Una vez más la Junta de Castilla y León dirigida por Juan Vicente Herrera vuelve a burlarse de las leyes y normas que se da a sí misma en lo que parece ser ya una conducta habitual, aunque no parezca tener relevancia para los medios militantes conservadores de la localidad, Diario de Burgos y El Correo de Burgos. En esta ocasión el tema es suficientemente espinoso como para que a nadie se le escape…
El Movimiento Viernes Negro de Burgos ha informado a este medio de unas instrucciones dictadas desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y dirigidas a través del correo electrónico a los empleados públicos de todas las provincias relacionados con la tramitación de expedientes de concesión de la renta garantizada de ciudadanía (RGC).
En dichas instrucciones, según se denuncia, se ordena que “aquellos titulares de la RGC que hayan estado trabajando a través del Plan de Empleo de 2013 de la Junta de Castilla y León y derivado del mismo se les reconozca algún tipo de prestación, como pudiera ser el subsidio de desempleo, no se les extinguirá la prestación, sino que se les imputará como ingresos la cuantía de la misma”. Además la Consejería especifica que “la revisión de estos expedientes se realizará desde Servicios Centrales”.
Pues bien, al parecer en el Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía , especifica en lo relativo a los requisitos del titular que éste no podría percibir prestaciones contributivas o no contributivas a cargo de cualquiera de las administraciones públicas.
Por lo tanto y lo que en primer lugar se evidencia es que los altos cargos de la Consejería de Familia y de la Gerencia de Servicios Sociales están invitando a todos los empleados públicos que se encarguen de dicha tramitación a que realicen una masiva prevaricación. Por ello aunque el “movimiento estima loable el esfuerzo de la administración autonómica por luchar (…) contra la exclusión social de los desafortunados trabajadores golpeados por la crisis económica y por un más que cuestionable reparto de daños y esfuerzos”, Viernes Negro invita al Legislativo a que modifique la Ley 7/2010, dado que la Comunidad tiene en este caso la competencia exclusiva en materia de servicios sociales.
El movimiento denuncia que es gravísimo que si la propia Ley se fundamenta en el principio de ausencia de cualquier discriminación en el acceso a la renta garantizada de ciudadanía, no se entiende bajo ningún concepto que al resto de colectivos excluídos del Plan de Empleo 2013 no puedan beneficiarse del incumplimiento de la Ley, añadiendo la RGC a otras prestaciones.
Viernes Negro, preocupado por el deterioro, la mala gestión y la arbitrariedad en los servicios públicos, le detalla a Juan Vicente Herrera otra serie de interrogantes por lo francamente sospechoso de la gestión:
“¿Qué tiene de especial este Plan de Empleo 2013 para que a este colectivo sí se le permita?”
“¿Por qué concretamente en estos casos la revisión de estos expedientes se hará desde Servicios Centrales?”
“¿Es este nuevo “rapto” de competencias y de carga de trabajo una nueva estrategia para justificar nuevas contrataciones a través de empresas de servicios y fundaciones como FUCODA, obviando de nuevo el derecho constitucional de los españoles a poder ocupar un puesto de trabajo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad?”
Por último los empleados públicos de Viernes Negro llegan a la conclusión de que la Junta con esta medida admite implícitamente que las ayudas que se reciben a través de la RGC son insuficientes para poder llevar una vida mínimamente digna, por lo que le piden al Presidente de la Junta que impulse la modificación de la Ley para que todos los ciudadanos puedan acceder en condiciones de igualdad a todas las prestaciones, y de esta manera también asegurar los valores de independencia, imparcialidad, trasparencia y especial sujeción a la legalidad vigente.
Se trata de un asunto muy candente en la opinión pública y en diversos foros dada la extrema necesidad de cada vez más personas desempleadas en Castilla y León sin ningún tipo de prestación, por lo que son bastantes las organizaciones que comienzan a movilizarse para que se palie con mayor celeridad los principales efectos de esta estafa a gran escala.
Burgos Dijital ha podido saber que miembros del colectivo Viernes Negro han contactado con la Asamblea de Parados y Precarios de Burgos. Este colectivo se reunió el día 7 de octubre con el Procurador del Común para denunciar e informarle del excesivo tiempo en resolver y asignar las ayudas, hasta seis meses, lo que hace que muchas familias en situación de pobreza se vean en la necesidad de tener que acudir a organizaciones benéficas para sobrevivir; la denegación de solicitudes por motivos subjetivos y juicios de valor; los requisitos incoherentes y restrictivos, e incompatibilidades entre ayudas aún no superando ingresos que permitan la mera subsistencia y que la entrega de documentación requerida supone, en algunos casos, un desembolso económico.
Tras comunicarles la denuncia los representantes de la Asamblea de Parados aún no salen de su asombro por la arbitrariedad inhumana, la injusticia y la falta de trasparencia de los dirigentes populares en la administración autonómica, por lo que la Asamblea decidirá aumentar la presión y convocar ruedas de prensa para dar a conocer lo que está sucediendo.
Parece ser que mañana muy probablemente miembros de la Asamblea, invitados por Viernes Negro, pasen a protestar a la concentración-manifestación que tendrá lugar a las 11 en la Delegación Territorial de Burgos.
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