Por Basilio el Bagauda
Llamadme conspiranoico, torcido, incrédulo, paranoico, descreído, agitador, demagogo, pendenciero, populista, pijiprogre o lo que os salga de la vaina pero creo conocer bastante la administración y tener suficiente memoria como para intuir qué hay detrás de las nuevas soflamas pro-fracking y de la más que predecible, al menos para mí, actuación de la Administración, es decir de los que la dirigen. Y es que últimamente me he encontrado unas cuantas columnas de opinión, unas cuantas cartas al director y unos cuantos artículos “patrocinados” en los que ya no se apela tanto a las maravillas y a la seguridad de la técnica que nos va a sacar del colapso energético en el que se halla todo el planeta y de la dependencia en la que se halla nuestra pobre y sufrida España.
Ahora lo que está de moda es decirnos a los ciudadanos que confiemos en los filtros creados por nuestra legislación ambiental y aplicados por nuestras administraciones para que se tenga en cuenta siquiera la posibilidad y viabilidad del fracking en aquellos territorios en los que tras las evaluaciones de impacto ambiental y posteriores auditorías esto sea posible sin que perjudique ni a los seres vivos ni a su entorno. Y a mí me ha dado por sospechar que detrás de todo esto sigue estando el lobby energético y todos los parásitos políticos que quieren seguir chupándonos la sangre.
Es más que evidente que la connivencia, y sus puertas giratorias, que existe entre la “casta” política y los consejos directivos y grandes accionistas de las grandes compañías energéticas hacen imposible cualquier tipo de independencia, transparencia y neutralidad en los engañosos procesos de evaluación.
A esto hay que añadir que estas técnicas sólo son económicamente viables para un capital que busca beneficios seguros y a corto plazo cuando la Administración suelta por delante un gran número de subvenciones, lo que posibilita que los mismos gestores que sueltan nuestra pasta se nieguen a reconocer los posibles errores económicos producidos, ya que estos se traducen en errores políticos y dada la capacidad de “nuestros políticos” a esquivar sus responsabilidades seguirían vendiéndonos esa moto hasta que reventara una nueva burbuja.
Sé que muchos estarán ahora pensando que para dar el visto bueno a todos estos proyectos es necesario contar con los funcionarios corruptos de turno. No os preocupéis, está todo estudiado: en primer lugar delitos como la prevaricación, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, el cohecho (más conocido como soborno) y muchos otros relacionados con la Administración Pública son difíciles de demostrar y más aún si cuentas con jueces y fiscales que dependen en muchos casos de sus nombramientos o del ascenso en su carrera profesional del poder ejecutivo de turno.
Por otro lado siempre hay funcionarios dispuestos a corromperse, como en todas las profesiones y condiciones, que dan su conformidad con su firma y su sello a cambio de recompensas económicas, de sobres volanderos y de una buena "Libre Designación", que es a día de hoy el método de provisión de plazas más utilizado por nuestros altos cargos.
En cualquier caso si esto falla hay otros medios que pueden dar con el enojoso y engorroso control administrativo que tanto les disgusta a los “neos”. Por ejemplo la contratación con empresas intermedias tipo “TRAGSA” de técnicos dispuestos a realizar informes favorables a los proyectos de turno pero cuyas firmas sean estampadas por funcionarios, como obligan las leyes de procedimiento administrativo.
Otra forma de “deshacerse de las trabas y obstáculos del derecho administrativo”, como le gusta decir al Consejero de Economía Tomás Villanueva, es la de crear empresas públicas y organismos autónomos como las diversas fundaciones que existen en materia de medio ambiente en nuestra comunidad y cuya gestión es todo menos trasparente e independiente de los poderes fácticos.
Y qué decir de los valores en los que se basa el modelo económico impuesto por las clases dominantes donde sobresale por encima de todo la irresponsabilidad económica, social y ambiental.
Para terminar de argumentar esta breve opinión sobre la enésima y flagrante mentira creada por algún grupillo de expertos fabricantes de opinión voy a hacer un resumen de algunos de los pequeños destrozos ambientales causados en este país y de sus consecuencias a modo de conclusión para refrescar memorias.
LA CATÁSTROFE DE AZNALCÓLLAR: El 25 de abril de 1998 seis millones, entre ellos cuatro millones de metros cúbicos de aguas ácidas y metales pesados de la empresa minera Boliden, fueron vertidos indiscriminadamente sobre una superficie de 4.634 hectáreas tras la rotura de una presa en Aznalcóllar (Sevilla), afectando al Parque Nacional de Doñana.
Tres años después 425 trabajadores fueron despedidos y 275 prejubilados en su mayor parte con dinero público. A día de hoy entre todos pagamos 167 millones de euros y la empresa sigue sin soltar un duro.
EL MISTERIOSO CASO DEL HOTEL “AZAFATA DEL SOL” EN EL ALGARROBICO: En el año 2003 se termina de construir un maravilloso hotel en primera línea de playa dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar con la oposición de diversos colectivos ecologistas locales. En esta ocasión las 4 administraciones, del PSOE y del PP, que tenían que dar su conformidad se pusieron de acuerdo para vulnerar la Ley de Costas y permitir la construcción en zona no urbanizable (será este el precedente de lo que nos espera con la "gran coalición"). En 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentenció la demolición del hotel. Hace menos de dos meses el mismo Tribunal sospechosamente declara la zona urbanizable sin que se haya ejecutado la sentencia anterior y sus jueces han sido acusados de prevaricación.
EL DESASTRE DEL PRESTIGE: El 13 de noviembre de 2002 el petrolero monocasco “Prestige” provocó con el derrame de 77.000 toneladas de fuelóleo en la llamada “Costa de la Muerte”, el tercer desastre ambiental más costoso de la Historia. Este barco que no había pasado las debidas revisiones obligatorias fue utilizado por un conglomerado de empresas de diferentes nacionalidades para hacer un último viaje a Singapur convirtiendo su rumbo en una bomba de relojería que acabó estallando en tierras gallegas. Tras una cadena de malas decisiones políticas que no atendieron a razones técnicas y una desenfrenada espiral de mentiras, no hubo ningún tipo de responsabilidad política. Es de recordar por ser de actualidad la frase de Miguel Arias Cañete pronunciada tres días después del accidente: “La rápida actuación de las autoridades españolas ha evitado una verdadera catástrofe pesquera y ecológica”. También conviene recordar que por aquel entonces era Ministro del Medio Ambiente el hoy delincuente probado Jaume Matas. Al final, el grave desastre ambiental que costó más de 4.300 millones de euros ha sido pagado por todos nosotros sin que se haya saldado ningún tipo de responsabilidad.
EL PROYECTO CASTOR: Se trata del proyecto de creación de almacén de gas submarino frente a las costas de Castellón y Tarragona y que tuvo que ser paralizado el 26 de septiembre de 2013 por un ingente número de pequeños terremotos y temblores que causaron un pánico generalizado entre los habitantes de numerosas localidades de la costa levantina.
Tras el intento de reanudación por parte del Gobierno a pesar de la oposición popular se dieron a conocer a la opinión pública unas maravillosas cláusulas contractuales por las cuales el Gobierno de España indemnizaría a las empresas ACS y la canadiense CLP si no se llevaba a cabo dicho proyecto: ¿quién quiere asegurar la integridad física y el bienestar de los ciudadanos cuando se debe asegurar la seguridad jurídica (= beneficios sin riesgo) de las multinacionales?. A día de hoy se ha destapado que la Secretaria de Estado de Cambio Climático (yo diría “para el cambio climático”) en el 2009 Teresa Ribera, del PSOE, firmó una Declaración favorable de impacto ambiental a pesar de las negativas conclusiones de los informes emitidos por instituciones tan poco significativas como el Instituto Geográfico Nacional o el Instituto Geológico Minero.
Y ya para terminar tenemos dos impecables ejemplos de la seguridad jurídica ofrecida a los ciudadanos por parte de nuestras administraciones: el caso de la Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués (Ávila) y la ocurrencia de la Ciudad del Medio Ambiente en Garray (Soria).
En el primero la Consejería de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Las Navas y la Diputación Provincial de Ávila montaron un consorcio para la construcción de 1.600 chalés, 4 campos de golf, un gran hotel y un área recreativa en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Tras una desmesurada tala de árboles y una denuncia realizada por colectivos ecologistas el proyecto se paralizó y 15 funcionarios y altos cargos de la Junta junto a la Consejera de Medio Ambiente y hoy senadora Mª Jesús Ruiz fueron acusados de varios delitos contra el Medio Ambiente y contra la Administración. El 3 de abril de este año la Audiencia Provincial de Ávila deja absueltos a todos los imputados sin cargos y nadie dimite a pesar de que el proyecto no se puede llevar a cabo.
También, y ya para terminar, estuvo involucrada la senadora soriana en el proyecto, hoy anulado, de la Ciudad del Medio Ambiente. Otro intento de pelotazo más que pretendía crear mil puestos de empleo en la maltratada y despoblada Soria pero pasándose por el arco del triunfo todas las fiscalizaciones posibles y con nuestra propia pólvora: de momento 52 millones de euros tirados a la basura y un montón de plazas suprimidas en la sanidad rural. Así el proyecto urbanístico fue aprobado con rango de Ley, de manera ilegal como ya lo ha sentenciado el Tribunal Constitucional, para saltarse todos los controles parlamentarios y ciudadanos, al impedir a éstos cualquier tipo de recurso, muy al gusto del ejecutivo de Juan Vicente Herrera. Preguntada Doña Mª Jesús Ruiz acerca de su responsabilidad ésta ha respondido: “Es una Ley de las Cortes de Castilla y León. Llame allí”.
Yo sinceramente después de todos estos ejemplos, me quedo muy reconfortado al saber que técnicas como el fracking, de aplicarse, pasarán los debidos controles administrativos, legales y técnicos, amén de la segura consulta que se le hará a los ciudadanos perjudicados antes de que nada se lleve a cabo.
