Radio tele-Pensión de Castilla y León

Tras el rodillo obtenido en las urnas por el PP en las pasadas elecciones generales parece asegurado –puesto que resultó de lo poco que nos anticiparon en campaña- que desde el ejecutivo central se va a impulsar el modelo de privatización en la gestión de los diferentes entes radiotelevisivos públicos existes en casi todas las regiones.

Estos momentos de obsesión por el ajuste presupuestario resulta la ocasión propicia y la coartada perfecta de desvencijar lo público y favorecer el lucro de cierta calaña de empresarios –los carroñeros de lo público- de quienes nuestros políticos se sienten testaferros y deudores (por algo será). Estas hienas ven ahora la oportunidad de hincarle el diente a la suculenta presa de los medios de comunicación públicos (luego les irá tocando el turno a otros), levantados y mantenidos a un precio muy alto a costa del erario público. Otro tema diferente sería discutir sobre la conveniencia de la existencia misma de este tipo de corporaciones, fruto durante décadas de una política de despilfarro, mala gestión y de instrumentalización en beneficio del partido dominante de turno en cada taifa.

Aunque se supone que habrá gobiernos regionales que optarán (se resistirán, al menos) por mantener el modelo actual de gestión pública, otros verán el momento idóneo de desprenderse de esta gravosa carga y de ceder su gestión a empresas o grupos afines, lo que permitirá de paso seguir manteniendo el control ideológico de este eficaz instrumento de masas; razón última y verdadera para la que fueron constituidos. No nos engañemos.

En Castilla y León –a modo de visionarios- nos anticipamos a ello y, ejecutando una magistral maniobra de adelantamiento por la derecha, optamos directamente por no edificar nosotros mismos la casa sino irnos a la de otros y pedir a dos mecenas de ‘honorable’ reputación (Michel y Gürtelbarri) que nos alojasen en la suya a modo de pensión. A cambio, eso sí, de garantizarles durante 15 años un cómodo subsidio por realizar su actividad, la misma precisamente que ya venían desempeñando por sus medios hasta ese momento. Feliz noticia para estos Rupert Murdoch meseteños, precisamente en el peor momento para la captación de ingresos por publicidad y de dificultad en el acceso a cualquier otro tipo de financiación.

Querría hacer un inciso y cuestionar aquí la necesidad de disponer en nuestra comunidad de un servicio de radiotelevisión autonómico, aunque se trate del privado-subsidiado éste sacado de la manga, que suponga coste añadido a los ciudadanos o que requiera privar de recursos a otros servicios verdaderamente necesarios; cuando para más sorna, existían ya de facto dos grupos mediáticos que realizaban por su cuenta –en la ‘sana’ competencia que estos mismos liberales defensores de la libertad de mercado preconizan- una cobertura regional muy similar (si no idéntica) a la que ahora desarrollan bajo el antifaz prestado de “Radio Televisión de Castilla y León”.

Todo resulta en origen del afán de la Junta en contentar y mantener en la misma jaula a las dos fieras clonadas que son Méndez Pozo y Ulibarri, tanto en sus actividades constructoras y mediáticas como en la falta de escrúpulos mostrados por ambos para conseguir sus metas. Con la nueva licencia digital bajo el brazo se decide adjudicársela a la antinatural sociedad privada constituida expresamente para tal motivo a partes iguales por ambos grupos mediáticos rivales, sobre la bases ya existentes de: “Canal 4 Castilla y León” y “Televisión Castilla y León”.

El festín estaba preparado, la mesa dispuesta y los comensales llevaban 3 años pegándose un auténtico ‘homenaje’ de nada menos que 70 millones de euros a cuenta del contribuyente, cuando a finales del 2011 la Agencia Tributaria reclama a la sociedad “Radio Televisión de Castilla y León” el pago de 10 millones de euros en concepto de IVA no declarado por ésta durante los 3 ejercicios fiscales desde el inicio de su actividad. Es decir que estos carroñeros de lo público, tanto la promotora como los beneficiaros, no satisfechos con el ’business’ montado entre amigotes deciden también no contribuir al erario público en lo que les corresponde ‘como todo hijo de vecino’. Sobre este particular deben de pensar que ellos no son como cualquiera, ellos son los que con su iniciativa generan riqueza y que para éso crean puestos de trabajo en esta tierra. ¡Qué paguen otros!

El exceso de gula se les ha atragantado en esta ocasión, pero los perjudicados como siempre no son ni los políticos promotores de la aberración, ni responsable alguno del artificioso grupo de comunicación. Los únicos damnificados son los 37 trabajadores que se ven en la calle para amortizar sus puestos de trabajo y satisfacer así con la reclamación económica hecha por Hacienda. No importa para ello que la causa del despido haya sido reconocida como no procedente –¡qué más da! si resulta una indemnización de 45 días por año trabajado en el peor de los casos- cuando de lo que se trata es de aligerar lastre para purgar los excesos cometidos y evitar así un empacho mayor.

Parece mentira que a estas alturas de la travesía pueda alguien seguir creyendo que para solucionar los problemas económicos y promover el empleo en este país resulte imprescindible hacer nuevamente una reforma laboral, idea con la que nos martillean incesantemente. Resulta más que claro, y en ésto lo dicho aquí es sólo un caso de los muchos existentes, que son otras las vías principales de agua abiertas en el casco y otros los polizones y saboteadores que terminarán de seguir así por hundirnos el barco.