La prórroga de Garoña: el último favor a Nuclenor de un gobierno en funciones

Centra nuclear Santa María de Garoña (Burgos)

Por Burgos Dijital

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está acelerando el proceso de renovación de la central, con total opacidad y rompiendo buenas prácticas en materia de seguridad nuclear. Greenpeace pide a los candidatos a las elecciones que no permitan que el gobierno conceda una licencia a Garoña que podría permitir a Iberdrola y Endesa reclamar compensaciones por su cierre.

En el tercer aniversario de la parada de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) Greenpeace destaca que ha quedado completamente demostrado durante estos años que esta central, la más vieja de la UE, es absolutamente prescindible para el sistema eléctrico español. 

La madrugada del 16 de diciembre de 2012 dejaba de producir electricidad y el suministro eléctrico no percibió la carencia, como se puede observar en la curva de demanda de Red Eléctrica de España, a pesar incluso de que la unidad I de Almaraz también estaba parada por procesos de recarga, y la unidad I de Ascó había sufrido también una parada el día anterior durante su proceso de arranque tras su recarga. 

Imagen de archivo Manifestación por el cierre de Garoña 2005

La organización ecologista denuncia que, tras tres años sin producir electricidad, dos años y medio sin licencia de explotación y un año y medio sin realizar las evaluaciones pedidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la consideración de una nueva licencia, el organismo regulador está acelerando la publicación de un informe condicionado, sobre la licencia hasta 2031, para que el Ministerio de Industria pueda dar, en los últimos días de gobierno, la autorización a Nuclenor. 

De esta manera las compañías propietarias podrían reclamar pérdidas por “lucro cesante” en caso de que el próximo gobierno decidiera desmantelar la vieja planta atómica. 

"El pleno del CSN, sin unanimidad, está permitiendo que Garoña opere hasta los 60 años de antigüedad para permitir que el Ministerio de Industria conceda una licencia a esta central nuclear en el tiempo de descuento de esta legislatura.
Así, Iberdrola y Endesa podrán exigir lucro cesante si el próximo Gobierno decidiera cerrarla", ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace. "Ni Garzón, ni Iglesias, ni Rivera, ni Sánchez deberían permitir el expolio de las arcas del Estado a costa de las nucleares, que se está tramando con el patrocinio del actual Gobierno", ha añadido. 

La empresa propietaria de Garoña, Nuclenor (50% Iberdrola y 50% Endesa), justificó la desconexión por la quiebra derivada, según ellos, de la aplicación de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. En julio de 2014, la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados (CNMC), les multó con 18,4 millones por haberlo hecho.
No obstante esta justificación empresarial ha servido de coartada para modificar ad hoc todas las leyes y reglamentos necesarios para solicitar una nueva licencia para operar hasta el año 2031 a pesar de tener, al mismo tiempo, una orden de cierre definitivo en vigor (1). 

El pleno del CSN admitió esta solicitud sin explicar por qué acepta evaluar la planta por más de diez años, cuando jamás en la historia de la seguridad nuclear española se ha hecho algo así (2). En Francia, con amplia experiencia nuclear, llevan cinco años debatiendo públicamente los aspectos técnicos, económicos y medioambientales de llevar sus reactores nucleares a los 60 años de vida.
En España, lo ha decidido el actual gobierno por la puerta de atrás, tras colocar a su secretario de Estado de Energía como presidente del CSN. 

En el último mes, tras la imposición de un tercer consejero propuesto por el Partido Popular, que fue rechazado por el Parlamento, rompiendo la neutralidad del organismo regulador; y dada la proximidad de las elecciones se ha acelerado el proceso.
Así, el pasado 4 de noviembre se aprobó una modificación de las Especificaciones Técnicas de Seguridad (ETFs) de Garoña para aplicar un nuevo cálculo de presiones y temperaturas en la vasija del reactor de esta central nuclear. Esta modificación exime de realizar unas pruebas a no ser que les concedan previamente la licencia de operación hasta 2031. 

Garoña seguirá sin producir electricidad en 2016, porque no cumple todos los requisitos de seguridad. Pero sí es posible que sus dueños se lucren si el Gobierno in extremis les autoriza a poder reabrir. 

Greenpeace recuerda que ha reclamado reiteradamente que se lleve a cabo el trámite de información pública, así como al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), con carácter transfronterizo, de este proyecto de prolongación del ciclo de vida de la central nuclear.
La organización ecologista destaca que ambos procedimientos son de obligado cumplimiento antes de decidir reabrir una central, según el Convenio de Espoo (3). 

(1) 

 https://www.csn.es/documents/10182/878175/1364+-+Acta/1b6a85a2-7b33-470a-b926-56837b6a3a36

(2) 

Hasta la fecha las Revisiones Periódicas de Seguridad (RPS) deben realizarse cada 10 años y coinciden con el tiempo de duración las licencias. Esta coincidencia es una buena práctica reconocida internacionalmente y asumida por el CSN desde hace 20 años. Es la primera vez en la historia de la seguridad nuclear española que un titular ha solicitado una renovación de una autorización de explotación de una planta nuclear por un período de tiempo superior a los 10 años. Desde el punto de vista de la seguridad nuclear y radiológica, el Pleno no ha aclarado aún si puede o no aceptarse esta anómala solicitud de Nuclenor.

(3) 

Convenio de Espoo:Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991.

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¿El Consejo Social de la Universidad de Burgos es pronuclear?

Fotomontaje

Por Lucas Mallada                    

El flamante Consejo Social de la Universidad de Burgos, está presidido por alguien que también preside la Fundación Endesa: Rafael Miranda Robledo.

Rafael Miranda Robledo, burgalés, y antiguo consejero de Endesa, ejerce como descarado lobbista de las eléctricas de las que fue mano ejecutora y a las que sigue representando a través de la Fundación.  No es algo que el señor Miranda esconda, y tampoco parece que a la Universidad de Burgos le preocupe en exceso, pero surgen preguntas que en una sociedad abierta conviene hacerse.  ¿Es conveniente identificar con tanta fuerza al Consejo Social de la Universidad con los intereses de las eléctricas que son, claramente pronucleares?. Al respecto el señor Miranda, fiel a sus intereses no tiene ningún empacho en defender las prerrogativas de unas instalaciones caducas, hartamente amortizadas y que incumplen los parámetros de seguridad señalados por el propio Consejo de Seguridad Nuclear.

Por otro lado el señor Miranda reconoce que en España se está produciendo más energía de la que se demanda ¿Por qué ese empecinamiento y esa batalla por mantener abierta Garoña, sabiendo que en cuanto a los números salen pérdidas? ¿Se trata de una victoria simbólica para el oligopolio de las corporaciones energéticas (Endesa e Iberdrola)? ¿Siendo este escoramiento hacia los intereses de las grandes corporaciones oligopolistas que controlan la energía en España, es confiable la Universidad de Burgos cuando organiza cursos, conferencias, formación, debates  o demás actos sobre el tema? ¿No quedan reducidos a mera propaganda de los espurios intereses de un colectivo que destaca por sangrar los bolsillos de las familias españolas?

Más allá del debate sobre el uso de la energía nuclear, que a buen seguro  no todos comparten, me atrevo como ciudadano a plantear algunas cuestiones de cajón que nadie se anima a explicar o que las aclaraciones son tan confusas que emborronan aún más el asunto.- ¿Cómo puede ser en un sistema de mercado, que en un contexto en el que baja la demanda de forma significativa y los propios productores reconocen que no va a haber inversiones  (Sánchez Galán de Iberdrola, 20/02/2014), porque existe un exceso de producción, el precio de la energía suma de forma desmesurada abrasando a los consumidores?  Esto no lo ha explicado nadie, y no nos valen sistemas de subasta o de mercadeo… algo huele a podrido en el reino de Dinamarca…., o como muchos pensamos las eléctricas, en su afán de lograr los márgenes de beneficio que están acostumbradas a lograr aplican sus cuentas de Gran Capitán sobre los ciudadanos, con vergonzante colaboración del Gobierno.  No admiten bajar los ingresos y como una especie de “preferentes” sobre el consumo, se aplican como los bancos a cubrir las menguas de las ganancias con engaños y conceptos arteros que aparecen en nuestras facturas.  Más aún: manipulando la legislación confabulados con el ministro Soria, promoviendo la aberrante legislación de penalizar altamente a los productores independientes para desincentivar la autosuficiencia energética, frente a los intereses colectivos de los españoles. Pero sobre esto, el señor Miranda no hace ninguna referencia…, y la Universidad de Burgos, una institución que debe velar por fomentar el debate abierto, y la igualdad de condiciones para todos los planteamientos toma parte interesada, perdiendo crédito académico que es lo que le compete.

Y dado que estamos en Burgos, no me gustaría dejar pasar la ocasión, en el tema energético, de informar para los legos en estas materias, que figura como Consejera de Iberdrola, al lado del también castellano leonés señor Ignacio Sánchez Galán, el patriota que anuncia que se van a reducir las inversiones en España porque no merece la pena…, ejem,…, la señora Helena Antolín Raybaud. Sí, Helena Antolín es hija del multimillonario burgalés, el que patentó la rótula y no sé que cosas más y echa a trabajadores en Rusia por haber secundado una huelga…Vamos que para llegar a ser multimillonario, además de un golpe de suerte tiene que recoger muchos baldes de sudor ajeno, como hacen las eléctricas españolas en régimen de oligopolio, repartido entre cuatro jugadores que se reparten las ganancias…

¿Siguen pensando que la Universidad de Burgos debe seguir amparando con este descaro los intereses privados con el dinero público?