La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) ha acabado su ronda previa de conversaciones con la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto Marta López de la Cuesta y con la Directora General de Función Pública Maria Antonia Abia Padilla y el traslado de las 34 propuestas de esta Plataforma a los representantes del Grupo Socialista en las Cortes el 29 de octubre.
Entre las propuestas, la más destacada, por su originalidad en España y la necesidad evidente de la misma dada la cantidad ingente de casos de corrupción que asolan nuestro país, es la creación por ley de la figura del “whistleblowing”, o sea, “soplar el
silbato” en la traducción literal. Este instrumento serviría para hacer viable en el marco legal la protección completa para los empleados públicos y ciudadanos que quieran dar
la alerta, denunciar o poner en conocimiento hechos y prácticas potencialmente
irregulares, ilegales o corruptas.
Se exige así mismo que la protección contra la persecución, sanción o discriminación sea completa, incluida la representación y defensa judicial y que ésta debe de estar supervisada y garantizada por las Cortes de Castilla y León. De esta manera se evitarían casos tan sangrantes como los sufridos en las carnes de los empleados públicos que destaparon la trama Gürtell o el Caso Palau, entre otros.
Se exige así mismo que la protección contra la persecución, sanción o discriminación sea completa, incluida la representación y defensa judicial y que ésta debe de estar supervisada y garantizada por las Cortes de Castilla y León. De esta manera se evitarían casos tan sangrantes como los sufridos en las carnes de los empleados públicos que destaparon la trama Gürtell o el Caso Palau, entre otros.
Esta es la primera de las 34 propuestas de la Plataforma en
Defensa de lo Público para la regeneración de la Administración
Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a
los empleados públicos o recortados a la ciudadanía. Medidas que han recibido
todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León.
Y que parece ser que ya van sonando a algunos de nuestros dirigentes.
PLADEPU, con un toque de ironía, quiere agradecer al Presidente Herrera y a su mano derecha la
Vicepresidenta Rosa Valdeón que por fin les tenga en sus pensamientos. Para a continuación responder que no van a aceptar las declaraciones hechas por los mismos al desmentir las denuncias hechas por esta plataforma respecto a la persecución sufrida ya por parte de sus miembros.
Por un lado y hace pocos días el Presidente Herrera ha declarado que los ciudadanos en general y los
funcionarios en particular tienen "el derecho" y la
"obligación" de denunciar los casos que pudieran constituir una
irregularidad en la Administración, expresando su sorpresa por la posibilidad
de que existan dudas sobre su visión acerca de esta situación. Esta afirmación ha causado estupor entre miembros de Viernes Negro de Burgos que pueden demostrar como las más de 20 denuncias realizadas y dirigidas personalmente al Presidente nunca han sido contestadas ni por él ni por ningún miembro de su Gabinete.
Valdeón por su parte se mostró asombrada, en declaraciones al Diario de Burgos, y se negó a creer que existieran persecuciones a los denunciantes y "de existir, el perjudicado lo
pueden denunciar a los medios, a sus sindicatos, en los juzgados o en la Consejería". Apuntaba negarse a creer que este tipo de acciones se pudieran
estar dando entre el personal funcionarial de la comunidad autónoma.
PLADEPU insiste que si un empleado público quiere
comunicar algo que ve que está mal hecho, actualmente carece totalmente de
cauces seguros y eficaces para denunciarlo. La propuesta del
"whistleblowing” para facilitar denuncias de corrupciones o irregularidades ha sido vista con buenos por todos los grupos políticos de la oposición en las reuniones mantenidas. Por ello sostienen que "Herrera y Valdeón no lo ven".
La Plataforma en Defensa de lo Público quiere hacerles aclarar la
memoria recordando ejemplos de persecuciones a funcionarios denunciantes como
el reciente caso del médico sancionado por denunciar irregularidades en el
Hospital Clínico de Valladolid; las represalias a dos empleados públicos por
la publicación de facturas personales, de manera anónima, que Silvia Clemente facturó a la
Consejería de Agricultura, incluida la famosa comida "de trabajo" del Día de Navidad, que fueron despedidos de manera improcedente, costando al erario público un total de 150.000 euros; los empleados públicos calumniados por el Delegado de la Junta
en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo, por no seguir sus mandatos de anulación de una sanción; la denegación de la solicitud para
mantenerse en activo al Jefe de Servicio de Juventud de Palencia por denunciar
y ser crítico ante la destrucción sistemática de los recursos y las políticas
juveniles de la Junta en los últimos 15 años; los expedientes sancionadores y
cese incluido de una persona que ocupaba un puesto de alta responsabilidad técnica
en Zamora por el “delito” de haber sido muy activa en la recogida de firmas de
denuncias en la carta de las 9.000 firmas; el espionaje del correo
electrónico de los portavoces de PLADEPU en León y Burgos; o la marginación y desprecio a
las funciones y cualificación técnica de un Jefe de Sección de la Consejería de
Fomento en Valladolid por ser crítico ante la famosa Cuesta de Benavente que se vino abajo tras su construcción...
Estos son sólo algunos de los ejemplos que desdicen a las claras las mentiras mantenidas por los diferentes ejecutivos nombrados por Herrera y que ponen en evidencia que en la Junta quien antepone a sus intereses personales y profesionales los del bien común lo acaba pagando.
