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miércoles, 27 de enero de 2016

Los pueblos burgaleses sin derecho a Sanidad

Por Burgos Dijital

Al parecer el gobierno popular sigue empeñado en luchar contra la despoblación en las zonas rurales de esta ya desértica Comunidad.

No contento con suprimir paulatinamente los exiguos servicios públicos secundarios en nuestros pueblos, persigue una sorda e impenitente destrucción en los servicios esenciales, la educación y la sanidad, una vez que los dineros de las "dependencias" se están yendo por las alcantarillas del partido que gobierna: trama éolica, Hospital ¿Público? de Burgos, trama Gürtell (que nadie se olvide del otrora Secretario General del PP Jesús Merino) o la cueva de ladrones en que se convirtió la Consejería de Economía y sus empresas públicas comandadas por Tomás Villanueva.

Mientras nos confunden con los dimes y diretes de la formación del gobierno de la nación o la entrañable estabilidad política del ejecutivo de Herrera avalada por los Ciutadans y la paz social de los sindicatos mayoritarios, los recortes siguen adelante imparables.

Uno de los que más han escocido en los últimos dos meses en nuestra provincia es la precarización de los servicios sanitarios en las guardias del Centro de Salud Burgos Rural tras la supresión de uno de los tres médicos con los que contaban las 198 localidades del alfoz que se asisten en este área.

El 12 de noviembre de 2015, uno de los diarios de la ciudad se hacía eco de una supuesta decisión técnica ejecutada por la Gerencia de Atención Primaria que consistiría en trasladar a este médico a cubrir las guardias de Gamonal y San Agustín, es decir como denunciaban los profesionales "desvestir a un santo para vestir a otro". 

Varios médicos, tras las débiles protestas del sindicato corporativo CESM, decidieron hacer pública su versión de los hechos y expresar su malestar por la precariedad de sus condiciones laborales, que se han visto empeoradas, y del servicio que prestan.

En primer lugar contradicen al diario local en las informaciones dadas a los y las burgalesas, en un nuevo ejemplo del tipo de periodismo que se ejerce en la ciudad, desmintiendo que la Gerencia se reuniera con la Junta de Personal para discutir esta decisión, ya que seis días antes ya se había tomado y fue la propia Gerente la que se lo comunicó al personal sanitario.

L@s profesionales denuncian la arbitrariedad de la decisión basándose en una comparativa de datos demoledora: una cobertura de población de más de 18.000 habitantes repartidos en 198 localidades para dos médicos respecto a localidades, para que sirvan de ejemplo, como Roa con 6.015 habitantes y dos médicos o Briviesca con 8.703 y tres médicos. A ésto habría que añadir la cobertura de localidades con distancias superiores a los 50 Km con pueblos considerados de especial asistencia por alta montaña como Pineda de la Sierra.

Los médicos también se quejan especialmente de las carencias de los recursos con los que cuentan así como de las obsoletas instalaciones sanitarias, llegando a exponer que tienen que manejar vehículos a los que les cuesta pasar la ITV y que trabajan en Centros de salud que incumplen las normativas de salud laboral, sin puertas de emergencia y sin las debidas condiciones de habitabilidad. A ello se le une la inexistencia para todos estos centros de personal administrativo y de auxiliares de clínica.

Otro asunto realmente peligroso es que además este mínimo personal sanitario debe de cubrir las urgencias sanitarias en once residencias de la Tercera Edad, ya que éstas carecen de médico en horario de atención continuada.

Por último añaden la imposibilidad de conseguir cumplir con toda la carga de trabajo acumulada exponiendo que no son sustituidos ni si quiera en procesos de enfermedad o problemas familiares. Hecho contrastado por Burgos Dijital, puesto que ya son muchas las quejas efectuadas por pacientes que se encuentran sin previo aviso sin médico que les atienda.

Uno de los casos más sangrantes se produce en la misma ciudad de Burgos donde los habitantes del Barrio de Villatoro se han encontrado en muchas ocasiones con la imposibilidad de reservar una cita en horario ordinario sin ninguna explicación por parte de las autoridades sanitarias.

Tras esta arbitraria y grave medida, varios médicos de atención primaria han decidido recoger firmas en diversos centros de salud de la capital

Mientras tanto lo más aconsejable para un burgalés es no ponerse malo y seguir pagando sus impuestos para reparar las losas volanderas del HUBU y pagar sin rechistar el canon a la concesionaria Eficanza y el sueldo del imputado Gerente Arribas.

viernes, 4 de diciembre de 2015

La Inspección de Servicios de JCyL protege irregularidades en la Administración

Por Burgos Dijital

La Inspección General de Servicios de la Junta hace caso omiso ante las denuncias de conductas irregulares de empleados públicos a los que parece proteger.

Esto es lo destacable en la nueva denuncia realizada por el Colectivo Viernes Negro, pocos días después de que el Partido Popular rechazara en las Cortes  la creación de un mecanismo de denuncia de posibles delitos de corrupción que amparara y protegiera a los denunciantes.

De hecho, una de las principales razones que adujeron los populares para la innecesaria creación del sistema fue la existencia de la Inspección General de Servicios, ya que este organismo de control tiene entre sus funciones, como se expresa en el artículo 3 del Decreto 13/2009: 

  • "Realizar actuaciones inspectoras dirigidas a detectar indicios racionales de responsabilidad disciplinaria en la actuación del personal al servicio de la Administración de la Comunidad, proponiendo, en su caso, al órgano competente la incoación de expedientes disciplinarios.
  • Tramitar los expedientes en materia de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Comunidad."

Pues bien, al parecer hace exactamente un año una serie de empleados públicos registraron una comunicación dirigida a la Inspección General de Servicios en el que se detallaba un hecho producido en las dependencias del Servicio Territorial de Hacienda de Burgos que involucraba a un funcionario de dicho servicio y que podría ser motivo de investigación más que sobrado dadas las funciones y competencias ya desgranadas en los párrafos anteriores.


En esta comunicación se relataba que el 27 de octubre de 2014 se había presentado un ciudadano reclamando la presencia de un funcionario del que solicitaba una factura cobrada por un servicio íntimamente relacionado con las funciones públicas de dicho empleado. También se expresaba, dando una serie de ejemplos que se sucedían en el tiempo, que su trabajo privado interfería con el público.

Posteriormente y a petición de la Inspección de Servicios se amplió la información de que se disponía en la que se aportaban datos de las incompatibilidades de dos funcionarios que mostraban a las claras tanto la realización de trabajos privados y personales dentro de su jornada de trabajo como el uso privilegiado de información con intereses lucrativos que podrían dañar a los intereses públicos.

Las actuaciones de la Inspección son de carácter reservado y sólo tienen acceso a la documentación obrante en los expedientes el personal de la Inspección que tiene encomendada la investigación. Pero los denunciantes afirman que trascurrido un año desde la denuncia inicial ninguno de los firmantes ha recibido notificación por la propia Inspección General que, a su vez, no ha recogido lo que podría ser la principal prueba de lo denunciado a través de las declaraciones de los testigos. 

La principal conclusión que apuntan, a la luz de lo ocurrido hasta ahora, es que la Inspección está protegiendo a estos empleados públicos bien por inacción bien por inhibición e incluso "informando" presumiblemente por alguna vía a alguno de los denunciados, ya que afirman que les consta que ha habido una solicitud de compatibilidad por parte de uno de los funcionarios denunciados.

Parece muy evidente que a los populares, que llevan manejando con puño de hierro la administración pública de esta comunidad, se les va escapando parte del control de la nave, ejercido con silencios cómplices y con multitud de trabajadores "agradecidos". Por ello Viernes Negro motiva buena parte de la mala praxis de la Inspección en su verdadera falta de autonomía e independencia.

Por ello ponen el foco en que las plazas están cubiertas a través de la Libre Designación o a través de un concurso específico, lo que conlleva, a su parecer, "un alto porcentaje de discrecionalidad por parte de las autoridades que juzgan la ocupación de estos puestos". Así mismo han comprobado que el máximo responsable está elegido "a dedo", no obstante es un importante peso pesado en el PP de Valladolid, y que de las 13 plazas, 3 están ocupadas en Comisión de Servicios, otro instrumento de discrecionalidad y politización de la Administración, y otras 3 están vacantes.

Viernes Negro expresa en su denuncia "que detrás de la falta de acción de la propia Inspección en el asunto denunciado no hay más que la búsqueda del silencio para que no trascienda más allá de nuestras paredes, hecho que a todas luces produce, como otros tantos, la erosión de la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos y la desmotivación y la desilusión entre aquellos trabajadores públicos, la mayoría de ellos, que cumplen con su deber fundamentado en el trabajo ejercido y en su sometimiento a las reglas de juego".

Esta denuncia es un jarro de agua fría para aquellos que crean que basta con controlar los tiempos y mentir en sede parlamentaria, como parece haberlo hecho el Partido Popular, si se confirma que la Inspección, a la que apelaban hace 10 días como órgano fiable para los empleados públicos, no es más que otra tramoya institucional a las que nos tiene acostumbrado el gobierno de Herrera. 

A tres semanas de las elecciones generales los populares siguen mostrándose refractarios a liberar la administración de sus tentáculos y a luchar realmente contra la corrupción: mientras venden transparencia, compran voluntades.

martes, 17 de noviembre de 2015

Miles de personas frente al Hospital de Burgos escriben a los políticos: "Sanidad Pública"


Por Burgos Dijital

La ciudad de Burgos volvió a mirar hacia el Hospital con una imagen única, miles de personas unidas para formar dos palabras. Nadie sabe si se puede decir más claro. Este recado envió la ciudadanía a los políticos, al Consejero de Sanidad y  al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. 

Miles de personas con y sin camiseta blanca, esta vez unidas para formar con sus cuerpos una letra, y letra a letra, un mensaje claro: Sanidad Pública
Letras formadas por cuerpos con brazos, sonrisas, besos, alegría, gestos, música, ritmos, entusiasmo, empatía y muchas cosas más, para defender de la avaricia de las empresas privadas a los lugares donde esos mismos cuerpos son cuidados y sanados.






viernes, 6 de noviembre de 2015

Viernes Negro desvela los privilegios de los altos cargos de la Junta de Castilla y León


Por Burgos Dijital
El día 22 de noviembre de 2013 empleados públicos de la Junta de Castilla y León presentaron una denuncia al Presidente de la Junta de Castilla y León y al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, de la que dimos cuenta en este medio, por el presunto uso indebido de un vehículo oficial por parte de la Directora del Gabinete del Presidente, la Sra. Virginia Arnaiz Gonzalez, lo que valoraron en unos 70.000 € anuales.
Informaciones posteriores aparecidas en medios de comunicación en relación a gratificaciones extraordinarias a conductores y personal de confianza podrían elevar esa cifra a los 100.000 € anuales.
Ante la falta de respuesta por parte del Presidente y del Delegado Territorial en Burgos de la Junta se presentó esta denuncia el día 3 de diciembre de 2013 ante el Procurador del Común y éste dio respuesta tras recibir un informe de la Consejería de Presidencia en el que se manifestaba que existía un “Código de Austeridad para altos cargos de la Administración”, según Acuerdo de 29 de septiembre de 2011”, en el que se exponía que la Directora de Gabinete del Presidente “podría utilizar el coche oficial para ir y venir del trabajo diariamente, compartiéndolo cuando fuera posible con otros altos cargos que residieran en la misma localidad"
A continuación el Movimiento VIERNES NEGRO de Burgos solicitó al Procurador del Común el citado texto del “Código de austeridad para altos cargos de la Administración” y éste respondió que tenía en su poder dicho documento pero sin disposición de hacerlo público.
Más tarde VIERNES NEGRO al conocer que el Director General de Formación Profesional y Régimen Especial, Sr. Enrique de la Torre Alonso, seguía utilizando un coche oficial para desplazarse diariamente desde su domicilio de Burgos a su lugar de trabajo en Valladolid y viceversa, presentó el día 3 de julio de 2015 una nueva denuncia-queja, ante el Sr Presidente de la Junta, por entender que se estaba utilizando un vehículo público para uso privado.
Once días después y tras más de año y medio el nuevo Consejero de Presidencia De Santiago-Juárez remitió al Movimiento un escrito de respuesta a la denuncia-queja anterior, adjuntando el opaco “Código de Austeridad para los Altos Cargos de la Administración Autonómica y de su Sector Público”.
Tras su lectura los denunciantes sospechan de la falta de control público efectivo, puesto que el documento dice literalmente que los privilegios allí vertidos se notificaron únicamente a los altos cargos…”. Expresan así mismo la gravedad del asunto porque dicho documento no se ha debatido en las Cortes, se ha ocultado a los Procuradores como así nos lo comunicaron, no ha sido explicado en los medios de comunicación y, como nosotros mismos hemos comprobado, se ha ocultado a los propios trabajadores de la Administración, por lo que no puede ser más que un pacto entre iguales para que ninguno de ellos tenga privilegios por encima del resto. Además señalan la inexistencia en el mentado Código de posibles sanciones, multas o apercibimientos.
Al parecer los privilegios expresados en el código oculto hasta ahora no sólo afectaban a los 74 altos cargos en la Administración General: Presidente, Jefa de Gabinete, Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios, Directores Generales y Delegados Territoriales, sino que también se incluían los Presidentes, Directores Generales y asimilados de los Entes Adscritos o Administración B, que está compuesta por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y Fundaciones Públicas, tales como: Gerencia Regional de Salud, Gerencia de Servicios Sociales, Servicio Público de Empleo, Instituto de la Juventud, Ente Regional de la Energía, Instituto Tecnológico Agrario de C y L, Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de Empresas (ADE), y fundaciones de todo tipo y pelaje como: Fundación Santa Barbara, Fundación Centro de Supercomputación de CyL, Fundación Patrimonio Natural de CyL.
Tras el último “Informe Sobre la Reorganización del Sector Público Autonómico a 1 de Julio de 2014”, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde se reflejan los Entes Adscritos que han desaparecido y creado en Castilla y León, en estos últimos años, tenemos en Castilla y León un total de 61 Entes Adscritos: Organismos Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado, Empresa Públicas y Fundaciones Públicas. El número de altos cargos en estos Entes Adscritos es difícil de saber dado que la coletilla “Asimilados” no está definida en este tipo de Entes, y en muchos casos no es público su organigrama, pero suponen, al menos, unos 30 altos cargos los que pueden acogerse a esta denominación y ser susceptibles de la aplicación de este Código de Austeridad.
Los denunciantes calculan que la mitad de estos 104 altos cargos tengan su domicilio en Valladolid, con lo que habría al menos 52 altos cargos que estarían presuntamente utilizando diariamente un vehículo público para uso privado. Tras el cálculo realizado del gasto medio por vehículo de unos 100.000 euros anuales (gasolina, mantenimiento y gastos del conductor-sueldo/gratificaciones), apuntan “un gasto medio de al menos 5.200.000 de euros anuales, es decir unos 20.800.000 de euros en la legislatura pasada, cálculo aproximado, teniendo en cuenta que desconocemos las cifras reales de altos cargos y asimilados de los Entes Adscritos o Administración B”.
Tras la realización de esta fácil contabilidad, la organización espeta al Presidente “¿Cómo se ha permitido y se permite a este grupo selecto de trabajadores con unas retribuciones aproximadamente de 8-9 veces el salario mínimo interprofesional, el uso particular, y probablemente indiscriminado, de un vehículo público, cuando miles de empleados públicos de la Junta se deben trasladar todos los días en su vehículo a otros municipios, cuando tienen que poner a disposición de la administración su vehículo particular para trasladarse en una misma jornada a diferentes centros de salud o colegios rurales, cuando miles de docentes y sanitarios deben de cambiar periódicamente de municipio por no tener durante años un destino definitivo y por las altas tasas de interinidad que les impiden tener una mínima posibilidad de conciliar su vida laboral y familiar?

En una reciente entrevista de la Plataforma en Defensa de lo Público PLADEPU, con la Viceconsejera de la Función Pública y Gobierno Abierto, esta justificó que a estos altos cargos hay que ofrecerles incentivos para que acepten estos puestos, como se hace en las grandes empresas. A ello, los representantes de la plataforma respondieron que los altos cargos son servidores públicos que vienen a servir y no a servirse ni a hacerse ricos y que los únicos méritos que tienen para acceder a esos puestos son la amistad con Juan Vicente Herrera y sus Consejeros o el pertenecer o simpatizar con el Partido Popular.
Por otro lado también se destaca el denominado “Punto IV Atenciones protocolarias y representaciones” que consideran un salario complementario, una especie de fondos reservados: no se sabe si aquí se incluirían las famosas facturas que la exconsejera de Agricultura Silvia Clemente cargaba por la compra de bolsos y otras bagatelas al Corte Inglés o a restaurantes en días tan administrativamente extraños como un 25 de diciembre.
Tampoco parece quedar muy claro el “Punto VI. Reuniones de trabajo”, puesto que al parecer se utilizan sistemáticamente y de forma individual los vehículos oficiales para asistir a reuniones de trabajo y se consideran como tales salidas tan “berlanguianas” como la entrega de unas llaves de un edificio de un representante de una Administración a otra, con banquete incluido, o los paseos festivos de los Delegados Territoriales en el día del patrón de los distintos pueblos de Castilla y León. Por ello los empleados públicos se preguntan “cuántas dietas, horas extras y gratificaciones a los conductores y a los representantes de la Administración y gastos de combustible y mantenimientos de vehículos oficiales se han generado en estos actos festivos” y si “estas reuniones son de carácter técnico o exclusivamente de carácter propagandístico del partido gobernante”.
Otro punto sensible del Acuerdo es, como ya adelantábamos al principio el “Punto XI. Control del cumplimiento de este Acuerdo”. Por ello en el escrito enviado al Presidente Herrera los trabajadores le preguntan datos ciertamente relevantes como si “son exclusivamente los altos cargos de las Intervenciones Delegadas los que examinan las cuentas justificativas de los gastos”, si ha habido reparos en las fiscalizaciones, cuántas auditorías se han hecho en estos cuatro años a los organismos y entidades en los que no existe Intervención Delegada y si se han tomado medidas en el caso de incumplimiento del Acuerdo.
Por último Viernes Negro exige una verdadera transparencia en la página de GOBIERNO ABIERTO para que en ella se publique la relación de todos los altos cargos y asimilados de los Entes Adscritos, todos los vehículos, conductores oficiales utilizados por todos los altos cargos y costes de los mismos.

viernes, 30 de octubre de 2015

Juan Vicente Herrera y Valdeón quieren silenciar las denuncias de PLADEPU



Por Burgos Dijital

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) ha acabado su ronda previa de conversaciones con la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto Marta López de la Cuesta y con la Directora General de Función Pública Maria Antonia Abia Padilla y el traslado de las 34 propuestas de esta Plataforma a los representantes del Grupo Socialista en las Cortes el 29 de octubre.

Entre las propuestas, la más destacada, por su originalidad en España y la necesidad evidente de la misma dada la cantidad ingente de casos de corrupción que asolan nuestro país, es la creación por ley de la figura del “whistleblowing”, o sea, “soplar el silbato” en la traducción literal. Este instrumento serviría para hacer viable en el marco legal la protección completa para los empleados públicos y ciudadanos que quieran dar la alerta, denunciar o poner en conocimiento hechos y prácticas potencialmente irregulares, ilegales o corruptas. 
Se exige así mismo que la protección contra la persecución, sanción o discriminación sea completa, incluida la representación y defensa judicial y que ésta debe de estar supervisada y garantizada por las Cortes de Castilla y León. De esta manera se evitarían casos tan sangrantes como los sufridos en las carnes de los empleados públicos que destaparon la trama Gürtell o el Caso Palau, entre otros.

Esta es la primera de las 34 propuestas de la Plataforma en Defensa de lo Público para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía. Medidas que han recibido todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. Y que parece ser que ya van sonando a algunos de nuestros dirigentes.

PLADEPU, con un toque de ironía, quiere agradecer al Presidente Herrera y a su mano derecha la Vicepresidenta Rosa Valdeón que por fin les tenga en sus pensamientos. Para a continuación responder que no van a aceptar las declaraciones hechas por los mismos al desmentir las denuncias hechas por esta plataforma respecto a la persecución sufrida ya por parte de sus miembros.

Por un lado y hace pocos días el Presidente Herrera ha declarado que los ciudadanos en general y los funcionarios en particular tienen "el derecho" y la "obligación" de denunciar los casos que pudieran constituir una irregularidad en la Administración, expresando su sorpresa por la posibilidad de que existan dudas sobre su visión acerca de esta situación. Esta afirmación ha causado estupor entre miembros de Viernes Negro de Burgos que pueden demostrar como las más de 20 denuncias realizadas y dirigidas personalmente al Presidente nunca han sido contestadas ni por él ni por ningún miembro de su Gabinete.

Valdeón por su parte se mostró asombrada, en declaraciones al Diario de Burgos, y se negó a creer que existieran persecuciones a los denunciantes y "de existir, el perjudicado lo pueden denunciar a los medios, a sus sindicatos, en los juzgados o en la Consejería". Apuntaba negarse a creer que este tipo de acciones se pudieran estar dando entre el personal funcionarial de la comunidad autónoma. 

PLADEPU insiste que si un empleado público quiere comunicar algo que ve que está mal hecho, actualmente carece totalmente de cauces seguros y eficaces para denunciarlo. La propuesta del "whistleblowing” para facilitar denuncias de corrupciones o irregularidades ha sido vista con buenos por todos los grupos políticos de la oposición en las reuniones mantenidas. Por ello sostienen que "Herrera y Valdeón no lo ven". 

La Plataforma en Defensa de lo Público quiere hacerles aclarar la memoria recordando ejemplos de persecuciones a funcionarios denunciantes como el reciente caso del médico sancionado por denunciar irregularidades en el Hospital Clínico de Valladolid; las represalias a dos empleados públicos por la publicación de facturas personales, de manera anónima, que Silvia Clemente facturó a la Consejería de Agricultura, incluida la famosa comida "de trabajo" del Día de Navidad, que fueron despedidos de manera improcedente, costando al erario público un total de 150.000 euros; los empleados públicos calumniados por el Delegado de la Junta en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo, por no seguir sus mandatos de anulación de una sanción; la denegación de la solicitud para mantenerse en activo al Jefe de Servicio de Juventud de Palencia por denunciar y ser crítico ante la destrucción sistemática de los recursos y las políticas juveniles de la Junta en los últimos 15 años;  los expedientes sancionadores y cese incluido de una persona que ocupaba un puesto de alta responsabilidad técnica en Zamora por el “delito” de haber sido muy activa en la recogida de firmas de denuncias en la carta de las 9.000 firmas; el espionaje del correo electrónico de los portavoces de PLADEPU en León y Burgos; o la marginación y desprecio a las funciones y cualificación técnica de un Jefe de Sección de la Consejería de Fomento en Valladolid por ser crítico ante la famosa Cuesta de Benavente que se vino abajo tras su construcción...

Estos son sólo algunos de los ejemplos que desdicen a las claras las mentiras mantenidas por los diferentes ejecutivos nombrados por Herrera y que ponen en evidencia que en la Junta quien antepone a sus intereses personales y profesionales los del bien común lo acaba pagando.




jueves, 17 de septiembre de 2015

Entrar en la Junta de Castilla y León por la puerta de atrás



Por Junta de Personal de Servicios Centrales


Ante la demanda de una trabajadora de la empresa del grupo TRAGSA, llamada TRAGSATEC, que presta sus servicios dentro de las instalaciones de la Junta, para programas oficiales de la Junta, con los medios de la Junta, en condiciones de horarios, vacaciones, permisos, órdenes e instrucciones de la Junta, el juez sentencia que es una CESIÓN ILEGAL de trabajadores, por lo tanto fraude de ley y condena a que sea considerada como TRABAJADORA INDEFINIDA de la Junta de Castilla y León.

Como consecuencia del cumplimiento de dicha sentencia , se dictó la Instrucción 4/FYM/2015, de 26 de mayo, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la que se dictan diferentes medidas para la ejecución de los contratos de servicios, encargos y encomiendas de gestión. En ella, se trata de delimitar y separar los medios personales y materiales de las empresas públicas y de la Administración.

Instrucción atípica, ya que el Gobierno de Castilla y León ha hecho siempre caso omiso a las quejas que se han presentado por diferentes colectivos, sindicatos e incluso por los grupos parlamentarios de las cortes por la perversión y deriva en la administración denominado jurídicamente por catedrático de Derecho "efecto lucifer" y huida del derecho administrativo mediante la irregular contratación de empresas externas para realizar los trabajos destinados y regulados para los empleados públicos.

Si esta sentencia y otras que surgirán porque han demandado en todas las provincias de CyL (se cree que ya existe otra en Salamanca, pero sin confirmar aún) , son conformadas por el Tribunal Superior como parece muy probable, además de fijos conlleva los consiguientes costes dinerarios públicos: diferencias salariales de varios años, cotizaciones a la Seg. Social y sanciones de la inspección de trabajo con recargos a que haya lugar en cada caso concreto .

Por otra parte, compañeros laborales por contratados por obra y servicio de los Servicios Territoriales y Centrales de la Consejería de Medio Ambiente comenzaron el año pasado a denunciar ante lo social su situación laboral (contratos por obra y servicio que ese renovaban in extremis el 31 de diciembre de cada año, cuando en realidad prestaban servicios de carácter continuado y para funciones permanentes inherentes a la administración) y están ganando y ganarán fijo uno a uno las sentencias en los Juzgados con su declaración como personal laboral de carácter indefinido.

Todos deberíamos alegrarnos por la eliminación de ésta injusta situación, pero por otra parte la Junta debería obrar en consecuencia, no volver a usar de forma sistemática esta vía de contratación, llevar a los trabajadores actualmente contratados a las sedes de sus empresas y en futuro próximo crear las plazas de R . P . T . y sacarlas a oposición en cuanto las sentencias van declarando como indefinidos (que no fijos) de estos compañeros suponen una entrada por la puerta de atrás en la administración sin que se haya tenido en cuenta los criterios de selección en las AA . PP. 

En este sentido le trasladamos información que ha sido remitida por un funcionario a esta Junta de Personal, denunciando hechos parecidos 

... "No sé si a estas alturas están informados del continúo chorreo de puestos de trabajo que se pretende ocupar en la Gerencia de Servicios Sociales a través de Eulen; todo ello con la intención de coger a las mismas personas que entraron hace años con Cruz Roja y después con Fucoda. Estas contrataciones además de saltarse las bolsas de trabajo existentes para empleados públicos lo único que pretenden es la cesión de funciones que muchos empleados estarían dispuestos a asumir y crear trabajo precario para los trabajadores con grandes beneficios para los contratantes puesto que al final resultan más caras estas contrataciones que si se realizaran directamente desde las bolsas de empleo.
Les remito algunos de los enlaces aparecidos en Infojobs:
EULEN SELECCION, división de Consultoría, Selección y Formación de Grupo Eulen, selecciona para Entidad del Sector Público en Valladolid:
- Puestos Administrativo Gestión Documental
- Puestos Técnico Medio Proyectos Europeo

- Plazas de Técnico Medio

- Puestos de Administrativo/a

Esperando que puedan parar esta situación que representa una degradación de la función pública .. " 






viernes, 3 de julio de 2015

El Director General de Formación Profesional, otro afortunado ciudadano con coche oficial y chófer

Por Burgos Dijital

El movimiento Viernes Negro de Burgos, integrado en la Plataforma en Defensa de los Público vuelve a la carga contra el uso privilegiado y abusivo, a su juicio, de los recursos públicos. Esta vez vuelven a poner el acento en la utilización de los coches oficiales por los Altos Cargos de la Junta de Castilla y León.


Enrique de la Torre entrando en el coche oficial
Recordemos que a finales de noviembre de 2013 los integrantes del movimiento presentaron una denuncia al Presidente de uso indebido de un vehículo oficial por parte de la Directora del Gabinete del Presidente, la Sra. Virginia Arnaiz Gonzalez, lo que valoraban en unos 70.000 € anuales, sin sumar las gratificaciones extraordinarias a conductores y personal de confianza, datos que permanentemente oculta la Consejera de Hacienda escudándose en la protección de datos. 
Lo más significativo del caso no fue sólo que esta conducta de la ahora procuradora se haya seguido sucediendo a lo largo de toda la legislatura, hasta su reciente nombramiento, sino que tras varias respuestas del Procurador del Común al que después se dirigieron tras el silencio del Presidente, el primero confirmó la existencia de un “Código de Austeridad para altos cargos de la Administración”, acordado el 29 de septiembre de 2011 a espaldas de todos los grupos parlamentarios.

Tras este “descubrimiento” y amparándose en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitaron a la administración autonómica el acceso a este documento. Hoy tras 1 año y medio, unas magníficas notas en los indicadores de transparencia por parte de la Junta, y una ley autonómica que venía a reforzar la trasparencia y la participación ciudadana, nada se sabe del misterioso Código.

En esta ocasión la denuncia es realizada por el uso diario de coche y conductor del Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, el Sr. Enrique de la Torre Alonso. Parece ser que mientras se ha machacado la educación pública en los presupuestos de los últimos 4 años y no se ha llegado si quiera a cubrir el 10 % de la tasa de reposición de las plantillas con la oferta de este año, sí ha habido dinero para hacerle la vida menos incómoda a los directivos de Educación.

Hoy coincidiendo con la investidura del Presidente de la Junta en la figura de Juan Vicente Herrera, a pesar “de sus pocas ganas”, Viernes Negro realiza esta nueva llamada de atención expresando que “a fecha de hoy seguimos sin conocer el contenido del Código de austeridad para altos cargos de la Administración, por lo que, so pena de su publicación a partir de esta denuncia, entendemos que dicho Código no existe para los ciudadanos de Castilla y León y que por tanto, no se trata más que de una argucia para seguir justificando el uso injustificado de recursos públicos y seguir manteniendo privilegios”.

Por ello le exigen que haga posible el acceso al “Código de austeridad para altos cargos de la Administración de 29 de septiembre de 2011”; que abra una investigación que erradique el mal uso de estos vehículos públicos, para evitar un despilfarro de las arcas públicas; que publique las instrucciones precisas para evitar el gravoso uso de los recursos públicos; y que el futuro nuevo gobierno legisle quién y en qué condiciones pueden utilizarse los vehículos públicos y el resto de los recursos públicos a disposición de los empleados públicos, cargos electos y altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León

Fuentes consultadas por Burgos Dijital nos han comunicado que al silencio tanto del Procurador como del Presidente se unía el desconocimiento por parte de los partidos de dicho Acuerdo, por lo que el control del uso de los recursos públicos ha sido totalmente inexistente en estos últimos 4 años, lo cual resulta totalmente escandaloso. Además nos han informado del contacto de integrantes de Viernes Negro con el procurador socialista David Jurado al que dieron toda la información posible para que la acción política de su grupo pudiera desentrañar este “menú de privilegios a la carta”. Tras ese contacto nadie volvió a saber nada ni de David Jurado ni de un PSOE más proclive a contemporizar con el Partido Popular que a hacer una oposición si quiera digna.

Ahora este movimiento confía que dada la mayor debilidad parlamentaria del PP en las Cortes y la entrada de Podemos y Ciudadanos puedan servir para desenmascarar los privilegios y frenar el abuso. Al tiempo…


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miércoles, 20 de mayo de 2015

De gigantes, molinos y comisiones



Por Manuel Cortázar

Don Vicente de la Chanza: ¡Mi jacaaa, galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto, camini…to de…! ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Si son gigantes malandrines moviendo sus brazos y asustando a las buenas gentes de estas tierras que con tantas ganas nos quieren! Ya se lo descía yo a los de mi Consejo, que esta era la causa de la despoblación, y no otra…


Escudero Villanueva: ¡Mire usted, maese Vicente, que no son gigantes, que son COMISIONES!

V.CH.: ¡Ande, ande, no digas bufonadas! Atente a mi experiencia que es grande en contiendas y sé la cantidad de mudas y engaños que utilizan los enemigos para no dar la cara. ¡Comience a preparar mis armas que de aquí a nada entraré en combate! ¡La lanza, el escudo! ¡Por dios dese prisa, que esas criaturas del demonio no van a dexar títere con cabeza!

E.V.: ¡Ay, ay, ay, qué espanto de hombre, si no se entera de nada! ¡Su ingenuidad es proverbial! ¡Menos mal que lo es aún más la de nuestros paisanos! ¡Ay, si supieran en manos de quien están!

V.CH.: ¡Qué murmulla! ¡Cuánto pico para tan poca cabeza! ¿Es que tengo yo que estar en todo? ¿Aún no se ha dado cuenta que un caballero como yo, no puede ir a la guerra poniendo en peligro a su doncella? ¿Pero es que acaso no ve que tengo al lomo de mi hidalgo jaco a Doña Silvia del Sabroso?

E. V.: ¡Vaya por dios! ¡Hoy tenemos fiesta en su testa! Gigantes y doncellas. Y como le convenzo yo que ya no quedan doncellas en esta tierra, que no digo yo que sea necesario… Pues nada, caso le haré de su imaginaria señora, pero de los gigantes no, que sin saberlo le va a estropear la verbena a muchos hidalgos.

V.CH.: ¡Venga, dese prisa, y deje de cuchichear que a este paso ni palmo de tierra dejarán sin segar! Comisiones dice… ¡Qué sabrá el plebeyo de andanzas y caballerías, que la miel no se fizo para la boca del asno!

E.V.: Mire, vuesa merçed: sean o no sean gigantes, que yo como hombre de poco mundo y de menos inteligencia no sé distinguir, éstos no facen daño ni a la nobleza ni al pueblo llano. A unos porque les va la renta en ello y a los otros porque prefieren que las cosas sigan como están. Que a estos yo si los conozco bien que por algo soy también yo terronero aunque usía quiera elevarme a las glorias del Olimpo ese…

V.CH.: ¿Quiere usted terminar su discurso para que yo le entienda? Mira que le gusta divagar a la plebe…

E.V.: Pues ea, ya termino. Que sé de buena tinta que es mejor que dexe a esos gigantes que bien le ha ido hasta ahora con mis consejas, y si alguien quiere sacarle la color ponga esa cara que pone siempre de ofendido y mancillado, que muchos son los que cerrarán filas en torno a vuesa merçed. Mientras tanto, que esos gigantes sigan segando, que son la grasa nescesaria para que usted siga siendo hidalgo y para que el campesino, el pastor y el molinero paguen alegremente sus diezmos y alcabalas. Ese es el orden natural y así tiene que seguir siendo, sino cómo iba a pagar el Rey a la tropa, cómo iban los nobles a vestir sus sedas y tafetanes e iban a pagar sus relumbrantes banquetes, cómo iban los arrieros a engordar los prescios para comprarse tierras y títulos de hidalguía. ¡Que todo eso alguien lo tiene que pagar, ya lo sabemos! Para eso estamos los pecheros, que por eso somos más en cantidad y menos en discernimiento.

V.CH.: Ya. Pero sigo sin saber muy bien cuál es la relación entre esos que llamas Comisiones y que siguen moviéndose como si mañana se fuera acabar el mundo y todo lo discurrido por usted.

E.V.: Pues está claro. Que sin esos gigantes al Rey y a la nobleza les va a costar un potosí armar a sus huestes que mantienen la Ley y el orden perpetuo del Universo; pagar a los cronistas y trovadores para que pueblo por pueblo glosen las glorias de sus fazañas; ordenar los pagos a los juesces y picapleitos para que aquestos fabriquen leyes que convengan a vuesas merçedes; fasçer posible el triunfo de la única y verdadera religión, que es la de nuestros padres; reparar caminos y puentes para que el comerçio fluya y con él los maravedíes que puedan engordar de nuevo a esos gigantes que usted ve…

V.CH.: ¿Y qué gana con ello el tercer estamento?

E.V.: ¿Y qué más da si gana o no? ¿Las cuentas salen? Sí. ¿Y si algún día no salen? Pues ya se inventarán nuevos gravámenes o se venderá lo que compartan.

V.CH.: ¿Y si algún día se enfadan?

E.V.: Dexe, dexe. No se preocupe por eso. Que a estas conclusiones no llegarán nunca y hay armas más poderosas que la espada para evitarles malos pensamientos. Si yo me he atrevido a llegar a estas conclusiones no es más que por contacto con su carácter hidalgo y por la experiencia acumulada junto a vuesa merçed. Y por mí no tenga cuidado, que yo como buen castellano soy ya más escudero de su noble condición que destripaterrones, y mientras tenga mi familia y yo las alforjas bien repletas, al Común ni agua…

V.CH.: Pues venga, que así sea.

sábado, 4 de abril de 2015

"El delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos miente"

Foto de archivo. PAH Burgos ocupando una entidad bancaria


Por PAH Burgos

En relación a la noticia publicada por el Diario de Burgos con fecha 2 de Abril sobre el alquiler de nuestra compañera Piedad y su familia, PAH Burgos quiere puntualizar y DESMENTIR algunas de las afirmaciones vertidas por el delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, el Sr.D. Baudilio Fernández-Mardomingo:

1)- NO es cierto que Pah Burgos ni Piedad hayan rechazado el piso de alquiler ofrecido.
Es mas correcto decir que NO ACEPTAMOS el modus operandi de la Junta de Castilla y León

2)- La actuación de la Junta en este caso se ha limitado a hacer una llamada en la tarde del sábado, tras la entrevista con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera en el forum, a la Asociacion Sta. María la Mayor (constructora "benéfica" propietaria de las viviendas que gestiona la fundación Caja de Burgos, NO CAJA CIRCULO) para pedir "el favor" de que den una vivienda a Piedad y su familia.

Esta entidad privada es quien ha puesto a disposición de la familia una de las viviendas sita en la c/Arles por una renta de 380€/mes.

Se da la circunstancia de que todas estas viviendas fueron en su día VENDIDAS por la propia Junta de Castilla y León.
No es de extrañar, por lo tanto, que este organismo público, no disponga de patrimonio PROPIO para alquiler social a familias necesitadas, ya que prefiere venderlo.

3)- Tampoco la ayuda o subvención necesaria para el sustento de esta familia en precario, ha salido de las arcas públicas,sino que la Junta de Castilla y León ha trasladado el problema a Cáritas Diocesana, quien tiene un convenio con la propiedad de las viviendas antes mencionada para ayudar al co-pago de la renta de alquiler a familias en el umbral de exclusión.

4)- la "ayuda" de la que habla el Delegado, no es NADA nuevo. Son precisamente ONG's y organismos privados como son Promocion Gitana y Cáritas, quienes ÚNICAMENTE prestan ayuda a las cada vez más numerosas familias  a quien la propia Junta , deniega ayudas básicas como el la Renta Garantizada de Ciudadania, como precisamente denuncian estas ONG's y la propia Pah.
Esto es por lo tanto, echar balones fuera y una dejacion  de funciones y responsabilidades manifiesta y lamentable.

5) Tampoco es cierto que a Piedad, se la haya ofrecido un trabajo y que lo haya rechazado.
Lo que se ha ofrecido desde Cáritas, es la realización de cursillos de formación a cambio de la ayuda para pagar su alquiler, según se contempla dentro del convenio de colaboración con Sta. Maria la Mayor.
Pah Burgos conoce bien ese convenio, porque a diferencia de la propia Junta, colabora con ambas entidades y estuvo presente en su negociación.

6) finalmente, aclarar que tampoco la Junta de Castilla y León intervino en la paralización del desalojo de Piedad de su vivienda, ya que el procedimiento fue paralizado judicialmente por la intervención de su abogada de oficio, fijándose una vista para el próximo día 9 de abril.

Desde PAH BURGOS, dejar claro que el bienestar de las familias son lo primero, por lo que Piedad se trasladará al piso ofertado por Sta. Maria la Mayor, a cuyos directivos y trabajadoras agradecemos la sensibilidad y colaboración mostrada SIEMPRE desde hace 3 años.
Sin embargo, denunciamos la inoperancia, falta de empatía, prepotencia e indiferencia de la Junta de Castilla y Leon, y de sus máximos dirigentes.

Como ha quedado claro en la gestión de este caso, no son los ciudadanos quienes les importan, sino no salir mal parados en época de elecciones, no quedar mal en las "fotos públicas" en sus actos electorales como demuestra su actuación en el acto del PP del Forum.
Allí, tanto el Sr. Herrera como la Sra. Consejera Milagros Marcos, se comprometieron a celebrar una reunión para poner sobre la mesa no solo este caso, sino el problema de la vivienda en la comunidad.
Pero claro, allí había prensa...

Lo cierto es que dicha  reunión fijada para el pasado día 30 de Marzo, no solo no se celebró sino que ni siquiera tuvieron la cortesía de notificarnos su anulación.

Por lo tanto, si nos niegan la negociación en una mesa,  PAH BURGOS saldrá a la calle a buscar a quienes tienen en su mano o aspiran a tener, el poder para cambiar las cosas.
Por que poder, se puede.
PERO LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN NO QUIERE

jueves, 18 de diciembre de 2014

La Junta malversa sus truchas y nuestros dineros

El despilfarro de dinero público en Castilla y León se ha convertido en algo cotidiano en la tierra de Pavor


Por Burgos Dijital

El movimiento Viernes Negro no parece descansar y vuelve a la carga con una nueva denuncia en la que podría haber irregularidades rayanas en la prevaricación y en la malversación de caudales públicos, y ello a pesar de que los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, siguiendo la estela de CSIF, han dejado de firmar las comunicaciones de manifestación en un claro acto de hostilidad tras las denuncias de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) en el, a su juicio, compadreo de los representantes de estas dos centrales sindicales con los representantes de la Junta al aprobar una campaña de dignificación al funcionario que, finalmente y tras las presiones sufridas, no se hará y que iba a suponer 250000 euros de nuestros impuestos. ¡¡Si alguien quiere hacerse una campaña electoral que se la pague!!

En este caso la información que hacen pública sigue la misma trama de las denuncias sobre malversación en obras públicas sin uso o cerradas como el Laboratorio Agrario Regional o la Estación de Avisos de plagas construída en Pedrosa de Duero. Hemos de recordar que en  la primera infraestructura fueron más de 2 millones de euros invertidos en una reforma que ampliaba el complejo y que nunca ha sido utilizada, y en el segundo fueron un total de 500.000 euros los que se fueron por el vertedero de las ocurrencias Populares cuyo gobierno no puede sacar pecho a estas alturas.

Según fuentes consultadas por Burgos Dijital a día de hoy el asunto del Laboratorio parece estar siendo ya más que espinoso para la Consejería de Silvia Clemente, ya que tras varios meses de petición de documentación por parte del Procurador del Común aún no ha obtenido respuesta, caso muy parecido al de la Comisión Europea que estudia el inmenso dislate fraudulento del HUBU y a la que no se le ha enviado la documentación solicitada. En cuanto al asunto de la Estación de Avisos la OLAF (Oficina de Lucha Antifraude), órgano fiscalizador de la Unión Europea abrió expediente a la Junta y sigue su curso.

El asunto que a continuación detallamos parece que va a ir por los mismos derroteros y en este caso podríamos estar hablando de más de tres millones de euros, sólo que en este caso afecta a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la construcción y mantenimiento de la red de piscifactorías.

Viernes Negro recuerda en su denuncia que el 16 de julio de 2012 aparece en el Diario de Burgos una noticia con este encabezamiento: “La Junta cierra la Piscifactoría de Quintanar y lleva las truchas a León”.

El diario de cabecera de la ciudad, siempre tan interesado en ir más allá de lo que los gabinetes de prensa de las Consejerías cocinan, se limita a trasladar a sus lectores que, y siempre citando a fuentes de la Delegación Territorial, “no se trata de un cierre sino de un cese temporal, que traerá consigo una reorganización interna de los recursos y que forma parte del Plan de Optimización de los Recursos, que busca mejorar la eficiencia y eficacia”. Sigue apuntando que el cese temporal de la Piscifactoría de Quintanar de la Sierra (Burgos), llamado “La Pesquera”, no será el único en la Comunidad Autónoma, “sino que afectará a otras dos piscifactorías de las provincias de Soria –en la localidad de Ucero- y de Palencia  -en Celadilla del Río-“. Por último el periódico acaba apuntando que en “las próximas semanas se procederá al traslado de los ejemplares a las instalaciones de Vegas del Condado en León”.

Pues bien parece ser que tras esa información tan meliflua se escondía toda una panoplia de malas decisiones que le habrían supuesto al erario público un agujero que los periodistas de tan afamado diario no estuvieron por la labor de investigar.

Parece ser que en el año 2008, y cofinanciado con fondos europeos del “Programa IFOP” destinados a la mejora de centros de acuicultura, se ejecutó un proyecto de modernización de esta instalación, donde se invirtió más de 1.000.000 de euros, con el objetivo de conseguir el mantenimiento de 6 líneas de trucha autóctona para realizar la repoblación y mantenimiento de los ríos trucheros de la provincia de Burgos, dado que la cría de la trucha autóctona solamente está autorizada en piscifactorías públicas.

La decisión del gasto resulta increíble cuando la propia administración sabía que la falta de caudal del río Arlanza en la época estival provocaba inequívocamente que durante este periodo el funcionamiento se hacía inviable, por lo que se trasladaban los ejemplares de las distintas líneas genéticas a la piscifactoría de Oña, propiedad de la Diputación Provincial de Burgos.

Por otro lado, si esto ya resulta de por sí suficientemente llamativo, el Movimiento VIERNES NEGRO de Burgos denuncia una serie de hechos que hacen que el asunto pase de ser cómico, si no fuera por la cantidad de dinero burlada por el gobierno de Herrera a la Educación o a los Servicios Sociales, a alcanzar tintes trágicos.

El colectivo informa de un desvío presupuestario de cerca del 15 %: de los 887.661,49 € se pasa a más de 1.000.000 de euros finales. El supuesto cese temporal es hoy ya definitivo tanto en la piscifactoría burgalesa como en las de Soria y Palencia, en las que también se despilfarraron fondos europeos. Con el agravante de que una vez cerradas quedan inservibles para futuras reutilizaciones.

A continuación dejan entrever la existencia de unos informes técnicos elaborados por funcionarios competentes en la materia contrarios al cierre. En dichos informes parece ser que se indicaba que el mantenimiento de estas instalaciones era mínimo, alrededor de unos 15.000 € anuales, y que el traslado en pleno verano de los alevines a León era una imprudencia por la alta tasa de mortalidad que dicho operativo producía. Además también se indicaba que había muchas dudas respecto a la capacidad de las instalaciones de la Piscifactoría de León para seguir con las investigaciones y el mantenimiento de las líneas genéticas de truchas autóctonas que se realizaban en las instalaciones de Soria, Palencia y Burgos.

Tal es así la realidad del despropósito cometido que la Junta de Castilla y León tiene ahora que adquirir las Truchas Arco Iris a empresas privadas de La Rioja para repoblar zonas de pesca recreativa en Burgos.

Por todo ello, el colectivo de funcionarios va a llevar esta denuncia a la OLAF como ya ha anunciado a Juan Vicente Herrera.

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