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| Países que formaran el Tratado Trans-Pacífico. M.V. |
James Corbett es profesor y teórico
de “Educación en la economía y la ética del libre mercado” y uno de los
principales exponentes de la escuela austríaca de Mises y Rothbard de “Economía y Ética
libertaria”.
A través de la web que vincularemos al final de esta información ha realizado un pequeño análisis sobre el acuerdo comercial que más se parece al famoso TTIP, pactado entre EEUU y varios Estados del Pacífico de América, Oceanía y Asia, tanto en su oscuro proceso de negociación como en las materias acordadas y sus consecuencias.
A través de la web que vincularemos al final de esta información ha realizado un pequeño análisis sobre el acuerdo comercial que más se parece al famoso TTIP, pactado entre EEUU y varios Estados del Pacífico de América, Oceanía y Asia, tanto en su oscuro proceso de negociación como en las materias acordadas y sus consecuencias.
Burgos Dijital tratará en la
medida de lo posible de hacer llegar a nuestr@s lector@s y a todas las personas
preocupadas por las posibles consecuencias del TTIP toda la información que se
nos oculta en los medios de comunicación de masas, ya que esto que aquí
vertimos no es política-ficción, sino un hecho ya consumado que a buen seguro
empeorará aún más las condiciones de vida de las clases trabajadoras de los
países afectados.
“Después de años de negociaciones
secretas y reuniones a puerta cerrada diseñadas para mantener el acuerdo bajo
llave, como en el TTIP, el texto completo del Acuerdo de Asociación
Trans-Pacífica (TPP: Trans-Pacific Partnership Agreement) ha sido finalmente hecho
público. Ahora el reloj ha comenzado a correr para que cada país impulse el
acuerdo a través de sus órganos legislativos para su ratificación.
Así que sin más preámbulos, aquí hay tres
cláusulas del texto TPP que muestran lo peor que temíamos del acuerdo.
1. El Mecanismo de Solución de Controversias
Inversionista–Estado (Capítulo 9).
Lo que toda la carga de acrónimos con la jerga
legal esconde aquí es sin duda la parte más polémica de toda la operación. Este
artículo establece los términos bajo los que una empresa transnacional que no
está contenta con una ley, resolución o regulación de un anterior gobierno
puede demandar al gobierno por su decisión.
Tal vez sea más fácil de entender por qué este
mecanismo levanta tantas controversias si nos fijamos en un ejemplo de la vida
real.
Cuando la opinión pública alemana
se volvió fuertemente en contra del uso de la energía nuclear a raíz de la
catástrofe de Fukushima, el gobierno alemán se comprometió a la “Atomausstieg”
(Salida Nuclear): un plan para tener cerradas todas las centrales nucleares del
país en el año 2021. De hecho, ocho de las centrales nucleares más antiguas
fueron cerradas de inmediato, entre las que se incluían dos centrales cuya propiedad
y funcionamiento eran de la mayor empresa de energía sueca “Vattenfall”. A
Vattenfall no le gustó esto y actualmente está demandando al gobierno alemán por
6 mil millones de dólares en pérdidas por la decisión.
Esta multinacional fue capaz de hacerlo bajo los términos de un mecanismo del Banco Mundial llamado el “Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados” que arbitra disputas entre las empresas y los gobiernos y que se cita expresamente en el artículo del TPP 9.18 como uno de los mecanismos que las empresas podrían utilizar para demandar a los gobiernos miembros del TPP.
Esta multinacional fue capaz de hacerlo bajo los términos de un mecanismo del Banco Mundial llamado el “Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados” que arbitra disputas entre las empresas y los gobiernos y que se cita expresamente en el artículo del TPP 9.18 como uno de los mecanismos que las empresas podrían utilizar para demandar a los gobiernos miembros del TPP.
De hecho, este mecanismo de
solución de diferencias ha existido desde hace 50 años, se incluye en una serie
de acuerdos de libre comercio y ya se ha utilizado para demandar a varios
gobiernos. Como “citizen.org” señala, los contribuyentes de Estados Unidos ya
ha pagado 440 millones de dólares a las corporaciones por delitos como prohibir
un aditivo neurotóxico de la gasolina o no conceder monopolios de medicamentos
a la mafia farmacéutica.
Así que ¿cómo podría
interpretarse si el TPP entra en vigor? Bueno, ese es el problema. Dada la muy
vaga redacción del acuerdo, incluyendo una nebulosa definición de “inversión”
en sí, casi cualquier empresa podría presentar una demanda en contra de casi
cualquier gobierno por casi cualquier política, mandato, procedimiento o ley
que él crea que recorta su potencial ganancia.
Plenamente conscientes de lo perjudicial que
puede ser esta cláusula, cuatro países (Australia, Canadá, México y Nueva
Zelanda) han dispuesto excepciones en el Anexo 9-H del texto final para
conceder exenciones a determinadas leyes aprobadas bajo ciertas condiciones.
Australia, por ejemplo, se otorga a sí misma una exención por cualquier decisión tomada en virtud de sus leyes vigentes respecto a las adquisiciones y las absorciones extranjeras, presumiblemente lo que significa que una empresa extranjera no podría demandar a Australia por negarse a una adquisición forzosa de una empresa australiana.
Pero, como otros han señalado, la existencia de tales exenciones sólo sirven para subrayar que todo lo que no esté específicamente exento es demandable, especialmente en lo que respecta a cualquier regulación ambiental o de salud que pudiera afectar los resultados financieros de una importante empresa.
Australia, por ejemplo, se otorga a sí misma una exención por cualquier decisión tomada en virtud de sus leyes vigentes respecto a las adquisiciones y las absorciones extranjeras, presumiblemente lo que significa que una empresa extranjera no podría demandar a Australia por negarse a una adquisición forzosa de una empresa australiana.
Pero, como otros han señalado, la existencia de tales exenciones sólo sirven para subrayar que todo lo que no esté específicamente exento es demandable, especialmente en lo que respecta a cualquier regulación ambiental o de salud que pudiera afectar los resultados financieros de una importante empresa.
2. Disposiciones de propiedad
intelectual (Capítulo 18).
Esta sección extiende reglas de
Estados Unidos, como un traje a medida, para que sus empresas realicen
reclamaciones respecto a los derechos de autor en Internet contra la mayor
parte del resto de la zona TPP, con las excepciones de Canadá y ciertas normas
preexistentes de Chile.
Así, bajo la ley de Estados Unidos
conocida como la “Ley de Derechos de Autor Milenio Digital” o DMCA, se
proporciona un “puerto seguro” para los proveedores de servicios de Internet
que respondan a las notificaciones de los titulares de derechos de autor por sacar
de la red preventivamente el material supuestamente ofensivo, incluso si no
satisface los requisitos establecidos por las leyes de Uso Justo (Fair Use).
En efecto, los ISP se convierten en “policías de derechos de autor” que se ven obligados a “censurar” cualquier cosa cuando alguien diga que tiene derechos de autor en cualquier momento, antes de que cualquier revisión del material o su uso tenga lugar.
En efecto, los ISP se convierten en “policías de derechos de autor” que se ven obligados a “censurar” cualquier cosa cuando alguien diga que tiene derechos de autor en cualquier momento, antes de que cualquier revisión del material o su uso tenga lugar.
Esto significa, por ejemplo, que
los gobiernos pueden disponer de material políticamente embarazoso o informes
críticos de la web con sólo afirmar que el informe reproduce material con
“derechos de autor” como documentos gubernamentales o transmisiones de
audiencias del gobierno. ¿Suena descabellado? Como la “Fundación Fronteras
Electrónicas” ha documentado (EFF), así es exactamente cómo se han utilizado
este tipo de leyes docenas de veces, como cuando el Auditor General canadiense
exigió la “desaparición” de información de periódicos que publicaron una
sección de un informe del gobierno sobre la inmigración o cuando el DHS
(Department of Homeland Security) exigió la censura de videos en YouTube sobre
ciertas “teorías de la conspiración” que criticaban al gobierno de Estados
Unidos.
Tristemente, la cláusula de
notificación de derechos de autor es sólo una de las muchas disposiciones
preocupantes en el capítulo de “Propiedad Intelectual” del acuerdo. Algunas de
las otras pesadillas del capítulo incluyen: extensión de la “Ley de Protección
Mickey Mouse”, es decir, la protección de derechos de autor durante 70 años
después de la muerte del autor; tipificación como delito la elusión de las
tecnologías de gestión de derechos digitales, incluyendo el “jailbreaking” en
tu propio teléfono o “rippear” tu propio Blu-Ray en tu computadora; criminalización
del periodismo en línea y de los denunciantes de irregularidades en la
revelación de “secretos comerciales” mediante el sistema informático.
Estas disposiciones no sirven para ningún otro
propósito que el de reprimir aún más la libertad de expresión, los derechos de
propiedad privada, y la expresión creativa a través del área comercial TPP.
3. Reglas para Bajar Normas de
Seguridad Alimentaria (Capítulo 7)
Este capítulo del TPP establece
directrices para armonizar las normas y procedimientos relativos a la seguridad
alimentaria y a la sanidad animal y vegetal entre los Estados del acuerdo.
Como tantas otras cosas en el TPP, contiene un lenguaje que a primera vista es reconfortante para aquellos que están preocupados por las normas de seguridad alimentaria y otras leyes que tienen un impacto directo en nuestra salud.
Después de todo, ¿quién no quiere garantizar que dichas leyes se basen en la “evidencia científica objetiva“? Pero el problema, como siempre, está en los detalles, y lo que constituye exactamente “evidencia científica objetiva“, como siempre, es dejada en manos de quien juzga las disputas en esta área.
Como tantas otras cosas en el TPP, contiene un lenguaje que a primera vista es reconfortante para aquellos que están preocupados por las normas de seguridad alimentaria y otras leyes que tienen un impacto directo en nuestra salud.
Después de todo, ¿quién no quiere garantizar que dichas leyes se basen en la “evidencia científica objetiva“? Pero el problema, como siempre, está en los detalles, y lo que constituye exactamente “evidencia científica objetiva“, como siempre, es dejada en manos de quien juzga las disputas en esta área.
En este caso, dichas disputas se
cubren mediante la obligación de los inspectores de alimentos a notificar a los
exportadores en cualquier momento que se niegue la entrada de un producto y se
proporcione la documentación de esa decisión mostrando que “se limita a lo que
es razonable y necesario, y está racionalmente relacionada con la ciencia
disponible sobre el tema”.
En realidad, esto deja una gran oportunidad para desafiar las normas alimentarias al dejar la ciencia en manos de los jueces.
En realidad, esto deja una gran oportunidad para desafiar las normas alimentarias al dejar la ciencia en manos de los jueces.
¿Qué ocurre si, por ejemplo, un país como
Japón quiere mantener estrictos controles sobre las importaciones de alimentos procedentes
de organismos modificados genéticamente? El acuerdo permitiría a los
exportadores impugnar cualquier decisión que no parezca estar “relacionada con
la ciencia disponible”.
Y puesto que la “ciencia disponible” sobre esta materia ha sido fuertemente manipulada por la influencia corporativa de las empresas de biotecnología, es perfectamente plausible que con el acuerdo se permitiera finalmente la apertura de toda la región a los alimentos transgénicos.
Y puesto que la “ciencia disponible” sobre esta materia ha sido fuertemente manipulada por la influencia corporativa de las empresas de biotecnología, es perfectamente plausible que con el acuerdo se permitiera finalmente la apertura de toda la región a los alimentos transgénicos.
Una vez más, esto no es una
preocupación teórica. El año pasado, Monsanto y Dow se unieron para demandar a
Maui por la colocación de una moratoria sobre el cultivo de OMGs en la isla.
La buena noticia es que el
acuerdo no ha sido ratificado todavía, así que aún hay tiempo para detenerlo,
tal y como fue detenida ACTA tras masivas protestas que la hicieron
políticamente inviable.
La mala noticia es que si has
leído hasta aquí estás ahora entre las poquísimas personas de la población que
han leído una pequeñísima parte del acuerdo. Sin información y concienciación
masiva sobre este tema, es poco probable que haya respuestas masivas que
permitan descarrilar estos acuerdos comerciales. Dada la cantidad de tiempo,
dinero y energía que las multinacionales han invertido en la negociación del
TPP, una cosa es segura: NO VA A CAER SIN PELEARLO.
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