalo más está servido.
