El derecho a protestar está amenazado en España : entrevista a Amnistía Internacional

Foto de la portada del Informe de Amnistía Internacional

Jorge, de 35 años, es auxiliar de enfermería en un centro de salud de Madrid. Es miembro activo de la "Marea Blanca" y también pertenece a la Asamblea Popular de Carabanchel 15M.  Ha participado en acciones organizadas por un grupo denominado STOP Desahucios3 en su barrio. 

El 25 de marzo de 2013, durante una protesta en apoyo de la sanidad pública, organizada con motivo de la visita del consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid a un hospital público de gestión privada, Jorge fue detenido y acusado de intentar agredir al consejero. 

Según el relato de Jorge, él se encontraba en el vestíbulo del hospital junto con otras personas, coreando lemas contra la privatización del sistema sanitario, cuando dos personas lo empujaron contra una columna, lo arrojaron al suelo y saltaron sobre él.  A continuación se identificaron como policías y le dijeron que estaba detenido por intentar agredir al consejero. Luego lo llevaron a la comisaría de policía de Móstoles.   A la mañana siguiente compareció ante una jueza, donde negó la acusación de intento de agresión al consejero, y quedó en libertad en espera de nuevas diligencias.

El 17 de junio, la jueza de instrucción desestimó la causa contra él, “habiendo procedido al visionado de las imágenes en bruto que a requerimiento de este juzgado remitió Televisión Española, de las que no resulta creíble la versión mantenida por los agentes denunciantes".  De hecho, las imágenes grabadas, pero no retransmitidas, por un canal de Televisión Española en el interior del hospital muestran que Jorge coreaba lemas mientras permanecía de pie a varios metros del consejero, sin intentar en ningún momento agredirlo o acercarse a él...

Así comienza el Informe elaborado por Amnistía Internacional : España: "el derecho a protestar, amenazado". En este informe, la organización denuncia cómo el Gobierno está  utilizando todos los medios posibles para limitar por ley el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica. El informe recoge,  además, violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de fuerzas de seguridad, así como la falta de investigación de estos  abusos.