Por Burgos Dijital
La construcción del Hospital Universitario de Burgos, HUBU, tuvo un interés de
beneficio privado y no de lo que debe
ser objeto un hospital, que es la mejora de la asistencia sanitaria de la
población, garantizada por los servicios públicos.
La fórmula escogida por la Administración
Regional de Castilla y León para financiar la construcción y equipamiento del HUBU establece un
pago de un canon anual que no está prefijado sino que obedece a un cálculo en
el que se computa una parte fija más una cuota por el uso de infraestructuras y
equipamiento con los que la empresa adjudicataria dotó el hospital. En 2013
este canon se presupuestó en 71,25 millones de euros. El presupuesto de
Asistencia Sanitaria Especializada para Castilla León en 2013 fue de 319
millones de euros, lo que supone que una cuarta parte de este presupuesto fuese
destinado al pago del canon.
El canon no es el único pago anual de la
Junta de Castilla y León a Eficanza, empresa adjudicataria del hospital, sino que continuamente se
facturan sobrecostes sin ningún tipo de control por la Administración pública.
La Junta no dedica medios para registrar los desmanes del
HUBU, como por ejemplo, las obras de
mantenimiento o los problemas de
construcción que deberían ser asumidos por la constructora.
En el contrato con el HUBU está especificado
que Eficanza debe tener una rentabilidad de un 7,11 % anual. El negocio con el
HUBU está asegurado por mucho que se incrementen los costes.
Ante esta situación, si se valora la
posibilidad de un rescate, hay que tener en cuenta que un rescate del HUBU está
contemplado específicamente en el contrato y significa pagar de nuevo el
Hospital al indemnizar a la empresa Eficanza. Sin embargo, hablar de recuperación
supone denunciar el abuso de los costes públicos que conlleva éste modelo de
financiación y no volver a pagar la
indemnización a Eficanza. Recordemos la experiencia del hospital de Alzira. La concesión hubo de ser rescatada por la
Administración y la Generalitat pagó varias decenas de millones de euros a la
misma concesionaria a la que, a continuación, volvió a asignar la gestión del
centro.
Recuperar el Hospital es devolverlo a la
Sanidad Pública. Denunciar el
contrato del Sacyl con Eficanza es el camino de devolución del HUBU, pedir
responsabilidades jurídicas, económicas y políticas a las personas que
corresponda, tanto de la Administración como de las empresas privadas por las
irregularidades o presuntos delitos cometidos.
La asistencia sanitaria de la población no
puede ser objeto de negocio y lucro de nadie. Es un valor de la sociedad.
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